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La comunidad científica internacional advierte sobre los riesgos de reformar la Ley de Glaciares en Argentina

Especialistas internacionales en glaciología y disciplinas afines enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para expresar su preocupación por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el gobierno de Javier Milei. En un contexto en el que los glaciares se están deteriorando a un ritmo acelerado —registrando los mayores niveles de pérdida en las últimas dos décadas y contribuyendo a un aumento del 21% del nivel del mar—, los especialistas llaman a mantener la ley sin modificaciones que debiliten su alcance.

En la carta, los especialistas advierten que los ambientes periglaciales son uno de los componentes más críticos del sistema hidrológico. En este sentido, señalan que, de aprobarse la reforma, podría ponerse en riesgo el acceso al agua potable para más de 7 millones de personas, así como provocar la pérdida de reservas de agua, aumentar la vulnerabilidad de las cuencas frente a sequías prolongadas, afectar los caudales de los cursos de agua y reducir la resiliencia hídrica en regiones que ya atraviesan crisis de agua.

La Ley N.º 26.639, Ley de Glaciares de la Argentina, “Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, fue la primera de su tipo a nivel mundial. En la carta, los especialistas explican que “la Ley de Glaciares reconoce el carácter estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial y establece un estándar uniforme de protección ambiental en todo el territorio argentino”.

La reforma de esta ley intenta transferir la facultad de decidir si un área glaciar debe ser protegida o no a la jurisdicción donde se encuentra el glaciar, en lugar de mantenerla en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El objetivo de la reforma es habilitar el acceso a más áreas glaciares para la actividad minera, específicamente para la extracción de litio destinado a la producción de baterías. “Esto reemplazaría una metodología científica por decisiones basadas en oportunidades económicas y políticas”, agregan los expertos.

La reforma ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. A pesar de la intención del gobierno de acelerar su aprobación, el proceso quedó atravesado por una audiencia pública sin precedentes, que superó las 100.000 personas inscriptas, convirtiéndose en la más grande registrada hasta el momento y evidenciando el nivel de preocupación social en torno al debate.

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Organizaciones presentan una medida cautelar para garantizar la participación ciudadana en la audiencia por la Ley de Glaciares

Organizaciones de la sociedad civil presentaron una medida cautelar urgente ante la Justicia Federal con el objetivo de garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares.

Las organizaciones firmantes -la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), con la adhesión de miembros de asambleas ciudadanas socioambientales de Santa Fe, Mendoza y San Juan- solicitaron mediante esta acción legal que se asegure la intervención oral sincrónica, presencial o virtual, de todas las personas inscriptas en la audiencia, así como la designación de veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las jornadas previstas para los días 25 y 26 de marzo, tanto en su modalidad presencial como virtual.

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Las organizaciones pidieron que se establezca un cronograma de audiencias públicas que garanticen el principio de oralidad y la participación social integral y efectiva de la totalidad de las personas inscriptas previo al trámite parlamentario y el debate en el recinto del mencionado proyecto de ley. En este sentido, buscan que se asegure un proceso participativo conforme a los estándares legales vigentes, incluido el derecho constitucional a un ambiente sano y de los compromisos asumidos por el Estado argentino, en particular a través del Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.

La reciente decisión de las autoridades de las comisiones intervinientes de limitar la participación a la presentación de videos grabados y publicados en una plataforma privada y comercial modifica sustancialmente las condiciones originales de la convocatoria y restringe el derecho a la participación ciudadana, ya que altera el formato bajo el cual miles de personas se inscribieron y es previsible que reduzca la cantidad de participantes efectivos, dado que no todas las personas que no puedan intervenir en los días previstos enviarán sus presentaciones en video.

La medida judicial advierte que, bajo el esquema actual de una audiencia limitada a sólo dos días, sólo una proporción mínima de las más de 85.000 personas inscriptas podrá participar. Se estima que este plazo sólo permitirá la participación de aproximadamente 200 personas, es decir, menos de un 0,3% de las inscriptas, lo que “desnaturaliza el mecanismo de audiencia pública y vacía de contenido el proceso participativo”.

“La magnitud de la participación ciudadana refleja el interés público en el debate sobre una norma clave para la protección de los glaciares y el acceso al agua. Este proceso debe estar a la altura de ese interés y garantizar condiciones reales de participación”, señalaron desde las organizaciones.

Entre los puntos solicitados a la Justicia, se destacan:

garantizar la participación oral de las personas inscriptas,
ampliar la duración o cantidad de audiencias para asegurar dicha participación,
evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra,
y asegurar que el proceso cumpla con los principios de publicidad, transparencia y participación efectiva.

Finalmente, advirtieron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. También agregaron que el desarrollo de la Audiencia Pública forma parte del debido proceso y es un derecho, no representa una exigencia o concesión por parte de las autoridades de la Cámara

Audiencia pública por glaciares. Presentamos pedido de información.

El número de personas inscriptas para participar de la audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares es histórico. Sin embargo, no tardaron en aparecer irregularidades en el proceso de inscripción que generan dudas respecto de las medidas que se tomarán para garantizar el derecho a expresarse de las más de 30.000 personas anotadas.

Es por eso que, distintas organizaciones de la sociedad civil presentamos un pedido de información al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando se informe cuántas personas están inscriptas, quiénes moderarán la audiencia, el orden real de inscripción, el cronograma de exposiciones, cuántas personas participarán de manera presencial y cuántas de forma virtual y si habrá veedores independientes.

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El pedido está basado en el principio de máxima participación pública, presente en el propio reglamento de audiencias públicas y en el Acuerdo de Escazú.

Algo es claro: la participación no puede ser limitada arbitrariamente, participar es un derecho amparado por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

SIN PARTICIPACIÓN REAL, NO HAY JUSTICIA AMBIENTAL

10 razones para rechazar la reforma a la Ley de Glaciares

La modificación a la Ley 26.639 “promueve una reforma sin estudios técnicos, sin fundamento ni dictámenes científicos e incluso con la ciencia en contra”, sostiene el autor. Y enumera nueve motivos más que resultan regresivos para un planeta con estrés hídrico.

de Gonzalo Vergez para Diario Perfil

Nos encontramos ante una semana crítica. Un punto de inflexión en la protección de nuestros bienes comunes: De prosperar la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), se formalizaría el mayor hito regresivo de nuestra corta historia ambiental reciente: el inicio de la destrucción de los glaciares y del ambiente periglacial.

Estaríamos, ni más ni menos, ante la modificación de la ley mundialmente reconocida por proteger nuestras reservas sólidas de agua dulce contenida en masas de hielo, que permanecieron cientos o millones de años allí, para que sea justo nuestra generación quien la ponga en riesgo.

Este punto de inflexión, por un lado resulta asombrosamente infundado e inconstitucional. La promueven solo las grandes empresas mineras, verdaderos artífices de este engendro, y lo efectivizan a través de sus testaferros, que ocupan los máximos cargos políticos de provincias particularmente interesadas como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Una incoherencia que prioriza los negocios ante la lógica de la supervivencia.

Esto no les gusta a los autoritarios. El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Por el otro, la multiplicidad de argumentos para que no avance, brota tan transparente como agua de deshielo. Acá van 10 gotas de agua:

1 – En el resto del mundo, la ONU declara la”bancarrota hídrica”de un planeta que vivió a crédito. Ya no habla de crisis, sino de quiebra. Ello mientras el 2025 fue declarado por la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como el Año Internacional de Conservación de los Glaciares. Acá, vamos a total contramano.

2 – Jurídicamente esta expresa regresividad pone en riesgo el sistema de protección ambiental basado en leyes de presupuestos mínimos establecidos por nuestra cláusula (Art. 41 CN)m que establece con un criterio uniforme un piso de protección y las provincias pueden aumentarlo. Avanza, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vaciando de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución”.

3 – Se promueve una reforma sin estudios técnicos, sin fundamento ni dictámenes científicos e incluso con la ciencia en contra. Es más, sin dictámenes jurídicos, e incluso, con la comunidad jurídica en contra.

4 – Avanza sin un debate serio, real. Por el contrario avanza sorprendentemente rápido para una ley de la trascendencia de la mencionada: En un lapso de solo 30 días, y en sesiones extraordinarias, se simula un debate, que esconde acuerdos espurios, cuando el sentido común evidencia la necesidad de tiempo y paciencia.

5 – Avanza entregando el poder a la propia Cámara Argentina de Empresas Mineras quien reconoce que los glaciares son relevantes. Y por eso manifestó “su total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger los Glaciares y el ambiente Periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos”. Claro que en muchos cuentos, el lobo dice que va a cuidar a las ovejas, y luego, sin poder controlar su voracidad innata, se las termina comiendo.

6 – Avanzan a sabiendas de la inseguridad jurídica que se genera. Las falencias de este proceso, resultan tan evidentes, que la judicialización ante una eventual sanción resulta irrenunciable.

7 – Avanza de forma incoherente con los acuerdos internacionales. Prácticamente a la par del tratamiento de la ley de Glaciares, el Congreso convertirá en ley el acuerdo Mercosur UE, que contiene diversas cláusulas ambientales: Las partes acordaron un texto contundente comprometiéndose a implementar eficazmente el Acuerdo de París y a cooperar en la interfaz entre comercio y cambio climático”. (Página 15). Por un lado, se les quita protección a los glaciares, testigos y termómetros inconsultos del cambio climático.

Es sabido que a mayor temperatura del planeta menos glaciares. Argentina, por un lado firma un acuerdo en el que se compromete a cumplir el acuerdo de París y por otro avanza en la profundización de la matriz fósil (causa del CC) y por si fuera poco pretende quitarle protección a los glaciares.

8 – Utilizan el cuestionamiento de la “relevancia hídrica” de un glaciar, omitiendo otras influencias en materia ecosistémica y de diversidad, igual o más relevantes que la importancia como reservorio de agua, omitiendo además, que nos encontramos ante un bien común que no se regenera.

9 – Avanzan con un modelo que pone el agua al servicio de intereses privados y debilita cada vez más, la capacidad de decidir sobre nuestros territorios. Si bien las provincias tienen el “dominio originario” de los recursos que estén en su territorio, eso no los convierte en dueños ilimitados de los bienes comunes.

10 – Ataca directamente a la ciencia, ya que minimiza el rol del IANIGLA como organismo técnico-científico independiente para tomar decisiones fundadas. Traslada esa potestad a los organismos ambientales de las provincias, de dudosa credibilidad.

Es claro que no estamos ante un hecho aislado, sino ante la posible coronación de una política que no reconoce grietas partidarias, y que implica además de una continuidad, una aceleración de políticas públicas con impacto ambiental extremadamente negativo.

Ante el ataque sistemático, hay un llamado a la acción concreto: coherencia, y responsabilidad de parte de quienes dicen representarnos en el Congreso para con las generaciones futuras. Son días clave, no todo esta perdido ni cerrado. La defensa del agua en todas sus formas es también la defensa de la vida y el futuro común.

Organizaciones ambientales exigen audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares

Tras la media sanción del proyecto que modifica la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial en la Cámara de Senadores el pasado jueves 26 de febrero, diversas organizaciones ambientales solicitaron a los diputados y diputadas de la Honorable Cámara de Diputados la apertura de un proceso participativo, abierto, inclusivo y federal que contemple la convocatoria a una audiencia pública.

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La solicitud fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentina.

Las organizaciones remarcaron que la discusión sobre la protección de los glaciares no es un debate técnico restringido a especialistas, sino una decisión que impacta directamente en el acceso al agua, la producción y la vida de millones de personas en todo el país, por lo que debe garantizarse el derecho de la ciudadanía a informarse, opinar y ser escuchada.

Las organizaciones expresaron preocupación ante la posibilidad de que el proyecto avance con un trámite acelerado, como ocurrió en el Senado, y que la audiencia pública se reduzca a una instancia meramente formal. Señalan que una participación con plazos acotados o limitada en su alcance desvirtúa su objetivo: garantizar que la ciudadanía pueda informarse y expresarse de manera efectiva en decisiones ambientales de alto impacto.

La Ley de Glaciares es una norma de ordenamiento ambiental del territorio. Esto significa que establece límites y reglas para proteger a estos ecosistemas estratégicos que funcionan como reservas de agua dulce y reguladores del clima. Por su naturaleza, cualquier modificación debe respetar los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación argentina y en los compromisos internacionales asumidos por el país.

La Ley de Glaciares constituye un instrumento de ordenamiento ambiental del territorio destinado a proteger ecosistemas estratégicos para la provisión de agua y la regulación climática. En este sentido, el artículo 10 inciso e) de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) reconoce al ordenamiento ambiental del territorio como un instrumento clave de política y gestión ambiental.
El artículo 21 de la Ley General del Ambiente establece que la participación ciudadana debe asegurarse en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, especialmente en las etapas de planificación y evaluación.
El artículo 7 del Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina mediante la Ley 27.566 y con jerarquía superior a las leyes— obliga a garantizar la participación pública en procesos de toma de decisiones, revisiones o actualizaciones en asuntos ambientales que puedan tener un impacto significativo. En particular, el inciso 5 de dicho artículo exige que los procedimientos contemplen plazos razonables que permitan una participación efectiva e informada.

Las organizaciones subrayan, además, que el propio proyecto de reforma cita expresamente al Acuerdo de Escazú y reconoce la necesidad de cumplir con una instancia participativa durante su tratamiento en el Congreso.

En este contexto, advierten que avanzar en el trámite legislativo sin garantizar un proceso de información y participación pública podría configurar un supuesto de ilegalidad y derivar en la nulidad del procedimiento, por incumplimiento de la normativa vigente y de los estándares de democracia ambiental.

Por ello, solicitan formalmente que, antes de continuar con el tratamiento legislativo, se convoque a un proceso participativo amplio, con alcance federal y con mecanismos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de todas las provincias del país, a fin de asegurar el debate democrático en torno a una norma considerada pionera en el derecho ambiental.

La protección de los glaciares y del ambiente periglacial involucra un bien común estratégico como el agua dulce, y su eventual modificación no puede resolverse sin escuchar a quienes dependen de ella hoy y en las próximas generaciones.

Ley de Glaciares: alertan que la modificación aprobada en el Senado es ilegal y debe ser rechazada en Diputados

En el día de hoy, la Cámara de Senadores de la Nación otorgó sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639), una iniciativa que reduce el nivel de protección vigente para los glaciares y el ambiente periglacial, ecosistemas estratégicos que constituyen reservas fundamentales de agua dulce.

El proyecto habilita actividades productivas y extractivas que pueden afectar la integridad y el funcionamiento natural de estos ambientes -incluida la minería-, comprometiendo la disponibilidad de agua para millones de personas y para numerosas economías regionales que dependen de cuencas alimentadas por glaciares.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es una política pública clave para la seguridad hídrica del país y un estándar ambiental reconocido internacionalmente. Su debilitamiento representa un retroceso ambiental grave, incompatible con los principios de protección progresiva del ambiente y con los desafíos que impone la crisis climática.

En este contexto, las organizaciones sociales y ambientales abajo firmantes instan a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a rechazar el proyecto de modificación y preservar una ley fundamental para el presente y el futuro del país. Lo que está en juego no es solo una norma ambiental, sino la protección del agua, los territorios y la vida de millones de personas.

Firman

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Greenpeace Arentina

Círculo de Políticas Ambientales

Aves Argentinas

Modificaciones al Dictamen sobre la Ley de Glaciares:

Argentina, 25 de febrero de 2026

Una nueva trampa que mantiene los retrocesos para la protección de los glaciares y periglaciales

(DICTAMEN OD 700/25 CON MODIFICACIONES)

Declaración conjunta en base a las modificaciones del Dictamen OD 700/25 del Senado Nacional que modifica la Ley 26.639 (Ley de Glaciares)

En base al borrador que circula en ámbitos legislativos con modificaciones al dictamen, queremos dejar en claro que el proyecto mantiene las inconstitucionalidades. Tan desprotector y regresivo como el dictamen original. Se mantienen todas las objeciones que hicimos en varios documentos, tanto constitucionales como científicas.

Justamente, la mayoría de las críticas presentes en el documento “Artículo por artículo, los fundamentos legales, científicos y ambientales para rechazar la reforma de la Ley de Glaciares”, elaborado por 30 organizaciones de la sociedad civil, continúan vigentes. Son cambios meramente cosméticos. La metodología cuestionada permanece inalterada respecto del dictamen original y se mantiene la regresividad ambiental.

En cuanto al agregado en el artículo 3 bis del Dictamen —“sobre la base de estudios técnico-científicos”— (para desafectar un glaciar o un ambiente periglacial de la protección de la ley), se mantiene exactamente la misma lógica que el dictamen original, ya que seguirá siendo una facultad exclusiva de un funcionario provincial de cualquier rango, de manera unilateral, y aún contradiciendo al IANIGLA. Además, la nueva redacción no establece ninguna especificidad ni alcance de esos “estudios técnicos científicos” que se mencionan genéricamente.

La modificación propuesta sobre el artículo 7° del Dictamen, en relación a la Ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (N° 25.688), es una redundancia legislativa. Esa ley ya existe y no es necesaria ninguna remisión: debe cumplirse (es como decir que van a cumplir con un artículo del Código Civil).

Además, es una especie de confesión de que la afectación será interjurisdiccional, como venimos manifestando desde el principio: de afectarse un glaciar o un ambiente periglaciar se afectará a más de una jurisdicción, lo que acentúa la imposibilidad de la decisión unilateral de una provincia sobre su destino.

En efecto, se abandona el “federalismo de concertación” por uno de “fragmentación”, donde cada jurisdicción puede fijar sus propias pautas de protección, ignorando que el ambiente y las cuencas hídricas no reconocen fronteras políticas.

La aprobación de este proyecto de ley, aun con estas últimas modificaciones, alteraría el objeto de protección de la Ley 26.639 para reducir los niveles de tutela ambiental actualmente vigentes, habilitando así la expansión de actividades económicas —particularmente la minería de gran escala— en áreas que hoy están protegidas por su importancia estratégica para la provisión y regulación del agua tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades productivas.

En un contexto marcado por la falta de recursos hídricos a nivel global, una creciente crisis climática y por el retroceso sostenido de los glaciares en todo el mundo, resulta indispensable reafirmar los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que impulsaron la sanción de la Ley de Glaciares y que hoy desaconsejan cualquier modificación que reduzca los niveles de protección establecidos por la normativa vigente.

Estos estándares constituyen un resguardo crítico frente a la pérdida de reservas hídricas estratégicas y a la degradación de los ecosistemas de alta montaña, y su debilitamiento acarrearía impactos ambientales, económicos y sociales de carácter irreversible.

Sin glaciares, no hay agua. Y sin agua, no hay vida.

El agua del país en peligro: organizaciones ambientales advierten el riesgo de vaciar la Ley de Glaciares

El día de mañana, 26 de febrero, comienza el tratamiento en el Congreso de la Nación de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. La Ley 26.639 es una norma clave para preservar glaciares y ambientes periglaciares: las principales reservas de agua de una enorme porción del país.

En caso de ser aprobada, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones. La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa.

La reforma pretendida pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes. El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles.

Desde las organizaciones ambientales y de la sociedad civil advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión y el deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas que componen el entramado económico argentino.

Por eso, volvemos a llamar públicamente a las y los senadores a rechazar cualquier intento de modificar la Ley de Glaciares y a mantener la protección plena de glaciares y ambientes periglaciares. Les pedimos que asuman su responsabilidad institucional y que actúen a favor del agua, las familias y la vida.

Las organizaciones abajo firmantes reafirmamos que la Ley de Glaciares no se negocia. Defenderla es defender el agua, la vida y el futuro de nuestras comunidades.

Firman:

Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Greenpeace Argentina
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Círculo de Políticas Ambientales
Aves Argentinas
Agencia ACERCA
Asociación Civil Capibara: Naturaleza, Derecho y Sociedad
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
Asociación Manekenk
Aves Argentinas
Consciente Colectivo
Eco House
Fundación Ambiente y Medio
Fundación Biodiversidad Argentina
Fundación Cambio Democrático
Fundación Hábitat y Desarrollo
Fundación Natura Argentina
Fundación Protestante Hora de Obrar
Fundación Yuchan
Incubadora Feminista Latinoamericana
Jóvenes por el Clima Argentina
Proyecto Quimilero
Red de Jóvenes por el Ambiente
Somos Monte Chaco
Surfrider Argentina
Sustentabilidad Sin Fronteras
Unidos por Nuestras Acequias
Vicam: Vicuñas, Camélidos y Ambiente

Organizaciones Ambientalistas Denuncian Lobby Minero Contra La Ley De Glaciares

Desde las organizaciones ambientalistas y sociales expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la escandalosa maniobra de lobby que están realizando las grandes mineras transnacionales en el Congreso Nacional en el tratamiento de la Ley Ómnibus.

El intento de modificar regresivamente la Ley de Glaciares es un claro ataque a la protección ambiental y a los bienes naturales estratégicos de nuestro país. La Ley de Glaciares es una pieza fundamental de legislación ambiental que busca preservar uno de los ecosistemas fundamentales para la vida y trabajo de nuestra población. Este ataque es inaceptable y evidencia la influencia desproporcionada que las grandes corporaciones mineras tienen sobre nuestra democracia, específicamente sobre los gobiernos provinciales y el Congreso Nacional. Estas modificaciones regresivas buscan autorizar la actividad minera en zonas actualmente protegidas, donde se encuentran glaciares y ambiente periglaciar, permitiendo su destrucción, perjudicando gravemente el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Si las regresiones a la Ley de Glaciares efectivamente son aprobadas será únicamente porque los poderes provinciales y diputados nacionales han cedido ante el lobby de las grandes mineras transnacionales. No hay otra explicación posible para ir en contra de la vida y salud de la población y de las aguas de nuestro territorio. Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero.

Desde las organizaciones sociales y ambientales de todo el país, exigimos a los diputados nacionales (de todos los partidos) que rechacen categóricamente las modificaciones a la Ley de Glaciares. La mirada vigilante de todo el país, la memoria popular y la historia política observan de cerca lo que sucede en este momento crucial.

#LaLeyDeGlaciaresNoSeToca

ADHESIONES ORGANIZACIONALES

Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz y Presidente Honorario del Servicio Paz y Justicia

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Amnistía Internacional Argentina

Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA)

Greenpeace Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Multisectorial Humedales (MH)

Multisectorial Golfo San Matías

Rebelión Científica Argentina

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Colectiva Ecofeminista y Socioambiental Mirá

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra – UTT

ANDHES (Abogados y abogadas del noroeste argentino derechos humanos y estudios sociales)

Frente Popular Darío Santillan (FPDS)

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)

Asamblea en defensa del Agua y del Territorio, Ing. Jacobacci, Río Negro

Asamblea No a la Mina Esquel. Chubut

Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC – UBA- IEALC)

Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas)

Pañuelos en Rebeldía

XR Argentina
Asamblea El Algarrobo. Andalgalá

Tierra para Vivir – Marabunta”

Museo del Hambre

Observatorio Petrolero Sur

El Paraná no se Toca

Asociación Patrimonio Natural

Viernes por el Futuro Rosario

Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina

Frente Rural La Dignidad Córdoba

Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz.

Poder Popular

Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Río Cuarto
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos

Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir

Grupo Güerta y Energía Concepción del Uruguay Entre Ríos

Taller de Comunicación Ambiental (Rosario)

Movimiento político ecológico de raíz

Alianza por el Clima.

Movimiento para el reconocimiento y transformación del pueblo Mrtp

Campaña Fuera Mekorot

Ambiente en Lucha

Espartaco (organización de jóvenes humanistas)

Asamblea por un Mar Libre de petroleras, Mar del Plata

Defensores del Pastizal
Multisectorial Comarca Marítima Viedma-Patagones-El Cóndor

Asamblea Vecinal Ramallo

Observatorio de Derecho Indígena

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Asamblea por la Tierra y el Agua Fiske Menuco

Asociación civil por la Justicia ambiental AJAM

Asamblea no a los Agrotóxicos en San Jose y Colon (Asamblea de Perucho). Entre Rios

Asamblea de trabajadores del arte Nicoleñx

Kula Earth Asociación Civil

Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC)

Asamblea En Comunidad por la Cultura. Las Grutas

Asamblea Agüita Pura para San Juan

Ecoderecho ar

Asamblea vecinal autoconvocada “Yo amo a mis sierras”, de san Francisco del monte de oro, san Luis.

Nodo Argentina de la REd latinoamericana Iglesias y Minería

Be. Pe. – Bienaventurados los Pobres, asociación civil de Catamarca y Santiago del Estero, Personería Jurídica N° 108/85

Asociación Civil Tierra Unida Activa (Alpa Corral. Córdoba)

Comunidades Eclesiales de Base de Catamarca

Paren de Fumigarnos Mar del Plata

Red de Jóvenes en Defensa de los Territorios

Somos Monte Chaco

SoliVerde – Collectif

Consciente Colectivo

Movimiento Popular la Dignidad Córdoba

Movimiento Agroecológico de Córdoba

Equipo de Animación Provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Misioneros Claretianos Provincia San José Del Sur

Fundación R.E.VERDECER-SALTA , la Creación. Misioneros Claretianos, Provincia San José del Sur

En Comunidad por la Cultura de del Golfo San Matías
Asamblea por la Tierra y el Agua Las Grutas
COLECTIVO LGBTTTIQ+ Golfo Diverso

Colectivo Organizado por la Salud de los Pueblos.

Centro Ecuménico de Educación Popular CEDEPO

Correntinos contra el cambio climático

Comunidad Warpe Lahue Xumec Hijos del Sol Colectivo Ciencia y Territorio (Puerto Madryn, Chubut)

Ecos de Mar, Mar del Plata

Asamblea Abierta en Defensa de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte

Red Ecosocialista

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones

Multisectorial Humedales – Paraná

Asociación Ambientalista del Partido de Escobar ( Buenos Aires)

Asociación Ambientalista Los Talares (Maschwitz, Buenos Aires)

Agenda para el Futuro

Asamblea Vecinos de Viedma y Patagones
Asamblea Riojana Capital

Árbol de Pie, Bariloche

Asamblea Ecoambiental Luján (bs as)

Asociación Civil Un Árbol Más

Asamblea por la vida Chilecito

Defensoras del Agua del Famatina

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

Agrupación Alternativa del CURZA, Universidad Nacional del Comahue

Red Bosques Políticas y Territorios

Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Asociación Civil Vamos A Hacerlo

Asociación Civil Circuito Verde Bariloche

Salvemos los Humedales Villa Constitución

Somos Monte Chaco

Asamblea ciudadana ambiental de Gualeguaychú

Organización de Ambientalista Autoconvocados

Colectivo de investigación-acción “Al Borde. Construyendo pensamiento indisciplinado” (CIG/IdHICS – UNLP/CONICET)

Asociación civil Mujeres Emprendedoras Mendoza

Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA)

Mesa Provincial de Barrios Populares Mendoza

Fundación Cebil – Salta

Unión de Escritoras y Escritores

Sustentabilidad sin Fronteras

Vecinos en defensa de Los Cardales y Río Luján – Asociación Civil- Vecinos

del Humedal

Autoconvocades Ushuaia

Colectivo del Orgullo LGBTTIQ+ TDF (comisión organizadora de la marcha LGBTTIQ+)

Red Diversa Positiva (ONG)

Vecinos por la Ecología

Movimiento Político Ecológico De Raíz

Círculo Soberanía Alimentaria UNSAM
Revista Mutante, Mendoza. Medio de comunicación desde estudiantes y egresadxs de carreras audiovisuales y artísticas.

Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.

SaSa (Tucumán)

Asamblea Popular Ushuaia

Movimiento por el agua (MoPEA), Santa Fe

Vecinos Autoconvocados por la vida.

Proyecto Montecito

Andalgalá Mujeres del silencio. Andalgalá.

Asamblea Agua Clara . Choya. Andalgalá

Defensas de la Costa, Santa Fe

Cooperativa Eco-Candioti, Santa Fe

Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente
Asociación Defensa del Ciudadano (ADECI), Santa Fe

Alianza x el Clima

Asamblea del Mallín en Defensa del Agua y la Tierra (Comarca Andina, Rio Negro y Chubut)

RedGFU, Instituto de yoga Acuarius, Asociación civil sin fines de lucro Tunuyán, Mendoza.

Asamblea Popular por el Agua, Mendoza

Asociación De Profesionales De Salud La Matanza (A.P.S- La Matanzas)

Humedales La Plata, Berisso, Ensenada

Cátedra Ambiente y Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP

Asamblea por el Agua San Rafael.

Asamblea Socioambiental de la Zona Este de Mendoza

Asamblea Tupungato por Agua pura

Las Pibas del Agua. Mendoza

Asamblea de Técnicos en Conservación de la Naturaleza. Mendoza

Asamblea de Pibes Autoconconvocades San Carlos Mza

Conciencia Ecológica

AmbientArg

Adhesión Foro INFANCIA ROBADA-Comodoro Rivadavia-Chubut

Centro de Protección a la Naturaleza. CeProNat Santa Fe.

CADA (Cerro Azul Despierta Asamblea) Sierras Chicas de Córdoba

Asamblea Maipucina por el Agua (Maipú, Mendoza)

Fundacion Pedemonte-Mendoza

350 América Latina – Argentina

SOS Adoquines Platenses

Verdesierto: Divulgación Geológica y Natural

Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano Génova (VACHUG)

Red Plurinacional de Pueblos Fumigados

Asamblea por el Árbol – Mendoza

Asamblea de Gaiman en defensa del medioambiente (Chubut)

Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, Capilla del Monte

Asociación Be. Pe. Bienaventurados los Pobres, de Catamarca y Santiago del Estero, Personería jurídica N° 108/85

Asamblea Inundados Tolosa (AIT) de la ciudad de La Plata

Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires

Propuesta Sur (Rosario)

Asociación Civil Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad (Santa Fe)

Red Jarilla de Plantas de la Patagonia

Kalu Verde (comercializadora Agroecologica de Mendoza)

Asamblea por el Valle de Uspallata

Movimiento Político Ecológico De Raíz

Taller Ecologista

Ambiente Plurinacional (FPDS CP)

Colectiva corazón del tiempo

Asamblea en defensa de la Cuenca del Río Epuyén (AdCRE) Asociación Civil (Chubut)

Federación Argentina de Espeleología, Malargüe, Mendoza

Fundación Cullunche – Mendoza

Asamblea Ambiental Vecinal de Villa Las Selvas ( Córdoba, Salsipuedes)

Ecoasamblea El Boquerón (Pcia de bs as)

Exaltación Salud

Preservando el Parque de la Vida

Asamblea Provincial Pucará, Catamarca

Artículo 41

SUBVERSIÓN

Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza.

Radio Semilla – CABA

Asamblea barrial Sicardi, Garibaldi, Correas y Arana

Organización Ambientalista Unidos por Nuestras Acequias (Córdoba)

Pueblos por el Agua. Quebrada y Puna Jujeña

Comunidad por la Naturaleza, Santa F

Coordinadora por el Cambio Social

Federación Argentina de Espeleología

VECINOS POR EL AMBIENTE PUNILLA (CÓRDOBA)

Colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado. La Plata, Provincia de Buenos Aires.Comarca Sustentable – El Bolsón – Río Negro

Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes

Madre Tierra – Grupo de estudio sobre Ecología Profunda – El Bolsón – Río NegroDaniel Gutiérrez

Un Árbol Asociación Civil

La Champa, Brigada Forestal Comunitaria – Traslasierra, Cba.

Liga Argentina por los Derechos Humanos Santa Fe

Área Protegida Ambá

Asociación de Medicina Rural

Asociación Civil Germinar Zona Norte

Asociación ambientalista Ecochutunzo de San Francisco del monte de oro prov. San Luis

Mercadito Agroecológico del Valle de Uco, Mendoza

Asamblea Por El Monte Salsipuedes Córdoba

Asamblea Salsipuedes Nopuede Dormir Córdoba

Asambleón de Asambleas Ambientales de Sierras Chicas Córdoba

Asociación. CIVIL Palabras santa fe

Asamblea Vecinal Inundados Villa Elvira ( AVIVE ) de la ciudad de La Plata.

Asociación civil Bahía Encerrada – Ushuaia (Tierra del Fuego)
Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa

Observatorio del Derecho a la Ciudad

El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

Colectivo Reciclador

El Reciclador Urbano

Escuela de Agroecología Urbana La Margarita

Conciencia Agroecológica 9 de Julio

Cátedra Libre de soberanía Alimentaria 9 de Julio

Red del Río Luján (Buenos Aires)

Conciencia Solidaria ONG – Al Cuidado del Medio

Mesa provincial no a las Represas(Misiones) Ambiente, El Equilibrio Ecológico y los DD.HH Asociación Civil

Museo del Hambre

Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho a la Alimentación Adecuadachacra

Cátedra libre de Soberanía Alimentaria. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo. Mendoza

Asociación Civil Monte Vivo, Salsipuedes

GEA: Grupo de Ética Ambiental. SADAF

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir

Naturaleza de Derechos

Movimiento Agroecológico de Chaco

Consejo Ambiental Cuenca del Anisacate

Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz.

Movimiento Antinuclear Zárate Campana

MARA Movimiento Antinuclear de la República Argentina

El Paraná No Se Toca- Rosario, Santa Fe.

Colectivo Marcha Plurinacional de los Barbijos.

Paren de Fumigarnos-Tucumán

Asociación Civil El Buen Vivir Luján

Feria Agroecológica El Buen Vivir Luján

MAyA – Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia (Córdoba)

Colectivo Social Todxs por Nuestros Arroyos (Alta Gracia, Córdoba)

Grupo de Etnobiología-FCEyN-UBA

Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL, IEALC)

Multisectorial Bariloche

Ecos de Saladillo

Defensa Animal Asociación Civi

La Dársena, Plataforma de Arte y Pensamiento Situado.

Grupo de estudio y trabajo junto a comunidades indígenas FAUBA

Multisectorial Somos Ambiente Colón Entre Ríos

Coop Feria Popular Colonense Ltda Colón ER

Asociación Civil CASa – Comunidad de Artistas de Salta. P. J. N° 7322

Consejo Ambiental Cuenca del Anisacate

Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA)

La Dársena Plataforma de Arte y Pensamiento Situado

Círculo Argentino de Agroecología. CirAA.

Grupo Interdisciplinario de Trabajo por la Salud Ambiental (GITSA, Trenque Lauquen, provincia de Buenos AiCEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las personas Aves Silvestres)

Asamblea Semillas Libres YA!

Multisectorial contra el Agronegocio- La 41

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir

Coordinación Multisectorial Bariloche

Espacio Intercuencas

Asamblea Barrial de Beccar

Asociación Civil para Todos lo que es de todos, San Isidro, Provincia de Buenos Aires

FAI – Feminismo Antiespecista Interseccional

Adarsa, Asociación de Amigos del Río San Antonio, San Antonio de Arredondo, Córdoba.

Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe

Asociación Civil Pro Eco grupo ecologista, RENACE

Xumek, Asociación civil para la promoción y protección de derechos humanos, Mendoza.

AMPU – Asamblea Multisectorial de Punilla – ONG Libera Tucumán

Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA)

Asamblea Vecinal de Valle Hermoso, Córdoba

Brigada de Defensa Ambiental Valle Grande, Córdoba

Somos Más Río, Menos Basura

COA (Club de Observadores de Aves) Calandria, Rafaela. Aves Argentinas.

Attac Argentina

Periódico Virginia Bolten

Comunidad verde/ Reserva natural Tigre

Asamblea Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Sastre/María Juana – pcia. Santa FE)

Colectivo Paren de Fumigar Cordoba

Batuqueres La Plata

Espacio EnRED contra las violencias hacia las mujeres y diversidades – INTA AMBA

Armando redes contra la violencia de género – Sáenz Peña, Chaco

Asociación Cultural Argentino Brasilera A Turma da Bahiana

Afrovoces

Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM)

Columna Antiracista

Red Feminista de Trabajadoras del Estado en Territorio – Chaco

Fundación Estepa Viva, Río Grande, Tierra del Fuego

Fundación Alas de las Yungas Tucumán

Asamblea Socioambiental de El Trapiche, San Luis.

Asocacion de Medicina Rural

Escritores Insurgentes y defensores de los bienes comunes y Derechos de los Pueblos Originarios

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Asamblea Ecoambiental Luján (bs as)

Asamblea Autoconvocada Marcos Paz

Asamblea Vecinos del Chavascate. Sierras Chicas de Córdoba

Instituto de Salud Socioambiental, Asociación civil Salud Socioambiental

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Rechazo al Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus

Lunes 22 de Enero 2024

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NACIONALES POR EL DICTAMEN DE LEY ÓMNIBUS

Estimadas y estimados diputados y diputadas nacionales,

Nos dirigimos a ustedes en representación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y rechazo categórico hacia la versión de dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se encuentra en circulación. Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte

Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales.

De manera concreta nos referimos a:

Ley de Glaciares: Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
Ley de Bosques: A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
Ley de Manejo del Fuego: Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social.

En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y humedales.

OTRAS REGRESIONES AMBIENTALES QUE SE MANTIENEN EN EL PROYECTO

Adicionalmente, este proyecto representa otros peligros en materia socioambiental que por sí solos ameritarían su rechazo.

Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización total (aunque si aparecen sujetas a privatización parcial) en este proyecto, la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico.

Se propone la privatización de la Administración General de Puertos (en adelante “AGP”), consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.

A su vez son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.

Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto.

FACULTADES DELEGADAS, DEMOCRACIA Y CRISIS ECOLÓGICA

Por otra parte, queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes -sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas”- puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la situación de volver a imponer -ya sin la intervención del Congreso de la Nación- las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras).

Las Facultades Delegadas -expresamente prohibidas por la Constitución Nacional- provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación -por decisión del parlamento- adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional. El mismísimo Art. 29 de la Constitución originaría de 1853, advirtió que “…actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio.

Por último, la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX.

Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza.

Agradecemos su atención a este asunto crítico y confiamos en que tomarán la decisión que mejor responda a los intereses del pueblo argentino y la preservación de nuestros ecosistemas y sociedades que dependen de ellos.

Quedamos a entera disposición ante cualquier duda o consulta.

Atentamente,

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial