Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.
La Cámara Federal de Rosario le ordenó al Estado nacional presentar información urgente sobre el dragado y el uso de una nueva traza para buques de ultramar frente a Ramallo. El fallo responde a una causa impulsada por las organizaciones UPVA y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denuncian la ejecución de obras sin estudios de impacto ambiental ni participación ciudadana, en pleno contexto de crisis hídrica y climática.
La causa judicial por el dragado en la mal llamada Hidrovía Paraná-Paraguay alcanzó un hito este pasado 4 de julio. La Sala B de la Cámara Federal de Rosario dictó una medida clave. exigió a los organismos nacionales involucrados que entreguen en un plazo de diez días los informes técnicos, estudios de impacto ambiental y antecedentes administrativos vinculados al dragado, redragado, ensanchamiento y cambio de traza del río Paraná, en el tramo comprendido frente a la ciudad bonaerense de Ramallo. La Administración General de Puertos, Ministerio del Interior, Secretaría de Transporte y Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable deberán cumplir la medida.
La resolución judicial se basa en un principio claro: no puede haber licitación ni ejecución de obras sin Evaluación de Impacto Ambiental previa, participativa y pública. Menos aún cuando se trata de un proyecto de megainfraestructura que altera un curso de agua estratégico, vital para millones de personas y con una biodiversidad única. El hecho de que se pretendan justificar estos trabajos con estudios de hace más de 30 años es una señal de irresponsabilidad institucional inaceptable.
Esta causa se enmarca en una situación ambiental crítica. En los últimos cuatro años, Argentina atraviesa una de las peores crisis hídricas de su historia. El Paraná sufrió bajantes récord. Las comunidades costeras enfrentan cortes, contaminación y pérdida de acceso al agua. Todo esto mientras los informes del IPCC alertan con claridad: el cambio climático intensifica los extremos, pone en jaque los ecosistemas de agua dulce, y obliga a los Estados a actuar con máxima precaución. La opinión consultiva en curso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya reafirma esta obligación: los países deben evaluar los impactos ambientales transfronterizos antes de iniciar cualquier proyecto con consecuencias significativas.
La resolución judicial también incorpora como prueba un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que detectó serias irregularidades durante el proceso de licitación para la nueva concesión de la llamada hidrovía. En su dictamen, la Procuraduría señaló que el Estado debe realizar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental antes de emprender la licitación del dragado.
El Estado aún no explicó por qué no se hicieron estudios actualizados ni se convocó a audiencias públicas, como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
El tramo en cuestión —frente a las costas de Ramallo— incluye playas, humedales y zonas turísticas de alto valor ecológico. El desvío de la traza hacia el brazo derecho del río, sin estudios ni control público, incrementa los riesgos de erosión costera, pérdida de biodiversidad, dispersión de contaminantes y afectación del abastecimiento de agua.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA sostenemos: no puede haber obras sin información, sin estudios y sin la voz de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica y portuaria del país no puede seguir bajo lógicas extractivas, opacas y a espaldas de la sociedad.
La protección del Paraná es hoy una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y supervivencia. Seguiremos exigiendo transparencia, participación y responsabilidad. Sin agua no hay vida. Y sin controles necesarios, no habrá justicia social y ecológica.
Solicitamos información pública ante el proyecto para reconvertir a fracking dos áreas de Chubut
El pasado 10 de abril el Gobierno de la Provincia del Chubut publicó el decreto 340/25 mediante el cual permite a la empresa Pan American Energy reconvertir explotaciones de hidrocarburos tradicionales a unas en las cuales se usa la técnica del fracking. Esto fue realizado por el término de 45 años para las áreas “Anticlinal Grande-Cerro Dragón, Chulengo (en la parte comprendida en la Provincia del Chubut) y Cerro Tortuga-Las Flores”.
La autorización, si bien fue aprobada por la legislatura mediante Proyecto N°44/2025, fue realizada sin consulta pública ni estudios ambientales disponibles. Esta reconversión implica la explotación no convencional por fractura hidráulica “fracking”, método con graves consecuencias para el ambiente. Desde la utilización de enormes cantidades de agua, el uso de más de 500 productos químicos, la mayoría considerados tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, producen además la contaminación del aire, los acuíferos y el agua y la posibilidad cierta de que causen sismos por la magnitud de la fractura que se produce en la tierra.
Entre las sustancias potencialmente tóxicas se incluyen los destilados de petróleo, como el queroseno y el diésel (que contienen benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, naftaleno y otras sustancias químicas); los hidrocarburos aromáticos policíclicos; el metanol; el formaldehído; el etilenglicol; los éteres de glicol; el ácido clorhídrico; y el hidróxido de sodio (https://earthworks.org/issues/hydraulic-fracturing-101/)
El fracking utiliza químicos contaminantes que quedarán en el suelo entre un 20% y 80% del total con la posible afectación de los acuíferos subterráneos, y consume más de 15 millones de litros de agua pura, lo cual resulta alarmante en un contexto de crisis hídrica y climática, donde las ciudades aguas abajo de la ubicación del proyecto ya sufren escasez y cortes en el suministro de agua potable.
Ante la falta de aviso sobre el origen del agua a utilizar, estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y otros, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos un pedido de información pública ambiental. Exigimos datos precisos sobre:
La situación hidrogeológica de la zona afectada.
Los estudios técnicos previos que respaldan la decisión del gobierno provincial.
La calidad, disponibilidad y acceso al agua en el área de influencia.
Las estimaciones del volumen total de agua a utilizar durante los 45 años de concesión.
El posible impacto sobre el abastecimiento de agua potable en las comunidades cercanas.
En una provincia que ya enfrenta serios conflictos por el acceso al agua, avanzar con un proyecto de fracking sin estudios previos ni consulta pública es lisa y llanamente una irresponsabilidad institucional. Estas reconversiones no son un proyecto aislado: son un nuevo episodio del avance de las empresas petroleras sobre los territorios más afectados por el modelo energético.
Exigimos al gobierno del Chubut detenga el proceso hasta tanto se hagan públicos los estudios pertinentes y se garantice el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus territorios. La política energética no puede seguir avanzando a espaldas de la sociedad ni a costa del agua, la salud y los derechos colectivos.
Entre las empresas beneficiadas por el ecocidio del quebracho argentino hay grandes marcas automotrices (BMW, Audi, Ford) de calzado e indumentaria
La mafia del desmonte no es un fantasma. Tiene máquinas, tiene nombres y hasta tiene puertos de exportación. A medida que avanza la investigación judicial que impulsamos sobre los desmontes ilegales en el Impenetrable chaqueño —causa penal FRE 3086/2024—desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) publicamos datos inéditos que presentamos ante la Justicia Federal: a través de las tanineras Indunor y Unitán, se alimenta una cadena global de negocios que va desde curtiembres hasta marcas de autos de lujo.
Son estas dos empresas, Indunor S.A. y Unitán SAICA, que producen tanino de quebracho fundamental para la elaboraciones de cuero. Sus plantas en Chaco y Formosa producen a partir del desmonte ilegal, lo cual luego se exporta en polvo o líquido a más de 50 países que la utilizan, entre otras cosas, para la industria del cuero y la alimentación animal. China, EE.UU., Italia, Brasil y México son países de destino.
Entre los compradores aparecen curtiembres que están vinculadas a marcas de lujo: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Jeep, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Land Rover, Mini, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo, Chevrolet, Ram Trucks, GMC.
Entre las marcas de calzado e indumentaria figuran las marcas ECCO, 5.11, Ariat, Wolverine, Consuela, Tandy Leather Factory. Tanto las automotrices como las marcas de ropa, son beneficiadas del desmonte ilegal recibiendo el tanino chaqueño a través de intermediarios industriales como Bay Tanneries (Bangladesh), Shivam Chemicals (India), Tannin Corporation (EE.UU.), y curtiembres certificadas como Dezhou Xinghao Leather Industry o Industria de Peles Minuano.
Las tanineras tienen una compleja estructura societaria. Indunor forma parte del grupo italiano Silvateam, con filiales en América Latina, China y Europa. Según la información recopilada en bases comerciales globales, Silvateam canaliza exportaciones entre filiales, triangula desde Perú y oculta compradores: más del 69% de los envíos de Indunor en 2024 no tiene destino declarado en el registro. Unitán, por su parte, opera a través de intermediarios en EE.UU., India y China, vinculados con industrias del cuero, curtiembres y multinacionales alimentarias.
Mientras la sociedad chaqueña se queda sin monte, mientras comunidades indígenas y campesinas pierden agua, salud y territorio, los extractos del quebracho colorado llegan a fábricas de autos, curtiembres y a mercados de lujo. El modelo extractivo que arrasa el Chaco se sostiene con blindaje político, negocios en paraísos fiscales, y ahora también, intentos de desactivar la justicia.
Desde AAdeAA-CAJE, seguiremos investigando, denunciando y visibilizando el entramado empresarial, judicial y político que permite el ecocidio en Chaco. Trabajamos, y llamamos a la sociedad a crear mayor presencia para que:
Se garantice la continuidad de la causa penal en el fuero federal.
Se frenen ya todos los desmontes ilegales, de acuerdo a lo que la cautelar sostiene
Se sancione a todos los directivos de las empresas responsables, como también a funcionarios y operadores que violan constantemente la ley
Se impida que el negocio del tanino siga operando en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial.
La mafia del desmonte tiene clientes: son marcas de lujo con nombres concretos, responsables y sedes.
La Mafia del Desmonte en Chaco acecha a la justicia federal de Chaco. Poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la Jueza Federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte.
La Mafia del Desmonte arrasa con los bosques nativos y ahora también opera activamente para desarmar y frenar la mayor causa judicial en su contra.
En mayo de 2024 la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentó una megacausa penal. La investigación abierta es la más importante de la historia alrededor del entramado político empresarial detrás de la destrucción del monte chaqueño, sectores de poder económico y político ahora buscan garantizar impunidad presionando al Poder Judicial.
La reciente decisión de la Jueza Federal Zunilda Niremperger de declararse incompetente de la causa penal FRE 3086/2024 —en el cual están imputados funcionarios, ex-funcionarios, empresarios y operadores de desmontes ilegales— se alinea con las presiones que venimos denunciando. Esta intempestiva decisión de la magistrada de apartarse de la causa fue tomada sin siquiera petición de parte (de oficio), lo cual sorprende porque el proceso judicial, donde se investigan delitos complejos interconectados, está en pleno proceso probatorio y los hechos y evidencias que allí se generan demuestran la competencia federal que la Jueza intenta negar arbitrariamente.
La competencia federal en la causa es muy clara. No sólo por los delitos de carácter federal que se vienen investigando (lavado de dinero, trata de personas, entre otros), sino también porque se investigan funcionarios nacionales y que las consecuencias y efectos negativos ambientales del objeto de la denuncia (desmonte) excede largamente la jurisdicción de la provincia de Chaco ya que afecta a toda la región.
La causa judicial tiene un valor estratégico y de negarse la competencia federal, la investigación se desperdigaría en numerosos juzgados locales atentando contra la unidad de la pesquisa judicial y a merced de los lobbies locales. No se trata solo de desmontes ilegales, sino de una red sistemática que viola la Ley de Bosques, burla las medidas cautelares, recategoriza zonas protegidas para el agronegocio y desplaza comunidades. Los desmontes ocurren a pesar de estar prohibidos, porque quienes los ejecutan cuentan con protección política.
Por eso, el accionar del Poder Judicial no puede reducirse a juegos de competencia sin fundamentos. Ceder ante las presiones del poder económico significa avalar un modelo de saqueo y ecocidio en uno de los ecosistemas más frágiles del país.
La decisión arbitraria de la Jueza Niremperger no está firme: ha sido apelada por nuestra organización y por la Fiscalia Federal a cargo de Patricio Sabadini. Confiamos que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocará esta decisión, mantendrá la evidente competencia federal y, de esta manera, seguirá protegiendo el monte chaqueño. La investigación penal tiene copiosas pruebas que no pueden ser ignoradas por la justicia.
Desde nuestra organización, vamos a seguir en los territorios y en los Tribunales. No vamos a permitir que la Mafia del Desmonte avance con complicidad judicial. El monte chaqueño no puede quedar a merced del ecocidio, ni las comunidades a merced del abandono.
3 de julio de 2025 — En un fallo sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió hoy la Opinión Consultiva OC-32/25, en la que, por primera vez, reconoce a la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos. La decisión marca un hito histórico para el movimiento global que, desde hace décadas, trabajamos por transformar la forma en que las sociedades y los marcos jurídicos se relacionan con los ecosistemas.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos este avance histórico como una herramienta clave para consolidar la justicia ecológica y climática. Este precedente abre nuevas posibilidades para el litigio estratégico, la protección efectiva de territorios amenazados y la incorporación de los Derechos de la Naturaleza en legislaciones nacionales y locales en toda la región.
En palabras de la propia Corte, este reconocimiento “constituye un desarrollo normativo que permite reforzar la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo, proporcionando herramientas jurídicas eficaces frente a la triple crisis planetaria y facilitando la prevención de daños existenciales antes de que alcancen un carácter irreversible”.
La Opinión Consultiva, aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra, enfatiza que el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos no introduce conceptos ajenos al sistema interamericano, sino que representa una evolución coherente del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente.
Como sostiene el propio fallo, “este enfoque fortalece un paradigma centrado en la protección de las condiciones ecológicas esenciales para la vida y empodera a comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas” (OC-32/25, párr. 280).
🌿 Seguiremos trabajando junto a comunidades de toda la región, pueblos originarios, defensoras y defensores de la vida, para que este reconocimiento no sea solo simbólico, sino un punto de partida para una transformación concreta en defensa de los ecosistemas y las futuras generaciones.
La justicia avanza sobre la responsabilidad empresarial en la acumulación de residuos petroleros en la región de Vaca Muerta
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó el día de hoy un allanamiento en la planta de Comarsa, ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, con autorización de la jueza de garantías Natalia Peloso. La acción fue realizada dentro del marco de la causa denunciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, conocida como Basureros Petroleros.
El operativo tuvo como objetivo principal tomar muestras de suelo en zonas hasta ahora inaccesibles, utilizando maquinaria pesada, e incautar documentación física y digital relacionada con el tratamiento, traslado y disposición de residuos petroleros. También se busca constatar el cumplimiento efectivo del plan de remediación autorizado por la Secretaría de Ambiente en 2024, que implicaba el traslado de los residuos acumulados a un relleno de seguridad.
Este avance se da en el marco de una causa penal en curso, donde ya fueron imputados tres responsables de la empresa: dos directivos y un empleado, por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. En términos concretos, se investiga si Comarsa simuló el tratamiento de residuos, acumulándolos sin control, y emitió certificados falsos para encubrir prácticas ilegales. También se analiza la posible utilización irregular de tierras fiscales, así como la sobreocupación de capacidad autorizada.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos esta causa desde 2020 y advertimos tempranamente que Comarsa acumulaba toneladas de barros petroleros sin tratamiento real, con alta concentración de hidrocarburos y metales pesados, exponiendo a las comunidades cercanas a un riesgo sanitario inaceptable. Las inspecciones realizadas en 2023 y 2024 constataron que gran parte del predio estaba completamente ocupado por residuos, impidiendo incluso verificar el daño real al suelo natural. Recién cuando comenzó el retiro parcial de residuos en 2024 se pudo acceder a nuevas zonas clave para la investigación.
En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén restableció los embargos preventivos contra la empresa por más de siete millones de dólares, como garantía ante la magnitud del daño ambiental ocasionado. El operativo de hoy representa un paso decisivo en la producción de pruebas, y podría derivar en nuevas imputaciones o medidas cautelares, según el resultado de los análisis y el material secuestrado.
Nos enfrentamos a un modelo extractivo que externaliza sus costos, degrada territorios y luego exige que el Estado y la sociedad se hagan cargo de la limpieza. Este caso es paradigmático: muestra cómo el fracking, lejos de ser una solución energética, genera pasivos ambientales de altísimo riesgo. Exigimos que la justicia avance con firmeza, que se impongan sanciones ejemplares y que los costos de remediación no sean trasladados a las comunidades ni al erario público. No se trata solo de castigar delitos pasados, sino de impedir que se repitan bajo nuevas formas.
Desde la Asociación llamamos a todas las organizaciones sociales, dependenicas estatales, movimientos territoriales y medios comprometidos con la justicia ambiental a seguir este proceso con atención crítica. La salud pública, la integridad del territorio patagónico y el derecho al ambiente y la salud de las futuras generaciones están en juego. No habrá procesos de transición ecosocial sin memoria, sin reparación y sin freno a la impunidad empresarial.
El 19 de diciembre de 2024, defensores y defensoras ambientales que denuncian la ilegalidad de una obra de defensa costera en Camet Norte fueron víctimas de hostigamiento y detención/privación de su libertad. Fue el propio municipio, a través de diversos actores políticos con intereses en la ejecución de la obra avanzaron en represalias contra integrantes de la comunidad local y organizaciones que impulsan desde hace años el resguardo del ecosistema de acantilados.
El conflicto tiene larga data. Desde 2020, el Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Daniela Basso, lleva adelante una acción preventiva por daño ambiental y busca la recomposición del ambiente dañado. A partir de ese proceso judicial, el 6 de octubre de 2020 se dictó una medida cautelar que prohíbe expresamente innovar con cualquier tipo de obra o acción material en los acantilados y playa de Camet Norte, una zona reconocida por la propia Justicia como ambientalmente sensible. Esta medida fue ratificada y ampliada el 18 de diciembre de 2020, alcanzando a cualquier persona física o jurídica que contribuya a dañar el entorno.
A pesar de esta prohibición clara y vigente, en abril de 2025 la empresa Gerónimo Rizzo S.A. avanzó con obras sin autorización, generando impactos sobre el ambiente costero. Las denuncias realizadas por vecinos, organizaciones del territorio e incluso algunos concejales del partido de Mar Chiquita dieron cuenta de los daños y el incumplimiento deliberado de la medida judicial. Lejos de asumir su responsabilidad, la empresa redobló su embestida intentando criminalizar, una vez más, a quienes defienden el ambiente.
La resolución judicial más reciente reitera la plena vigencia de la cautelar y ordena notificar formalmente a la empresa sobre su obligación de cesar de inmediato cualquier intervención en la zona. La jueza Basso advirtió también sobre el accionar de funcionarios municipales y provinciales que no sólo no hicieron cumplir las resoluciones judiciales, sino que podrían haber favorecido las obras ilegales. Por eso ordenó remitir los antecedentes a la Justicia penal para investigar responsabilidades.
En este contexto, la criminalización de los defensores ambientales resulta inaceptable. Los acantilados y playas de Camet Norte no pueden ser sacrificados en nombre de intereses empresariales ni de decisiones políticas arbitrarias que ignoran los límites legales y ecológicos. Las máquinas pesadas se retiraron, dejando un pasivo ambiental que debe ser reparado. Lo que debemos desarmar ahora, es la maquinaria persecutoria estatal, que amedrenta a quienes activan en defensa del ambiente.
Por eso participamos y colaboramos desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, en el marco de nuestro Programa de Defensa de Defensores Ambientales, acompañando a la comunidad de Camet Norte en su lucha por justicia ambiental.
La ciudadanía responsabiliza a las empresas de petróleo y gas, de gestión de residuos y grandes productores agropecuarios por los daños ambientales
BUENOS AIRES – Una nueva encuesta muestra que en Argentina hay un apoyo abrumador a las acciones para minimizar los impactos del cambio climático (91% de apoyo total, incluyendo un 45% de apoyo firme), incluyendo medidas específicas contra la contaminación por metano (82% de apoyo total, con un 33% de apoyo firme). El estudio internacional, realizado en Argentina y en otros 16 países, fue encargado por el Global Methane Hub para conocer el nivel de respaldo público a soluciones climáticas, en particular la reducción de las emisiones de metano.
Si bien temas económicos como la reducción de la pobreza y la generación de empleo encabezan las prioridades políticas de la población, las personas encuestadas expresaron un fuerte apoyo a políticas que reduzcan la contaminación por metano en distintos sectores de la economía. Por ejemplo, actualizar el plan nacional de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para incluir una meta específica de reducción de emisiones de metano (82%) o crear un programa de monitoreo y medición de metano en el sector agropecuario (84%) despertaron un respaldo sustancial. Este apoyo supera incluso el nivel de creencia en el cambio climático causado por actividades humanas (78%).
“El metano es uno de los contaminantes climáticos más potentes, y reducirlo es una de las herramientas más eficaces y eficientes que tenemos para limitar el calentamiento global, limpiar el aire, proteger la salud pública y generar oportunidades económicas”, afirmó Marcelo Mena, Director Ejecutivo de Global Methane Hub. “Tenemos una gran oportunidad de trabajar con responsables políticos para canalizar este apoyo social hacia soluciones colaborativas que mejoren el bienestar colectivo”.
En un contexto de ciudades que enfrentan inundaciones y un país golpeado por olas de frío antártico sin precedentes, el 97% de las personas encuestadas manifestó creer en el cambio climático, y 9 de cada 10 apoyan acciones para minimizar sus efectos. Sin embargo, comparado con otros países de América Latina, en Argentina se perciben menos impactos personales: solo 3 de cada 10 personas dijeron sentir impactos fuertes o extremos, frente a 6 de cada 10 en Brasil, Colombia y México.
“Esta encuesta confirma lo que sostenemos hace tiempo: la sociedad argentina respalda claramente acciones concretas frente a la crisis climática. Sin embargo, el país aún carece de metas específicas y mecanismos rigurosos para reducir el metano, un gas sumamente nocivo vinculado al avance de la industria fósil. Proyectos como Vaca Muerta operan con niveles alarmantes de fugas de metano y sin control estatal real. Esta ausencia de regulación efectiva es, en la práctica, una licencia para contaminar. Necesitamos una política climática basada en la ciencia, el interés público y el mandato popular para frenar el calentamiento global”, declaró Lucas Micheloud, Codirector Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Los resultados de esta encuesta confirman una verdad cada vez más evidente: existe un consenso social amplio que exige una acción climática urgente, con medidas específicas para reducir las emisiones de metano y desmantelar el modelo basado en fósiles. Esta voluntad popular debe orientar políticas que prioricen la justicia ecológica y social, respeten los derechos territoriales y promuevan transiciones ecosociales justas. Es hora de que los gobiernos escuchen este mandato y actúen con firmeza frente a los intereses corporativos que perpetúan la crisis.
La ciudadanía argentina responsabiliza a las grandes corporaciones por los daños ambientales y respalda planes de acción climática
Consultadas sobre quiénes son los principales responsables de los daños ambientales como el cambio climático, las personas en Argentina señalaron en primer lugar a las grandes empresas de petróleo y gas, seguidas por las compañías de gestión de residuos y los grandes productores agropecuarios. Recién después aparece la ciudadanía individual.
En la pregunta relacionada sobre quiénes tienen mayor capacidad para mitigar los efectos del cambio climático, las mismas corporaciones (petróleo y gas, gestión de residuos) encabezan el listado, seguidas por organizaciones internacionales no gubernamentales.
Encuesta internacional revela fuerte apoyo global a la mitigación del metano
La encuesta se realizó en 17 países de cinco continentes: Argentina, Botsuana, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, Kazajistán, México, Marruecos, Omán, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Se recopilaron al menos 600 respuestas por país mediante encuestas online, incluyendo preguntas sobre percepciones del cambio climático, preocupaciones ambientales, conocimiento sobre el metano y apoyo a políticas específicas para reducir sus emisiones.
Los resultados globales muestran una tendencia clara y positiva: una gran mayoría apoya la reducción del metano, con un 82% de apoyo promedio en los países encuestados. En momentos donde sectores de alta emisión amenazan con retrocesos en las políticas climáticas, este respaldo amplio y sostenido confirma que la opinión pública respalda el avance climático.
Aunque las preocupaciones económicas siguen siendo prioritarias, los países del Sur Global —más golpeados por los impactos del cambio climático— tienden a mostrar mayor apoyo a la mitigación del metano, mientras que en el Norte Global, donde los impactos se perciben menos, el apoyo es más moderado.
La urgencia de reducir el metano
Las emisiones de metano han sido responsables de aproximadamente la mitad del calentamiento actual. Reducirlas es clave para enfriar el planeta luego del año más caluroso registrado. Un recorte del 45% en las emisiones de metano permitiría reducir el calentamiento global en 0,3°C para 2040, acercándonos a un futuro saludable y al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.
El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono:
86 veces más potente que el CO₂ en un período de 20 años
28 veces más potente que el CO₂ en un período de 100 años
“Esta encuesta, encargada por Global Methane Hub y realizada por Burson, brinda una mirada sin precedentes sobre las actitudes del público frente al metano y el cambio climático. Aporta información clave para que quienes toman decisiones entiendan mejor las perspectivas sociales sobre la reducción del metano”, explicó Bob Torongo, Vicepresidente Ejecutivo de Burson.
Global Methane Hub y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas están disponibles para entrevistas. Para solicitar más información o coordinar una entrevista, escriba a jerralyn.davis@berlinrosen.com
Sobre Global Methane Hub
Global Methane Hub coordina a filántropos, expertos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos para garantizar una estrategia conjunta de máxima reducción del metano. Ha recaudado más de 200 millones de dólares de más de 20 de las principales organizaciones filantrópicas climáticas del mundo para acelerar la mitigación del metano a escala global. Más información en nuestro sitio web.
Sobre la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Desde hace más de veinte años, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsa la defensa de los bienes comunes desde una perspectiva de justicia ecológica, climática y social. Fundada por profesionales y activistas de todo el país, integra saberes interdisciplinarios, militancia territorial e incidencia pública para acompañar a comunidades y organizaciones en conflictos socioambientales. Su trabajo combina litigio estratégico, debates públicos, construcción legislativa colectiva y apoyo territorial. Ha sido protagonista en luchas históricas como la Ley de Glaciares, las prohibiciones a la megaminería y las acciones contra desmontes, basurales petroleros, destrucción de humedales y exploración offshore. También impulsa propuestas de transición ecosocial en energía, producción y hábitat, desafiando proyectos fósiles como Vaca Muerta y promoviendo la justicia climática. Más información en nuestro sitio web.
Metodología de la encuesta
La encuesta fue realizada por Burson Insights, Data & Intelligence (anteriormente BSG) mediante entrevistas online de 10 minutos entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 2025, traducida a 14 idiomas y aplicada en 17 países de América, Europa, África y Asia.
Las personas encuestadas fueron mayores de 18 años, residentes en cada país y con acceso a internet. Se aplicaron ponderaciones por edad, género, geografía y nivel educativo para que la muestra sea representativa de la población adulta con acceso a internet en cada país.
Se recolectaron al menos 750 respuestas en 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, México, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido), con un margen de error de ±3,58%. En los otros 5 países (Marruecos, Omán, Botsuana, Kazajistán y Pakistán), se obtuvieron al menos 600 respuestas, con un margen de error de ±4,00%.
Nota: Cuando se mencionan cifras “globales” o del “estudio total”, se refieren al promedio de los 17 países encuestados.
Del colapso a las alternativas desde América Latina
Durante una semana intensa, entre el 20 y el 27 de abril, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur desplegó su presencia en Argentina, afirmando que no se trata solo de resistir sino de construir pactos profundamente democráticos para salir de la policrisis civilizatoria.
Más de veinte referentes políticos y de movimientos sociales e intelectuales de todo el continente se reunieron para disputar el avance de las extremas derechas, e impulsar una transición civilizatoria anclada en las experiencias concretas de los pueblos, en la fuerza de lo común y en la urgencia de las alianzas intersectoriales.
El Pacto Ecosocial, una propuesta política y cultural pensada desde el Sur y para el Sur, se consolida como una alternativa al destino extractivista que imponen en la región. Este fue su tercer encuentro plenario del Pacto Ecosocial, primero fue en el año 2023 en Bogotá, Colombia, luego en la ciudad de Cusco, Perú, en el 2024.
En Argentina, la cumbre comenzó en Rosario, el lunes 21 de abril. La jornada del reunió en dos mesas de debate a referentes clave del pensamiento crítico y la política socioambiental. En la primera participaron Alberto Acosta, Rocío Silva Santisteban y Pablo Bertinat, con la moderación de Melisa Argento. La segunda mesa, centrada en propuestas para una nueva Constitución en Santa Fe, contó con Rubén Giustiniani, Juan Monteverde, Carlos Del Frade, Carla Deiana, Valeria Berros y Damián Verzeñassi.
El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR desbordó de asistentes para escuchar voces claves en la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. La provincia de Santa Fe, inmersa en un proceso de reforma constitucional provincial, está atravesada por el modelo sojero, los incendios en humedales y la concentración de poder del agronegocio.
El martes 22 el Pacto recorrió la localidad bonaerense de Moreno, con fuerte acompañamiento institucional, el Pacto conoció una experiencia local que pone en cuestión el orden vigente. Allí, la creación de parques agroecológicos, una política pública de ordenamiento territorial y el impulso a la economía popular como forma de organización comunitaria son parte de un horizonte que disputa sentido y propone una reconfiguración radical del vínculo entre tierra, trabajo y vida. En palabras de los actores territoriales, “la economía popular es ecológica en sí misma, porque nace como respuesta al descarte social del modelo dominante”.
El miércoles 23, el histórico Teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires fue escenario de un acto público a sala llena, donde se debatió sobre las transiciones en disputa y las amenazas que se ciernen sobre nuestros territorios. En la primera mesa, titulada “Pacto Ecosocial, transiciones y visiones en disputa”, participaron Esperanza Martínez (Ecuador), Lef Nahuel (Confederación Mapuche), Liliana Buitrago (Venezuela), Enrique Viale (Argentina) y José de Echave (Perú), con la coordinación de María Paz Aedo (Chile). La segunda mesa, “¿Qué hacer frente a las extremas derechas?”, contó con las intervenciones de Natalia Zaracho(Argentina), Christian Castillo (diputado nacional, Argentina), Leo Grosso (exdiputado nacional, Argentina), Breno Bringel (Brasil) y Maristella Svampa (Argentina). Durante más de cuatro horas, la escena potente de intercambio, contó con escucha crítica y articulación política.
Lejos de clausurar el encuentro, el evento en el Picadero abrió nuevas preguntas. El jueves y viernes, integrantes del Pacto continuaron los trabajos colectivos junto a organizaciones sociales y ambientales, profundizando debates y delineando estrategias para ampliar el alcance del Pacto en América Latina. El diagnóstico compartido es claro: asistimos a una ofensiva de las ultraderechas que, en nombre del mercado, promueve la depredación y el autoritarismo. Frente a esto, el desafío es proyectar una salida ecosocial, feminista, antirracista y profundamente democrática.
La Semana Ecosocial llegó a su cierre con el reconocimiento qué el pensamiento de la ecología política tiene para todo el campo del conocimiento. La entrega del Doctorado Honoris Causa a Edgardo Lander es también una demostración de lo que el conocimiento latinoamericano genera en las estructuras sociales y políticas.
El Pacto afirma que hay futuro en las resistencias que ya existen y en los entramados comunitarios que disputan poder sin pedir permiso. Lejos de los discursos vacíos de desarrollo o crecimiento verde, lo que está en juego es la posibilidad de reimaginar lo común, redistribuir lo vital y reconstruir las condiciones de habitabilidad de nuestros territorios.
Desde Argentina, este encuentro no fue un punto de llegada, sino una etapa en el proceso colectivo de articulación continental. El Pacto habilita un espacio de interlocución entre movimientos, experiencias y saberes que ya están generando alternativas reales y que viene a disputar las formas que tenemos de habitar. Lo que urge no es una nueva promesa, sino una práctica común que interpele el orden vigente y permita disputar la vida toda.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas- Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial agradece el trabajo de producción y logística a cargo de Luz Tripiana y Alejandra Braga.
Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial – CAJE nos sumamos al pedido de ABSOLUCIÓN YA para 8 vecinos y vecinas de Chubut que fueron enjuiciados y que se encuentran esperando que la Jueza Eve Ponce dicte sentencia. Este martes 22 de abril vence el plazo y exigimos que primen en la resolución judicial los derechos constitucionales y convencionales por sobre los intereses políticos-corporativos que se vieron expuestos en una causa estructurada para desalentar y adoctrinar el espíritu de lucha del pueblo chubutense.
Las jornadas de movilización masiva en contra de la ley de rezonificacion minera aprobada el 15 de diciembre de 2021 que habilitaba la minería en Chubut, sucedieron en toda la provincia y fueron reprimidas de manera excesiva y abusiva por las fuerzas de seguridad, en operativos violentos con el único fin de garantizar la imposición de la actividad extractiva a un pueblo que desde 1996, con el rechazo al basurero nuclear y la megaminería metalífera en 2003, ha marcado un claro camino de rechazo a la megamineria que ha sido sostenido inclaudicablemente hasta a la actualidad.
El Chubutazo fue una expresion aútentica y valiente de toda la sociedad rechazando una vez mas la Megamineria que se intentó imponer de espaldas a la ciudadania. No obstante la represión desmedida, las movilizaciones y reclamos se mantuvieron durante siete días hasta que la ley debió ser derogada. Durante esos días cientos de heridos fueron construyendo el saldo de las jornadas que paralizaron la provincia en torno a la aprobación de una ley escrita a la medida de las grandes trasnacionales mineras del mundo.
A 4 años de los hechos, se lleva adelante un juicio injusto e irregular, donde todos los testigos de la Fiscalía, a cargo de Florencia Gomez, son policías. Durante estos años, y especialmente durante el proceso se expuso, estigmatizó, persiguió y hostigó a vecinos y vecinas que salen a las calles para defender el agua y los territorios. Es inadmisible que quien aspira a ocupar el cargo titular ante la posible creación de una Fiscalía Ambiental de Chubut haya actuado de este modo, persiguiendo a defensores y defensoras ambientales, en abierta contradicción con los principios de la democracia ambiental y del Acuerdo de Escazú.
En contrapartida, las denuncias presentadas por el ilegal accionar de las fuerzas de seguridad y los operativos policiales violentos y desmedidos no han prosperado. Insólitamente se ha condecorado a algunos policías. Incluso no se investigaron las denuncias por coimas y ofrecimiento de lobby a favor de la megaminería, por parte de diputados en vigencia de sus cargos.
Este juicio es sólo un eslabón en la cadena de persecución a las asambleas, vecinos y vecinas de Chubut para intentar doblegar el espíritu de resistencia y el derecho constitucional a manifestarse, ya que el poder judicial está sosteniendo -y forzando- dos procesos de criminalización más. Uno en torno a reclamos por la aprobación del RIGI donde 6 vecinos y vecinas están siendo acusados de “amenazas” (el propio vicegobernador Gustavo Menna es uno de los denunciantes) y otro juicio con fecha aún no definida donde 5 vecinos y vecinas fueron acusados por el corte de la Ruta Nacional N°3 en 2021, cuando la legislatura provincial rechazó sin tratamiento la 2da Iniciativa Popular.
Este escenario de criminalización no es aislado, se inscribe en una tendencia más amplia marcada por el avance de gobiernos de ultraderecha que, abiertamente, promueven una cultura política autoritaria que busca disciplinar y amedrentar a quienes defienden los territorios. En Chubut, la actual administración provincial se alinea con esta lógica, vulnerando derechos y persiguiendo activistas ambientales, desconociendo el alcance supralegal del Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de personas defensoras del ambiente, evitando consecuentemente su persecucion, criminalización y/o judicialización.
Es por ello que, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas/CAJE exigimos la inmediata absolucion de los defensores procesados y el cese de la criminalizacion de la protesta en Chubut a defensores del agua y la tierra. La democracia ambiental jamás puede consolidarse sobre la base de la persecucion a quienes ejercen legitimamente el derecho a manifestarse
