Salud y enfermedad son parte de un proceso social complejo. Los daños en salud asociados al metano no son “accidentes” inevitables, sino consecuencias estructurales de una forma de desarrollo que privilegia la rentabilidad sobre la sustentabilidad socioambiental.
El metano actúa como precursor del ozono troposférico, constituyendo un contaminante atmosférico con efectos adversos comprobados sobre la salud respiratoria, cardiovascular, reproductiva entre otros. La exposición al ozono troposférico se asocia a aumento de mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares, exacerbaciones de asma y EPOC, y mayor vulnerabilidad en niños, personas mayores y poblaciones con enfermedades de base. Asimismo, se han documentado alteraciones en la fertilidad masculina y femenina, y efectos negativos en el desarrollo fetal.
Los estudios epidemiológicos en Estados Unidos y Canadá han evidenciado un aumento del riesgo de un tipo de leucemia en comunidades ubicadas en cercanía de pozos de fracking, así como posibles incrementos en linfomas y otros cánceres hematológicos. También se han descrito alteraciones endocrinas, disrupciones reproductivas, entre otras.
En este contexto, la combinación de incertidumbre científica, exposición múltiple a contaminantes y proximidad entre pozos y comunidades plantea la necesidad de adoptar medidas regulatorias preventivas. La falta de datos oficiales accesibles y la magnitud de la exposición comunitaria hacen imperativa la aplicación del principio precautorio y las evaluaciones de riesgo integrales en territorios afectados por fracking.
El día de hoy se realizó la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para tratar el llamado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas pedimos su impugnación y rechazamos el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná.
A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación —información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión—, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial advertimos desde el primer día que esta audiencia era ilegítima:
No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido.
Las obras de dragado ya están en curso
No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos.
La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú.
Lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida.
En la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo y defiende con fuerza:al río:
Como fuente de agua potable para millones.
Como corredor de biodiversidad y soporte de humedales.
Como territorio habitado por comunidades que resisten.
Como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad.
La audiencia, lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla.
A esta altura, el Gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente.
El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciamos penalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia convocada. La misma está prevista para el 3 de noviembre de 2025 y busca convalidar un nuevo salto en el proceso de profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT).
Lo que está en juego para nuestro país es crucial: el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, sin intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva.
El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Es apenas un informe fragmentario de “gestión ambiental” sobre hechos consumados. Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa. Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista que está destruyendo el río y desmantelando el control democrático sobre su gestión.
El daño es profundo: esta intervención busca modificar de forma definitiva los humedales y el cauce del Paraná, transformándolo en un canal exclusivamente al servicio de las corporaciones exportadoras, sin vida, sin control y sin retorno, desertificando el sistema de humedales, sus diversidades y culturas.
Además de impugnar su legalidad, hacemos un llamado urgente y masivo a la participación ciudadana. Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción y queremos que más personas y organizaciones lo hagan. La inscripción cierra el viernes 31 de octubre a las 23:59.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el dia 22 de octubre y se encuentra en curso de investigación por las graves irregularidades administrativas y las sospechas de corrupción. Invitamos a todas las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, académicas y territoriales a inscribirse, a hacer oír su voz y a sumarse a esta convocatoria. Porque lo que se está decidiendo no es un trámite burocrático administrativo más: es el futuro del Paraná como ecosistema vivo o como zanja para el saqueo.
No hay democracia ambiental sin información, sin estudios y sin participación. Sin río, no hay salud. Sin controles, no hay derechos.
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció el miércoles 22 de octubre una fuga de hidrocarburos a partir de la explosión de un ducto de la empresa Pan American Energy (PAE) en el área petrolera conocida como Lindero Atravesado, que se encuentra a orillas del lago Mari Menuco.
Esta fuga de hidrocarburos “creó una nube tóxica que se veía desde las comunidades mapuche aledañas y que claramente contaminó la orilla del lago”, alertaron desde la Confederación.
Estos desastres ambientales, con graves impactos tanto en los ecosistemas como en la salud de las comunidades cercanas, no son accidentes aislados, sino una consecuencia ineludible de la actividad hidrocarburífera extractiva –tanto convencional como no convencional–. Entre 2015 y marzo de 2022, se registraron 9,242 incidentes, muchos de los cuales incluyen derrames de petróleo, contaminación del agua y gases de efecto invernadero altamente peligrosos. En este contexto, la técnica de fracturación hidráulica –conocida como fracking– no solo intensifica los riesgos, sino que lo hace a un ritmo alarmante: entre enero y septiembre de este año se realizaron 18.263 etapas de fractura, un aumento significativo respecto de las 14.722 registradas en 2023.
A esto se suma la falta de control y transparencia en la información sobre la magnitud real de los daños, como quedó demostrado en desastres anteriores, donde las empresas reportaron afectaciones mínimas o inexistentes de las superficies contaminadas, lo que resulta inverosímil dada la envergadura de los derrames.
El lago Mari Menuco es un embalse que, junto a Los Barreales, regula el caudal del río Neuquén, genera energía y brinda agua a las poblaciones y actividades productivas de la región. Es una de las principales fuentes de agua potable de la Patagonia norte. Los Barreales abastece el acueducto que provee a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, mientras que el Mari Menuco suministra agua a Neuquén capital, Centenario y, con la ampliación de la planta potabilizadora, también a Plottier y Vista Alegre.
En febrero de este año el gobierno de Rolando Figueroa le extendió la concesión de Lindero Atravesado a PAE a través del decreto N° 228/2025, que autoriza a la empresa a realizar fracturas en el entorno del lago hasta el año 2060. Además, el decreto N° 276/2025, habilitó el fracking en La Angostura Sur I y II, incluyendo el istmo de los embalses Mari Menuco y Los Barreales, y prevé más de 500 pozos en esa frágil zona.
La extracción de hidrocarburos en estos territorios pone en riesgo una fuente de agua potable vital para más de 600 mil personas. La explosión y fuga del pasado 22 de octubre es una muestra más de está situación. Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por este nuevo desastre ambiental y reiteramos el reclamo por el cierre de todas las actividades extractivas en la zona.
Firma:
Campaña “Salvemos el Mari Menuco”
Acompañan:
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Observatorio Petrolero Sur
Confederación Mapuche de Neuquén
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
Tierra para Vivir – Marabunta
Izquierda Socialista – Ambiente en Lucha – FITU
Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha – Neuquén
Alerta Roja Ambiental / PTS – FITU
Red Ecosocialista – MST en el FITU
Colectiva Feminista La Revuelta
Multisectorial Golfo San Matías
APDH Neuquén
Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones
Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS
Ambiente en Lucha de Tierra del Fuego, AeIAS
Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande
Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa
Asamblea por un Mar Libre de petroleras Uruguay
APDH EL BOLSON
ASAMBLEA MULTISECTORIAL de Cipolletti. Río Negro
RED de DDHH de CIPOLLETTI
Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn
Comunidad Katrawletuain, Rawson, Chubut
Lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa, Chubut
APDH ESQUEL TREVELIN
APDH Tucumán
Coordinadora Socioambiental Bahia Blanca
Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata
Observatorio de Sismicidad Inducida
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones
Red de Comunidades Costeras
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
La Revuelta Comunicacion, Mar del Plata
Asociación Mane’kenk
APCA Neuquen
FASE Espírito Santo
ANAFAE Honduras
CEDIB, Bolivia
Más datos sobre desastres ambientales de la industria petrolera:
Durante el año 2021 ocurrieron al menos 2049 incidentes ambientales. Un promedio de 5,6 por día, más del doble de los que constan para 2017, cuando el promedio diario era de 2,8 (información extraída a partir de los datos oficiales de incidentes ambientales declarados por empresas operadoras de la Dirección Provincial de Gestión de Situaciones Ambientales y Residuos Especiales).
Entre los principales desastres ambientales de los últimos años se encuentran el del yacimiento Bandurria Sur, del 19 de octubre de 2018, operado por YPF S.A. y Schlumberger, que afectó entre 47,6 (según la empresa) y 80 hectáreas (según Greenpeace y FARN), y por el cual fueron succionados 4076 m³ de hidrocarburos y removidos 22.529 m³ de suelo contaminado; y el incendio en Pozo Loma la Lata Oeste, el 15 de septiembre de 2019, con llamas de 30 metros cerca del lago Los Barreales, controladas en un mes por Wild Well Control.
A esta accidentalidad propia de la industria petrolera se le debe sumar los más de 500 sismos producidos en la zona desde el 2019 por el fracking, de acuerdo a la información producida por el Observatorio de Sismicidad Inducida. Esta actividad sísmica afecta a las comunidades y poblaciones cercadas, en particular a las localidad de Sauzal Bonito y Añelo, con daños materiales, impactos en la salud y seguridad.
Sam Altman, uno de los creadores del ChatGPT, anunció una revolución tecnológica en Argentina, con un nuevo megacentro de datos en la Patagonia. De concretarse, nuestro paisaje se convertiría en zona de sacrificio. Territorio, energías y aguas cedidas a cambio de una inversión que el gobierno de Milei intenta capitalizar en dólares y credibilidad en campaña electoral. ¿Stargate es una promesa vacía? ¿Un sueño digital de ciencia ficción? ¿O la nueva cara del colonialismo de los tecnoricos en el Sur global?
Sam Altman es uno de los creadores de la marca ChatGPT. Mira a cámara con los ojos tan abiertos como puede, delante de un pequeño escaparate iluminado por LEDs tenues y cuidadosamente arreglado para el anuncio institucional que está haciendo. Promete una revolución tecnológica sumando a Argentina a su proyecto llamado “Stargate”. En el anuncio elogia a Milei y al pequeño fondo que será su socio local en la instalación de un megacentro de datos en la Patagonia, que podrá usar hasta 500 MW y que requerirá una inversión publicitada de hasta US$ 20–25 mil millones. Detrás suyo se ve una serie de libros. El más legible es Anthem, la novela corta de Ayn Rand, en la cual imagina el futuro más distópico que los techbros y libertarios pueden concebir: uno en que el colectivismo ha triunfado completamente y la intervención estatal es total. En su historia, cualquier forma de la individualidad es ilegal y no hay forma del pronombre “yo”, solo hay “nosotros”. La cara de Sam Altman parece retocada. Como las cuentas de OpenAI y Altman no hacen eco del anuncio, en twitter la gente duda de si es un video real o si está hecho con IA.
Demian Reidel llora. Vuelve a apretar play y vuelve a llorar. Ve el anuncio varias veces, y una y otra vez, se vuelve a emocionar. El actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, compañía estatal a cargo de las centrales nucleares locales, es físico egresado del Instituto Balseiro. Los dos años que se desempeñó como asesor presidencial de Javier Milei impulsó esta agenda. Es su primer hito de gestión, y viene de la mano de uno de los magnates estrella de Silicon Valley. Acaba de lograr una pequeña victoria en la agenda que impulsa hace dos años: convertir a la Patagonia en un nodo regional de datacenters. O sea, entregar la mayor cantidad posible de territorio, energía y aguas disponibles a nivel nacional para que grandes centros de procesamientos de datos se instalen en nuestro país. El sueño es lejano, fantasioso e irreal. Incluye una ciudad nuclear, con reactores alimentando el complejo. Pero Reidel logró una carta de intención y un anuncio de Altman en persona. Es el primer resultado que el gobierno de La Libertad Avanza logra a pesar de todos sus viajes, reuniones y declaraciones de alineamiento con los magnates del sector.
La compañía de Altman se ha convertido rápidamente en uno de los gigantes tecnológicos. Este año, la creadora de ChatGPT lanzó, en alianzas con otras empresas del sector, el proyecto Stargate. Un despliegue a nivel global de datacenters que representa un incremento en su capacidad de procesamiento de datos, específicamente orientados a estar a la altura de la demanda que la inteligencia artificial genera. Esta demanda no solamente es en poder de cómputo y procesamiento, sino que también ha empujado la utilización de energética e hídrica de la infraestructura digital. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumieron el 1.5% de la electricidad mundial en 2024 y se espera que esa cifra se duplique para 2030. Las incertidumbres sobre cómo, y sí estos cambios pueden darse al ritmo esperado son enormes.
Los anuncios oficiales se refieren a enormes cantidades de “energía renovable, líneas de alta tensión, fibra óptica y acceso a agua fría”. Pero hablar de semejante disponibilidad de agua en una zona de estrés hídrico tiene implícito una noción fundamentalmente violenta: si la garantía es que habrá agua para enfriar servidores ¿qué pasará con las personas? ¿Y con el resto de actividades humanas, agrarias, productivas que dependen de una manera u otra de la disponibilidad del agua? Una investigación de Bloomberg reveló que a nivel global los datacenters ya consumen 560 mil millones de litros de agua, y que dos tercios de los centros de datos son construidos en zonas de estrés hídrico.
Lejos de un sueño digital de ciencia ficción, los enormes galpones con miles de filas de servidores (al fin y al cabo la vieja CPU, pero optimizada) poco beneficio dan a las poblaciones cercanas o regionales. Si bien durante la etapa de construcción se requieren algunos empleos, la mano de obra que insume un centro de datos de estas características es escasa. La lógica del sector intenta realizar la mayor cantidad de operaciones de forma remota, por lo cual dependiendo del nivel de automatización la cantidad de empleo estable puede variar entre 50 y 150 personas. Por otro lado, la producción de insumos necesarios está localizada en Asia y la transferencia tecnológica y formación de técnicos nacionales es casi nula en este tipo de centros de datos. Es más lo que requieren del territorio que lo que dejan.
¿Y qué pasa con toda esta energía? Se procesan enormes cantidades de datos y bits. Operaciones matemáticas complejas, en fracciones de un nanosegundo, que atraviesan placas de sílice, arena y minerales que mentes brillantes de la humanidad supieron refinar y optimizar en la suma del conocimiento técnico. De todo ese pequeño aleph de potencia, finalmente sale exportado el video de un perrito, una receta de avocado toast, o el meme de un presidente de extrema derecha. De toda esa potencia, de toda esa energía concentrada, los circuitos se sobre calientan y es para la refrigeración necesaria que se utilizan volúmenes de agua realmente masivos. Agua que se usa para bajar la temperatura a la cual llegan los procesadores después de ser atravesados por toda la actividad digital.
Fue durante la última tendencia global de imitar a Studio Ghibli que OpenAI chocó con su capacidad de operación. Comenzó a rechazar peticiones para evitar que “se derritan los chips”, ya que había récord de usuarios solicitando copiar el estilo que el estudio japonés supo construir con los años. En simultáneo, OpenAI lanzó Sora, una aplicación destinada a crear una red social exclusivamente utilizada para videos generados por IA. La empresa espera competir así con TikTok y Meta, que ya había anunciado que en Facebook se permitió que los bots controlados por IA interactúen entre ellos. La tendencia es avanzar hacia más feeds, más contenido, más remix. Niveles cada vez más altos y acelerados de recombinación de elementos existentes para derivar en destellos de atención.
Estos centros de datos utilizan en todo el mundo miles de millones de litros al año, y generan enormes tensiones sociales allí donde se instalan. La otra red que atraviesa la Patagonia está hecha de cuencas y ríos. Ríos andinos muchos, que bajan desde los glaciares y van hasta el mar, garantizando la vida a lo largo de su recorrido. Estas cuencas de bajo estrés incluyen ríos que en los últimos años han tenido bajantes históricas y ciudades que compiten por caudales. El confuso anuncio del proyecto Stargate no aclara ni menciona el origen del agua, la energía o dónde se posicionará. Nada sabemos de concesiones hídricas existentes, o si el agua será la misma que usan las personas y poblaciones de la Patagonia. Cuando la nube deja de ser digital, se puede llevar el agua de nuestros ríos y glaciares.
Esta tensión no es solamente propia de nuestro país. Las ciudades de Estados Unidos donde están alojados un cuarto de los servidores del mundo enfrentan las mismas tensiones. En Los Dalles, Oregon, las comunidades llevaron a Google a tribunales para que revelara cuánta agua estaba usando. Algo similar pasó a nuestros vecinos de Uruguay: allí Google quiso instalarse durante la peor crisis hídrica de los últimos 74 años. Mientras las personas tenían que comprar bidones de agua mineral para no beber agua de baja calidad y salinizada, el propio Ministerio de Ambiente admitió que el proyecto de Google iba a insumir 7,6 millones de litros por día, aproximadamente el consumo de 202.898 hogares.
La investigadora Yawei Zhao acaba de estudiar lo que llamó “la frontera digital urbana”. Provincias empobrecidas de China que recibieron repentinamente centros de datos que cambiaron las dinámicas locales y el comportamiento urbano. Energía barata y tierras subsidiadas que abrían las puertas a nodos que reproducen desigualdades socioambientales donde se instalaron. Nuevas versiones de viejas dinámicas, en las cuales las poblaciones de centros urbanos se benefician de los costos ambientales que son sacrificados en áreas rurales. Zhao identifica que los lugares donde se instalan estos centros de datos se convierten en “vehículos metabólicos” para la infraestructura digital.
Esto se da mientras el actual gobierno se encuentra en pleno desguace del Estado. A medida que la estructura de instituciones que otorgaba algún tipo de regulación se demuele, hay una creciente privatización del agua de hecho. Concesiones laxas, privatizaciones, permisos y otras regresiones ambientales de importancia. Las tensiones sobre el uso del agua no se resuelven o gestionan, sino que se tercerizan hacia el mejor comprador. Reducir al mínimo la cantidad de resistencia social, política y regulatoria para privatizar la mayor cantidad de agua de hecho.
El video publicado por Altman para anunciar el proyecto menciona como socio local a la compañía Sur Energy. El fondo, descrito por Altman como empresa líder en el sector energético, no tiene proyectos de energía vigentes ni conocidos en el futuro. El “joint venture con un cloud developer” no tiene historial o experiencia en la construcción u operación de proyectos energéticos o informáticos de esta magnitud. De hecho al momento del anuncio, periodistas ya habían descubierto que la empresa no tiene ni página web, ni cuenta de Linkedin.
Aún así el anuncio contempla dos fases de construcción e implementación de entre uno y dos años, para un proyecto de 100 MW. El despliegue de infraestructura para así incluiría líneas de alta tensión, subestaciones, transformadores o torres de enfriamiento. A su vez, obra civil especializada y puesta en marcha de alta complejidad en cada etapa. El sector de los datacenters ni siquiera cuenta con un marco regulatorio para la actividad. Los plazos californianos parecen tener poco realismo local.
Una palabra clave en todo esto parece ser “hasta”. Anunciar una inversión de hasta veinticinco mil millones de dólares permite hacer crecer las acciones de OpenAI y la credibilidad en un gobierno en crisis sobre su capacidad de atraer inversión extranjera. La promesa que hace dos años Reidel mantiene sobre una Patagonia digital parece tener al menos un mínimo producto viable. La probabilidad es que menos sea “una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina” sino sea una promesa vacía para generar valor accionario por un lado y porotos electorales por el otro. Los memoriosos recordarán anuncios similares, como las megainversiones en hidrógeno verde en la Patagonia.
Dentro del ámbito de la especulación digital también recuerda más a 2022, una granja de bitcoin prometió prosperidad y criptoriquezas a la ciudad de Zapala. El proyecto, a cargo de FMI Minecraft Mining, iba a funcionar con energía del megaproyecto de fracking Vaca Muerta. Mientras quienes viven en la zona continúan sin tener energías seguras en sus hogares, 1000 MW de energía iban a ser utilizados. El proyecto nunca se llevó a cabo y no hay evidencias públicas ni anuncios que expliquen el destino del proyecto.
A pesar de lo poco realista del proyecto, la realidad es que esto puede sentar un precedente peligroso en el desembarco de emprendimientos de enorme consumo hídrico en zonas donde el agua no abunda. La probable tensión social que un proyecto de estas características en la Patagonia, el costo hídrico y energético que debería asumir estructuras tan complejas.
El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aparece como factor clave en esta ofensiva. Es el andamiaje legislativo y jurídico que garantiza a estas inversiones que las tensiones en torno al agua serán resueltas hacia su lado. De acuerdo a investigaciones del Observatorio del RIGI, el mismo estructura una arquitectura legal que no sólo otorga enormes exenciones fiscales, financieras y soberanas, sino que también elimina cualquier tipo de regulación que limite, desde una perspectiva ambiental, el acceso al agua que pueden tener estos proyectos netamente extractivos. En ese sentido, el RIGI también considera insumos esenciales para los proyectos como “no susceptibles a restricciones regulatorias previas”. O sea declara al agua, la energía el transporte o el procesamiento como más allá de otras leyes o normativas.
Esto se combina con los ataques directos y frontales a las instituciones estatales que daban asesoramiento técnico y político sobre la gestión del agua. El ataque frontal contra la Ley de Glaciares, el desguace del Instituto Nacional del Agua, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, de ACUMAR, o las intenciones de privatizar AySA, la nueva licitación para las represas hidroeléctricas estatales y la nueva licitación para el control del Río Paraná, se combinan con la criminalización de la protesta y de quienes defienden al agua y al ambiente en este contexto.
Mientras tanto, a nivel local, hay más preguntas que certezas. La fuente hídrica, el caudal concesionado, la estacionalidad, los vertidos y las salmueras derivadas— bajo criterios posibles de “cero agua” y su alto costo energético derivado. Si efectivamente habrá trazabilidad para garantizar el origen renovable de la energía o si se le irá bajando el compromiso ambiental a medida que avance el tiempo, así como la capacidad real de la red o el almacenamiento posible. Que incorpore límites por sequía y priorización de usos; y, finalmente, una revisión sobre la soberanía de los datos cuando el datacenter y la plataforma operan bajo control transnacional.
Mientras las grandes empresas tecnológicas vuelven a prometer futuros de abundancia, los límites naturales y terrestres parecen volver a traerlos a la realidad. Su creciente interés en la minería del fondo marino, o en el sueño de la minería espacial, responde a una disputa por la materialidad que sostiene al mundo digital. Su alineamiento con la extrema derecha estadounidense, y ahora también argentina, es también una declaración sobre sus intenciones sobre los bienes naturales y de vida, de los cuales depende la industria, pero también la humanidad. Los tecnocapitalistas no son negacionistas de los límites terrestres y planetarios. El negacionismo climático y ecológico es una estrategia discursiva y política para avanzar en la privatización de cada vez más áreas de la vida y del sistema tierra. Pretenden avanzar sobre el control de los bienes vitales y materiales. En ese sentido no buscan frenar la crisis climática, sino gobernarla y gestionarla a su favor.
Lejos de ser inmaterial y etérea, la inteligencia artificial y la nube intervienen de forma cada vez más directa sobre nuestro mundo. En el libro The Age of AI, el mismísimo Kissinger proponía como estrategia posible saturar la red de desinformación y contenido basura, a tal punto que fuera indistinguible para una persona promedio orientarse sobre qué es real y qué no. Y que las IAs pueden convertirse en el único mediador, que defina y distinga para nosotros lo real, y por ende en herramientas de poder.
Entonces ¿cómo gestionar la tensión? La oferta de tercerizar trabajo cognitivo en una sociedad hiperdemandada es más que tentadora, y con argumentos morales y éticos no alcanzará para entablar una discusión real. Pero no deja de ser necesario eximirnos de un mediador que confiesa su instrumentalización política y su alineamiento con las fuerzas de la extrema derecha global. ¿Qué nociones de agua, de ecología o de vida puede llegar a reproducir un software programado por gente que piensa como Altman o Reidel?
En contextos de sequía, y con cada vez más inestabilidad climática, hay potencia en pensar otras formas del agua. Encontrar y conectar con patrones de lo hídrico para más allá de lo instrumental. Que construyan nuevas institucionalidades, pero que también renueven las formas sociales de gestión y diálogo con nuestras cuencas. Incorporar entonces el pensamiento hídrico, la visión de cuenca, la escucha de nuestros glaciares, que hablan desde el pasado, en movimientos y ritmos de la inmanencia, y sostienen la trama de la vida en la Patagonia. Para recomponer nuestro vínculo con lo hídrico, para potenciar culturas marítimas y ribereñas, pero que puedan desbloquear otras posibilidades del porvenir y de futuros ecológicos para nuestro país.
En la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra en tratamiento el Proyecto de Ley 5621-D-2025, que pretende establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de agrotóxicos, este proyecto de ley es una muestra clara de cómo los intereses del agronegocio se imponen sobre la salud de la población, la integridad de los ecosistemas y los derechos de las comunidades afectadas. Bajo la apariencia de regular y ordenar el uso de estos venenos, esta iniciativa busca legalizar la exposición sistemática de las personas y los territorios a sustancias altamente tóxicas, ignorando de manera flagrante la evidencia científica, las alertas de salud pública acumuladas durante décadas y sin dudas incumple el mandato constitucional de preservar el ambiente sano y equilibrado.
La propuesta legislativa es criminal, no hay otra forma de calificarla, dado que el proyecto en cuestión autoriza la aplicación de venenos a 10 metros de áreas urbanas, centros poblados, grupos de viviendas permanentes, viviendas donde habiten trabajadores rurales y sus familias, establecimientos educativos, sanitarios, cuerpos de agua, sus márgenes, pozos para extracción de agua potable, en definitiva permite pulverizar agroquímicos a 10 metros de zonas sensibles, es decir de zonas de donde debería alejarse a distancia precautoria toda aplicación de estas sustancias por su alto potencial tóxico.El autor de este proyecto es el diputado Atilio Benedetti, un fiel representante del agronegocio: productor agropecuario, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y con un largo historial de cargos en la Bolsa de Cereales y en centros de acopiadores de Entre Ríos. Benedetti impulsa una ley que beneficia directamente al sector que representa, incluyendo la agroindustria y las empresas exportadoras de granos. Su posición política y económica evidencia que el proyecto no surge de una preocupación por la salud ni por la protección del ambiente, sino como un instrumento para consolidar la impunidad del agronegocio frente a los daños que provoca.
El proyecto de Benedetti se presenta como una ley de presupuestos mínimos, pero en realidad constituye un instrumento regresivo que normaliza el envenenamiento sistemático de personas y ecosistemas. Ignora cientos de leyes provinciales, ordenanzas locales y fallos judiciales que ya habían establecido límites concretos al uso de agrotóxicos, y pretende sustituir estos estándares de protección por normas mínimas que favorecen a la industria, exponiendo a toda la población a riesgos inaceptables. No se trata de una ley de protección ambiental, sino de una ley de impunidad corporativa.
Es útil contrastar esta iniciativa con lo que habría sido una verdadera ley de presupuestos mínimos: el proyecto impulsado por Fernando “Pino” Solanas, diseñado con criterios ambientales, científicos y de justicia social. Ese proyecto reconocía que la protección de la salud y el ambiente no puede ser negociable y establecía reglas estrictas para la aplicación de agrotóxicos, garantizando zonas de resguardo amplias, prohibición de pulverizaciones aéreas, monitoreo ambiental obligatorio y mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa de Solanas apuntaba a prevenir daños antes de que ocurran, cumpliendo con los principios de precaución y no regresión ambiental, y constituyendo un verdadero marco de protección mínimo acorde con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ese era un proyecto que defendía la vida, la biodiversidad y los territorios; el de Benedetti, en cambio, favorece la impunidad y blinda las ganancias corporativas a costa de la población y los ecosistemas.
Argentina es hoy el país con mayor aplicación per cápita de agrotóxicos en el mundo, con más de 700 millones de litros aplicados por año, una cifra que sigue en ascenso. El modelo productivo del agronegocio, basado en soja transgénica, maíz y otros cultivos para exportación, genera concentración de tierras, desplazamiento de campesinos y campesinas, dependencia de insumos químicos y un efecto devastador sobre la salud de las comunidades rurales y urbanas. Las fumigaciones afectan la ruralidad, con escuelas pulverizadas, familias intoxicadas y territorios convertidos en zonas de riesgo sanitario, pero también la urbanidad, ya que estos venenos llegan a nuestras mesas a través de los alimentos que consumimos. Esta situación constituye una violación directa del derecho a la salud, a la alimentación segura y al ambiente sano, derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
Los impactos sobre la salud están ampliamente documentados. Investigaciones del Dr. Andrés Carrasco, del Dr. Damián Marino y del equipo del INSSA de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras, muestran que la exposición a estos venenos aumenta la incidencia de malformaciones congénitas, abortos espontáneos, alteraciones hormonales, cánceres sólidos y hematológicos, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, y déficits en el neurodesarrollo de niños y niñas. Los grupos más vulnerables, especialmente infancias y adolescentes, sufren consecuencias irreversibles: déficits de atención, hiperactividad, trastornos de aprendizaje y autismo. Reducir drásticamente las distancias de seguridad como propone el proyecto 5621-D-2025 implica exponer directamente a estos grupos, en violación de los principios de prevención y precaución, que tienen jerarquía constitucional.
Los impactos ecológicos son igualmente graves. Las cuencas hidrográficas presentan sedimentos contaminados, afectando la calidad del agua y la fauna acuática. Numerosos estudios evidencian la mortalidad de peces como el sábalo y otras especies en ríos del Paraná, Salado y otros afluentes, así como alteraciones en ecosistemas terrestres y pérdida de biodiversidad. Los agrotóxicos se dispersan por aire, agua y suelo, convirtiéndose en un problema sistémico que amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas y la vida misma.
La jurisprudencia argentina ha establecido precedentes claros en defensa de la salud y del ambiente. Casos emblemáticos como San Jorge, Sastre y Ortiz, y Piamonte (Pcia de Santa Fe), fijaron zonas buffer de hasta 1.000 metros para fumigaciones terrestres y acreditaron mediante evidencia científica la relación entre la exposición a estos venenos y los daños a la salud y al ambiente. Ignorar estos fallos, como hace el proyecto del diputado Benedetti, constituye un retroceso jurídico, sanitario, ambiental y un incumplimiento de los estándares de protección de normativa internacional que el Estado tiene la obligación de garantizar.
El proyecto refleja un negacionismo ecológico y científico alarmante. Niega décadas de evidencia sobre los efectos negativos de los agrotóxicos, ignora recomendaciones internacionales y locales, y reduce de manera arbitraria los mecanismos de protección de la salud y el ambiente. La inclusión de drones en las prácticas de pulverización agrava aún más los riesgos, haciendo incontrolable la deriva de los venenos y ampliando la exposición de personas y ecosistemas a niveles intolerables. Frente a este escenario, la única verdadera buena práctica agrícola es el NO uso de venenos.
La agroecología, la permacultura y otros sistemas de producción sustentable ofrecen alternativas reales y verificables, basadas en la reducción de insumos tóxicos, la diversificación de cultivos, la conservación del suelo y la soberanía alimentaria. Estas prácticas no solo protegen la salud humana y la biodiversidad, sino que fortalecen la resiliencia de los territorios y la justicia socioambiental. Experiencias locales y regionales en Argentina y América Latina demuestran que es posible producir alimentos seguros, sanos y de cercanía sin depender de venenos químicos, contribuyendo a la construcción de comunidades sostenibles y equitativas.
Por todo esto, el Proyecto de Ley 5621-D-2025, lejos de ser una herramienta para proteger al ambiente del uso de estos venenos, constituye en realidad un instrumento de impunidad para el agronegocio, su único y verdadero objetivo es reducir a la mínima expresión la distancia de precaución llevándola a tan solo a 10 metros las fumigaciones terrestres y 45 metros las aéreas intentando legalizar la exposición de personas y ecosistemas a sustancias altamente tóxicas, ignora la evidencia científica, desoye la jurisprudencia y vulnera derechos constitucionales fundamentales.Debemos recordar que la ciencia determinó que recién a los 1095 metros se alcanza una distancia precautoria para reducir los efectos perjudiciales de los plaguicidas, sin embargo el proyecto en cuestión, sin el más mínimo fundamento científico, pretende llevarlo a la distancia irrisoria de 10 metros. También es ineludible considerar otro dato central: nuestros ríos y sus lagunas se encuentran masivamente contaminados con plaguicidas, así lo determinan numerosos trabajos científicos y, recientemente, fue expresamente reconocido por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, también el Instituto Nacional del Agua cuenta con informes que alertan sobre la presencia de plaguicidas en agua y en el ámbito regional, la Comisión Administradora del Río Uruguay en su informe sobre “Residuos de Contaminantes en Peces del Río Uruguay – 2021”, detectó plaguicidas en el tejido muscular de peces (boga, dorado, surubí y sábalo). Sin embargo el proyecto de ley con sus distancias absurdas de protección -10 metros- ignora esa información científica que publica el propio Estado y así, en caso de aprobarse, habilitará a profundizar el enorme daño ambiental que estas sustancias causan en nuestros ríos y en la salud pública.
Es imperativo que nuestros legisladores rechacen este proyecto. El camino correcto es establecer regulaciones que reduzcan progresivamente el uso de agrotóxicos, promoviendo la transición hacia sistemas agroecológicos que fortalezcan la soberanía alimentaria y garanticen la salud y el bienestar de las comunidades.
Desde nuestra experiencia como abogados ambientalistas de pueblos fumigados, exigimos a nuestros legisladores el rechazo absoluto del proyecto 5621-D-2025 y la apertura de un debate genuino sobre el modelo agroalimentario que queremos para nuestro país. Se trata de garantizar una legislación que respete la salud pública, la integridad de los ecosistemas y los derechos de las comunidades, fundada en evidencia científica y principios constitucionales. En el marco de un contexto político caracterizado por graves retrocesos ecosociales (ver primer informe de regresiones ambientales 2024-2025), es inaceptable que se intente disfrazar con el eufemismo de las “buenas prácticas” lo que no es otra cosa que la legalización del drama de los pueblos fumigados de nuestro país. No podemos permitir que los intereses corporativos conviertan en política pública la impunidad de un modelo productivo ecocida.
Basta del uso irresponsable, irrespetuoso, maltratador del río y sus diversidades culturales y biológicas.
El presidente Javier Milei y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, han anunciado la profundización del proceso de violación sistemático del río Paraná en el sur del sistema de humedales, nuestro Delta.
Lo que no deja de sorprender, es esta convocatoria con bombos y platillos a no dejar en paz el río, su valle de inundación y sus riberas de barrancas y selvas en galería, sus bosques, comunidades, pescadores, contextos turísticos y en especial, a sus poetas, en la crisis ambiental, hídrica y climática más espantosa conocida.
Llevamos más de cuatro años sin agua. Parece una broma de muy mal gusto, pero no lo es. El sistema de humedales y sus cuencas superiores están cambiando a un ritmo tremendo su régimen hidrológico. No está estudiado, absolutamente nada. Pero la lógica depredadora avanza sin vergüenza alguna.
En pocas palabras, aquí un detalle institucional y amoroso, básico de parte de la estructura jurídica que se incumple:
Se viola la Constitución de la Provincia reformada que pone foco en la protección del sistema de humedales, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya distinguió maravillosamente, en la histórica sentencia del barrio Amarras en la cuenca del Gualeguaychú.
Se viola la Ley de Libertad de los Ríos. Nada se hace de estos mega proyectos delirantes, sin ratificación de la legislatura provincial y con la Comisión por ella creada, funcionando sistemáticamente. Estamos en las antípodas en esta gestión de gobierno.
Se viola el Acuerdo Federal de conformación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas) y fundamentalmente se desconocen sus dos estudios científicos multidisciplinares más relevantes, Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica (2010/2014).
Pero lo que aún más no deja de sorprender, es que se anuncia la profundización del Paraná Guazú y el Paraná Bravos, sin ejercicio pleno de la democracia ambiental en sus herramientas de estudios de impacto ambiental y su evaluación independiente.
Pero más grave aún, es que manifiestan ignorancia total de la declaración en el corazón de nuestro sistema de humedales hace ya dieciocho años, del “Área Natural Protegida” de los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, incorporado al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas por medio de la histórica ley 9718, razón de ser fruto de una construcción social e institucional de la norma jurídica frente a los proyectos de diversas plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay.
Una intervención artificial como la que se anunció como el gran proyecto para Entre Ríos gracias a las fuerzas del cielo, necesita en razón de ser una área natural ultrasensible y legalmente protegida, de estudios de impactos socioambientales aún mucho más rigurosos, participativos y con los tiempos que la naturaleza impone, no los tiempos de unas pocas corporaciones del agronegocio de exportación.
Desconocer semejantes historias o negarlas como tanto niega la rigurosidad científica y académica el Presidente de la República, es desconocer la historia del pueblo de la tierra de los ríos libres y de su federalismo en su ADN.
Basta de degradar nuestros ríos. Somo humedal, somos ríos libres para pueblos libres, somo Entre Ríos.
La libertad de los pueblos originarios, la de Artigas, la de los organizadores del Estado Nación Federal, pero muy seriamente, no es la libertad de estas iniciativas privatizadoras de todo.
Hace unos meses parecía que algunos gobernadores se plantaban frente al poder central y unitario, con un supuesto Tratado de la Región Litoral. Están borrando desde Entre Ríos de la mala mano del gobierno central, de un plumazo cualquier contexto de ejercicio con convicción y compromiso del federalismo de concertación desde un lugar de poder federal comprometido y esperanzador.
Seguramente en estas horas, poetas, cantautores, escritores, escultores, artistas plásticos y seres anónimos, movimientos de derechos humanos, feministas y organizaciones ecologistas, estarán delineando una y mil estrategias para que el río no deje su ser en manos de semejantes intereses, que de soberanía de las aguas nuestras se trata, como de protección de los reinos de vida que habitan en estos sistemas. Al poder de turno no les importa, no les preocupa, vacío total.
En nuestra tierra los ríos se aman, no se explotan, son nuestros cuerpos, sus sentidos de vida, poesía, somos agua, humedal, Pachamama.
El río es río, no es mar.
Como nos recuerda el poeta: “Nuestra historia no se negocia, no se alquila, no se entrega. Porque la memoria entrerriana es río: avanza, erosiona, arrastra y renueva. Y como el río, no se arrodilla”.
Entre Ríos sí, entre canaletas No.
(*): Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija (Paraná, Entre Ríos).
El presente anuncio en la ciudad de Paraná, por parte del Presidente de la República y el Gobernador de Entre Ríos, sobre la mayores profundizaciones por dragado en los tramos o brazos del Río Paraná, denominados Paraná Guazú y Paraná Bravo, se dan en pleno proceso electoral, sin estudios técnicos de ninguna naturaleza.
Desde la Asociacón Argentina de Abogados/as disponemos de documentación oficial que acredita la total ausencia del área ambiental y otras por parte del Gobierno de Entre Ríos en la construcción técnica y política de semejante decisión. Los bienes naturales son de las Provincias. El Gobierno Nacional no puede ni debe hacer lo que se le ocurra con el río, su valle de inundación y consecuentemente sus diversidades culturales, ecológicas como económicas a escala humana, local, como regional.
Más aún, hemos requerido los informes emitidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU en este contexto, ahora profundizado por estos anuncios, para poder saber cuáles son sus recomendaciones en cuanto a la instrumentación del Memorándum de Entendimiento firmado hace más de un años y medio y poder así observar las razones y vínculos con semejantes decisiones. No olvidemos que dicho acuerdo fue ratificado por el Presidente Javier Milei en marzo de 2024.
Los anuncios en Paraná, no son inocentes, se hacen con el Órgano de Control de la Vía Troncal Navegable y del Instituto Nacional del Agua, extinguidos por la actual gestión de gobierno. Con ningún tipo de intervención del Consejo Hídrico Federal, lo que también tenemos documentado. Es decir, la privatización del conocimiento y el descontrol y el unitarismo, es absoluto.
Nos oponemos frontalmente a estas decisiones y vamos a utilizar todas las herramientas de la democracia ambiental, el derecho, en particular en Acuerdo Regional de Escazú que sean necesarios como apoyar todas las manifestaciones del activismo de las comunidades y sus articulaciones.
De avanzar con estas decisiones, el proceso de desertificación del sistema de humedales del Delta, será brutal y muy probablemente irreversible. No hay agua. En estos momentos en Brasil, Paraguay y Bolivia, el gran Pantanal está con una sequía y bajante extrema y agudizándose. Se están conservando en las represas de Brasil, con disminución de flujos de agua por parte de tres hidroeléctricas del río Paraná. Todos factores geopolíticos y ecológicos relevantes para poder comprender que este delirio implica no prestar atención a una diplomacia inexistente y que obliga a la aplicación extrema de los principios precautorio y preventivo. La falta de agua no justifica mayores profundizaciones, sino todo lo contrario.
Los efectos negativos sobre los ciclos de vida de la flora y la fauna y en particular de los bienes ictícolas es en este contexto, desbastadora. Ya son cuatro años con realidades angustiante para las comunidades, como Victoria en Entre Ríos, poder quedarse sin agua potable por la desertificación del humedal y el descontrol en la gestión de los sedimentos del dragado de la hidrovía, que taponan sus ingresos de agua al humedal desde hace décadas.
Reiteramos, hacer semejante intervención de artificialización del río dentro del corazón de un Áreas Natural protegida y sin Evaluación de Impacto Ambiental, y sin una Evaluación Acumulativa Estratégica, es demencial.
Además, esta intervención en la diversidad biológica y cultural, como social de la artificialización anunciada, sin participación de áreas críticas de Entre Ríos y las provincias del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, Buenos Aires y Santa Fé, es un ataque directo a la institucionalidad democrática y federal de la República.
Por eso también presentamos una nueva solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía de la Nación, del cual depende la Secretaría de Transporte, para conocer las implicancias del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno Argentino y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. ¿Qué informes emitió, qué recomendaciones, por qué ese contenido no es público aún?
El acuerdo, ratificado por Javier Milei en marzo de 2024, incluye compromisos de cooperación en políticas hídricas, gestión de cuencas, control de inundaciones, sedimentación, dragado y “dirección estratégica” en la gestión de ríos y cuencas argentinas. Estos puntos son de altísimo interés público y ambiental, ya que podrían estar vinculados con la nueva profundización del Paraná anunciada la semana pasada.
Solicitamos copia certificada de todos los informes emitidos por el Cuerpo de Ingenieros respecto de la Cuenca del Plata —en especial los ríos Paraguay, Paraná y Río de la Plata— y pidió precisiones sobre las obras o megaobras recomendadas, los proyectos de dragado o infraestructura propuestos, y los mecanismos de adjudicación o ejecución sugeridos.
También saber si existen nuevos convenios vinculantes o consultorías activas con ese organismo extranjero. De negarse la información, haremos uso de los mecanismos legales previstos por el Acuerdo Regional de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.
Estamos frente a la profundización de un megaproyecto que se encuentra en los escenarios judiciales de investigación de corrupción, que avanza en su instrumentación con la privatización absoluta del río y en un contexto de agravio al federalismo y de total entrega de la soberanía nacional bajo el asesoramiento extranjero ya expuesto y con un gran ausente, la máxima autoridad ambiental nacional.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), a través de su Centro de Acceso a la Información, presentó nuevas solicitudes de acceso a la información pública ambiental. Los reclamos apuntan al Tratado del Acuífero Guaraní y al Subgrupo de Medio Ambiente del MERCOSUR (SGT N°6), espacios institucionales claves que hoy funcionan con una opacidad alarmante., con modalidades de gestión y decisión, desconocidas por las comunidades.
En un contexto de crisis climática y avance de megaproyectos extractivos que dependen críticamente del agua, es estratégico que la ciudadanía conozca qué decisiones se toman a nivel regional y qué compromisos asume la Argentina.
El Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua dulce subterránea más grandes del planeta. Atraviesa Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y constituye un patrimonio vital para el presente y el futuro de millones de personas. El Tratado del Acuífero Guaraní, vigente desde 2020 y ratificado en nuestro país por la Ley 26.780, establece la creación de una Comisión del Acuerdo para garantizar la gestión conjunta y precautoria de este bien común.
Sin embargo, a casi cinco años de su entrada en vigor, el funcionamiento real de este marco institucional es prácticamente desconocido para la sociedad. Por eso solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores:
Copias de las actas de reuniones de la Comisión del Acuerdo.
Documentación que acredite si la Comisión intervino o tiene una actitud proactiva en los procesos de evaluación ambiental de proyectos de hidrógeno verde como el Tambor Green Hydrogen Hub (Enertrag, Alemania) en Tacuarembó y el proyecto de HIF Global en Paysandú, ambos en Uruguay.
Un mapa actualizado de las zonas de recarga y descarga del acuífero en las cuencas del río Uruguay y Paraná.
Copias certificadas de los proyectos destinados a la implementación del Programa de Acción Estratégico del Acuífero Guaraní, actualmente financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Información sobre las articulaciones entre el órgano ejecutivo del Tratado y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Estos pedidos no son meramente técnicos: el acuífero está siendo presionado por proyectos de energía de transición y megaplantas de hidrógeno verde, que implican un uso intensivo del agua en territorios frágiles. Sin acceso a la información pública, no hay forma de evaluar los impactos reales ni de garantizar la protección de este bien común frente a intereses privados y corporativos, muchos de ellos liderados por corporaciones del Norte en sus procesos de transición energética para nada compatibles con nuestros ecosistemas y sus pueblos. .
El Subgrupo de Trabajo N°6 (SGT 6) de Medio Ambiente es el órgano técnico del MERCOSUR responsable de incorporar la dimensión ambiental en todas las políticas del bloque. Fue creado para garantizar que la integración regional no se limite al comercio, sino que también contemple la protección de los ecosistemas compartidos y el uso responsable de los recursos naturales. Su mandato abarca desde la elaboración de lineamientos y normas comunes hasta la coordinación de estudios de impacto ambiental y la articulación con otras instancias binacionales y multilaterales.
A pesar de su rol estratégico, el funcionamiento del SGT N°6 permanece invisibilizado para la ciudadanía. Por eso solicitamos a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación:
Actas de sus reuniones de los últimos tres años.
Información sobre su intervención en los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Vía Troncal Navegable) y de la Hidrovía del Río Uruguay hasta Concordia/Salto.
Documentación sobre la vinculación técnica y política entre el SGT N°6 y la Comisión del Acuífero Guaraní.
El acceso al agua potable y la protección de los ecosistemas compartidos son asuntos de seguridad humana, justicia ambiental y soberanía regional. Sin transparencia y participación, los marcos institucionales internacionales se convierten en sellos vacíos que legitiman negocios, en lugar de proteger a las comunidades.
Los pedidos que realizamos buscan abrir una puerta cerrada: que el pueblo argentino sepa qué se negocia sobre su agua, cómo se implementan los tratados regionales y qué rol juega la Argentina en el MERCOSUR frente a la crisis climática.
El Acuífero Guaraní, los ríos Paraná y Uruguay y sus cuencas son bienes comunes que deben ser gobernados con transparencia, democracia y justicia ecosocial. No se trata solo de proteger la naturaleza: está en juego la vida, el futuro y la soberanía de nuestros pueblos.
Organizaciones sociales, académicas y territoriales expresan su preocupación por el veto presidencial a la ley que modificaba la distribución de los ATN y llaman a repensar su uso, proponiendo un esquema que asegure transparencia, planificación y criterios ambientales en la asignación de estos fondos.
Desde las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al veto presidencial a la ley que modificaba el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), norma que había sido aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional. El uso reiterado del veto presidencial, sin instancias previas de diálogo o construcción colectiva, socava los principios de una democracia representativa robusta, debilitando el rol del Congreso como ámbito de deliberación plural y afectando el diseño de políticas públicas que exigen consensos duraderos.
La ley vetada representaba un avance respecto del esquema vigente: por primera vez desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal (N.º 23.548), se proponía la distribución automática del 1 % de la masa coparticipable destinada a los ATN, con el objetivo de evitar su concentración en el Poder Ejecutivo Nacional y su asignación discrecional, históricamente asociada a criterios político-partidarios. Esta reforma buscaba dar previsibilidad a los recursos, permitiendo que las provincias accedieran a ellos de manera regular y conforme a parámetros ya establecidos en la legislación vigente. A su vez, respondía a un problema grave de subejecución presupuestaria: en 2024, de los casi $680.000 millones disponibles, solo se utilizaron $49.800 millones, el 7,3 %.
No obstante, también es preciso señalar los límites de dicha norma: si bien resolvía el “cómo” se distribuyen los fondos, no abordaba el “para qué” ni el “bajo qué condiciones”. La propuesta aprobada en el Congreso omitía establecer criterios para garantizar que esos recursos se utilizarán en función de necesidades sociales, ambientales o de infraestructura pública. De esta forma, se corría el riesgo de trasladar la discrecionalidad del nivel nacional al provincial, sin mejoras en términos de transparencia, planificación o rendición de cuentas. En un escenario atravesado por múltiples crisis —climática, ecológica, social y económica—, esta omisión no es menor.
En un trabajo conjunto entre diversas organizaciones sociales, académicas y territoriales, hemos elaborado una propuesta que aborda simultáneamente el problema del reparto y el del uso. El proyecto establece un esquema de doble asignación:
El 40 % de los ATN se destinaría a obras públicas de prevención, mitigación y adaptación frente a desastres socioambientales, reforzando las capacidades locales.
El 60 % restante se canalizaría a través de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Climáticos, con reglas claras, criterios técnicos y mecanismos de control y auditoría. En caso de no utilizarse la totalidad de los fondos se repartirán automáticamente a las provincias de manera trimestral.
Este diseño articula justicia ambiental con justicia fiscal, fortalece el federalismo y asegura una mejor respuesta estatal frente a eventos climáticos extremos que, en un contexto de crisis climática, se presentan con mayor frecuencia e intensidad. Además, permite alinear la política fiscal con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.
La experiencia reciente nos interpela: frente a inundaciones en Bahía Blanca, incendios en Córdoba y la Patagonia, o temporales en el norte del país, los fondos estaban disponibles pero no fueron utilizados. No se trata solo de números: hablamos de vidas, de territorios, de derechos vulnerados.
Si bien el veto presidencial prácticamente obtura que la asignación de Fondos ATN pueda volver a discutirse en el parlamento por un período de 12 meses, igualmente, frente a este escenario, reafirmamos la necesidad urgente de repensar el rol de los ATN bajo una lógica de planificación, equidad y enfoque ambiental. No alcanza con asegurar el reparto: es imprescindible establecer lineamientos normativos claros que aseguren un uso estratégico de estos fondos en función del interés público y los desafíos ambientales del país, relanzando este proyecto para el momento en que los tiempos legislativos lo permitan
Convocamos a legisladores, gobiernos provinciales, organizaciones sociales y ambientales, y a la ciudadanía comprometida, a retomar este debate con una mirada transformadora, que sitúe el derecho a vivir en territorios resilientes y protegidos en el centro de la política fiscal nacional.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Biodiversidad Argentina
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA)
Argentina 1.5
Fundación Hábitat y Desarrollo
Fundación Patagonia Natural
Amnistía Internacional
Consciente Colectivo
Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE)
Grupo de Investigación Riesgos Socioambientales y Complejidad (GIRSAC)
