El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) orientará toda su potencia de trabajo a desacelerar los procesos de profundización de maldesarrollo y acompañar la acción colectiva y estratégica hacia formas locales y plurales de transición ecosocial justa. Para proteger y cuidar los bienes comunes y recuperar el ejercicio pleno de los derechos humanos y ambientales de las comunidades que se ven afectadas por diversas actividades y proyectos de la matriz extractiva contaminante.
Representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales y expertos en energía se reunieron el día de ayer para dialogar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la transición ecosocial. El evento contó con la participación de diversas instituciones del campo que se encuentran aportando a los debates en torno a las propuestas de transición energética justa y popular.
La jornada se realizó como parte de la agenda argentina del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Contó con la representación de la Fundación Rosa Luxemburgo (Cono Sur), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Taller Ecologista – Rosario, Observatorio Petrolero Sur, Trama Tierra, Global Gas and Oil Network, y el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).
Durante la jornada se abordaron temas que se encuentran en la agenda de los movimientos sociales y ambientales. Desde el estado actual de la matriz energética nacional hasta la transición ecosocial necesaria para dimensionar sociedades post-fósiles. Las organizaciones aportaron al debate miradas interdisciplinarias sobre la relación entre el Estado, las políticas públicas y leyes existentes, así como alternativas locales y desafíos que existen en todos los niveles para avanzar en estos procesos de transición y transformación.
El evento fortaleció la colaboración entre las organizaciones y avanzó la construcción de consensos y propuestas concretas para abordar los desafíos de la transición ecosocial en la región. En su conclusión, las organizaciones presentes acordaron en la importancia de fortalecer la colaboración del movimiento socioambiental con la academia, los movimientos territoriales, sindicatos, feminismos y movimientos por los derechos humanos.
La investigadora Maristella Svampa del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas de la UNSAM fue distinguida por la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania) por sus aportes sociológicos al estudio de los riesgos del extractivismo en sus diversas facetas.
La socióloga y filósofa Maristella Svampa, investigadora superior del CONICET con sede de trabajo en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) de la UNSAM, fue distinguida con el Premio de Investigación Georg Forster, que otorga la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania).
El trabajo de Svampa fue reconocido junto con el de otrxs cinco investigadorxs de países emergentes, nominadxs por colegas de Alemania e invitadxs a ese país para desarrollar proyectos colaborativos. El premio es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania como un instrumento para promover la cooperación científica y el avance del conocimiento en diversas disciplinas académicas. De las seis personas premiadas, dos son argentinas: Maristella Svampa y Andrea Bragas, física de la UBA. Los Georg Forster 2023 también reconocieron al agrónomo Achille Assogbadjo (Benín), al químico Igor Olegovich Fritsky (Ucrania), al teólogo Louis Cloete Jonker (Sudáfrica) y al lingüista Abdelhadi Soudi (Marruecos).
Foto: Dafne Gentinetta
Svampa, que suele definirse como una investigadora anfibia, estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en Historia y Filosofía en Francia, y el doctorado en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Recibió varios premios y reconocimientos, como la Beca Guggenheim (2007), el Premio Konex de platino en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Debates latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo (2018). En 2022 ocupó la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge.
Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Tiene una veintena de libros publicados, entre ensayos, investigaciones y novelas. Sus últimos libros son El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo (2020) y La transición energética en Argentina (coeditora). Es impulsora del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, una propuesta latinoamericana que propone disputar sentidos sobre la transición socioecológica (particularmente, la transición energética) en clave geopolítica. Es también miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y de la Colectiva Ecofeminista Mirá, junto con destacadas escritoras argentinas.
“Maristella Svampa es, sin duda, una de las investigadoras más importantes del Sur Global y de América Latina”, celebró Hans-Jürgen Burchardt, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Kassel y director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), que promueve el intercambio de ideas entre el Norte y el Sur. “En particular, Svampa ha investigado intensamente las cuestiones de la exportación de materias primas y los riesgos del modelo de desarrollo exportador de materias primas en sus diversas facetas con el fin de desarrollar alternativas social y ecológicamente compatibles. Su extenso trabajo sobre este tema, que refleja críticamente los avances actuales, podría considerarse un ejemplo paradigmático de excelencia científica y de compromiso sociopolítico”.
Felicitamos a Maristella, una investigadora cuyo trabajo siempre ha estado anclado en la defensa del pensamiento crítico y del sistema de investigación y educación pública.
Como tantos otros argentinos y argentinas, desde que el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) catapultó a Javier Milei, un economista libertario que coquetea con la extrema derecha global, como el candidato más votado en el país, no hice más que sumergirme en la lectura de las diferentes interpretaciones que se vienen tejiendo. Y, al mismo tiempo, traté de reflexionar en voz alta con amigos y colegas para comprender cómo fue que las mayorías silenciosas rompieron con el maleficio de la denominada «grieta» argentina (entre kirchnerismo y antikirchnerismo), que parecía tan bien instalada, arrojándonos a algo aún peor, una suerte de salto al abismo.
Esto no quiere decir que el voto a Milei sea un hecho extraño a nuestra realidad. Por supuesto, están ahí los textos pioneros de Pablo Stefanoni, quien desde hace tiempo estudia este fenómeno sin «lagañas tradicionales», como diría Milcíades Peña, describiendo y analizando cada uno de los rasgos de esta oleada de ultraderecha (en sus diferentes versiones, locales y globales), en su avance antiprogresista y su discurso rabiosamente antielitista. O los artículos de investigadores como Ezequiel Saferstein, quien ha seguido a los jóvenes libertarios desde que comenzaron a emerger por fuera del radar de los analistas.
En términos locales, luego del triunfo de Milei, los análisis más serios hablan de una fuerza social aluvional, imparable, que hasta podría obtener la diferencia suficiente como para triunfar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. Eventualmente, un balotaje con Sergio Massa dejaría a Milei en una buena posición, pues podría sumar votos de Patricia Bullrich, quien se arriesga a quedar atrapada en el nuevo no man’s land generado por la inesperada reconfiguración del espacio político-electoral argentino. Si Bullrich se radicaliza, corre el riesgo de perder los votos del ala «moderada» de Juntos por el Cambio; si se modera, podría perder votos en favor de Milei.
Se habla ya de un populismo de derecha en construcción, una conjunción de elementos contradictorios, como todo populismo, con rasgos autoritarios, pero también democráticos (por ejemplo, en el brillante y tentacular análisis de Pablo Semán y Nicolás Welschinger). Se habla de la emergencia de un nuevo actor que hace rato está ahí, pero que la pandemia multiplicó en número y padeceres, un precariado angustiado, sobreexplotado económicamente y hastiado desde el punto de vista político, que dice no deberle nada al Estado (al contrario) y que, en su rechazo a la «casta» política, pareciera querer volver a las fuentes prístinas del capitalismo liberal. Se trata de un actor social heterogéneo que postularía la indiferencia –o en algunos casos, la renuncia– a los valores fundantes del pacto democrático; justo ahora que deberíamos estar conmemorando los 40 años ininterrumpidos de vida institucional, un pacto democrático, sin embargo, que no se dio de una vez, sino que se fue construyendo colectivamente y en conflicto a lo largo de los años, a fuerza de luchar contra la impunidad, sobre todo contra la de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Esta nueva fuerza social comandada por Milei reniega incluso explícita y orgullosamente de las «fuentes morales del peronismo» o sea, del valor de la justicia social, como bien analiza en otro agudo texto German Pérez, en Socompa, que toma casi todas estas caracterizaciones. Y, no lo olvidemos, hay una furiosa reacción conservadora, un backlash completo y, a la manera argentina, hiperbólico, que no perdona ninguno de los tópicos del progresismo, muy especialmente dos o tres de sus baluartes o símbolos, lo que el director de comunicación de La Libertad Avanza denominó en una reciente entrevista el «sobregiro del feminismo», y lo que Milei expresó en sus declaraciones post-PASO acerca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que propone privatizar o directamente cerrar y compara maliciosamente con la NASA (siglas en inglés de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio), para desacreditarlo como si se tratara de una cuestión de «sobreempleo público».
Es cierto que el triunfo de Milei fue tan contundente como inesperado –sobre todo para una fuerza nueva, sin estructura territorial– y que esos factores combinados bien podrían allanarle el camino a la construcción de una nueva mayoría, pero también es sabido que las dinámicas políticas son recursivas y que en estos dos meses previos a la elección de octubre el oficialismo encarnado por Massa hará lo posible, en términos políticos, simbólicos y, sobre todo, económicos, para revincularse como estructura del sentimiento con la mayoría perdida, como reclaman tantos peronistas (como Mayra Arena, cuyo análisis tan comprehensivo raya por momentos la ambivalencia), e incluso ir más allá.
En todo caso, de no ser así, a menos que la crisis económica se torne del todo ingobernable, nunca como antes estará disponible la archirrepetida exigencia del «mal menor», el voto utilitario, mucho más frente a un candidato como Milei. Por ende, no sabemos si el voto a Milei tiene por delante una avenida pavimentada hasta la meta final o en realidad la metáfora más apropiada es la de un camino congelado conformado por una capa delgada de hielo, que puede romperse durante el veloz recorrido. Quizá la realidad nos ofrezca una variante intermedia, construida más golpe a golpe, antes que producto de una estrategia fluida.
En términos culturales y políticos, los progresismos y las izquierdas han –hemos– quedado demudados. La agenda que trae Milei es sumamente preocupante e implicaría un enorme retroceso, en todos los órdenes. Aun así, lo peor sería dar una respuesta parcial o corporativa, se trate de un «abrazo» anticipado al Conicet o de los rápidos llamados feministas a ganar las calles. El Conicet –conste que soy investigadora de ese organismo– es una institución plural, muy valiosa y necesaria; pocos países capitalistas periféricos cuentan con tal acervo, tal acumulación de saber y conocimiento público (Brasil o México son otros); y, por supuesto, no todos los investigadores que lo integran tenemos el mismo concepto de ciencia, compromiso y servicio público. Lo mismo vale para el espacio feminista –conste que soy ecofeminista–, que ha sabido construir colectivamente y desde la masividad en las calles una transversalidad disruptiva, pero contingente y provisoria; un espacio en el cual se han venido desarrollando debates tensos e interesantísimos acerca de los nuevos modelos de masculinidad y la trampa de los feminismos punitivistas. Lamentablemente, no se ha logrado frenar los femicidios, ya que estos continúan aumentando de modo horroroso en nuestro país.
Desde los progresismos y las izquierdas políticas, feministas e incluso ecologistas, no supimos ver ni sopesar la gran transformación que se estaba gestando desde abajo, particularmente reforzada por los efectos amplificadores de la pandemia, porque básicamente hemos estado obnubilados con la «grieta», entrampados en una polarización política desgastante y cada vez más empobrecedora (en todos los sentidos, no solo político sino también económico). O si la vimos asomar o la sospechamos, cual efecto Bolsonaro o trumpista en clave local, no supimos dar con las respuestas políticas adecuadas, pese a que se había ganado parte de la batalla cultural, o sencillamente nos resignamos, por impotencia, a fuerza de seguir pataleando en soledad –cada vez más cancelados, como ocurre con el espacio ambientalista– a que Argentina continuara presa de esa polarización.
Aun así, vale la pena preguntarse: ¿por qué esa rabia, esa desazón, ese hartazgo no fue capitalizado por la izquierda política, donde hay cuadros tan potentes como Myriam Bregman, o incluso por alguien carismático como Juan Grabois, que busca reconstruir un espacio de centroizquierda y cuyo liderazgo sintetiza el contacto con la gente de abajo y los valores de solidaridad colectiva? El trotskismo avanza, ciertamente, pero –verdad de perogrullo– en un país tan peronizado como Argentina, siempre resulta difícil disputar el voto popular. El trotskismo siempre ha sido reactivo; y si bien en los últimos años puso nuevos temas en agenda, suele volver a su obrerismo de origen (como sucedió con el tema del precariado, pues fue una de las primeras fuerzas políticas en tomarlo), y sus formas organizativas y sus contornos ideológicos funcionan como un muro difícil de atravesar.
Por otro lado, el gran error de Grabois, quien sí abreva de la gran fuente peronista, es que no supo/quiso despegarse del kirchnerismo, el que además está en su peor versión histórica. Agotado ya, la única capacidad efectiva del cristinismo –última variante del kirchnerismo–, además de haber hecho implosionar el gobierno actual desde adentro, consiste en seguir absorbiendo y monopolizando un espacio que ya no representa (la centroizquierda), y al cual el resto de las fuerzas progresistas se sometieron voluntariamente. En vez de tratar de construir una fuerza de centroizquierda independiente del kirchnerismo, Grabois buscó fusionarse con él e incluso representarlo en su versión más «pura». En lugar de convocar a otros espacios para ir generando una nueva línea de acumulación política desde la centroizquierda, su discurso volvió sobre el kirchnerimo de modo extemporáneo. Apenas se conocieron los resultados de las PASO, las declaraciones que hizo Grabois sonaron de otra época en sus referencia al kirchnerismo. Y, más precisamente hablando de Cristina Fernández de Kirchner, dijo: «Perdón si no te defendimos lo suficiente».
En términos profesionales y personales, aunque mis temas refieren cada vez más a la crisis socioecológica en clave latinoamericana, fuera del país casi siempre me toca responder acerca de «la crisis argentina»; una pregunta coyuntural que en el exterior vino a reemplazar aquella sempiterna acerca de «¿qué es el peronismo?», mezclando por igual curiosidad y desconcierto. Ay, la bendita y repetida CRISIS, ya convertida en policrisis; demasiado largo de contar, demasiado difícil de resumir, demasiado fácil de simplificar. Por ello desde hace unos años suelo ingresar a los espacios de debate diciendo que no me pregunten por Argentina… Y no es que lo haga por pereza intelectual, sino más bien por escepticismo y desesperanza. La desazón, el hartazgo, la angustia social como signo de época es algo que no hemos podido procesar bien desde diferentes sectores sociales, y eso nos incluye también a nosotros, los intelectuales críticos de izquierda y centroizquierda.
Abundan desde hace rato las comparaciones con la gran crisis de 2001, pero las diferencias son de talla: entre ellas, en 2023 no hay actores sociales movilizados con capacidad de interpelar a la sociedad, como en aquel otro momento de crisis lo fueron las organizaciones piqueteras, desde el hambre, los cortes de ruta y el trabajo colaborativo en los barrios. En la actualidad, existe un enorme tejido asociativo que ha ido creciendo en las últimas décadas, y una incesante y pertinaz movilización colectiva que refrenda nuestra histórica capacidad de protesta, pero hay demasiada fragmentación y pobreza, demasiada conformismo corporatista, demasiada política de la inmediatez, demasiado etiquetado frontal a la hora de la discusión democrática, entre tantas otras cosas. Hay tejido social organizativo en abundancia, pero existe poca construcción contrahegemónica desde abajo que tenga la capacidad de volver a hacernos soñar –como en 2001– con una sociedad mejor y diferente, a través de conceptos-horizonte que hoy tendrían que asociar necesariamente la justicia social con la justicia ambiental, el respeto de las diversidades y de género con la reparación étnica. Y lo que asoma como potencial construcción hegemónica –o podría asomar–, con La Libertad Avanza, repudia precisamente todos esos valores, tanto en su conjunto como cada uno por separado.
Aciertan Mariano Schuster y Pablo Stefanoni en cuanto a la resignificación por derecha que la fuerza de Milei hizo del 2001 argentino y el «Que se vayan todos», no ya con la promesa de la restauración del vínculo social desde valores como la solidaridad, la movilización colectiva y el Estado social, sino a través de la defensa del individuo trabajador, ignorado y/o explotado por un Estado ineficiente y corrupto. El circulo que comenzó como un estallido y se fue desplegando por izquierda en 2001, se cierra hoy por derecha en 2023.
No deja de sorprender cómo, en estos primeros días, el periodismo vernáculo que el propio Milei denuncia como «ensobrado» (comprado) ayuda a instalar la agenda libertaria y naturaliza al candidato, e incluso, a la hora de entrevistarlo, se autolimita en el tono y teme sus arrebatos. Hasta parecen haberse intercambiado los roles; el que queda desubicado o fuera de foco ya no es un Milei que vocifera barbaridades, sino los periodistas que titubean o son corregidos una y otra vez cuando aquel presenta su programa de gobierno, por momentos con un tono didáctico, de maestro, ante alumnos confundidos. Su voz se cargó de autoridad, aquella que le dan las urnas.
Milei pasó de ser el payaso mediático que nadie tomaba en serio a ser el líder insoslayable de las mayorías silenciosas, que hoy se halla a cien metros de la Casa Rosada. «El Joker, el Guasón como emergente social dislocado, que podría convertirse en el líder de Ciudad Gótica, sumida en una gran tensión social», comentaba la escritora Claudia Aboaf en un intercambio privado. Milei le agrega así una capa más de distopía a una sociedad sumida en la policrisis y un planeta ya herido por el colapso. Su triunfo habilita nuevos umbrales, abre a un escenario de una fuerte regresión político-cultural. No seremos los primeros. Ejemplos en el mundo hay muchos, y Brasil es el más cercano; las marcas del bolsonarismo no se han ido siquiera luego del triunfo de Lula da Silva. Pero sobre todo, lo que Milei trae consigo nos obliga a interrogarnos no solamente sobre la mayoría silenciosa que se ve representada en él, sino también sobre nosotros mismos, corresponsables de esta distopía en marcha.
El colonialismo energético es la pieza central del «Consenso de la Descarbonización»: un nuevo acuerdo capitalista global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables», y que condena a los países periféricos a ser zonas de sacrificio, sin cambiar el perfil metabólico de la sociedad ni la relación depredadora con la naturaleza.
Vivimos un momento decisivo, marcado por un alto nivel de fragilidad e incertidumbre ante la emergencia climática y múltiples riesgos globales y destinos posibles. La narrativa de estabilidad, gobernabilidad nacional y gobernanza mundial creada en las últimas décadas por los actores hegemónicos se ha desmoronado; primero con la crisis de 2008 y luego con la pandemia de covid-19. La imprevisibilidad y la inestabilidad se han convertido en norma ante la secuencia de profundas crisis (sociales, políticas, sanitarias, geopolíticas, económicas y ecológicas) que ya no pueden afrontarse como antes, pues se yuxtaponen y refuerzan mutuamente.
Estamos pasando de las crisis múltiples a una policrisis civilizatoria, esto es, a crisis interrelacionadas que se entrelazan causalmente –producen un daño mayor que la suma de lo que producirían de modo aislado1– y ponen en cuestión el modelo civilizatorio basado en el crecimiento ilimitado, el progreso y el desarrollo. A este escenario se suman el fortalecimiento de la extrema derecha y los autoritarismos, la erosión democrática, el control digital y tecnológico de la vida y el fortalecimiento de la cultura de la guerra, tal como sugiere el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur en su reciente Declaración de Bogotá2.
Con el desarrollo de estas tendencias, en los últimos años la transición socioecológica ha dejado de ser un tema restringido a grupos de activistas y científicos para convertirse en eje central de las agendas políticas y económicas contemporáneas. Sin embargo, surgen aquí dos cuestiones importantes. Primero, frente a la urgencia de la descarbonización, existe una tendencia a reducir la transición socioecológica –cuya comprensión integral debería abarcar los planos energético, productivo, alimentario y urbano– a la transición energética3. La segunda cuestión está asociada al modo en que se lleva a cabo la transición energética y a quién pagará los costos.
La transición energética, impulsada principalmente por grandes empresas, fundaciones y gobiernos del Norte global y países emergentes hacia energías supuestamente «limpias», presiona cada vez más al Sur global. Para que China, Estados Unidos y Europa transiten hacia la desfosilización, se crean nuevas zonas de sacrificio en las periferias mundiales. Hay varios ejemplos de esta dinámica: la extracción de cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología para los automóviles eléctricos afecta brutalmente al llamado «triángulo del litio» en América Latina y al norte de África; la creciente demanda de madera de balsa –abundante en la Amazonía ecuatoriana– para la construcción de aerogeneradores demandados por China y países europeos destroza comunidades, territorios y biodiversidad; y la nueva puja por megaproyectos de paneles solares e infraestructuras de hidrógeno incrementa aún más el acaparamiento de tierras.
Este proceso empieza a conocerse, en el activismo y en la academia crítica, como «extractivismo verde» o «colonialismo energético»: una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, especialmente en el Sur global (aunque no de modo exclusivo), con el propósito de llevar a cabo la transición energética verde.
En este artículo sostenemos que el colonialismo energético es la pieza central de un nuevo consenso capitalista, que definiremos como el «Consenso de la Descarbonización». Se trata de un acuerdo global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables». Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición energética promovida por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, más que proteger el planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza. Este artículo analiza cómo se produjo el paso de los consensos capitalistas globales previos –el «Consenso de Washington» y el «Consenso de los Commodities»– al «Consenso de la Descarbonización». Asimismo, discute sus principales características, así como las líneas de continuidad y ruptura en un mundo multipolar. Por último, presenta una serie de reflexiones y propuestas en relación con la transición energética, tanto en clave geopolítica como en lo local-territorial.
Del «Consenso de Washington» al «Consenso de la Descarbonización» (pasando por el «Consenso de los Commodities»)
El proceso de liberalización comercial y económica, desregulación, privatizaciones, reducción del Estado y expansión de las fuerzas del mercado en las economías nacionales, iniciado en la década de 1980 y consolidado en los años 90, tomó el nombre de «Consenso de Washington». Conocemos bien la trágica receta: un paquete de reformas que impulsó un fundamentalismo de mercado, encumbrando el neoliberalismo como única alternativa tras la caída del Muro de Berlín. Se trató de un consenso entre actores diversos que promovieron la globalización neoliberal, con especial peso de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y la Organización Mundial del Comercio (omc). A pesar de las diferencias de matiz, se impuso una serie de políticas de ajuste estructural a los países del Sur que fomentaban el libre mercado.
Estas políticas fueron pensadas teniendo a América Latina como referencia y acabaron refrendadas por buena parte de los gobiernos de la región. Sin embargo, los graves efectos ambientales y sociales y las múltiples crisis económicas que generaron en diversos países latinoamericanos sirvieron como base para su crítica política e intelectual. Resistencias, redes y movimientos sociales empezaron a articularse contra los tratados de libre comercio, la globalización neoliberal y sus principales símbolos. Las protestas contra la omc, el bm, el fmi, las campañas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (alca) y el Foro Social Mundial fueron procesos claves que articularon la denuncia del «Consenso de Washington» con el intento de generar alternativas y convergencias hacia «otros mundos posibles».
A este ciclo global y regional de protestas se sumaron en el cambio de siglo movilizaciones intensas en países como Argentina (2001), Venezuela (2002) y Bolivia (2003), que impulsaron la emergencia del llamado «ciclo progresista» latinoamericano y de un imaginario posneoliberal. Los progresismos latinoamericanos reivindicaron un papel más prominente del Estado, con políticas sociales focalizadas y, en algunos casos, de redistribución, pero lo hicieron de forma estrechamente articulada al fortalecimiento de los capitales privados multinacionales. Lo que en varios países se vendió como una política win-win, mediante la cual los pobres mejoraban su vida mientras que los ricos seguían enriqueciéndose, fue posible por el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico sostenido por el auge de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes como China.
Este nuevo orden, caracterizado por la hegemonía del desarrollo neoextractivista, marcó el tránsito hacia otro tipo de consenso capitalista: el «Consenso de los Commodities»4, visto por actores muy diversos y heterogéneos –desde los más conservadores hasta los progresismos– como una auténtica «oportunidad económica». Las economías latinoamericanas se reprimarizaron y la dinámica de desposesión se acentuó de manera muy violenta, con destrucción de la biodiversidad y expulsión y desplazamiento de poblaciones de sus territorios.
Ante este escenario, se incrementaron la conflictividad social y la resistencia de comunidades y movimientos sociales a la expansión del agronegocio, los megaproyectos de minería a cielo abierto, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y la expansión de la frontera petrolera y energética a hidrocarburos no convencionales. Pero las luchas de resistencia contra el desarrollismo neoextractivista, con protagonismo de los movimientos ecoterritoriales, no se limitaron a un repertorio reactivo. Del «no» brotaron muchos «síes» y se empezaron a cultivar alternativas al desarrollo y nuevos horizontes propositivos, como el Buen Vivir, los bienes comunes, la plurinacionalidad, los derechos a la naturaleza y el paradigma de los cuidados.
El final del boom de los commodities a mediados de la segunda década de este siglo coincidió con el cierre de aquel ciclo progresista y el fortalecimiento de las derechas en varios países, en medio de un profundo deterioro de los sistemas políticos y cuestionamiento de los actores sociales y políticos establecidos. Se instaló una fuerte polarización entre los progresismos, que se vieron atacados y se pusieron a la defensiva, y fuerzas conservadoras o reaccionarias que empezaron a marcar la agenda.
La pandemia de covid-19 emerge en este contexto como un acontecimiento crítico global, que permitió acelerar y consolidar cambios geopolíticos que ya venían dándose, como la militarización global, el fortalecimiento de China, la puja interimperial y el incremento de las brechas entre centro y periferia5. A la vez, se abrió una nueva ventana política de discusión acerca de cómo sería el mundo pospandemia. A pesar de la insistencia de sectores dominantes en mantener el business as usual, apostando más por una «vuelta a la normalidad» que a una «nueva normalidad», empezó a ganar terreno también una lógica adaptativa del capitalismo hacia un modelo supuestamente más «limpio» y «ecológico».
Grandes corporaciones transnacionales, instituciones supranacionales y gobiernos, con el aval de numerosas organizaciones y expertos internacionales, empezaron a colocar en el centro de la agenda económica y política la necesidad de una descarbonización de la matriz energética. El Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) se convirtieron en los principales referentes oficialistas con el propósito de generar marcos internacionales compartidos. En el plano nacional, varios países crearon sus Pactos Verdes o Green New Deals e incluso ministerios de Transición Ecológica. Actores supranacionales, como la Comisión Europea, también impulsaron un Pacto Verde Europeo, formulado con el objetivo de ser el primer continente «climáticamente neutro». El discurso «NetZero hacia 2050» empezó así a aparecer en buena parte de los discursos de las colectividades dominantes, incluidas algunas que hace años eran abiertamente negacionistas y ahora empezaron a ofrecer «soluciones climáticas». Es así como emerge el más reciente de los consensos capitalistas: el «Consenso de la Descarbonización».
El «Consenso de la Descarbonización»: características, contradicciones e implicaciones
El «Consenso de la Descarbonización» se basa en un objetivo común de amplia aceptación. Al final, en un mundo herido por el colapso, ¿quién podría oponerse a la descarbonización y la neutralidad climática? El problema principal no es el qué, sino el cómo. La descarbonización es bienvenida, pero no de esta manera. Entre las finalidades de esta descarbonización hegemónica no se encuentran la desconcentración del sistema energético, el cuidado de la naturaleza, mucho menos la justicia climática global, sino otro tipo de motivaciones como la captación de nuevos incentivos financieros, la reducción de la dependencia de algunos países en búsqueda de la seguridad energética, la ampliación de los nichos de mercado o la mejoría de la imagen de las empresas. En otras palabras, si los actores dominantes adoptan esta agenda es porque la entienden como una nueva ventana de oportunidad para el reposicionamiento geopolítico y para la acumulación capitalista, más específicamente, una «acumulación por desfosilización»6 que profundiza la contradicción capital/naturaleza.
En este nuevo consenso, la descarbonización no es vista como parte de un proceso más amplio de cambio del perfil metabólico de la sociedad (en los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos), sino como un fin en sí mismo. Aunque se reconoce la gravedad de la emergencia climática, se construyen políticas no solo insuficientes, sino además con gravísimos impactos, dado que se intensifica la explotación de bienes naturales y se mantiene la ideología del crecimiento económico indefinido. Con otra vuelta de tuerca a la retórica de la «sostenibilidad» se abre, por lo tanto, una nueva fase de despojo ambiental del Sur global, que afecta la vida de millones de seres humanos y seres sintientes no humanos; compromete aún más la biodiversidad y destruye ecosistemas estratégicos. El Sur global se convierte de nuevo en un almacén de recursos supuestamente inagotables, de donde se extraen los minerales estratégicos para la transición energética del Norte global, además de ser el destino para los desechos y la contaminación generados por esta nueva «revolución industrial».
El «Consenso de la Descarbonización» moviliza continuamente el discurso de las potencialidades tecnológicas y de la innovación. A la vez, aboga explícitamente por los «negocios verdes», la «financiación climática», las «soluciones basadas en naturaleza», la «minería climáticamente inteligente», los «mercados de carbono» y diversas formas de inversión especulativa. Casi sin solución de continuidad, las políticas de «responsabilidad social» de las empresas extractivas se han convertido en las últimas décadas en políticas de «responsabilidad socioambiental», en un intento de construir una imagen de responsabilidad ecológica que contrasta fuertemente con la realidad. En definitiva, se propone un tipo de transición basada en una lógica fundamentalmente mercantil y con una interfaz hiperdigitalizada, lo que genera nuevas mercancías y formas sofisticadas de control social y territorial.
Como consecuencia, el «Consenso de la Descarbonización» está marcado por el imperialismo ecológico y el colonialismo verde. Moviliza no solo prácticas, sino también un imaginario ecológico neocolonial. Por ejemplo, muchas veces gobernantes y empresas utilizan la idea de «espacio vacío», típica de la geopolítica imperial. Si en el pasado esta idea, que complementa la noción ratzeliana de «espacio vital» (Lebensraum), generó ecocidio y etnocidio indígena –y sirvió luego para promover políticas de «desarrollo» y de «colonización» de los territorios–, hoy se usa para justificar el expansionismo territorial para la inversión en energía «verde». De esta manera, grandes extensiones territoriales en zonas rurales con poca población son vistas como espacios vacíos aptos para la construcción de molinos de energía eólica o plantas de hidrógeno. Estos imaginarios geopolíticos de las transiciones corporativas reproducen las relaciones coloniales, que no solo pueden verse como una imposición de afuera hacia adentro, del Norte hacia el Sur. En muchos casos, lo que está en juego es también una especie de colonialismo verde interno, que forja las condiciones de posibilidad para el avance del extractivismo verde basado en alianzas y relaciones coloniales entre las elites nacionales y las elites globales.
Debemos reconocer asimismo que, en nombre de la «transición verde», el «Consenso de la Descarbonización» también genera presiones sobre los propios territorios del Norte global, tanto en eeuu como en Europa7, con un impacto principal en zonas rurales menos pobladas. Pero nada de ello puede compararse con los impactos y la envergadura que estos procesos tienen en la periferia globalizada. Como señala atinadamente un estudio reciente de Alfons Pérez sobre los Pactos Verdes:
La distribución geográfica de la extracción actual y de las reservas de estas materias primas críticas dibuja un mapa ciertamente diferente al de la extracción de los combustibles fósiles. Mientras el Oriente Medio ha sido el epicentro geoestratégico para el suministro de hidrocarburos, ahora el foco se pone sobre otras zonas del planeta. Las regiones claves para la explotación de estos elementos se concentran en el Sur global y en regiones como África subsahariana, Sudeste asiático, Sudamérica, Oceanía y China.8
A pesar de la búsqueda incesante de esos minerales críticos, la forma y la temporalidad de la implementación del «Consenso de la Descarbonización» desencadenan contradicciones incluso entre sus propios promotores. La exacerbación de conductas y políticas esquizofrénicas –o de double bind [doble vínculo],por utilizar los términos de Gregory Bateson9– parece ser así un signo de la policrisis civilizatoria. Hay quienes, aun reconociendo su importancia, pretenden retrasar la descarbonización y extraer hasta la última gota de petróleo, como es el caso de muchas empresas fósiles y sus lobbies hacia los gobiernos. Un ejemplo fue el presidente Joe Biden que, desdiciéndose de su promesa electoral, aprobó en marzo de 2023 el Proyecto Willow, que permite avanzar en la expansión de la frontera petrolera en el Ártico de Alaska, y pone así en peligro un ecosistema extremadamente frágil y ya castigado por el derretimiento de los hielos debido al calentamiento global. Otro ejemplo viene de la Unión Europea que, mientras busca expandir el Pacto Verde Europeo, optó por regresar al carbón a mediados de 2022, usando como justificación la crisis energética acelerada por la guerra en Ucrania. Así, el gobierno alemán ordenó en enero de 2023 la demolición de una aldea para dar paso a la expansión de una mina de carbón de lignito, el tipo de carbón más contaminante entre los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, como parte del plan europeo de recuperación tras la crisis, Alemania presionó a los Estados miembros de la ue para que destinaran parte de esos fondos al desarrollo del hidrógeno verde10.
El tipo de lógica posfósil que promueve el «Consenso de la Descarbonización» conduce, por lo tanto, a una transición corporativa, tecnocrática, neocolonial e insustentable. Numerosas proyecciones alertan sobre el hecho de que, planteada de esta manera, la transición energética es insostenible desde el punto de vista metabólico. El propio bm advertía en 2020 que la extracción de minerales
como el grafito, el litio y el cobalto podría experimentar un aumento de casi 500% de aquí a 2050, para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. Se estima que se requerirán más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, así como el almacenamiento de energía, para lograr una reducción de la temperatura por debajo de los 2 ºC en el futuro.11
Informes más recientes son aún más escalofriantes respecto del aumento del uso de «minerales para la transición». Como sostiene el periodista francés Guillaume Pitron, «cientos de miles de turbinas eólicas, algunas más altas que la torre Eiffel, serán construidas en los próximos años y exigirán enormes cantidades de cobalto, zinc, molibdeno, aluminio, zinc, cromo… entre otros metales»12.
El «Consenso de la Descarbonización» restringe el horizonte de combate contra el cambio climático a lo que la investigadora brasileña Camila Moreno define como la «métrica del carbono»: una forma limitada de cuantificar el carbono solo a partir de las moléculas de co2, que ofrece una especie de moneda para el cambio internacional, lo que genera la ilusión de que se está haciendo algo contra la degradación ambiental13. De esta manera, se encubre el problema de fondo y no solo se sigue contaminando, sino que además se hacen nuevos negocios con la contaminación (a través, por ejemplo, del comercio de compensación de emisiones). Se siguen ignorando los límites naturales y ecológicos del planeta, pues claramente no hay litio ni minerales críticos que alcancen si no se cambian los modelos de movilidad y los patrones de consumo. El hecho en sí de que las baterías de litio, así como los proyectos eólicos y solares, requieran también de minerales (como el cobre, el zinc, entre tantos otros) debería alertarnos sobre la necesidad de realizar una reforma radical del sistema de transporte y del modelo de consumo existente.
Por eso, la transición no puede reducirse únicamente a un cambio de matriz energética que garantice la continuidad de un modelo insustentable. Al proponer una transición energética corporativa de corto alcance, el «Consenso de la Descarbonización» mantiene el patrón hegemónico de desarrollo y acelera la fractura metabólica, con el objetivo de preservar el estilo de vida y el consumo actual, muy especialmente de los países del Norte y los sectores más pudientes a escala global.
Continuidades y rupturas entre los tres consensos capitalistas
Si durante la Guerra Fría la imaginación geopolítica hegemónica hablaba de un mundo bipolar, dividido en dos bloques polarizados ideológicamente, desde la caída del Muro de Berlín se empezó a forjar una imaginación geopolítica hegemónica basada en consensos capitalistas globales. Si observamos el «Consenso de la Descarbonización» en una perspectiva de procesualidad sociohistórica, veremos que entre los tres consensos hegemónicos vigentes en las últimas décadas hay continuidades y rupturas. Entre los puntos de continuidad, se pueden subrayar tres elementos principales. El primero es el discurso de la inevitabilidad, que plantea que no hay alternativa a estos consensos. Esta restricción del mundo de lo posible ha sido perfeccionada a lo largo de las últimas décadas con diferentes repertorios de legitimación social, sea el acceso al consumo por parte de los sectores populares o la retórica de respirar un aire más saludable. Asimismo, el «Consenso de los Commodities» se construyó sobre la idea de que existía un acuerdo sobre el carácter irrevocable o irresistible de la dinámica extractivista, resultante de la creciente demanda mundial de materias primas, cuyo objetivo era cerrar la posibilidad a otras alternativas. De forma similar, el «Consenso de la Descarbonización» pretende instalar hoy la idea de que, dada la urgencia climática, no hay otra transición posible, y de que la única existente y «realista» es la transición corporativa.
En segundo lugar, todos estos consensos suponen una mayor concentración de poder en actores no democráticos (grandes corporaciones, actores financieros y organizaciones internacionales), que socavan cualquier posibilidad de una gobernanza democrática, mucho más en un contexto de «transición». Esto se manifiesta de dos formas principales. Por un lado, se observa en la captura corporativa de espacios de gobernanza. Ámbitos como la Conferencia de Partes (cop) que, como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, deberían ser foros multilaterales para avanzar en la lucha contra el cambio climático, son cada vez más una feria de negocios del capitalismo verde que mantiene las relaciones de poder energético entre el Norte y el Sur. Podemos decir que las cop sirven al «Consenso de la Descarbonización» como la omc servía al «Consenso de Washington» y el «Consenso de los Commodities».
Por otro lado, se manifiesta en la fuerte concentración de poder entre las grandes empresas, desde el inicio hasta el final de las cadenas globales. Si pensamos el caso del litio en Argentina y en Chile, por ejemplo, al final de la cadena global de valor están los gigantes del automóvil (Toyota, bmw, vw, Audi, Nissan, General Motors) y empresas eléctricas, como Vestas y Tesla. 50% de la industrialización de las baterías para las plantas automotrices se concentra en empresas chinas, y el control de la extracción también está dominado por unas pocas empresas: la estadounidense Albemarle, la chilena sqm, la norteamericana Livent Corp, Orocobre de Australia y Ganfeng de China14. A su vez, Chile y Argentina exportan carbonato de litio, un commodity sin valor agregado, y más allá de los anuncios recurrentes acerca de la «industrialización», los países del llamado «triángulo del litio» están muy lejos de controlar la cadena global del mineral, desde los salares hasta las baterías.
En numerosos casos, la extracción de litio avanza sin licencia social, acuerdo o consulta a las comunidades indígenas que habitan esos territorios desde hace milenios y que denuncian el sobreconsumo de agua y sus impactos en el proceso de extracción. En las Salinas Grandes en Jujuy, Argentina, desde 2010, un conjunto de comunidades indígenas (llamadas «las 33 comunidades») rechaza la extracción de litio en sus territorios, exige una consulta previa, libre e informada y defiende una perspectiva holística y ancestral, que integra el territorio, la autonomía, el Buen Vivir, la plurinacionalidad, el agua y la sustentabilidad de la vida. El salar es considerado por los indígenas como «un ser vivo, dador de vida», y ellos tienen como lema «El agua y la vida valen más que el litio», como pudo verse reflejado en el Aerocene Pacha, un globo aerostático sin combustible que el artista argentino Tomás Saraceno elevó en enero de 202015.
En tercer lugar, la búsqueda constante de ampliación de las fronteras capitalistas supone, en todos estos casos, el fomento de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales. Y para ello hay una apuesta clara por garantizar «seguridad jurídica» a los capitales con bases normativas y legales que posibiliten la mayor rentabilidad empresarial. No es inocente, por ejemplo, que en los nuevos tratados bilaterales de comercio que la ue negocia (entre otros, con Chile y México) haya incorporado capítulos de energía y materias primas para garantizar un acceso a los minerales críticos para la transición. La Comisión Europea ha dejado muy claro en la declaración del Pacto Verde Europeo que «el acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para implementar el Pacto Verde» y que es imprescindible «asegurar la oferta de materias primas sostenibles, en particular las necesarias para la tecnología renovable, digital, espacial y de defensa»16. En este contexto, presentó en marzo de 2023 una propuesta de «Reglamento de materias primas críticas», aparentemente destinada a garantizar un suministro seguro y sostenible de tales materias primas17. Sin embargo, como se explica en un informe del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (somo, por sus siglas en neerlandés), la estrategia propuesta por la ue no conducirá a un suministro sostenible de minerales críticos para Europa, ya que agravará los riesgos para los derechos humanos y el ambiente, socavará la dinámica económica en los países socios y continuará reforzando el consumo insostenible en los países ricos18.
Más allá de estas líneas de continuidad, hay también novedades. Una característica importante del «Consenso de la Descarbonización» se vincula a la complejidad de las relaciones neocoloniales en un mundo multipolar, marcado por la puja interimperial, donde la geopolítica se transforma en geoeconomía y colonialismos múltiples. No es solo la ue, carente de los minerales críticos, la que busca acceso directo a ellos. China, pese a contar con estos minerales, se encuentra muy bien posicionada en el Sur global, donde desde hace casi dos décadas viene realizando inversiones muy agresivas en los sectores extractivos estratégicos, manteniendo un tipo de relación distinta de las que establecen eeuu y Europa19. Una de las particularidades de la nueva dependencia que se genera entre China y los países latinoamericanos, de los que en casi todos los casos es el primer socio comercial, es que si bien sus inversiones apuestan al largo plazo y se ubican en diferentes sectores (agronegocios, minería, petróleo, infraestructura ligada a actividades extractivas), en términos de transferencias tecnológicas –muy particularmente en relación con la transición verde– se tiende a usar tecnología china de punta, lo cual incluye también, a veces, mano de obra de ese país20. La puja interimperial se completa con eeuu. Aunque estos temas parecen estar ausentes en las declaraciones del Departamento de Estado, en varias oportunidades la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha dejado claro el interés estratégico de América del Sur para su país (en lo que concierne al agua, petróleo, litio, entre otros)21. Por último, agreguemos que Rusia, como actor tendencialmente hegemónico en un mundo multipolar, está lejos de tener el alcance de las potencias antes mencionadas en el campo de disputa por la transición energética.
Otro elemento distintivo significativo entre estos tres consensos es el rol del Estado. Sabemos que el «Consenso de Washington» estuvo marcado por una lógica de Estado mínimo y el «Consenso de los Commodities» sostuvo un Estado moderadamente regulador, pero en estrecha alianza con el capital transnacional. Por su parte, el «Consenso de la Descarbonización» parece inaugurar la emergencia de un tipo de neoestatismo planificador –en algunos casos, más cercano a un Estado ecocorporativo– que busca aunar transición verde con la promoción de los fondos privados y la financiarización de la naturaleza. De esta manera, las transiciones ecológicas impulsadas por las instituciones gubernamentales y por el Estado tienden a aproximarse, facilitar y fundirse con las transiciones corporativas, en una dinámica de sumisión del sector público a los intereses privados. Sin embargo, en algunos casos en que se dan ciclos intensos de movilización social, el Estado puede tratar de recuperar una cierta autonomía relativa, promoviendo transiciones ecosociales que fomenten la descentralización y la desconcentración del poder corporativo.
Asimismo, aunque tanto el «Consenso de los Commodities»como el «Consenso de la Descarbonización» implican una lógica extractivista, los productos y minerales requeridos se han ampliado. En el primer caso, son sobre todo productos alimenticios, hidrocarburos y minerales como el cobre, el oro, la plata, el estaño, la bauxita y el zinc, mientras que en el segundo, además de los minerales mencionados, el foco del interés recae en los llamados minerales críticos para la transición energética como el litio, el cobalto, el grafito, el indio, entre otros, y las tierras raras. En ambos casos, la extracción y la exportación de materias primas tienen consecuencias catastróficas en términos de destrucción ecológica y generación de dependencia. Sin embargo, como argumenta la socióloga alemana Kristina Dietz22, un aspecto clave que diferencia el extractivismo verde del neoextractivismo es el discurso utilizado para legitimar el primero, ya que los actores que lo promueven afirman que es sostenible y que es la única vía posible para hacer frente a la emergencia climática.
Descarbonizar sí, pero con justicia geopolítica
Para que la descarbonización pueda salir de esta lógica perversa, es necesario descomodificarla y descolonizarla a partir de una contestación estructural. Cualquier hipótesis de transición ecosocial justa e integral debe enfrentar este desafío y no puede anclarse solo en lo local –como muchas veces ocurre–, sino que debe considerar también el nivel geopolítico como prioritario. Esto implica incorporar el imperativo del decrecimiento por parte del Norte global, así como la deuda ecológica que este tiene con los pueblos del Sur, buscando generar puentes entre los actores y diagnósticos críticos en pos de una justicia ecológica global.
El Norte global debe comenzar a decrecer urgentemente en varios ámbitos: en términos de consumo, de reducción de la esfera de mercantilización, de desmaterialización de la producción, de transporte y de reparto de horas de trabajo. Aunque en buena parte de las propuestas decrecentistas los factores mencionados aparecen articulados a una lógica de redistribución social, la «desmaterialización» –esto es, la reducción en la intensidad del uso de materias primas y energía– es inexorable. Si bien es una responsabilidad prioritaria del Norte global, esto no significa que sea «solo una cosa del Norte», como muchas veces se sostiene en el debate público, y que el Sur tenga que reivindicar su «derecho al desarrollo», pues son el llamado desarrollo y la lógica del crecimiento insostenible lo que hoy nos empuja al colapso.
El decrecimiento es una exigencia de justicia global, en el marco de un planeta ya dañado. Además, como vienen advirtiendo varios referentes del decrecimiento (tales como Giorgos Kallis, Federico Dimaria y Jason Hickel, entre otros), la progresiva reducción del metabolismo social se traduciría en una menor presión sobre los bienes naturales y los territorios del Sur, lo que abriría un «espacio conceptual»23 en el Sur global necesario para transitar hacia el posextractivismo. Como afirma Hickel, «el decrecimiento es una exigencia de descolonización. Los países del Sur deben ser libres para organizar sus recursos y su trabajo en torno de la satisfacción de las necesidades humanas y no en torno del servicio del crecimiento del Norte»24.
El complemento del decrecimiento no puede ser otro que el pago de la deuda ecológica a los pueblos y países del Sur. En términos contables, la deuda climática no es más que una línea en el balance de una deuda ecológica más amplia. Así, la deuda ecológica podría entenderse como la obligación y responsabilidad que los países industrializados del Norte tienen con los países del Sur, por el expolio y el usufructo de sus bienes naturales (petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, bienes marinos), a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación y contaminación de su patrimonio natural y de sus propias fuentes de subsistencia25.
La deuda ecológica está, además, estrechamente vinculada a la deuda externa. La sobreexplotación de los recursos naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias26. La presión que los centros capitalistas ejercen sobre la periferia para extraer recursos naturales se agrava en el contexto de la deuda externa. El imperativo de crecimiento de los países ricos tiene como contrapartida el «mandato exportador» del Sur27, que en los países capitalistas periféricos aparece asociado a la necesidad de pagar la deuda externa y sus intereses, lo que renueva un círculo interminable de desigualdad. Esto sucede hoy en día en Argentina, país que arrastra una deuda externa (contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri entre 2015 y 2019) que lo incapacita para pensar cualquier alternativa de cambio que no sea otra que expandir las fronteras del neoextractivismo, para obtener los dólares que alivien los pagos de los intereses de la deuda externa con el fmi.
Desde hace décadas existen numerosas y recurrentes iniciativas que exigen una reparación integral por las responsabilidades históricas y que articulan también explícitamente deuda ecológica con deuda externa. Este fue el caso de la campaña ¿Quién debe a quién? que, en pleno auge del movimiento alterglobalización en el cambio de siglo, exigía la cancelación de la deuda externa y el pago de la deuda ecológica. Además de la denuncia del carácter ilegítimo de la deuda externa, se buscaba sensibilizar a la población del Norte global sobre la responsabilidad en la deuda ecológica28. Más recientemente, el 27 de febrero de 2023, el movimiento Deuda por Clima lanzó una invitación para reunirse con representantes de los países más afectados por la intersección de la crisis climática y la deuda, con el fin de discutir la condonación de la deuda del Sur global y permitir así una transición justa. Ese día se celebraba el 70o aniversario del Acuerdo de Londres por el que Alemania recibió una quita de 50% de la deuda que había acumulado antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los países que permitieron a Alemania experimentar su llamado «milagro económico», gracias a esta condonación, hoy están fuertemente endeudados. Sin embargo, Alemania obstaculiza cualquier medida progresiva para aliviar a esos países de su pesada carga de la deuda mientras que, al mismo tiempo, están experimentando las devastadoras consecuencias de la crisis climática (como Bangladesh).
Según el economista Alberto Acosta, si esto fue posible para Alemania, en un contexto de posguerra, ¿por qué no lo sería para los países del Sur, en un escenario de pospandemia y de emergencia climática? El Acuerdo de Londres nos ofrece, además, una lista de temas a considerar para enfrentar la deuda externa: capacidad de pago, condonaciones sustanciales de la deuda, reducción significativa de las tasas de interés, transparencia en las negociaciones para determinar los beneficios de las partes, cláusulas de contingencia, esquemas de manejo de disputas y la posibilidad de un arbitraje justo y transparente, entre muchos otros. Para avanzar en la búsqueda de soluciones duraderas, es necesario, aunque no suficiente, reclamar la condonación de las deudas, auditorías ciudadanas y la atención a las reiteradas denuncias de tanta violencia y corrupción vinculadas a la deuda externa29. En suma, una reconfiguración del sistema financiero internacional que deje claro que ningún país se salva solo, algo que no surgirá de forma espontánea, sino que requiere de una reactivación de las articulaciones internacionalistas que conecten el Norte y el Sur global en un escenario de policrisis civilizatoria.
En este marco, el decrecimiento y el posextractivismo son dos perspectivas complementarias, de carácter multidimensional, que permiten crear puentes internacionalistas y Norte-Sur alrededor de una transición ecosocial integral. Ambos formulan una crítica a los límites ecológicos del planeta y enfatizan la insustentabilidad de los modelos de consumo imperial y la profundización de las desigualdades sociales. Asimismo, son conceptos-horizonte que constituyen un punto de partida para construir herramientas de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otro régimen socioecológico, diferente del economicista y del pragmatismo de ciertos ambientalismos de ocasión, capaz de transitar en clave de justicia climática hacia un horizonte de transformación ecosocial.
Construir transiciones ecosociales justas, populares y territorializadas
A diferencia de lo que propone el «Consenso de la Descarbonización», la energía debe ser pensada como un derecho y la democracia/soberanía energética, como un horizonte para el sostenimiento del tejido de la vida. La justicia ecosocial debe encaminarse a eliminar la pobreza energética y desmontar las relaciones de poder. En un horizonte de transición energética justa, hay que dejar los combustibles fósiles bajo tierra e ir «desescalando» los procesos de explotación hidrocarburífera, como nos sugieren las compañeras de la organización Censat Agua Viva de Colombia, lo cual implica una ruptura de sentido para resignificar la naturaleza.
Hay cada vez más voces que, afortunadamente, buscan desenmascarar el «Consenso de la Descarbonización», argumentando que la transición energética no puede hacerse a costa del agua, los ecosistemas y los pueblos30. A la vez, muestran que las transiciones ecosociales justas no son ni pueden ser una proyección de futuro, sino que están ocurriendo en el presente, en la experiencia cotidiana de múltiples territorios urbanos y rurales, en el Norte y en el Sur. Como consecuencia, el desafío no consiste tanto en construir nuevas utopías y narrativas ecoutópicas para un mundo que nos gustaría vivir, sino en ampliar, reconocer y potenciar estas prácticas, impulsadas por comunidades, organizaciones y movimientos sociales diversos, que ya existen y prefiguran alternativas societarias.
Las transiciones ecosociales populares y territoriales se anclan, por lo tanto, en experiencias concretas que, aunque locales, pueden ampliarse, conectarse e inspirar otras realidades. Presentan diversos ejes estratégicos que se retroalimentan: la energía (comunitaria), la alimentación (agroecología y soberanía alimentaria), la producción y el consumo (estrategias de desrelocalización y prácticas posextractivistas de economía social y solidaria, agricultura urbana), trabajo y cuidados (redes de cuidados y sociabilidades anticapitalistas), infraestructuras (vivienda, movilidad, etc.), cultura y subjetividad (cambio cultural y de mentalidad), disputa política y normativa (generación de nuevos imaginarios políticos relacionales vinculados a los derechos territoriales y de la naturaleza, la ecodependencia, los ecofeminismos, las múltiples dimensiones de la justicia y la ética interespecie).
Estas propuestas entienden que las transiciones ecosociales no pueden restringirse únicamente a cuestiones climáticas y energéticas, como es habitual en el tipo de transición dominante, sino que deben tener un carácter holístico e integral. Reivindican una transformación estructural del sistema energético, pero también del modelo productivo y urbano, así como de los vínculos con la naturaleza: desconcentrar, desprivatizar, desmercantilizar, descentralizar, despatriarcalizar, desjerarquizar, reparar y sanar31. Además, se persigue un concepto de justicia integral que trascienda la visión limitada de las transiciones corporativas: lo social no puede separarse de lo ambiental; y la justicia social, ambiental, étnica, racial y de género son también indisociables.
Lejos de romantizar las experiencias de transición ecosocial justa, es fundamental entender sus contradicciones, dificultades y obstáculos internos y externos. En este registro, la multiescalaridad y las mediaciones políticas son elementos claves. Por ejemplo, no es lo mismo una alternativa ecosocial restringida a pequeñas comunidades y lugares específicos, que no se relacionan con otras experiencias, que experiencias localizadas, pero no localistas, que buscan construir articulaciones y sentidos más allá de su propio territorio. En un contexto de desglobalización gradual, la tentación de una fuerte desconexión es pujante. Pero para que las transiciones justas progresen, necesitamos la creación de bloques regionales fuertes, así como avanzar en la dirección de un Estado ecosocial.
La crisis ecológica y climática está introduciendo nuevos riesgos, en su mayoría con daños irreversibles, que afectan de forma desigual a la población. Como señala el economista Rubén Lo Vuolo, necesitamos superar la lógica de un Estado que repara daños para construir un Estado capaz de prevenirlos. Debe pensarse la distribución independientemente del crecimiento. Un Estado ecosocial debería buscar un mecanismo de protección social que sea lo más universal posible. Antes que garantizar una jubilación (a aquellos que realizaron aportes durante años), hay que apuntar a un ingreso universal o renta básica, para transitar de un Estado compensatorio a un Estado preventivo, preocupado más por las necesidades de los pueblos que por los intereses de las corporaciones32.
Sin movilización social constante, coordinada y masiva, eso difícilmente ocurrirá. No se trata solo de juntar movimientos por el clima o de repensar el ambientalismo, sino además de integrar una multiplicidad de luchas que no siempre se han conectado entre sí, pero que en los últimos años tienden a adherir progresivamente al paradigma de las transiciones justas, contribuyendo a avanzar en sus diferentes dimensiones: movimientos feministas, antirracistas, campesinos, indígenas, animalistas, sindicales, de economía popular y solidaria, entre otras. Lejos de las salidas individualistas que se desprenden del «Consenso de la Descarbonización», esto permite comprender que la salida es colectiva; que no es solo técnica, sino profundamente política. Esta es la clave para generar procesos de confluencia y de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia interespecie que merezca ser vivida.
1. Michael Lawrence, Scott Janzwood y Thomas Homer-Dixon: «What is a Global Polycrisis? And How Is It Different from a Systemic Risk?», informe para discusión, Cascade Institute, 9/2022.
3. M. Svampa y Pablo Bertinat (eds.): La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2022.
4. M. Svampa: «‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina» en Nueva Sociedad No 244, 3-4/2013, disponible en nuso.org.
5. B. Bringel y Geoffrey Pleyers (eds.): Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia, Clacso, Buenos Aires, 2020.
6. Este concepto ha sido acuñado por el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires. V., entre otros, «El litio y la acumulación por desfosilización en Argentina» en M. Svampa y P. Bertinat (eds.): La transición energética en Argentina, cit.
7. Thea Riofrancos: «Por qué relocalizar la extracción de minerales críticos en el Norte global no es justicia climática» en Viento Sur, 8/3/2022.
8. A. Pérez: Pactos verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora, Observatori del Deute en la Globalització / Libros en Acción / Icaria, Barcelona, 2021, p. 62.
9. G. Bateson: Steps to an Ecology of Mind, Chandler, San Francisco, 1972.
10. Etienne Beeker: «¿Hacia dónde va la transición energética alemana?» en Agenda Pública, 15/2/2023.
11. Banco Mundial: Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, BM, Washington, DC, 2020.
12. G. Pitron: «El impacto de los metales raros. Profundizando en la transición energética» en Green European Journal, 5/2/2021.
13. C. Moreno, Daniel Speich Chassé y Lili Fuhr: A métrica do carbono: abstrações globais e epistemicídio ecológico, Fundação Heinrich Böll, Río de Janeiro, 2016.
14. Melisa Argento, Ariel Slipak y Florencia Puente: «Cambios en la normativa de explotación y creación de una empresa 100% estatal», Serie Políticas y Líneas de Acción, Clacso, 2021.
19. M. Svampa y A. Slipak: «Amérique Latine, entre vieilles et nouvelles depéndances: le rôle de la Chine dans la dispute (inter)hégémonique» en Hérodote. Revue de Géographie et de Géopolitique vol. 2018/4 No 171, 2018.
20. M. Argento, A. Slipak y F. Puente: ob. cit.
21. Camilo Solís: «Laura Richardson: la jefa del Comando Sur de EEUU que pretende el litio sudamericano y que cierren Russia Today y Sputnik» en Interferencia, 6/6/2023.
22. K. Dietz: «Transición energética y extractivismo verde», Serie Análisis y Debate No 39, Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Región Andina, Quito, 9/2022. V. artículo en este número, p. 108.
23. F. Demaria: «Decrecimiento: una propuesta para fomentar una transformación socioecológica profundamente radical» en Oikonomics No 16, 11/2021. Vale aclarar que mientras en Europa el debate sobre el decrecimiento ha desbordado el campo militante, abandonando su carácter «abstracto», para ir permeando los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (que cuestionan la lógica del crecimiento económico), metiéndose cada vez más en la discusión política institucional de la UE, en EEUU, por el contrario, este continúa siendo tabú, incluso dentro de los ámbitos ecosocialistas, poco propensos a retomarlo en los debates sobre la transición ecosocial.
24. J. Hickel: «The Anti-Colonial Politics of Degrowth» en Resilience, 4/5/2021.
25. «Alerta verde No 78: ¡No más saqueo, nos deben la deuda ecológica!» en Ecología Política No 18, 1999.
26. M. Svampa y E. Viale: «De la ceguera ecológica a la indignación colectiva» en ElDiarioAR, 14/5/2023.
27. Francisco Cantamutto y Martín Schoor: «América Latina y el mandato exportador» en Nueva Sociedad edición digital, 6/2021, disponible en nuso.org.
28. Joan Martínez Alier y Arcadi Oliveres: ¿Quién debe a quién? Deuda ecológica y deuda externa, Icaria, Barcelona, 2010.
29. A. Acosta: «Un aniversario histórico, 70 años del Acuerdo de Londres. ¿Por qué es un imposible para los países del sur?» en Ecuador Today, 23/2/2023.
31. V. a este respecto los trabajos de Pablo Bertinat y la Declaración de Bogotá del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.
32. R. Lo Vuolo: «Crisis climática y políticas sociales. Del Estado de Bienestar al Estado Eco-Social», Serie Documentos de Trabajo CIEPP No 111, 12/2022.
En el marco de la llegada del 3er Malón de la Paz a Buenos Aires, en defensa de los territorios y derechos humanos de las comunidades indígenas de Jujuy, la comunidad internacional Aerocene invita al estreno en Buenos Aires de “Vuela con Pacha, hacia el Aeroceno (2017-2023…)”. Una película de Aerocene dirigida por Tomás Saraceno y Maximiliano Laina que se exhibe actualmente en la Serpentine Gallery de Londres.
“El agua y la vida valen más que el litio” es el mensaje escrito por los pueblos originarios que se eleva en el aire de las Salinas Grandes de Jujuy, con la comunidad de Aerocene, logrando el vuelo más sustentable de la historia de la humanidad.
Una proyección y un debate urgente para este mundo en ebullición. El debate, con preguntas abiertas al público, contará con Maristella Svampa, filósofa, Enrique Viale, abogado ambientalista y las representantes de las comunidades aborígenes: Verónica Chávez y Erika Cañari. Presenta Claudia Aboaf, coguionista de la película.
Fecha: Sábado 5 de agosto 2023 Hora: 19 hs Sala: Argentina Lugar: CCK – Centro Cultural Kirchner Dirección: Sarmiento 151, CABA Entrada libre y gratuita
Llega el Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy. Más de 60 comunidades indígenas de la provincia y distintas organizaciones y expertos impulsan una acción de inconstitucionalidad para que la reforma se anule. En este marco, el lunes 31 de julio y martes 1 de agosto estarán realizando distintas actividades en el Congreso Nacional junto a legisladores y legisladoras, representantes de diferentes fuerzas políticas y de organismos de derechos humanos. También han solicitado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los reciba en una audiencia.
Entre el lunes y el martes, comunidades indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz llegarán a Buenos Aires para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada y sancionada el pasado 20 de junio, entre otros reclamos. La movilización da continuidad a las manifestaciones que las comunidades indígenas vienen llevando adelante, junto a otros actores sociales, en distintos puntos de la provincia de Jujuy desde hace más de 40 días.
En este contexto, más de 60 comunidades indígenas junto a organizaciones de sociedad civil presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy contra la Constitución provincial. Solicitaron, además, una medida cautelar con el fin de que se suspenda la aplicación de dicha constitución hasta que se dicte sentencia, teniendo en cuenta los daños potencialmente irreversibles que su aplicación puede ocasionar hasta entonces. Esta medida cautelar ya fue rechazada por la justicia jujeña, con lo cual organizaciones y comunidades interpusieron un recurso por el modo irregular de su dictado y por los argumentos meramente formales que se indicaron para justificar su denegación. Este accionar suma un nuevo obstáculo en el acceso a la justicia solicitado por las comunidades y las organizaciones.
Acción de inconstitucionalidad de la reforma
Días atrás,más de 60 comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ENDEPA, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy una acción de inconstitucionalidad. Destacados expertos ya han presentado Amicus Curiae en la causa, y hay organizaciones y especialistas que se incorporarán a la acción en los próximos días.
La acción presentada tiene como objeto la declaración de la nulidad e inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Jujuy (sancionada por la Convención Constituyente el 20 de junio de 2023) y de la Ley Nº 6.302 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial.
Para el caso de que esto no suceda, las partes solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de determinados artículos que han excedido el mandato constituyente, al fijar prohibiciones a la protesta social y legislar vulnerando principios ambientales vigentes.
A su vez, organizaciones y comunidades solicitaron una medida cautelar a efectos de que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto se dicte sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad. Como respuesta al rechazo de esta medida, por parte de la justicia jujeña, organizaciones y comunidades recurrieron la decisión por el daño que puede ocasionar la aplicación de la constitución cuestionada. Entre otros, se destaca que podrían dictarse leyes en su consecuencia, que produzcan daño y normas inválidas. Además, la resolución fue dictada por un único juez, cuando una resolución de tales características debe ser decidida por el Tribunal en pleno (conformado por nueve jueces), o –en última instancia- mediante la integración de la Sala Contenciosa Administrativa.
¿Qué está pasando en Jujuy?
El pasado 15 de junio la Asamblea Constituyente de la provincia de Jujuy aprobó un texto constitucional que viola derechos garantizados en la Constitución de la Nación Argentina, tanto por su proceso como por su contenido. Este proceso, que requería de una discusión amplia, plural y transparente, se llevó adelante en menos de tres semanas entre la elección de los constituyentes y la aprobación del texto. La reforma constitucional de la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas. Tampoco aseguró que las personas defensoras ambientales tuvieran un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos.
Las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continuaron durante más de 40 días posteriores a la aprobación y tuvieron como respuesta intervenciones represivas por parte de la policía de la provincia en los distintos focos de protesta social. Durante las semanas siguientes se llevaron adelante allanamientos y detenciones arbitrarias, con indicios de hostigamiento y dilaciones no justificadas. La intimidación a comunidades y miembros de la sociedad civil continúan a la fecha.
Una de las columnas vertebrales del Tercer Malón de la Paz que se movilizó desde todos los rincones de la puna y quebrada jujeña durante estas jornadas de movilización social en Jujuy la constituye las comunidades en resistencia frente a la minería del litio en esta provincia.
Entender cuál es este reclamo sistemáticamente desoído ayuda a comprender cómo de una manera veloz se articularon por tercera vez desde el siglo XX todos los pueblos originarios de esta provincia, que se reconocen como kollas, atacameños, casabindos, quechuas, entre muchos otros.
Desde el año 2011 las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se encuentran organizadas para resistir el avance de la minería de litio en este territorio. Lo hacen porque esta actividad minera utiliza enormes cantidades de agua, perfora en pozos de hasta 400 metros los salares, altera los ciclos hídricos naturales de los humedales altoandinos, y puede por tanto ocasionar tanto la salinización de las fuentes dulces de agua como la sequía de pozos surgentes, vegas y bofedales que son el suministro de agua parala vida.
El riesgo de la destrucción de estos ecosistemas frágiles en zonas áridas y con escasas precipitaciones implicaría el desplazamiento de las poblaciones que allí habitan y la destrucción de sus actividades económicas productivas (cosecha de la sal, agricultura, ganadería, e incluso turismo).
Es por esto que hace años exigen que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales, reconocidos en la Constitución Nacional (artículo 75 inc. 17), así como el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada comprendido en el convenio 169 de la OIT y ratificado en Argentina.
Sales de Jujuy.
El sistemático incumplimiento de estas reglamentaciones a lo largo de más de una década, la escasa implementación sobre sus títulos territoriales de la Ley 21160 de tierras en sus reiterados plazos postergados, más la vulneración social y ambiental de la minería de litio en estos territorios, son los ejes de sus reclamos que la reforma provincial aprobada recientemente pretende erradicar, toda vez que mediante su artículo 50 otorga al Estado provincial todas las facultades vinculadas al tratamiento de los derechos de los pueblos originarios.
Con más de una década de enfrentamiento, donde el accionar de la provincia ha sido el de reconocer cómo únicos interlocutores válidos a aquellas comunidades que han cedido sus pedimentos y permitido la instalación de proyectos extractivos en Susques, en la cuenca de los salares Olaroz y Cauchari, es claro que lo que se pretende con esta reforma es eliminar el conflicto desconociendo directamente otros reclamos territoriales.
Al mismo tiempo en el nuevo artículo 36 se prohíbe la protesta social y específicamente los cortes de ruta, que son la principal forma de acción directa que tienen poblaciones que habitan tanto la Puna como la Quebrada, cuyas vías comunicantes son las rutas 52 hacia Chile y la ruta 9 hacia el límite con Bolivia.
La minería de litio en salares, impulsada en esta provincia, así como en el conjunto de la Puna que hace parte del triángulo del litio (Chile, Argentina y Bolivia con el 58% de los recursos globales) ha intensificado su presión extractivista.
La mayoría de los salares se encuentran pedimentados, y más allá de que en el país existen sólo tres proyectos activos en explotación, cerca de 40 proyectos en diferentes etapas se expanden con dominio del capital trasnacional y amplio margen de autonomía empresarial.
Morales, precandidato a vice de Larreta.
Foto: Camila Godoy / TELAM
La normativa para la extracción de litio en nuestro país otorga un conjunto de facilidades económicas a las corporaciones que están entre los sectores más privilegiados, al tiempo que favorece el comportamiento especulativo sobre los proyectos, erosionando las capacidades regulatorias de control estatal tanto en lo económico como en lo que refiere a los impactos ambientales.
De hecho, no existen estudios hidrogeológicos que puedan dar cuenta del impacto acumulativo (es decir del conjunto de los proyectos en carpeta), ni siquiera cabal conocimiento de ellos tal y como ha quedado expreso en un fallo de la CSJN que compele a Estados provinciales y nacionales a regularizar y elevar toda la información sobre los emprendimientos proyectados, con especial mención a los usos de agua.
En un fallo histórico la Corte reconoce, a menos nominalmente, al territorio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc como una cuenca única integral, tal y como demandan desde hace una década sus poblaciones.
Foto: Eduardo Sarapura
Contra un Estado provincial que viene reforzando su perfil “verde” extractivista, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc a lo largo de estos años han agotado todos los canales judiciales y políticos para hacer oír sus reclamos, presentando demandas en las cortes provinciales de Salta y Jujuy (por tratarse de un territorio bi-provincial), han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, elevaron una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizaron su propio protocolo de implementación de la Consulta denominado Kachi Yupi en el año 2015 (que llevaron a las diferencias instancias locales, provinciales y nacionales del poder Legislativo así como a Defensoría del Pueblo de la Nación).
En el año 2019 la empresa provincial JEMSE, ligada de manera accionaria en la extracción de Sales de Jujuy, impulsó nuevamente la licitación de zonas de las Salinas. Ésta fue resistida durante varias jornadas por las comunidades, pero nuevamente el año pasado la provincia emprendió y logró una nueva licitación entregando 11 mil hectáreas que eran de dominio fiscal al capital privado a cambio de 3 millones de dólares.
El reclamo legítimo de los y las pobladoras de la provincia ha intentado hacerse escuchar por diferentes medios, llegando incluso a elevar una carta al reconocido cineasta James Cameron, quien estaba de visita en la provincia y compartía fotos con el gobernador Morales, donde explican las consecuencias destructivas de esta minería sobre los ecosistemas.
Hoy sus demandas se ligan a los sectores sindicales, docentes, bancarios y municipales movilizados durante más de 15 días, que expresan tanto la crítica que desde los territorios afectados emerge frente al extractivismo, así como los reclamos que desde el conjunto de la ciudadanía expresan que este modelo de desarrollo no redunda en mejoras de la calidad de vida para el conjunto de los sectores populares.
*Melisa Argento es investigadora de CONICET. Dra en Ciencias Sociales UBA. Integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC (GYBC) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).
El 15 de junio la Convención Constituyente de Jujuy presidida por Gerardo Morales con la vicepresidencia de Gabriela Burgos aprobó una reforma constitucional ilegítima, inconstitucional y que significa un retroceso en la garantía de derechos humanos.
La ciudadanía jujeña conoció la propuesta de la reforma recién ese día. Desde entonces, comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos se manifestaron en contra de la reforma.
El proceso fue incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos a ellos referidos, como lo establece la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, y la decisión de la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat.
El proceso no aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos en materia ambiental, de conformidad con los términos del Acuerdo de Escazú.
Todas las protestas en contra de la reforma fueron reprimidas. La intervención de la policía provincial dejó más de 30 personas detenidas por ‘resistencia a la autoridad’, figura usada con frecuencia para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar a las autoridades.
Las organizaciones firmantes reclamamos de manera urgente:
La suspensión de la reforma constitucional y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución.
La interrupción de los operativos de represión policial sobre las manifestaciones, que se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas y se desarrollen las medidas necesarias para liberar a todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
La investigación de las actuaciones policiales en todas las protestas y que se aseguren las condiciones de atención de las personas heridas.
Organizaciones de derechos humanos enviaron una carta a la Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy para expresar su preocupación y rechazo al proceso de reforma constitucional de la provincia. El proceso presenta “problemas de legalidad como de legitimidad e implica una serie de retrocesos en materia de derechos humanos” afirmaron.
Tiempos
La ley de declaración de la necesidad de la reforma parcial de la constitución provincial de Jujuy Nº 6.302 dispuso que, desde la elección de los convencionales constituyentes, se dispondría de 30 días para la sesión preparatoria, y hasta 90 días más para finalizar el proceso.
La elección de los convencionales tuvo lugar el 7 de mayo pasado y, desde entonces, los procesos se aceleraron drásticamente, al punto que se anunció que la nueva constitución sería votada el 19 de junio y luego se adelantó al 14 del mismo mes. Un proceso que debería haber consistido en un debate plural, sustantivo y riguroso sobre el contenido del texto constitucional para todos/as los/as jujeños/as, tuvo una duración de poco más de un mes.
Falta de debate y participación
“El actual proceso de reforma constitucional en la provincia no ha sido debatido ampliamente, en muchos de sus aspectos implica un retroceso en los derechos humanos de las personas de la provincia”, aseguran las once organizaciones que firman la carta a la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy. Convencionales constituyentes renunciaron a sus bancas ante la imposibilidad de participar efectivamente en el debate de la reforma propuesta, con el fin de no avalar un proceso claramente ilegítimo.
Además, el proceso de reforma constitucional de la provincia de Jujuy no estableció procesos que aseguren la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarles, tal como establece el Convenio Nº 169 de la OIT, tratado internacional con jerarquía supralegal.
El 31 de mayo los representantes de siete pueblos indígenas (guaraní, okloya, tilian, omaguaca, kolla, quechua y chicha) presentaron una nota al bloque oficialista mayoritario de la convención constituyente solicitando ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa. Pese a ello, no fueron recibidos.
Democracia
El articulado que se propone reformar aborda, entre otros, temas centrales para el ejercicio de la democracia como son el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas, el derecho a la protesta.
La regulación de estos derechos debe respetar la prelación constitucional de nuestro país y adecuarse, consecuentemente, a los preceptos establecidos en las normas de jerarquía superior a las provinciales, en la Constitución Nacional, y en los instrumentos internacionales correspondientes.
Reclamo de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil
El proceso de reforma constitucional muestra una clara falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, así como de generar espacios de discusión en torno a temas críticos para los y las habitantes de Jujuy. Esta es una oportunidad única para la provincia de integrar los avances que en materia de derechos humanos y ambientales se han dado tanto a nivel normativo internacional y nacional como jurisprudencial en los recientes años e integrar una agenda con fuerte mirada de derechos humanos que pueda dar respuesta a los desafíos de la democracia en el siglo XXI.
Para que esto suceda, se deben plantear otras formas y procedimientos que no le den la espalda a las demandas de la ciudadanía. Requiere abrir un espacio genuino de participación efectiva para poder discutir con la profundidad que se merecen los temas centrales para la vida democrática en Jujuy, sin apuros injustificables y con los tiempos necesarios para llegar a consensos que amplíen los derechos de las y los jujeños.
Organizaciones firmantes
ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales)
AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Amnistía Internacional Argentina
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Consciente colectivo
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ)
