En las últimas semanas comenzó a circular la propuesta de modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares. El planteo no es menor: se trata de la norma que protege las reservas de agua más estratégicas del país, ubicadas en la cordillera y en las zonas de altura donde el hielo, la roca y el frío regulan el flujo de los ríos que alimentan a ciudades enteras.
Frente a este escenario, más de 25 organizaciones de distintos territorios publicaron hoy un documento conjunto. El mensaje es claro: retroceder en la protección de glaciares y ambientes periglaciales es abrir la puerta a daños irreversibles en un ecosistema ya presionado por la crisis climática, y con ello comprometer el abastecimiento de agua de millones de personas.
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras años de litigios, estudios científicos, movilización ciudadana y debates legislativos complejos. No es una norma simbólica: establece límites concretos a actividades que destruyen o alteran glaciares y ambientes periglaciales, especialmente la megaminería y la explotación hidrocarburífera en alta montaña.
En regiones áridas y semiáridas —que representan buena parte del país— la existencia misma de comunidades, economías regionales y ecosistemas depende del agua regulada por estos cuerpos de hielo. Debilitarlos no solo es imprudente: es una apuesta peligrosa en un escenario de calentamiento global acelerado y retroceso comprobado de los glaciares.
Glaciares y periglaciares no son entidades aisladas: funcionan como un solo sistema hídrico y ecológico. Almacenan agua en invierno, la liberan en verano y sostienen caudales cuando no llueve. Intervenir estas zonas, perforarlas, remover roca o construir infraestructura pesada altera esa función básica y desencadena impactos que pueden sentirse cientos de kilómetros río abajo.
Por eso la ley prohíbe actividades de alto impacto donde el daño sería permanente. No porque “se oponga al desarrollo”, sino porque define qué tipo de desarrollo no puede seguir destruyendo las bases físicas que lo hacen posible.
El documento publicado por las organizaciones reconoce el papel central del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Su trabajo permitió construir el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta científica única en la región que identificó, caracterizó y ubicó miles de cuerpos de hielo y áreas periglaciales.
Fortalecer al IANIGLA —en vez de debilitar las normas que sustentan su trabajo— es una condición mínima para enfrentar la crisis climática con información pública, independiente y confiable.
El planteo de modificar la ley no solo es ambientalmente riesgoso: es jurídicamente improcedente. El Acuerdo de Escazú, incorporado al derecho argentino, obliga a los Estados a garantizar el principio de no regresión: ninguna política pública puede reducir los niveles de protección ya alcanzados.
Modificar la Ley de Glaciares para flexibilizar controles o habilitar actividades prohibidas chocaría frontalmente con ese compromiso internacional y abriría un conflicto jurídico de enorme escala.
Las organizaciones firmantes coinciden en un punto central: no hay desarrollo posible si se destruyen las fuentes de agua que sostienen al país. En un escenario de sequías extremas, retroceso de glaciares, incendios y eventos climáticos cada vez más violentos, debilitar la única norma que protege las cabeceras de los ríos equivale a poner en riesgo la vida cotidiana, la producción y el futuro de regiones enteras.
La discusión no es técnica: es profundamente política. Se trata de elegir entre un modelo extractivo que sacrifica territorios enteros o un horizonte que reconoce que el agua es un bien común, esencial e irremplazable.
A continuación el documento completo firmado por más de 25 organizaciones de todo el país
Recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, como representante de la Asamblea Jachal No Se Toca, declara su profunda preocupación ante la prescripción de la causa penal, por parte de la Jueza Servici de Cubría, contra los funcionarios nacionales responsables de haber frenado, manipulado e incumplido la Ley de Glaciares, en el marco del derrame tóxico de Barrick Gold en Veladero (Jáchal, San Juan) ocurrido en 2015.
El desastre de Jachal es el mayor derrame minero de la historia argentina y sigue impune a más de diez años: no hay juicio oral, no hay condenas y la minera Barrick Gold continúa operando en plena cordillera, dentro de la zona periglaciar protegida por ley.
La decisión de la jueza Cubría es un retroceso grave. No solo abandona la obligación del Estado de proteger las nacientes de agua de alta montaña, sino que además desconoce una década de pruebas que demuestran el rol del propio Gobierno Nacional de entonces en la manipulación del Inventario de Glaciares para permitir que Barrick operara donde la ley lo prohíbe. Sin esa intervención deliberada, Veladero no habría funcionado jamás: el derrame de cianuro, mercurio y metales pesados sobre la cuenca de Jáchal simplemente no habría ocurrido.
Por eso, desde la querella recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales.
El juicio de Jachal es la única vía para terminar con la impunidad política e institucional que rodea a Veladero desde hace años. Allí deben rendir cuentas quienes, desde el Estado Nacional, bloquearon la aplicación de la Ley de Glaciares y habilitaron la explotación minera en territorios que debían estar resguardados como reservas estratégicas de agua.
El pueblo de Jáchal carga con la contaminación, la incertidumbre y la negación sistemática de información. Su lucha es la que mantuvo viva esta causa cuando todos los resortes del poder quisieron cerrarla.
Veladero es el símbolo de un modelo extractivo basado en la desprotección de los territorios de alta montaña, el desprecio por el agua y el blindaje de las corporaciones mineras. La prescripción dictada por Servini solo fortalece ese modelo.
Por eso vamos a Casación: para impedir que esta causa se archive y para que, de una vez por todas, se escuche en un tribunal la verdad completa sobre cómo se violó la Ley de Glaciares para habilitar un proyecto que nunca debía haber existido.
La Argentina necesita justicia social y ambiental, transparencia y responsabilidad de las corporaciones mineras. Esta causa es una prueba decisiva: o se sostiene la impunidad minera, o se abre el camino para proteger de verdad los glaciares, el agua y las comunidades que dependen de ellos.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) informa que, a pedido de esta querella y de la Fiscalía de Delitos Ambientales, la Justicia autorizó el allanamiento en la planta de COMARSA, ubicada en el Parque Industrial Neuquén Oeste, en la capital provincial. Este paso clave se da en el marco de la causa por los Basureros Petroleros del proyecto Vaca Muerta. Se realiza para avanzar en la investigación penal por usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa en uno de los mayores pasivos petroleros del país y del cual las empresas petroleras son responsables.
El operativo tiene un objetivo concreto: permitir las tareas de campo necesarias para el informe técnico del perito agrimensor designado por la querella, cuyo trabajo es indispensable para reconstruir los límites reales del predio y su expansión.
Esta nueva inspección judicial busca despejar una pregunta central ¿hasta dónde avanzó Comarsa sobre tierras públicas que nunca le fueron cedidas?
Desde la querella afirmamos, en base a lo evidenciado en años de documentación: COMARSA no solo operó dentro del inmueble concedido a precio vil por la Municipalidad de Neuquén y el Concejo Deliberante, sino que extendió ilegalmente sus actividades sobre terrenos públicos no cedidos, ampliando su huella operativa por fuera de toda autorización estatal.
Esa expansión no es inocua. Sobre esas tierras usurpadas, la empresa acumuló a cielo abierto residuos petroleros tóxicos, provocando la degradación del territorio y afectando el aire, el suelo y la salud de las comunidades que viven y trabajan en las zonas aledañas. A su vez, el lixiviado de estos residuos corre peligor de afectar las napas que existen en la región. Es exactamente el tipo de manejo que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil denuncian hace años: montañas de residuos, vapores tóxicos, derrames y un modelo energético que deja contaminación y precariedad donde debería haber controles, reparaciones y políticas públicas serias.
Con este allanamiento, la fiscalía espera demostrar el delito de usurpación, al demostrar la ocupación y el uso ilegal de tierras públicas por parte de la empresa. Y también el delito de contaminación peligrosa, al evidenciar que COMARSA acumuló residuos petroleros en esas mismas tierras, agravando la afectación territorial y social a las comunidades cercanas.
La investigación avanza en un contexto donde Neuquén convive con basureors petroleros abiertos, pozos abandonados sin remediación y zonas saturadas de la infraestructura petrolera sin que ninguna autoridad provincial regule cómo afecta esto a la población. Frente a esa desidia estructural, el allanamiento puede recaba r más evidnecias y avanzar hacia terminar la impunidad actual sobre el entramado que sostiene el proyecto Vaca Muerta.
Desde AAdeAA, como parte querellante, vamos a seguir impulsando las medidas necesarias para que se esclarezcan los hechos, se identifiquen las responsabilidades y se garantice la reparación de los territorios y de las comunidades afectadas.
La contaminación petrolera no es un daño abstracto, ni puede seguir haciéndose en nombre de las divisas y el interés nacional. Las comunidades están afectadas en sus cuerpos y territorios y quienes las afectan deben responder ante la ley
Salud y enfermedad son parte de un proceso social complejo. Los daños en salud asociados al metano no son “accidentes” inevitables, sino consecuencias estructurales de una forma de desarrollo que privilegia la rentabilidad sobre la sustentabilidad socioambiental.
El metano actúa como precursor del ozono troposférico, constituyendo un contaminante atmosférico con efectos adversos comprobados sobre la salud respiratoria, cardiovascular, reproductiva entre otros. La exposición al ozono troposférico se asocia a aumento de mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares, exacerbaciones de asma y EPOC, y mayor vulnerabilidad en niños, personas mayores y poblaciones con enfermedades de base. Asimismo, se han documentado alteraciones en la fertilidad masculina y femenina, y efectos negativos en el desarrollo fetal.
Los estudios epidemiológicos en Estados Unidos y Canadá han evidenciado un aumento del riesgo de un tipo de leucemia en comunidades ubicadas en cercanía de pozos de fracking, así como posibles incrementos en linfomas y otros cánceres hematológicos. También se han descrito alteraciones endocrinas, disrupciones reproductivas, entre otras.
En este contexto, la combinación de incertidumbre científica, exposición múltiple a contaminantes y proximidad entre pozos y comunidades plantea la necesidad de adoptar medidas regulatorias preventivas. La falta de datos oficiales accesibles y la magnitud de la exposición comunitaria hacen imperativa la aplicación del principio precautorio y las evaluaciones de riesgo integrales en territorios afectados por fracking.
El día de hoy se realizó la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para tratar el llamado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas pedimos su impugnación y rechazamos el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná.
A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación —información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión—, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial advertimos desde el primer día que esta audiencia era ilegítima:
No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido.
Las obras de dragado ya están en curso
No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos.
La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú.
Lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida.
En la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo y defiende con fuerza:al río:
Como fuente de agua potable para millones.
Como corredor de biodiversidad y soporte de humedales.
Como territorio habitado por comunidades que resisten.
Como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad.
La audiencia, lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla.
A esta altura, el Gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente.
El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciamos penalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia convocada. La misma está prevista para el 3 de noviembre de 2025 y busca convalidar un nuevo salto en el proceso de profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT).
Lo que está en juego para nuestro país es crucial: el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, sin intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva.
El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Es apenas un informe fragmentario de “gestión ambiental” sobre hechos consumados. Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa. Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista que está destruyendo el río y desmantelando el control democrático sobre su gestión.
El daño es profundo: esta intervención busca modificar de forma definitiva los humedales y el cauce del Paraná, transformándolo en un canal exclusivamente al servicio de las corporaciones exportadoras, sin vida, sin control y sin retorno, desertificando el sistema de humedales, sus diversidades y culturas.
Además de impugnar su legalidad, hacemos un llamado urgente y masivo a la participación ciudadana. Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción y queremos que más personas y organizaciones lo hagan. La inscripción cierra el viernes 31 de octubre a las 23:59.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el dia 22 de octubre y se encuentra en curso de investigación por las graves irregularidades administrativas y las sospechas de corrupción. Invitamos a todas las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, académicas y territoriales a inscribirse, a hacer oír su voz y a sumarse a esta convocatoria. Porque lo que se está decidiendo no es un trámite burocrático administrativo más: es el futuro del Paraná como ecosistema vivo o como zanja para el saqueo.
No hay democracia ambiental sin información, sin estudios y sin participación. Sin río, no hay salud. Sin controles, no hay derechos.
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció el miércoles 22 de octubre una fuga de hidrocarburos a partir de la explosión de un ducto de la empresa Pan American Energy (PAE) en el área petrolera conocida como Lindero Atravesado, que se encuentra a orillas del lago Mari Menuco.
Esta fuga de hidrocarburos “creó una nube tóxica que se veía desde las comunidades mapuche aledañas y que claramente contaminó la orilla del lago”, alertaron desde la Confederación.
Estos desastres ambientales, con graves impactos tanto en los ecosistemas como en la salud de las comunidades cercanas, no son accidentes aislados, sino una consecuencia ineludible de la actividad hidrocarburífera extractiva –tanto convencional como no convencional–. Entre 2015 y marzo de 2022, se registraron 9,242 incidentes, muchos de los cuales incluyen derrames de petróleo, contaminación del agua y gases de efecto invernadero altamente peligrosos. En este contexto, la técnica de fracturación hidráulica –conocida como fracking– no solo intensifica los riesgos, sino que lo hace a un ritmo alarmante: entre enero y septiembre de este año se realizaron 18.263 etapas de fractura, un aumento significativo respecto de las 14.722 registradas en 2023.
A esto se suma la falta de control y transparencia en la información sobre la magnitud real de los daños, como quedó demostrado en desastres anteriores, donde las empresas reportaron afectaciones mínimas o inexistentes de las superficies contaminadas, lo que resulta inverosímil dada la envergadura de los derrames.
El lago Mari Menuco es un embalse que, junto a Los Barreales, regula el caudal del río Neuquén, genera energía y brinda agua a las poblaciones y actividades productivas de la región. Es una de las principales fuentes de agua potable de la Patagonia norte. Los Barreales abastece el acueducto que provee a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, mientras que el Mari Menuco suministra agua a Neuquén capital, Centenario y, con la ampliación de la planta potabilizadora, también a Plottier y Vista Alegre.
En febrero de este año el gobierno de Rolando Figueroa le extendió la concesión de Lindero Atravesado a PAE a través del decreto N° 228/2025, que autoriza a la empresa a realizar fracturas en el entorno del lago hasta el año 2060. Además, el decreto N° 276/2025, habilitó el fracking en La Angostura Sur I y II, incluyendo el istmo de los embalses Mari Menuco y Los Barreales, y prevé más de 500 pozos en esa frágil zona.
La extracción de hidrocarburos en estos territorios pone en riesgo una fuente de agua potable vital para más de 600 mil personas. La explosión y fuga del pasado 22 de octubre es una muestra más de está situación. Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por este nuevo desastre ambiental y reiteramos el reclamo por el cierre de todas las actividades extractivas en la zona.
Firma:
Campaña “Salvemos el Mari Menuco”
Acompañan:
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Observatorio Petrolero Sur
Confederación Mapuche de Neuquén
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
Tierra para Vivir – Marabunta
Izquierda Socialista – Ambiente en Lucha – FITU
Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha – Neuquén
Alerta Roja Ambiental / PTS – FITU
Red Ecosocialista – MST en el FITU
Colectiva Feminista La Revuelta
Multisectorial Golfo San Matías
APDH Neuquén
Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones
Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS
Ambiente en Lucha de Tierra del Fuego, AeIAS
Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande
Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa
Asamblea por un Mar Libre de petroleras Uruguay
APDH EL BOLSON
ASAMBLEA MULTISECTORIAL de Cipolletti. Río Negro
RED de DDHH de CIPOLLETTI
Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn
Comunidad Katrawletuain, Rawson, Chubut
Lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa, Chubut
APDH ESQUEL TREVELIN
APDH Tucumán
Coordinadora Socioambiental Bahia Blanca
Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata
Observatorio de Sismicidad Inducida
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones
Red de Comunidades Costeras
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
La Revuelta Comunicacion, Mar del Plata
Asociación Mane’kenk
APCA Neuquen
FASE Espírito Santo
ANAFAE Honduras
CEDIB, Bolivia
Más datos sobre desastres ambientales de la industria petrolera:
Durante el año 2021 ocurrieron al menos 2049 incidentes ambientales. Un promedio de 5,6 por día, más del doble de los que constan para 2017, cuando el promedio diario era de 2,8 (información extraída a partir de los datos oficiales de incidentes ambientales declarados por empresas operadoras de la Dirección Provincial de Gestión de Situaciones Ambientales y Residuos Especiales).
Entre los principales desastres ambientales de los últimos años se encuentran el del yacimiento Bandurria Sur, del 19 de octubre de 2018, operado por YPF S.A. y Schlumberger, que afectó entre 47,6 (según la empresa) y 80 hectáreas (según Greenpeace y FARN), y por el cual fueron succionados 4076 m³ de hidrocarburos y removidos 22.529 m³ de suelo contaminado; y el incendio en Pozo Loma la Lata Oeste, el 15 de septiembre de 2019, con llamas de 30 metros cerca del lago Los Barreales, controladas en un mes por Wild Well Control.
A esta accidentalidad propia de la industria petrolera se le debe sumar los más de 500 sismos producidos en la zona desde el 2019 por el fracking, de acuerdo a la información producida por el Observatorio de Sismicidad Inducida. Esta actividad sísmica afecta a las comunidades y poblaciones cercadas, en particular a las localidad de Sauzal Bonito y Añelo, con daños materiales, impactos en la salud y seguridad.
Sam Altman, uno de los creadores del ChatGPT, anunció una revolución tecnológica en Argentina, con un nuevo megacentro de datos en la Patagonia. De concretarse, nuestro paisaje se convertiría en zona de sacrificio. Territorio, energías y aguas cedidas a cambio de una inversión que el gobierno de Milei intenta capitalizar en dólares y credibilidad en campaña electoral. ¿Stargate es una promesa vacía? ¿Un sueño digital de ciencia ficción? ¿O la nueva cara del colonialismo de los tecnoricos en el Sur global?
Sam Altman es uno de los creadores de la marca ChatGPT. Mira a cámara con los ojos tan abiertos como puede, delante de un pequeño escaparate iluminado por LEDs tenues y cuidadosamente arreglado para el anuncio institucional que está haciendo. Promete una revolución tecnológica sumando a Argentina a su proyecto llamado “Stargate”. En el anuncio elogia a Milei y al pequeño fondo que será su socio local en la instalación de un megacentro de datos en la Patagonia, que podrá usar hasta 500 MW y que requerirá una inversión publicitada de hasta US$ 20–25 mil millones. Detrás suyo se ve una serie de libros. El más legible es Anthem, la novela corta de Ayn Rand, en la cual imagina el futuro más distópico que los techbros y libertarios pueden concebir: uno en que el colectivismo ha triunfado completamente y la intervención estatal es total. En su historia, cualquier forma de la individualidad es ilegal y no hay forma del pronombre “yo”, solo hay “nosotros”. La cara de Sam Altman parece retocada. Como las cuentas de OpenAI y Altman no hacen eco del anuncio, en twitter la gente duda de si es un video real o si está hecho con IA.
Demian Reidel llora. Vuelve a apretar play y vuelve a llorar. Ve el anuncio varias veces, y una y otra vez, se vuelve a emocionar. El actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, compañía estatal a cargo de las centrales nucleares locales, es físico egresado del Instituto Balseiro. Los dos años que se desempeñó como asesor presidencial de Javier Milei impulsó esta agenda. Es su primer hito de gestión, y viene de la mano de uno de los magnates estrella de Silicon Valley. Acaba de lograr una pequeña victoria en la agenda que impulsa hace dos años: convertir a la Patagonia en un nodo regional de datacenters. O sea, entregar la mayor cantidad posible de territorio, energía y aguas disponibles a nivel nacional para que grandes centros de procesamientos de datos se instalen en nuestro país. El sueño es lejano, fantasioso e irreal. Incluye una ciudad nuclear, con reactores alimentando el complejo. Pero Reidel logró una carta de intención y un anuncio de Altman en persona. Es el primer resultado que el gobierno de La Libertad Avanza logra a pesar de todos sus viajes, reuniones y declaraciones de alineamiento con los magnates del sector.
La compañía de Altman se ha convertido rápidamente en uno de los gigantes tecnológicos. Este año, la creadora de ChatGPT lanzó, en alianzas con otras empresas del sector, el proyecto Stargate. Un despliegue a nivel global de datacenters que representa un incremento en su capacidad de procesamiento de datos, específicamente orientados a estar a la altura de la demanda que la inteligencia artificial genera. Esta demanda no solamente es en poder de cómputo y procesamiento, sino que también ha empujado la utilización de energética e hídrica de la infraestructura digital. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumieron el 1.5% de la electricidad mundial en 2024 y se espera que esa cifra se duplique para 2030. Las incertidumbres sobre cómo, y sí estos cambios pueden darse al ritmo esperado son enormes.
Los anuncios oficiales se refieren a enormes cantidades de “energía renovable, líneas de alta tensión, fibra óptica y acceso a agua fría”. Pero hablar de semejante disponibilidad de agua en una zona de estrés hídrico tiene implícito una noción fundamentalmente violenta: si la garantía es que habrá agua para enfriar servidores ¿qué pasará con las personas? ¿Y con el resto de actividades humanas, agrarias, productivas que dependen de una manera u otra de la disponibilidad del agua? Una investigación de Bloomberg reveló que a nivel global los datacenters ya consumen 560 mil millones de litros de agua, y que dos tercios de los centros de datos son construidos en zonas de estrés hídrico.
Lejos de un sueño digital de ciencia ficción, los enormes galpones con miles de filas de servidores (al fin y al cabo la vieja CPU, pero optimizada) poco beneficio dan a las poblaciones cercanas o regionales. Si bien durante la etapa de construcción se requieren algunos empleos, la mano de obra que insume un centro de datos de estas características es escasa. La lógica del sector intenta realizar la mayor cantidad de operaciones de forma remota, por lo cual dependiendo del nivel de automatización la cantidad de empleo estable puede variar entre 50 y 150 personas. Por otro lado, la producción de insumos necesarios está localizada en Asia y la transferencia tecnológica y formación de técnicos nacionales es casi nula en este tipo de centros de datos. Es más lo que requieren del territorio que lo que dejan.
¿Y qué pasa con toda esta energía? Se procesan enormes cantidades de datos y bits. Operaciones matemáticas complejas, en fracciones de un nanosegundo, que atraviesan placas de sílice, arena y minerales que mentes brillantes de la humanidad supieron refinar y optimizar en la suma del conocimiento técnico. De todo ese pequeño aleph de potencia, finalmente sale exportado el video de un perrito, una receta de avocado toast, o el meme de un presidente de extrema derecha. De toda esa potencia, de toda esa energía concentrada, los circuitos se sobre calientan y es para la refrigeración necesaria que se utilizan volúmenes de agua realmente masivos. Agua que se usa para bajar la temperatura a la cual llegan los procesadores después de ser atravesados por toda la actividad digital.
Fue durante la última tendencia global de imitar a Studio Ghibli que OpenAI chocó con su capacidad de operación. Comenzó a rechazar peticiones para evitar que “se derritan los chips”, ya que había récord de usuarios solicitando copiar el estilo que el estudio japonés supo construir con los años. En simultáneo, OpenAI lanzó Sora, una aplicación destinada a crear una red social exclusivamente utilizada para videos generados por IA. La empresa espera competir así con TikTok y Meta, que ya había anunciado que en Facebook se permitió que los bots controlados por IA interactúen entre ellos. La tendencia es avanzar hacia más feeds, más contenido, más remix. Niveles cada vez más altos y acelerados de recombinación de elementos existentes para derivar en destellos de atención.
Estos centros de datos utilizan en todo el mundo miles de millones de litros al año, y generan enormes tensiones sociales allí donde se instalan. La otra red que atraviesa la Patagonia está hecha de cuencas y ríos. Ríos andinos muchos, que bajan desde los glaciares y van hasta el mar, garantizando la vida a lo largo de su recorrido. Estas cuencas de bajo estrés incluyen ríos que en los últimos años han tenido bajantes históricas y ciudades que compiten por caudales. El confuso anuncio del proyecto Stargate no aclara ni menciona el origen del agua, la energía o dónde se posicionará. Nada sabemos de concesiones hídricas existentes, o si el agua será la misma que usan las personas y poblaciones de la Patagonia. Cuando la nube deja de ser digital, se puede llevar el agua de nuestros ríos y glaciares.
Esta tensión no es solamente propia de nuestro país. Las ciudades de Estados Unidos donde están alojados un cuarto de los servidores del mundo enfrentan las mismas tensiones. En Los Dalles, Oregon, las comunidades llevaron a Google a tribunales para que revelara cuánta agua estaba usando. Algo similar pasó a nuestros vecinos de Uruguay: allí Google quiso instalarse durante la peor crisis hídrica de los últimos 74 años. Mientras las personas tenían que comprar bidones de agua mineral para no beber agua de baja calidad y salinizada, el propio Ministerio de Ambiente admitió que el proyecto de Google iba a insumir 7,6 millones de litros por día, aproximadamente el consumo de 202.898 hogares.
La investigadora Yawei Zhao acaba de estudiar lo que llamó “la frontera digital urbana”. Provincias empobrecidas de China que recibieron repentinamente centros de datos que cambiaron las dinámicas locales y el comportamiento urbano. Energía barata y tierras subsidiadas que abrían las puertas a nodos que reproducen desigualdades socioambientales donde se instalaron. Nuevas versiones de viejas dinámicas, en las cuales las poblaciones de centros urbanos se benefician de los costos ambientales que son sacrificados en áreas rurales. Zhao identifica que los lugares donde se instalan estos centros de datos se convierten en “vehículos metabólicos” para la infraestructura digital.
Esto se da mientras el actual gobierno se encuentra en pleno desguace del Estado. A medida que la estructura de instituciones que otorgaba algún tipo de regulación se demuele, hay una creciente privatización del agua de hecho. Concesiones laxas, privatizaciones, permisos y otras regresiones ambientales de importancia. Las tensiones sobre el uso del agua no se resuelven o gestionan, sino que se tercerizan hacia el mejor comprador. Reducir al mínimo la cantidad de resistencia social, política y regulatoria para privatizar la mayor cantidad de agua de hecho.
El video publicado por Altman para anunciar el proyecto menciona como socio local a la compañía Sur Energy. El fondo, descrito por Altman como empresa líder en el sector energético, no tiene proyectos de energía vigentes ni conocidos en el futuro. El “joint venture con un cloud developer” no tiene historial o experiencia en la construcción u operación de proyectos energéticos o informáticos de esta magnitud. De hecho al momento del anuncio, periodistas ya habían descubierto que la empresa no tiene ni página web, ni cuenta de Linkedin.
Aún así el anuncio contempla dos fases de construcción e implementación de entre uno y dos años, para un proyecto de 100 MW. El despliegue de infraestructura para así incluiría líneas de alta tensión, subestaciones, transformadores o torres de enfriamiento. A su vez, obra civil especializada y puesta en marcha de alta complejidad en cada etapa. El sector de los datacenters ni siquiera cuenta con un marco regulatorio para la actividad. Los plazos californianos parecen tener poco realismo local.
Una palabra clave en todo esto parece ser “hasta”. Anunciar una inversión de hasta veinticinco mil millones de dólares permite hacer crecer las acciones de OpenAI y la credibilidad en un gobierno en crisis sobre su capacidad de atraer inversión extranjera. La promesa que hace dos años Reidel mantiene sobre una Patagonia digital parece tener al menos un mínimo producto viable. La probabilidad es que menos sea “una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina” sino sea una promesa vacía para generar valor accionario por un lado y porotos electorales por el otro. Los memoriosos recordarán anuncios similares, como las megainversiones en hidrógeno verde en la Patagonia.
Dentro del ámbito de la especulación digital también recuerda más a 2022, una granja de bitcoin prometió prosperidad y criptoriquezas a la ciudad de Zapala. El proyecto, a cargo de FMI Minecraft Mining, iba a funcionar con energía del megaproyecto de fracking Vaca Muerta. Mientras quienes viven en la zona continúan sin tener energías seguras en sus hogares, 1000 MW de energía iban a ser utilizados. El proyecto nunca se llevó a cabo y no hay evidencias públicas ni anuncios que expliquen el destino del proyecto.
A pesar de lo poco realista del proyecto, la realidad es que esto puede sentar un precedente peligroso en el desembarco de emprendimientos de enorme consumo hídrico en zonas donde el agua no abunda. La probable tensión social que un proyecto de estas características en la Patagonia, el costo hídrico y energético que debería asumir estructuras tan complejas.
El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aparece como factor clave en esta ofensiva. Es el andamiaje legislativo y jurídico que garantiza a estas inversiones que las tensiones en torno al agua serán resueltas hacia su lado. De acuerdo a investigaciones del Observatorio del RIGI, el mismo estructura una arquitectura legal que no sólo otorga enormes exenciones fiscales, financieras y soberanas, sino que también elimina cualquier tipo de regulación que limite, desde una perspectiva ambiental, el acceso al agua que pueden tener estos proyectos netamente extractivos. En ese sentido, el RIGI también considera insumos esenciales para los proyectos como “no susceptibles a restricciones regulatorias previas”. O sea declara al agua, la energía el transporte o el procesamiento como más allá de otras leyes o normativas.
Esto se combina con los ataques directos y frontales a las instituciones estatales que daban asesoramiento técnico y político sobre la gestión del agua. El ataque frontal contra la Ley de Glaciares, el desguace del Instituto Nacional del Agua, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, de ACUMAR, o las intenciones de privatizar AySA, la nueva licitación para las represas hidroeléctricas estatales y la nueva licitación para el control del Río Paraná, se combinan con la criminalización de la protesta y de quienes defienden al agua y al ambiente en este contexto.
Mientras tanto, a nivel local, hay más preguntas que certezas. La fuente hídrica, el caudal concesionado, la estacionalidad, los vertidos y las salmueras derivadas— bajo criterios posibles de “cero agua” y su alto costo energético derivado. Si efectivamente habrá trazabilidad para garantizar el origen renovable de la energía o si se le irá bajando el compromiso ambiental a medida que avance el tiempo, así como la capacidad real de la red o el almacenamiento posible. Que incorpore límites por sequía y priorización de usos; y, finalmente, una revisión sobre la soberanía de los datos cuando el datacenter y la plataforma operan bajo control transnacional.
Mientras las grandes empresas tecnológicas vuelven a prometer futuros de abundancia, los límites naturales y terrestres parecen volver a traerlos a la realidad. Su creciente interés en la minería del fondo marino, o en el sueño de la minería espacial, responde a una disputa por la materialidad que sostiene al mundo digital. Su alineamiento con la extrema derecha estadounidense, y ahora también argentina, es también una declaración sobre sus intenciones sobre los bienes naturales y de vida, de los cuales depende la industria, pero también la humanidad. Los tecnocapitalistas no son negacionistas de los límites terrestres y planetarios. El negacionismo climático y ecológico es una estrategia discursiva y política para avanzar en la privatización de cada vez más áreas de la vida y del sistema tierra. Pretenden avanzar sobre el control de los bienes vitales y materiales. En ese sentido no buscan frenar la crisis climática, sino gobernarla y gestionarla a su favor.
Lejos de ser inmaterial y etérea, la inteligencia artificial y la nube intervienen de forma cada vez más directa sobre nuestro mundo. En el libro The Age of AI, el mismísimo Kissinger proponía como estrategia posible saturar la red de desinformación y contenido basura, a tal punto que fuera indistinguible para una persona promedio orientarse sobre qué es real y qué no. Y que las IAs pueden convertirse en el único mediador, que defina y distinga para nosotros lo real, y por ende en herramientas de poder.
Entonces ¿cómo gestionar la tensión? La oferta de tercerizar trabajo cognitivo en una sociedad hiperdemandada es más que tentadora, y con argumentos morales y éticos no alcanzará para entablar una discusión real. Pero no deja de ser necesario eximirnos de un mediador que confiesa su instrumentalización política y su alineamiento con las fuerzas de la extrema derecha global. ¿Qué nociones de agua, de ecología o de vida puede llegar a reproducir un software programado por gente que piensa como Altman o Reidel?
En contextos de sequía, y con cada vez más inestabilidad climática, hay potencia en pensar otras formas del agua. Encontrar y conectar con patrones de lo hídrico para más allá de lo instrumental. Que construyan nuevas institucionalidades, pero que también renueven las formas sociales de gestión y diálogo con nuestras cuencas. Incorporar entonces el pensamiento hídrico, la visión de cuenca, la escucha de nuestros glaciares, que hablan desde el pasado, en movimientos y ritmos de la inmanencia, y sostienen la trama de la vida en la Patagonia. Para recomponer nuestro vínculo con lo hídrico, para potenciar culturas marítimas y ribereñas, pero que puedan desbloquear otras posibilidades del porvenir y de futuros ecológicos para nuestro país.
En la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra en tratamiento el Proyecto de Ley 5621-D-2025, que pretende establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de agrotóxicos, este proyecto de ley es una muestra clara de cómo los intereses del agronegocio se imponen sobre la salud de la población, la integridad de los ecosistemas y los derechos de las comunidades afectadas. Bajo la apariencia de regular y ordenar el uso de estos venenos, esta iniciativa busca legalizar la exposición sistemática de las personas y los territorios a sustancias altamente tóxicas, ignorando de manera flagrante la evidencia científica, las alertas de salud pública acumuladas durante décadas y sin dudas incumple el mandato constitucional de preservar el ambiente sano y equilibrado.
La propuesta legislativa es criminal, no hay otra forma de calificarla, dado que el proyecto en cuestión autoriza la aplicación de venenos a 10 metros de áreas urbanas, centros poblados, grupos de viviendas permanentes, viviendas donde habiten trabajadores rurales y sus familias, establecimientos educativos, sanitarios, cuerpos de agua, sus márgenes, pozos para extracción de agua potable, en definitiva permite pulverizar agroquímicos a 10 metros de zonas sensibles, es decir de zonas de donde debería alejarse a distancia precautoria toda aplicación de estas sustancias por su alto potencial tóxico.El autor de este proyecto es el diputado Atilio Benedetti, un fiel representante del agronegocio: productor agropecuario, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y con un largo historial de cargos en la Bolsa de Cereales y en centros de acopiadores de Entre Ríos. Benedetti impulsa una ley que beneficia directamente al sector que representa, incluyendo la agroindustria y las empresas exportadoras de granos. Su posición política y económica evidencia que el proyecto no surge de una preocupación por la salud ni por la protección del ambiente, sino como un instrumento para consolidar la impunidad del agronegocio frente a los daños que provoca.
El proyecto de Benedetti se presenta como una ley de presupuestos mínimos, pero en realidad constituye un instrumento regresivo que normaliza el envenenamiento sistemático de personas y ecosistemas. Ignora cientos de leyes provinciales, ordenanzas locales y fallos judiciales que ya habían establecido límites concretos al uso de agrotóxicos, y pretende sustituir estos estándares de protección por normas mínimas que favorecen a la industria, exponiendo a toda la población a riesgos inaceptables. No se trata de una ley de protección ambiental, sino de una ley de impunidad corporativa.
Es útil contrastar esta iniciativa con lo que habría sido una verdadera ley de presupuestos mínimos: el proyecto impulsado por Fernando “Pino” Solanas, diseñado con criterios ambientales, científicos y de justicia social. Ese proyecto reconocía que la protección de la salud y el ambiente no puede ser negociable y establecía reglas estrictas para la aplicación de agrotóxicos, garantizando zonas de resguardo amplias, prohibición de pulverizaciones aéreas, monitoreo ambiental obligatorio y mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa de Solanas apuntaba a prevenir daños antes de que ocurran, cumpliendo con los principios de precaución y no regresión ambiental, y constituyendo un verdadero marco de protección mínimo acorde con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ese era un proyecto que defendía la vida, la biodiversidad y los territorios; el de Benedetti, en cambio, favorece la impunidad y blinda las ganancias corporativas a costa de la población y los ecosistemas.
Argentina es hoy el país con mayor aplicación per cápita de agrotóxicos en el mundo, con más de 700 millones de litros aplicados por año, una cifra que sigue en ascenso. El modelo productivo del agronegocio, basado en soja transgénica, maíz y otros cultivos para exportación, genera concentración de tierras, desplazamiento de campesinos y campesinas, dependencia de insumos químicos y un efecto devastador sobre la salud de las comunidades rurales y urbanas. Las fumigaciones afectan la ruralidad, con escuelas pulverizadas, familias intoxicadas y territorios convertidos en zonas de riesgo sanitario, pero también la urbanidad, ya que estos venenos llegan a nuestras mesas a través de los alimentos que consumimos. Esta situación constituye una violación directa del derecho a la salud, a la alimentación segura y al ambiente sano, derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
Los impactos sobre la salud están ampliamente documentados. Investigaciones del Dr. Andrés Carrasco, del Dr. Damián Marino y del equipo del INSSA de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras, muestran que la exposición a estos venenos aumenta la incidencia de malformaciones congénitas, abortos espontáneos, alteraciones hormonales, cánceres sólidos y hematológicos, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, y déficits en el neurodesarrollo de niños y niñas. Los grupos más vulnerables, especialmente infancias y adolescentes, sufren consecuencias irreversibles: déficits de atención, hiperactividad, trastornos de aprendizaje y autismo. Reducir drásticamente las distancias de seguridad como propone el proyecto 5621-D-2025 implica exponer directamente a estos grupos, en violación de los principios de prevención y precaución, que tienen jerarquía constitucional.
Los impactos ecológicos son igualmente graves. Las cuencas hidrográficas presentan sedimentos contaminados, afectando la calidad del agua y la fauna acuática. Numerosos estudios evidencian la mortalidad de peces como el sábalo y otras especies en ríos del Paraná, Salado y otros afluentes, así como alteraciones en ecosistemas terrestres y pérdida de biodiversidad. Los agrotóxicos se dispersan por aire, agua y suelo, convirtiéndose en un problema sistémico que amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas y la vida misma.
La jurisprudencia argentina ha establecido precedentes claros en defensa de la salud y del ambiente. Casos emblemáticos como San Jorge, Sastre y Ortiz, y Piamonte (Pcia de Santa Fe), fijaron zonas buffer de hasta 1.000 metros para fumigaciones terrestres y acreditaron mediante evidencia científica la relación entre la exposición a estos venenos y los daños a la salud y al ambiente. Ignorar estos fallos, como hace el proyecto del diputado Benedetti, constituye un retroceso jurídico, sanitario, ambiental y un incumplimiento de los estándares de protección de normativa internacional que el Estado tiene la obligación de garantizar.
El proyecto refleja un negacionismo ecológico y científico alarmante. Niega décadas de evidencia sobre los efectos negativos de los agrotóxicos, ignora recomendaciones internacionales y locales, y reduce de manera arbitraria los mecanismos de protección de la salud y el ambiente. La inclusión de drones en las prácticas de pulverización agrava aún más los riesgos, haciendo incontrolable la deriva de los venenos y ampliando la exposición de personas y ecosistemas a niveles intolerables. Frente a este escenario, la única verdadera buena práctica agrícola es el NO uso de venenos.
La agroecología, la permacultura y otros sistemas de producción sustentable ofrecen alternativas reales y verificables, basadas en la reducción de insumos tóxicos, la diversificación de cultivos, la conservación del suelo y la soberanía alimentaria. Estas prácticas no solo protegen la salud humana y la biodiversidad, sino que fortalecen la resiliencia de los territorios y la justicia socioambiental. Experiencias locales y regionales en Argentina y América Latina demuestran que es posible producir alimentos seguros, sanos y de cercanía sin depender de venenos químicos, contribuyendo a la construcción de comunidades sostenibles y equitativas.
Por todo esto, el Proyecto de Ley 5621-D-2025, lejos de ser una herramienta para proteger al ambiente del uso de estos venenos, constituye en realidad un instrumento de impunidad para el agronegocio, su único y verdadero objetivo es reducir a la mínima expresión la distancia de precaución llevándola a tan solo a 10 metros las fumigaciones terrestres y 45 metros las aéreas intentando legalizar la exposición de personas y ecosistemas a sustancias altamente tóxicas, ignora la evidencia científica, desoye la jurisprudencia y vulnera derechos constitucionales fundamentales.Debemos recordar que la ciencia determinó que recién a los 1095 metros se alcanza una distancia precautoria para reducir los efectos perjudiciales de los plaguicidas, sin embargo el proyecto en cuestión, sin el más mínimo fundamento científico, pretende llevarlo a la distancia irrisoria de 10 metros. También es ineludible considerar otro dato central: nuestros ríos y sus lagunas se encuentran masivamente contaminados con plaguicidas, así lo determinan numerosos trabajos científicos y, recientemente, fue expresamente reconocido por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, también el Instituto Nacional del Agua cuenta con informes que alertan sobre la presencia de plaguicidas en agua y en el ámbito regional, la Comisión Administradora del Río Uruguay en su informe sobre “Residuos de Contaminantes en Peces del Río Uruguay – 2021”, detectó plaguicidas en el tejido muscular de peces (boga, dorado, surubí y sábalo). Sin embargo el proyecto de ley con sus distancias absurdas de protección -10 metros- ignora esa información científica que publica el propio Estado y así, en caso de aprobarse, habilitará a profundizar el enorme daño ambiental que estas sustancias causan en nuestros ríos y en la salud pública.
Es imperativo que nuestros legisladores rechacen este proyecto. El camino correcto es establecer regulaciones que reduzcan progresivamente el uso de agrotóxicos, promoviendo la transición hacia sistemas agroecológicos que fortalezcan la soberanía alimentaria y garanticen la salud y el bienestar de las comunidades.
Desde nuestra experiencia como abogados ambientalistas de pueblos fumigados, exigimos a nuestros legisladores el rechazo absoluto del proyecto 5621-D-2025 y la apertura de un debate genuino sobre el modelo agroalimentario que queremos para nuestro país. Se trata de garantizar una legislación que respete la salud pública, la integridad de los ecosistemas y los derechos de las comunidades, fundada en evidencia científica y principios constitucionales. En el marco de un contexto político caracterizado por graves retrocesos ecosociales (ver primer informe de regresiones ambientales 2024-2025), es inaceptable que se intente disfrazar con el eufemismo de las “buenas prácticas” lo que no es otra cosa que la legalización del drama de los pueblos fumigados de nuestro país. No podemos permitir que los intereses corporativos conviertan en política pública la impunidad de un modelo productivo ecocida.
Basta del uso irresponsable, irrespetuoso, maltratador del río y sus diversidades culturales y biológicas.
El presidente Javier Milei y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, han anunciado la profundización del proceso de violación sistemático del río Paraná en el sur del sistema de humedales, nuestro Delta.
Lo que no deja de sorprender, es esta convocatoria con bombos y platillos a no dejar en paz el río, su valle de inundación y sus riberas de barrancas y selvas en galería, sus bosques, comunidades, pescadores, contextos turísticos y en especial, a sus poetas, en la crisis ambiental, hídrica y climática más espantosa conocida.
Llevamos más de cuatro años sin agua. Parece una broma de muy mal gusto, pero no lo es. El sistema de humedales y sus cuencas superiores están cambiando a un ritmo tremendo su régimen hidrológico. No está estudiado, absolutamente nada. Pero la lógica depredadora avanza sin vergüenza alguna.
En pocas palabras, aquí un detalle institucional y amoroso, básico de parte de la estructura jurídica que se incumple:
Se viola la Constitución de la Provincia reformada que pone foco en la protección del sistema de humedales, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya distinguió maravillosamente, en la histórica sentencia del barrio Amarras en la cuenca del Gualeguaychú.
Se viola la Ley de Libertad de los Ríos. Nada se hace de estos mega proyectos delirantes, sin ratificación de la legislatura provincial y con la Comisión por ella creada, funcionando sistemáticamente. Estamos en las antípodas en esta gestión de gobierno.
Se viola el Acuerdo Federal de conformación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas) y fundamentalmente se desconocen sus dos estudios científicos multidisciplinares más relevantes, Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica (2010/2014).
Pero lo que aún más no deja de sorprender, es que se anuncia la profundización del Paraná Guazú y el Paraná Bravos, sin ejercicio pleno de la democracia ambiental en sus herramientas de estudios de impacto ambiental y su evaluación independiente.
Pero más grave aún, es que manifiestan ignorancia total de la declaración en el corazón de nuestro sistema de humedales hace ya dieciocho años, del “Área Natural Protegida” de los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, incorporado al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas por medio de la histórica ley 9718, razón de ser fruto de una construcción social e institucional de la norma jurídica frente a los proyectos de diversas plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay.
Una intervención artificial como la que se anunció como el gran proyecto para Entre Ríos gracias a las fuerzas del cielo, necesita en razón de ser una área natural ultrasensible y legalmente protegida, de estudios de impactos socioambientales aún mucho más rigurosos, participativos y con los tiempos que la naturaleza impone, no los tiempos de unas pocas corporaciones del agronegocio de exportación.
Desconocer semejantes historias o negarlas como tanto niega la rigurosidad científica y académica el Presidente de la República, es desconocer la historia del pueblo de la tierra de los ríos libres y de su federalismo en su ADN.
Basta de degradar nuestros ríos. Somo humedal, somos ríos libres para pueblos libres, somo Entre Ríos.
La libertad de los pueblos originarios, la de Artigas, la de los organizadores del Estado Nación Federal, pero muy seriamente, no es la libertad de estas iniciativas privatizadoras de todo.
Hace unos meses parecía que algunos gobernadores se plantaban frente al poder central y unitario, con un supuesto Tratado de la Región Litoral. Están borrando desde Entre Ríos de la mala mano del gobierno central, de un plumazo cualquier contexto de ejercicio con convicción y compromiso del federalismo de concertación desde un lugar de poder federal comprometido y esperanzador.
Seguramente en estas horas, poetas, cantautores, escritores, escultores, artistas plásticos y seres anónimos, movimientos de derechos humanos, feministas y organizaciones ecologistas, estarán delineando una y mil estrategias para que el río no deje su ser en manos de semejantes intereses, que de soberanía de las aguas nuestras se trata, como de protección de los reinos de vida que habitan en estos sistemas. Al poder de turno no les importa, no les preocupa, vacío total.
En nuestra tierra los ríos se aman, no se explotan, son nuestros cuerpos, sus sentidos de vida, poesía, somos agua, humedal, Pachamama.
El río es río, no es mar.
Como nos recuerda el poeta: “Nuestra historia no se negocia, no se alquila, no se entrega. Porque la memoria entrerriana es río: avanza, erosiona, arrastra y renueva. Y como el río, no se arrodilla”.
Entre Ríos sí, entre canaletas No.
(*): Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija (Paraná, Entre Ríos).
