Archivos de categoría: Notas

Información de análisis desde una perspectiva socioambiental en torno a la coyuntura social y ambiental

RIGI: ORGANIZACIONES SANTAFESINAS SOLICITAN A LA LEGISLATURA PROVINCIAL RECHACEN LA ADHESIÓN

EXIGEN UNA AUDIENCIA PUBLICA PARA UN DEBATE DEMOCRATICO

Rosario 15 de Agosto 2024

El gobierno nacional avanza rápidamente, porque sabe que es su única herramienta, con la implementación de la Ley Bases y en particular del capítulo con respecto al Régimen de incentivo para las grandes inversiones . 

Por eso diferentes organizaciones de la sociedad civil, movimientos de trabajadores, pequeñas y medianas industrias, comerciantes, sectores académicos, educativos, científicos, sindicatos y organizaciones socioambientales nos unimos en el marco de las acciones plurinacionales del NO al RIGI. Por ello presentaremos este Jueves 15 de Agosto en la Legislatura de Santa Fe un nota solicitando a ambas cámaras que rechacen la adhesión a este régimen que solo beneficia a los grandes capitales, promoviendo la concentración de la renta y la riqueza en nuestra Provincia, destruyendo la economía local, las pequeñas y medianas industrias, y avanzando con la degradación ambiental en nuestro territorio.

Este régimen vulnera manifiestamente los derechos que la misma constitución nacional resguarda en términos ambientales y federales, mientras que al mismo tiempo no protege ni ampara de ninguna manera la producción económica local. 

Por estas razones vamos también a pedir una convocatoria a una audiencia pública para garantizar las voces de todos los espacios de la sociedad frente al avance unitario arrasador y que se discuta democráticamente y puertas abiertas en la legislatura provincial los negativos impactos sociales, ambientales, políticos y económicos del RIGI.

Queremos asegurar las leyes provinciales. 

Queremos una producción que respete las normas que ya existen. 

Queremos la no regresión ambiental, en un espacio que ya está amenazado y que no respeta las condiciones de vida de todos y todas. 

Queremos que el agua sea un derecho humanos de las comunidades y no un insumo de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales

Convocamos a una rueda de prensa el jueves 15 a las 11.30 hs en hall de ingreso de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para profundizar el petitorio elevado a los representantes parlamentarios.  

Firman

Asociación Civil Salud Socioambiental

Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas 

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Taller de Comunicación Ambiental

Multisectorial Humedales Rosario

Taller Ecologista

Asociación Civil Tramatierra – Biocolectivo por la Sustentabildad

Ciclo de Ecología Cultural Fontanarrosa

Centro de Protección de la Naturaleza (CeProNat)

Capibara 

Paren de Fumigarnos Santa Fe

El Paraná no se Toca 

Asociación Civil Inundación Nunca Más 

Red de Comunicadores del Mercosur – Santa Fe

STS Rosario

Vecin@s Autoconvocad@s la 18

Movimiento de Trabajadores Excluidos

Asociación Civil Amigos de la Reserva de Villa Gobernador Gálvez.

APYME – Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Delegación Rosario

AMSAFE Rosario

Sadop Rosario 

Sindicato de Empleados de Correos y Telecomunicaciones 

Asamblea por los Derechos Sociales

La Cultural de la Costa 

Asamblea Pueblo Esther por la Vida

Movimiento Regional en Defensa de los Humedales – Cordón Industrial

Biblioteca Popular Susana Llera de Funes

Ambientalistas de Baigorria

Proyecto Revuelta

CTA Santa Fe 

Eco Candioti Ltda

Sindicato de prensa Rosario

Asociación Civil Frente Barrial CTA Santa Fe

AMSAFE CTRA 

Federación de Trabajadores de la Energía, Industria y Servicios Afines

Federación de Cooperativas de Trabajo RED MAYO Limitada.

Programa de TV Onda Verde – Santa Fe

Asociación Civil Manos Vivas

Asociación Civil de Docentes de la UNL

CTA Autónoma Provincia de Santa Fe

Biblioteca Popular Amanecer – Arroyo Leyes

Centro de Jubilados y Pensionados 1º de Mayo – CTA

Asociación de Prensa Santa Fe

Vecinos Autoconvocados por la Vida y el Ambiente – Sastre / Maria Juan

Asociación Civil Pro Amas de Casa de la Provincia de Santa Fe

Cooperativa de Trabajo Germinar Ltda

Cooperativa de Trabajo La Comarca Ltda

Cooperativa de Trabajo Escuela de Pacientes Ltda

Cooperativa de Trabajo Aguara Ltda

Lxs Safinas Rosario

Aceiteros Rosario

Materia Salud Socioambiental

Instituto Salud Socioambiental

Salvemos los Humedales Villa Constitución 

Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales  para el Desarrollo Argentino 

SADOP Seccional Santa Fe 

HIJOS Rosario

Colectiva Ecofeminista La Verdecita

Cátedra del Agua UNR

Baigorria Verde

Programa Crónicas de Baigorria

Programa Lado V

Intersectorial Isla de los Mástiles

Los Bajos No Se Tocan

Comunidad mapuche urbana Rosario xavn inay leufv

Red ecosocialista 

Marcha Plurinacional de los Barbijos

COaD Docentes e Investigadores de la UNR

ATE Rosario 

Arte Por Libertad 

S.O.S. Caballos

AMURA

Asociación Civil Protegiendo Nuestros Árboles 

XR Rosario

Equipo Transiciones: Una coalición de organizaciones sociales y ambientales propone salidas a la crisis

Buenos Aires, 8 de agosto de 2024 – 

La crisis multidimensional que enfrenta nuestro mundo exige respuestas urgentes, profundas y radicales. En este contexto, el lanzamiento del Equipo Transiciones surge como una iniciativa audaz. Un equipo de equipos que viene a articular esfuerzos y trazar un camino hacia una Transición Ecosocial Justa en Argentina.  Busca dar respuestas urgentes y radicales que apuntan a una transformación general de la sociedad, y se orienten hacia un horizonte de sostenibilidad y de cuidado de la vida.

El Equipo Transiciones celebró con éxito su presentación pública el pasado 7 de agosto en el Auditorio de ATE, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A sala llena, se dio inicio a una serie de  propuestas y debates orientadas hacia la construcción de una Transición Ecosocial Justa en Argentina. Días previos al evento, se lanzó el documento “Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina”, en el cual se desarrollan más profundamente los temas y ejes del Equipo. Es la primera publicación de una serie de documentos complementarios en los cuales se desarrollan investigaciones conjuntas, hallazgos y propuestas para seguir en este proceso.

Vivimos una crisis multidimensional que requiere de narrativas transformadoras, pero sobre todo propuestas concretas de Transición Ecosocial Justa, a nivel multiescalar. Esto supone construir también una agenda de cambio desde y para la Argentina, desde una perspectiva holística, integral que abarque tanto la transición energética como la transición social productiva, alimentaria, laboral y urbana.

Es en esa coyuntura que nace en 2023 el Equipo Transiciones, como equipo de equipos. Un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos> el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.

La presentación, que contó con la moderación de la periodista Ana Cacopardo, contó con distintos desarrollos dimensionales. Maristella Svampa dio inicio a la jornada subrayando la urgencia de transformar el actual modelo de acumulación capitalista, señalando que “debemos cambiar el modelo de acumulación del capitalismo, el actual nos lleva al colapso ambiental”. Svampa también destacó la necesidad de avanzar hacia “un modelo que apunte a otro modo de habitar  el territorio”.

El economista Rubén Lo Vuolo enfocó su intervención sobre el Estado Ecosocial en la importancia de reorientar las políticas públicas con un enfoque preventivo. Afirmando que “tenemos que organizar las políticas públicas con un criterio preventivo, o lo que se llama en el debate actual políticas de prevención. Y esto lo tenemos que hacer en el contexto de un pacto intergeneracional.” Lo Vuolo enfatizó que “no hay lugar para ambiciones máximas en una sociedad del colapso climático. Las garantías deben ser universales, no se puede dejar librado al mercado. Tiene que ser política pública que ofrezca garantías. El ejemplo claro fue en la época de la pandemia”. Añadió, además, que “los principales responsables de lo que está pasando en el planeta son los grupos sociales opulentos”, y que “de lo único que no podemos escapar es de la crisis climática”.

En su intervención, el economista Francisco Cantamutto abordó la relación entre la deuda ecológica y la deuda externa, cuestionando “¿De dónde sale la deuda que atraviesa la mayor parte del sur global? Se utiliza en términos generales para generar una supuesta estabilidad macroeconómica, compensando desbalances que se van por otro lado. En otras palabras, fuga.” Cantamutto fue enfático al señalar que “no podemos separar los Derechos Humanos del derecho a estar en un ambiente sano”, y subrayó la importancia de realizar auditorías sobre la deuda y de “construir alianzas internacionales en ese sentido”.

El ingeniero Pablo Bertinat expuso sobre la necesidad de cuestionar el sistema energético actual, afirmando que “es necesario pensar en un diagnóstico sistémico, en lo que nos hace ruido y en lo que no estamos de acuerdo del sistema energético actual. No puede ser solo un cambio de fuentes. Debemos decir que no solo es un sistema energético fósil, sino fuertemente desigual y neoliberal.”

Corina Rodríguez Enríquez profundizó en la injusticia inherente a la organización social de los cuidados, argumentando que “la organización social de los cuidados es injusta porque está racializada, sentada en las dinámicas de las migraciones.” En su análisis, destacó que “para avanzar en estas estrategias el paradigma que se ha ido consolidando en la región es el de sistemas integrados de cuidado, y aquí es donde aparecen como centrales el Estado y las políticas públicas.” Rodríguez Enríquez también mencionó la necesidad de “ampliar la agenda de cuidados para reconocer el conflicto central del Capital-Vida,” y propuso “redefinir los cuidados desde la perspectiva que nos aportan los ecofeminismos en el concepto de Cuerpo-Tierra-Territorio.”

Finalmente, Cecilia Anigstein planteó un interrogante central en el contexto de la transición ecosocial: “¿Es posible una transición trabajo-intensiva con una reducción de la jornada laboral que ponga la tecnología al servicio de los derechos humanos y de la naturaleza?”

La presentación pública del Equipo Transiciones continuó el 8 de agosto, con una jornada de plenario y debate, donde diversas organizaciones sociales y ambientales se reunieron para avanzar en la construcción de una red de trabajo compartido. Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno de extrema derecha, hubo acuerdo en que es un momento para la discusión y construcción colectiva, para unir fuerzas y elaborar agendas comunes y radicales que permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.

Desde el Equipo Transiciones, reafirman su compromiso de seguir articulando esfuerzos para enfrentar la crisis múltiple que atraviesa nuestra sociedad. Las propuestas presentadas, junto con el documento “Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina” y los siguientes a publicarse, servirán de base para construir colectivamente un horizonte de justicia ecosocial en nuestro país.

¿Río Paraná o Hidrovía?

Existe una confusión cada vez más generalizada entre ambos términos, pero el Paraná, ese majestuoso río, es mucho más que un canal de navegación de grandes buques exportadores.

por Renata Nicora Chequín y Enrique Viale para elDiarioAr

https://www.eldiarioar.com/opinion/tribuna/rio-parana-hidrovia_129_11544286.html

El río Paraná y el río Paraguay son utilizados como un corredor fluvial de transporte que une los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Además, por allí sale hacia el mundo la mayor parte de la producción agroexportadora de granos y subproductos a través de puertos privados. Son venas de desangrado, donde la ausencia de control es la regla y mediante las cuales se saquean a los países de nuestra región. Es por ello que existe una confusión cada vez más generalizada de nombrar al río Paraná como “Hidrovía”. En nuestro país, a este término lo utilizan medios de comunicación, funcionarios, gobernadores y dirigentes de casi todas las fuerzas políticas. La confusión surge porque el nombre de la empresa que hace años tiene el manejo económico-fluvial del río es Hidrovía S.A., una sociedad integrada por la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa (ya retirada). Fue en la década menemista (año 1995) cuando el gobierno nacional le concedió las tareas de dragado y balizamiento del río y, desde entonces, cobra un peaje a las embarcaciones de ultramar que pasan por allí. En el año 2010, la concesión se renovó hasta abril de 2021, siendo hoy una gran oportunidad para que el Estado recupere algo de control sobre una de las cuencas más importantes de América Latina.

Pero en épocas donde manda el dios mercado, el Gobierno pretende licitar nuevamente el control de la navegabilidad del río, con un fuerte lobby de Eduardo Eurnekian y Mauricio Macri a favor del consorcio holandés Boskalis Dredging International. El plan del Gobierno también prevé la eliminación del “Consejo Federal de la Hidrovía”, creado en el 2020, y en el que estaban representadas las provincias ribereñas. Sumado a esto, este plan pretende transferir el manejo del proceso mencionado al Ministerio de Economía y quitársela a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, a quien el gobierno de Alberto Fernandez se lo había otorgado en el año 2021. Todo un procedimiento en el que no se prevén mecanismos de contralor estatal.

El Paraná es un río de vida 

En la reciente estrenada película “Por el Paraná” (di Risio & Gonzalez 2023) se retrata una travesía a lo largo del río y en la cual se evidencian las tensiones entre los proyectos exportadores globales, la naturaleza y las comunidades humanas que habitan una de las la cuencas hídricas más importante de Sudamérica.

Es que el Paraná, ese majestuoso río, es mucho más que un canal de navegación de grandes buques exportadores. Cualquier litoraleño lo sabe, en sus orillas sucede de todo: este complejísimo ecosistema es hogar, fuente de trabajo y recreación de las 12 millones de personas que viven en su cuenca. Grandes ciudades como Corrientes, Paraná, Rosario, Resistencia, entre muchas otras, tienen a este río como centro de sus vidas. No por casualidad el arte le ha dedicado tantas obras a este río: canciones, pinturas, poemas y cuentos. ¿Alguna vez viste un atardecer a su vera? ¿Alguna vez te adentraste en alguno de los bosques ribereños de sus afluentes, donde la naturaleza te toca y te transforma? Hacelo y vas a ver que el Paraná no es solo una vía fluvial para el transporte de materias primas.

Como seres sensibles a la diversidad de expresiones de la vida y atravesados por la magnitud de este caudal, estamos convencidos de la necesidad de conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional, a los efectos de un ejercicio de visión y gestión generalizada e integral, tal como el río se merece. Esto debe darse respetando su biodiversidad, mucho más allá de aquella mirada limitada y focalizada en una mera vía de circulación de mercaderías. Debemos entender nuestro impacto como seres humanos en la heterogeneidad de ambientes naturales que existen en una cuenca como la del Paraná. A lo largo de su recorrido encontramos distintas comunidades de bosques, pastizales y humedales que son utilizados por bacterias, animales y funga como fuente de alimento y refugio. En conjunto, las asociaciones de plantas y quienes las habitan, han evolucionado en relación directa con las variables ambientales locales como los regímenes de lluvia, temperatura, humedad y tipo de suelo, y contribuyen a crear las condiciones ambientales que nos favorecen como seres humanos y de las cuales hacemos uso.

Recientemente la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, el Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial y la Fundación la Hendija lanzaron el informe “Propuestas urgentes hacia la sanación del Delta Argentino. Un núcleo de propuestas para recuperar los ecosistemas afectados del Delta del Paraná tras las múltiples afectaciones recibidas en los últimos años, como los devastadores incendios, la bajante de la cuenca del Paraná o los procesos de pampeanización. El informe plantea una hoja de ruta en las políticas públicas necesarias y propuestas que buscan el desarrollo de una transición ecosocial destinada a lograr la restauración y recomposición integral del Delta, su sanación. La utilización del término sanación se asienta sobre la necesidad y urgencia de un tratamiento humilde, de igualación con los otros seres  que intentan aún habitar, sobrevivir, perdurar. 

El Paraná tiene derechos 

Con este contexto, el desafío del momento es abandonar la hegemónica idea de conquista, colonización y explotación de la Madre Tierra, en el marco de un cambio civilizatorio profundo que implique el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de carácter sociobiocéntrico. Es que el río Paraná (y sus afluentes) tiene derechos: el primero y fundamental es que se respete integralmente su existencia, funciones y procesos evolutivos. También, entre otros, a vivir libre de actividades y obras que alteren su capacidad de sostener y recomponer a los ciclos vitales y ecosistemas que de él dependen.

Y hay antecedentes en el mundo sobre esto:

Mediante la sentencia T-622 de 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección. Para ello, se le ordenó al gobierno nacional que eligiera un representante legal de los derechos del río. Y dijo: “En síntesis, sólo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista.”

Sobre la base de estos argumentos, la Corte colombiana no solo consideró los derechos fundamentales de las personas afectadas por las actividades de­sarrolladas en torno al río Atrato sino que también evaluó su propia vida, no en términos de explotación económica, sino en términos de su valor intrínseco. Anotemos también que en Colombia cinco ríos ya han adquirido derechos propios.

Otro fallo histórico de la Corte Suprema de Colombia data del 5 de abril de 2018 y reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos.

En Europa también hay antecedentes, el Senado español aprobó una ley histórica en septiembre de 2022: convirtió a la laguna del Mar Menor en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, al igual que las personas humanas o las empresas.

La necesidad de un ordenamiento ambiental de los territorios

La ausencia de ordenamiento ambiental de los territorios es una constante en nuestro país.

Los actuales ordenamientos territoriales que se realizan en gran parte de nuestro país nada tienen que ver con un enfoque del desarrollo territorial integral, que contemple tanto la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población como la sustentabilidad ambiental de los territorios. En realidad son los grandes intereses económicos los que terminan definiendo la normativa y perfil territorial en el país, a medida de sus incumbencias lucrativas.

Y todo ello está exacerbado en las provincias atravesadas por el Paraná. En Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, quien decide que se impone en los territorios son los sectores concentrados del agronegocio (agricultura y ganadería extensiva y forestales) y no el interés general a través de procesos participativos-vinculantes y en base a conocimientos científicos sobre los ecosistemas. La sistemática ausencia de un proceso verdaderamente participativo para el ordenamiento y diseño territorial, acorde con las leyes de la naturaleza lleva a pasivos socio-ambientales que paga toda la población con inundaciones, incendios, sequías, contaminación del aire, la tierra y cuerpos de agua, mortandad de animales, falta de acompañamiento de estado a las propuestas alternativas de producción, éxodo rural, etc.

Un ejemplo paradigmático de cómo los negocios son los que “ordenan” el territorio es el proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos envió recientemente a la Legislatura provincial que posibilitará la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora de Bienes. El Estado provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales del Delta entrerriano. El proyecto no otorga ningún tipo de excepciones por lo que podrían venderse para su transformación lo que provocaría un daño ecológico inimaginable. No podemos habilitar su mercantilización: el Delta, con todos sus bienes públicos, están fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debemos proteger sus esenciales funciones ecológicas y sociales, garantizando la conservación de este complejo sistema de humedales, considerando sus especiales funciones ecosistémicas y resguardando su integridad ecológica, la calidad del agua, biodiversidad y paisajes, así como sus valores culturales y los derechos de sus pobladores.

Por su parte, en la provincia de Corrientes, la industria forestal de especies exóticas (pino y eucalipto) ya superan las 500.000 hectáreas convirtiéndola en la provincia más forestada del país (con un crecimiento del 84% con relación al año 2013). Este crecimiento vertiginoso se hizo sin ninguna planificación territorial que contemple algo más que la obtención de ganancias extraordinarias por parte de las poderosas corporaciones forestales. Existe sobrada evidencia científica y empírica de que la transformación de los pastizales naturales de esta provincia por monocultivos forestales, son los que facilitan la ocurrencia y propagación de incendios que aquejan a este sector de la cuenca del Paraná.

Cruzando el puente, la provincia de Chaco, acaba de recibir un (re) ordenamiento territorial a medida del agronegocio, modificando el mapa de la Ley de Bosques Nativos para permitir el desmonte de cientos de miles de hectáreas de monte nativo. Los ambientes naturales sanos y conectados entre sí, son fundamentales para afrontar los eventos climáticos extremos como épocas de sequías e inundaciones. 

No es casual que los lobbies más fuertes en contra el proyecto de Ley de Humedales (que pretende ordenar ambientalmente el territorio para su protección y uso racional) sean de la poderosa industria forestal y del resto del agronegocio (sojeros, arroceros y ganaderos). Una característica común de todas las figuras extremas del extractivismo es la invisibilización de la diversidad biológica y cultural que existe en los territorios donde pretende avanzar, desestimando -deliberadamente- su importancia, para poder así imponerse.

Con una vertiginosa lógica de mercado se consolida un modelo de acumulación por desposesión, que conduce a la concentración de la propiedad de la tierra (el territorio) e implica el desprecio por el ambiente, la naturaleza y los bienes comunes. Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra que, por ejemplo en Corrientes, ya se acerca al millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia.

Debemos avanzar en un correcto ordenamiento territorial, con parámetros ecosistémicos y biológicos y participación ciudadana. Es fundamental cumplir y promover procesos de ordenamiento territorial ambiental en todo el territorio de la cuenca del Paraná, en base a los principios ambientales y con participación ciudadana permanente (artículos 9 y 10 de la Ley General del Ambiente). Ese ejercicio de planeamiento estratégico participativo ambiental será un mecanismo de fortalecimiento de la democracia en la materia y prevendría fragmentadas (e interesadas) decisiones legislativas y administrativas que van generando daños ambientales graves y acumulativos irreversiblemente.

Insistimos, debemos batallar por el cambio de la mirada simplificada, utilitarista, de provecho inmediato que el ser humano tiene sobre la Naturaleza, y más en nuestras latitudes cooptadas por el extractivismo desde inicio de la conquista por parte de los pueblos septentrionales, desde hace ya 5 siglos. Esa sesgada mirada que se tiene hacia la Naturaleza sólo como fuente de extracción, como objeto a ser explotado hasta el infinito (como si eso fuese posible). En palabras del gran teólogo Leonardo Boff, “de amos y señores, a ser hermanos y hermanas entre nosotros y con todas las criaturas”. Esta nueva óptica implica una nueva ética de responsabilidad compartida, de cuidado y de sinergia para con la Tierra“. 

El río Paraná no es la Hidrovía… es la fuente de vida de nuestros territorios.

CAMINAR EN PAZ CON LA TIERRA: Requisito para la Paz entre los humanos

por Alberto Acosta, Enrique Viale1

No hay un camino para la paz, la paz es el camino”

Gandhi

Aceptemos, sin rodeos, que la Humanidad se encuentra en una encrucijada. Si seguimos por la misma senda, en el mejor de los casos, apenas una parte de sus miembros podrá sobrevivir el colapso ecológico. Aceptar ese destino nos resulta intolerable. Requerimos un golpe de timón, con transiciones que permitan, simultáneamente, paliar los impactos del colapso, que nos agobia, mientras apuntalamos, construimos y reconstruimos otras formas de vida acotadas a los ciclos ecológicos en clave de justicia social y de democracia radical.

Para lograrlo, construyamos alternativas de salida de la actual civilización de la mercancía y el desperdicio como lo haría Picasso, cuando pintaba sus grandes obras. El artista malagueño solía sobreponer varias perspectivas diferentes de una misma imagen hasta crear un cuadro donde lo bello y lo abstracto se unían magistralmente. Reconociendo lo complejo de la tarea, usemos su método para plantear opciones múltiples –superpuestas, temporales y sucesivas– ante el sinsentido creado por la civilización del capital.

Por eso, hoy más que nunca, creemos que se precisa multiplicar los esfuerzos para caminar en Paz con la Naturaleza en Nuestra América, que se encuentra tironeada por fuerzas contrarias, unas que alientan más y más destrucción y otras que la defienden. En Argentina, el gobierno refuerza el extractivismo y amenaza con desmontar las leyes ambientales, propone una cacería de ambientalistas, exacerbando la desigualdad y el conflicto social bajo un régimen autoritario que prioriza intereses corporativos. En Ecuador, un gobierno de transición celebra acuerdo con grandes corporaciones mineras mientras desata violentas acciones en contra de las comunidades que defienden sus territorios para así profundizar aún más la explotación de recursos naturales. En otros países, incluso con gobiernos progresistas, como Brasil y Colombia, se mantiene la expansión de extractivismos de todo tipo. Mientras tanto, en todas partes se multiplican las resistencias para proteger los territorios, en tanto espacios de vida.

Teniendo como telón de fondo este conflictivo escenario, celebramos el empeño del gobierno colombiano que prioriza la Paz con la Naturaleza como tema central en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad – COP 16, que se celebrará a fines del año en Cali, Colombia.

Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, una dupla de vida

La defensa y la protección de los territorios resulta fundamental para convivir en Paz. La destrucción de la Naturaleza afecta las bases mismas de la existencia y exacerba los conflictos sociales. En la práctica, para superar este camino hacia la autodestrucción, debemos impulsar la vigencia combinada de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza: se trata de una sumatoria de derechos existenciales para garantizar la vida digna de seres humanos y no humanos.

Como punto de partida, aceptemos que no puede existir ningún derecho que permita o aliente explotar inmisericordemente a la Madre Tierra y menos aún destruirla, sino solo un derecho a una convivencia ecológicamente sostenible. Las leyes humanas y las acciones de los humanos, entonces, deben armonizarse y concordar con las leyes de la Naturaleza. Desde esa perspectiva, la vigencia de estos derechos existenciales responde a las condiciones materiales que permiten su cristalización y no a un mero reconocimiento formal en el campo jurídico. Su proyección, por tanto, debe superar los enfoques que entienden los derechos como compartimentos estancos, pues su incidencia debe ser múltiple, diversa y transdisciplinar.

La tarea parece simple, pero es compleja. Bien sabemos que el derecho es un terreno en disputa. El reto es superar el divorcio entre Naturaleza y Humanidad. Hay que propiciar una suerte de reencuentro, algo así como volver a atar el nudo gordiano de la vida roto por la fuerza de una concepción civilizatoria depredadora e insostenible. Es decir, se trata de superar la división ideológica entre la Naturaleza y las culturas. Empalmando ambas, incluso la política cobra una renovada actualidad.

Y ese reconocimiento nos lleva a constatar cómo los humanos, sobre todo al estar organizados alrededor de la acumulación del capital, estamos ejerciendo múltiples violencias, es decir guerras contra la Tierra. Nos toca, entonces, superar tanta aberración.

Detener las guerras contra la Tierra y todos sus habitantes

Urge parar las guerras, sean de baja, mediana e incluso de alta intensidad. Guerras que provocan daños paulatinamente o de forma violenta, muchas veces con profundos e irreversibles impactos a la Naturaleza. Se trata de acciones bélicas derivadas de relaciones socioambientales que emanan de la codicia del capital, tanto como de estructuras asimétricas, opresivas y jerarquizadas, como lo es el patriarcado.

En este ámbito bélico la pérdida de biodiversidad es una constante. La fragmentación, degradación y hasta desaparición de selvas, bosques, ríos, páramos, humedales, manglares, salares y otros ecosistemas, que afectan sus funciones ecosistémicas, están a la orden del día. Las especies, en consecuencia, también desaparecen aceleradamente. Los incendios devastadores tanto como las gigantescas inundaciones alentadas por los cambios en el clima, la desertificación de la tierra a partir de los monocultivos, las fumigaciones con agrotóxicos, las extracciones de petróleo, la megaminería o los monocultivos, arrasan con territorios enteros. La huella ecológica de la especie humana -desigualmente distribuida- supera la capacidad biológica de la Tierra. Y la pobreza, tanto como la creciente inequidad social y la destrucción de comunidades, se agravan también como resultado de estas guerras suicidas desatadas por la codicia del capital.

Con justa razón, en la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada en el año 2021, el Secretario General, Antonio Guterres, afirmó que

hacer las paces con la Naturaleza requiere comprender que nos enfrentamos a una triple crisis que entrelaza el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad; se trata de una guerra suicida contra la Naturaleza, ya que, sin ella, la Humanidad no podría existir en el planeta.

Para impulsar esas paces que reclama Guterres, tenemos que empezar por entender que “el modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, ese proceso se ha llevado a tal extremo, que la reproducción del capital solo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza”, en palabras del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverria.

Aceptémoslo, la desconexión del ser humano con la Naturaleza ha provocado una guerra encarnizada en su contra. No acabamos de entender que la Naturaleza tiene ciclos propios, que no pueden ser afectados por los humanos, sin que ella reaccione y se rebele. Entendamos que la creciente mercantilización y cosificación de la vida en todos sus órdenes configuran un sendero minado que conduce inexorablemente al terricidio.

Superar la civilización que sofoca la vida

Hacer las paces con la Tierra y desde la Tierra implica, entonces, disponer de agendas consensuadas por los pueblos para la acción teniendo en la mira superar los dispositivos de muerte imperante. Para lograrlo precisamos identificar con claridad todas las guerras que le agreden a la Tierra, en sus múltiples frentes y formas.

Tenemos como eje civilizatorio un sistema económico que sobreexplota y contamina sistemáticamente nuestra base de existencia. El productivismo y el consumismo bombardean inmisericordemente a la Madre Tierra. Los extractivismos representan brutales invasiones sobre múltiples territorios. Los monocultivos y las falsas soluciones, como son los mercados de carbono o las semillas transgénicas, cañonean brutalmente la biodiversidad. La homogeneización del consumo acelera los ritmos de destrucción con enormes impactos ambientales por el distante transporte de alimentos, para mencionar apenas un punto crítico.

A todo esto, se suman las conflagraciones propiamente dichas: entre los pueblos o contra los pueblos, como lo es el genocidio desatado por el Estado sionista en Palestina, que arrasa no solo con los humanos sino con la misma Naturaleza.

A la par debemos enfrentar aquellas guerras encubiertas. Nos referimos a las formas de percibir, interpretar y experimentar la Naturaleza, que parten, en concreto, de aquella suposición civilizatoria que considera a los humanos por fuera e incluso encima de ella para dominarla. Ese posicionamiento supone un impulso bélico inmerso en las violencias epistémicas y ontológicas que terminan por alentar el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, así como todo tipo de depredaciones a la Naturaleza, siempre en nombre del “progreso” y del “desarrollo”. Y todo con una reverencia perversa al potencial de la ciencia y la tecnología, que en muchas ocasiones actúan también cual armas de destrucción ambiental.

Estas visiones conducen al mantenimiento de un universo cultural, el que, en esencia, nos impone la idea de que sólo hay una forma de estar en el mundo. Al negar el pluriverso se invisibiliza, desprecia, violenta o incluso elimina las diversidades biológicas tanto como las diversidades culturales existentes. De allí surge la uniformización del concepto Naturaleza y con ello inclusive se cierra la puerta a otras visiones, muchas de ellas portadoras de potentes elementos transformadores. Por eso quizás mejor hablemos de Tierra, de Tierra en clave cósmica, antes que simplemente de Naturaleza, un concepto que puede tener diferentes lecturas, por lo demás.

Es decir, hay que asumir todos estos retos sin caer en la trampa de negociar simplemente límites o parches para seguir tolerando la contaminación y la destrucción de las bases de la vida misma, tal como se lo ha hecho en todas las COP hasta ahora. Ese sinsentido puede reeditarse en Cali, por más buenas intenciones que tenga el gobierno colombiano, pues bien sabemos que en el marco de Naciones Unidas se impone la voluntad de los gobiernos y de las corporaciones, y no necesariamente la de los pueblos.

Caminar con la Paz, en clave de pluriverso

En perspectiva de Paz con la Tierra debemos aceptar y respetar la diversidad en todos los órdenes: vidas, culturas, pensamientos y por supuesto biodiversidad. Es decir, la pluralidad de formas de estar con la Naturaleza y de ser Naturaleza, puesto que los humanos somos Naturaleza. Esa aceptación nos abre la puerta para entender las diversas formas de asumirla como Pacha Mama o Madre Tierra, así como muchas otras formas de relacionarse con la Naturaleza provenientes de la indigenidad: como la entendía nuestro amigo Aníbal Quijano. Aquí caben inclusive algunas lecturas que podríamos entenderlas como derivadas de la misma Modernidad, pero que, en esencia, también apuntan a su superación.

Todas estas no son aproximaciones que cierran los horizontes a visiones parciales, sino que, por el contrario, las abren potenciando otras cosmovisiones, alentando el pluriverso, es decir “un mundo donde encajan muchos mundos”, en el que puedan coexistir y prosperar en dignidad y respeto mutuo todos los seres humanos y no humanos. No más “un mundo desarrollado” que viva a expensas de los demás mundos, como sucede tan cruelmente en nuestro tiempo.

Dicho lo anterior, la Paz en la Tierra no implica solo el silencio de las armas. Demanda, por igual, frenar todos esos procesos que generan daños irreversibles sobre el entorno -del que formamos parte-, daños que afectan a las comunidades locales y a la Humanidad, daños que configuran muchas veces delitos de ecocidio. Esta tarea exige construir mundos sustentados en la reciprocidad, la relacionalidad, la complementariedad, la correspondencia, la resonancia, la solidaridad…

A la par que se detienen las acciones de destrucción precisamos alentar aquellas de construcción y reconstrucción de otras formas de vida social y ecológicamente sostenibles. Todo esto demanda un giro copernicano en todos los órdenes para dejar atrás la actual civilización, que debe ser estructuralmente superada. “Hay que poner el mundo patas arriba”, pues la Tierra “se podría sanar solo con la inversión de los valores establecidos y la revolución de las prioridades económicas”, concluye la filósofa ecofeminista Carolyn Merchant.

En la actualidad se multiplican las acciones alternativas en diversos ámbitos y desde diversos territorios. Si ponemos algo de atención y -figurativamente hablando- hacemos silencio, podemos escuchar el futuro respirar. Hay innumerables procesos sintonizados con el pluriverso, tanto como propuestas de cambios estructurales. En este punto, visiones, valores, principios, experiencias y prácticas como las de los buenos convivires provenientes de las culturas originarias, sin idealizarlas al nivel inútil de modelos o de esencializarlas desconociendo sus limitaciones, representan oportunidades para impulsar cambios profundos.

Hacer la Paz con la Tierra también significa reconocer su agencia y la red de relaciones socioculturales inmersas en ella. Se trata de reparar territorios contaminados y de desmantelar aquellas infraestructuras destructoras, tanto como cambiar los sistemas de producción y las prácticas de consumo depredadoras. Esto nos invita a apelar a la imaginación y a la audacia. Requerimos pasar, en palabras del gran teólogo Leonardo Boff, “de amos y señores a ser hermanos y hermanas entre nosotros y con todas las criaturas. Esta nueva óptica implica una nueva ética de responsabilidad compartida, de cuidado y de sinergia para con la Tierra”.

Y en este contexto los Derechos de la Naturaleza -justicia ecológica-, caminando de la mano de los Derechos Humanos -justicia social-, nos dan pistas para enfrentar el colapso ecosocial, tanto como para impulsar y construir todas las alternativas que garanticen la vida digna para todos los seres en la Tierra. Es decir, estos derechos existenciales sirven para reparar y restaurar, tanto como para prevenir, al tiempo que sientan las bases para construir una justicia existencial global.

La Tierra condición básica para la vida, la equidad y la libertad

Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para reorganizar la vida en el planeta, nos toca aceptar que todos los seres vivos tienen el mismo valor ontológico, lo que no implica que todos sean idénticos; esta aproximación articula la noción de la “igualdad biocéntrica”, en la que, según Eduardo Gudynas, todas las especies vivas tienen la misma importancia y por lo tanto merecen ser protegidas. Y en este empeño precisamos crear las condiciones que garanticen el respeto a las personas y comunidades que protegen sus territorios, lo que en realidad es una forma de autodefensa de la Tierra misma.

Definitivamente es el momento de entender que la Naturaleza es condición básica de nuestra existencia y, por tanto, que es también la base de los derechos colectivos e individuales de libertad. Así como la libertad individual solo puede ejercerse dentro del marco de los derechos de los otros humanos, la libertad individual y colectiva solo puede ejercerse dentro del marco de los Derechos de la Naturaleza. Si pensamos en nuestros nietos y en nuestras nietas, es decir en las futuras generaciones, bien podemos concluir que su existencia y su libertad dependen del respeto a la Naturaleza. Bien anota el jurista alemán Klaus Bosselmann, que “sin Derechos de la Naturaleza la libertad es una ilusión”.

Urge, por igual, desmontar las estructuras patriarcales y coloniales que provocan y reproducen violencias múltiples. Habrá que cristalizar el cobro de las deudas coloniales y ecológicas, en las que las naciones enriquecidas por la explotación de otros pueblos y otros territorios son las deudoras. Por igual habrá que desmontar el sistema económico mundial, con todas sus herramientas de dominación, como lo es la deuda externa, que configuran maquinarias depredadoras de la vida.

En este trajinar habrá avances y retrocesos. Pero, en la medida que se logre una amplia y diversa participación de pueblos, colectivos, organizaciones y personas, en ningún momento podemos perder la esperanza, que no la asumimos simplemente como la creencia de que algo indefectiblemente saldrá bien, pues preferimos asumirla como la certeza de que lo que hacemos tiene significado, independientemente del resultado.

Si los humanos no restablecemos la Paz con la Tierra, no habrá posibilidad de Paz para nosotros en la Tierra, que explicablemente se rebela frente a tanta destrucción que estamos provocando.

Tenemos la certeza de que, en este reencuentro armonioso y amoroso con la Madre Tierra contaremos con su enorme capacidad de resiliencia y recuperación, pues se trata de una verdadera Madre, que está de nuestro lado.

1 Economista ecuatoriano y abogado ambientalista argentino, coautores de un libro sobre estos temas de próxima aparición. Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Miembros del Pacto Ecosocial, Intercultural del Sur.

Cautelar en San Nicolás para protección de los humedales

El Delta no se vende; somos humedal

El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo.

Ante esta propuesta, queremos recordar que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales que nuestra Constitución de Entre Ríos jerarquiza y protege, determinando que: ” …La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación” (Artículo 85º, sexto y séptimo párrafos).

En este marco, debemos tener en cuenta que el Estado Provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales (información conforme a la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública ambiental realizada oportunamente). Consideramos entonces que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados sea cual fuera la escala, sería no solo vulnerable jurídicamente para el Estado, sino que podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas. Remarcamos por esto la necesidad de no habilitar su mercantilización, considerando para esto que el Delta, con todos sus bienes públicos, está fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Nos oponemos especialmente a lo establecido por el Artículo 16° del proyecto que exceptúa de lo dispuesto por el artículo 55° de la ley 5140, el cual dispone que “Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley”. Así, todos los bienes de la provincia bajo administración de ésta Agencia podrán ser vendidos y gravados sin que intervenga el Poder Legislativo. Además en una Agencia que carece de representación equitativa y democrática, ya que el Poder Ejecutivo es quien decide la conducción, con la facultad de nombrar y remover los principales cargos (Artículo 6° del proyecto).

En un experimento que no prosperó por la maravillosa resistencia social, el ex gobernador Sergio Uribarri, junto con su fiscal de Estado, Julio Rodriquez Signes, ya intentó privatizar todas las tierras públicas en el Delta a través de la efímera y tristemente conocida “Ley del Arroz”. La normativa habilitaba la venta de estos territorios e incluía sus puertos en manos de los dueños -o algunos de ellos-  de las corporaciones del agronegocio de exportación transgénica. Esa propuesta aspiraba otorgar por 99 años todas las tierras públicas en el Delta a una Sociedad Anónima y, a través de la misma, gestionar permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas. Esta ley, la 10.092, estuvo en vigencia tan sólo dos meses, de diciembre de 2011 a febrero de 2012,  gracias a la respuesta en movilización social que provocó semejante “negocio”. Esta experiencia constituye quizás uno de los mayores escándalos políticos vividos en la provincia en los últimos años y, seguramente la actual gestión no repetirá semejante equívoco. 

Perder la memoria, es grave; no conocer su historia, también 

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con un conjunto de más de cuarenta organizaciones de la Cuenca y del País, presentó hace más de dos años una Propuesta de Sanación del Delta Argentino. Aquí dejamos el documento de acceso público a todos los que amen el ser naturaleza de nuestro ecosistema privilegiado en el planeta y los que tengan responsabilidades directas sobre la gestión de cuencas y del Delta en particular. Más aún, lo entregamos así con las manos abiertas a cada uno de los diputados y senadores de la provincia. 

En razón de lo aquí expuesto y dejando expresado que la mayoría del sistema de humedales provincial son áreas naturales protegidas (ANP) -reconocidas por leyes específicas y sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, debemos decir que este sistema de humedales, el más grande de la Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano.  Y que al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático. (Artículo 240 Código Civil y Comercial).

La construcción del concepto de “sistema” fue un debate relevante en la Convención Constituyente de Entre Ríos. Fue esculpido y tallado a la luz de concebirlo como una unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida. Desconocer ese anclaje, esa multiplicidad de seres humanos y no humanos desde el concepto del derecho real o los que sean, sin comprender los procesos de reconocimiento y respeto para con la Pachamama y el ciclo del agua, es negar que somos entre ríos. Y como decimos y hemos defendido maravillosamente: somos Entre Ríos Sí, entre represas No. Por eso también entre endicamientos No, ni privados ni públicos; No a la pampeanización y destrucción del sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal.

* Enzo Culasso Orué y Jorge Oscar Daneri, miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Integrantes de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.

Sin derechos, sin territorios y un ambiente seguro no es posible hablar de democracia y de justicia social

En el contexto actual de América Latina, las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil enfrentamos desafíos significativos, es por eso que más de 150 voces de organizaciones campesinas, indígenas y sociales de Paraguay y América nos unimos en el Seminario Internacional Voces por el Derecho a Defender Derechos para aportar una mirada a la construcción de las decisiones que se darán para la región en la a 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sostenemos que un pueblo sin acceso a tierras, territorios y el cuidado de la naturaleza, no puede hacer florecer vidas, germinar semillas, resguardar la existencia y supervivencia, y las democracias sin justicia social, sin redistribución de la riqueza, sin dar participación a las voces disidentes, sin protección a las personas y los recursos naturales, no pueden llamarse Estados Social de Derechos.

Reafirmamos nuestro compromiso con la vida, con la soberanía alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Así mismo, sostenemos que el Estado debe generar políticas públicas para atender las necesidades de la población, brindando un ambiente seguro y sano. Entendemos que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud y la alimentación de todas las personas, que no se dan en este modelo de producción capitalista que cada vez genera más desigualdad, migración, violencia y desalojo.

Así también debe garantizar y velar, de manera urgente, por la producción en el marco de la agricultura campesina e indígena, como de la salud de los pueblos que se encuentran en terapia intensiva.

Exigimos a los Estados detener las políticas de muerte, favoreciendo al latifundio y el agronegocio que ponen en riesgo a las comunidades indígenas, campesinas y la población urbana. Así como la protección de los bosques, ríos y seres vivos. En nuestra región existe suficiente prueba de que los agronegocios solo han profundizado la pobreza, expulsado a las comunidades indígenas y campesinas, como también destruido los recursos naturales en la globalidad, generando una crisis climática con consecuencias catastróficas para todos y todas.

Reconocemos la lucha de las Américas, la lucha de los pueblos y apostamos por la construcción de nuevos liderazgos, jóvenes, niños, niñas, adolescentes y de mujeres que elijan el trabajo en el campo, que puedan permanecer en sus comunidades con salud, educación, tierra y trabajo, siendo estos los y las protagonistas de las resistencias.

La dignidad humana exige el cese de la discriminación, la intolerancia y los discursos de odio, porque impiden la convivencia y generan barreras entre las personas. Sostenemos que sin participación no hay democracia, y para gozar de democracia debemos visibilizar todas las voces, la diversidad campesina, indígena, de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+, de niños, niñas y adolescentes desde un permanente diálogo.

Demandamos la derogación de leyes represivas y políticas regresivas en materia de derechos, el cese de la criminalización, de los desalojos forzosos, las garantías para la libertad de asociación, libertad de movilización, libertad de expresión en el marco de las luchas colectivas.

Rechazamos el uso exacerbado de las fuerzas de seguridad y el avance de la militarización en la región.

Denunciamos la persecución que se da hoy a las organizaciones de sociedad civil por intereses políticos, autoritarios y grupos antiderechos, que buscan cercenar derechos básicos, socavando el trabajo esencial que realizamos en beneficio de la participación ciudadana a lo largo de estos años. Estos ataques se dan tanto en campañas comunicacionales, como en propuestas de leyes que violentan las propias constituciones nacionales de Paraguay, Argentina, Perú, El Salvador y otros países de la región. Situación que representa un grave riesgo para el desarrollo y el progreso de nuestros países, en cuanto a ejercicio de ciudadanía y democracia.

Es nuestro derecho y nuestro deber alzar nuestras voces en contra de cualquier intento de debilitar y perjudicar los derechos conquistados por medio de las luchas sociales y el reconocimiento de nuestro compromiso por países más igualitarios, más justos y donde nadie sea excluido.

  • Organizaciones Firmantes
  • ACPAE – LB
  • Alames (Asociación Latinoamericana de Medicina Social)
  • ANIVID (Articulación Nacional de Pueblos Indígenas por una Vida Digna)
  • APAITGA
  • Asociación de Mandioqueros
  • Asociación de Mujeres Artesanas Nivachei
  • Asociación Kuña Techapyrã
  • ASOEDU
  • CLIBCH (Coordinadora de Líderes del Bajo Chaco)
  • Comité de Apicultores de Ñe’ẽmbuku
  • Conamuri (Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas)
  • Coordinadora de Jóvenes Indígenas de Caaguazú
  • CTCU (Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos)
  • Cultiva Paraguay
  • Diversex Alto Paraná Enlace Caaguazú FIMARC
  • FNC (Federación Nacional Campesina)
  • Joaju
  • Jopotyrã
  • KGA (Kuña Guarani Aty)
  • Kuña Poty
  • MAIPY (Mesa de Articulación de Pueblos Indígenas de Paraguay)
  • MAOPI (Mesa de Articulación de organizaciones de Pueblos Indígenas) Boquerón
  • MCP (Movimiento Campesino Paraguayo)
  • Mesa Coordinadora de Organizaciones Sociales de Paraguarí.
  • MIPY (Mujeres Indígenas del Paraguay)
  • MRC (Movimiento de Recuperación Campesina)
  • No’õ Ñandua
  • Ñeguerõi Pavẽ’i
  • OCN (Organización Campesina del Norte) OCUN
  • OLT (Organización de Lucha por la Tierra)
  • ONAI (Organización Nacional de Aborígenes Independientes)
  • OZAE (Organización Zonal de Agricultura Ecológica)
  • Presencia Joven
  • Red de Mujeres Periodistas
  • UCINY
  • UJIP (Unión de Jóvenes Indígenas de Paraguay
  • CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay)
  • Anmistía Internacional Py
  • Base IS
  • Callescuela
  • Heñói
  • TEDIC
  • Tierraviva Altervida
  • Xamok Kasek
  • Yakye Axa
  • Kamha Yat Seppo
  • MNCI – Somos Tierra (Argentina)
  • AAAA- Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina
  • Espacio OSC
  • CEJIL
  • APRIDEH
democracia

Disciplinamiento y estado de excepción en la Argentina de Milei

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

La democracia se debilita con detenciones arbitrarias de manifestantes y acusaciones infundadas. El Gobierno ha intensificado el autoritarismo contra la educación pública y los movimientos sociales, bajo el pretexto de proteger intereses económicos. Es urgente defender la democracia y los derechos humanos.

La democracia languidece en la Argentina. La situación de los detenidos y detenidas por manifestarse, y las gravísimas y arbitrarias imputaciones que se les hacen, es propia de regímenes autoritarios. Se está instalando un estado de excepción, donde los derechos constitucionales más básicos son suspendidos. 

Pero la democracia no se suicida sola. Con el proyecto de ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que sólo contaba con siete votos propios en el Senado. Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se vienen en la Argentina tiempos aún más ominosos, más represión, más autoritarismo, menos derechos, más destrucción del Estado.

Por la arbitrariedad de las detenciones realizadas en la manifestación del pasado miércoles 12 de junio, queda de manifiesto que las mismas forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta. El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera las circunstancias que lo justificarían genéricamente y de modo tendencioso pues expresa ya una condena política. Las normas exigen que debería describirse persona por persona y con detalle —esto es, haciendo referencia a pruebas concretas— las razones para privar de libertad a un ciudadano. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y de modo sesgado, sin distinguir casos ni precisar prueba. Salta a la vista que la Justicia no está actuando en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a la presión política del Gobierno. 

Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, de modo antidemocrático. El Ministerio de Seguridad nacional, que dio la orden de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal (“Oficina del Presidente” sólo existente en la red social X). Durante las primeras veinticuatro horas después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. 

La represión, en sintonía con el accionar de infiltrados en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas. No es casual, el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de los medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para romper la nutrida manifestación y provocar el temor y la inacción de los “sueltos” que pretendían acercarse a manifestar a la plaza Congreso luego de terminada la jornada laboral. Y lo lograron, ya que a las 18, como consecuencia de la brutal represión, la plaza había quedado casi vacía, a pesar que restaban varias horas aún de debate parlamentario. 

La Banelco del siglo XXI tuvo una nueva vuelta de tuerca en la decidida tarea de cambiar favores por votos: el nombramiento como embajadora de la Unesco en París para la Senadora Lucila Crexell de Neuquén, que dio su voto positivo a la Ley Bases, contradiciendo su accionar hasta ese momento. Miembro de la oligarquía —política y económica— de Neuquén, Lucía Crexell Sapag se lució el día de la sesión con una imponente cartera de US$2000 en un Senado que la conoce por su pasión por los viajes al exterior. Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local que se enriquece gracias a la actividad petrolera de Vaca Muerta. Es que Vaca Muerta es un gran negocio para un pequeño grupo de proveedores provinciales, que casi siempre caen en manos de la clase política-empresarial local, los que monopolizan millonarios contratos de transporte, hoteles, comidas, etc. Un patrón que se repite en otras provincias, en relación, por ejemplo, con los servicios mineros.

Además, pese a su discurso anticasta, la extrema derecha naturalizó la corrupción de modo acelerado. El diputado nacional del oficialismo Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo, MID) reconoció que a la senadora Crexell le dieron una embajada a cambio de su voto, pero alegó “consensos y acuerdos”, confundiendo torpe y malintencionadamente debate político con lo que es lisa y llanamente el delito de dádivas.

A esto se suma al caso de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), elegidos con la boleta del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), que garantizaron con su voto la aprobación de la ley a cambio de favores personales, lo cual se va revelando con el correr de los días. Otro caso, que pasó mas inadvertido, es el de la senadora peronista Carolina Moises (Jujuy), que votó en contra en general pero a favor en particular en el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Para explicar lo sucedido no habrá que apelar a las ciencias políticas o la sociología, sino más bien al Derecho Penal. Hubo claramente compras de voluntades; hubo dádivas que están tipificadas en el Código Penal.

Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres. Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización. 

Entre los que siguen detenidos —en prisiones de máxima seguridad— hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Camila Juarez (estudiante de sociología), Nicolás Mayorga (estudiante de relaciones internacionales) y Sasha Lyardet (estudiante de comunicación), quienes estaban retirándose, lejos del Congreso; Lucía Belén Puglia, estudiante de letras de Letras de la Universidad de Hurlingham; Juan Spinetto, ambientalista y Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida cruzando la calle, está filmada), solo por haber ejercido el derecho a manifestarse. No es casual. Buscan disciplinar a las clases medias, y especialmente a aquellos que representan lo que el propio presidente Javier Milei -junto con uno de sus asesores estrella, el ultraderechista Agustín Laje- consideran como expresión del “marxismo cultural”. 

La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”. Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.

Uno de los casos que conocemos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que lo conoce a Juan sabe que es alguien muy pacífico, un encanto de persona, incapaz de generar violencia por más mínima que sea. 

Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. El gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias. Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas” Más claro, Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río).

Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han instalado de modo acelerado en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Todos los días hay una nueva noticia o un hecho político —o incluso mucho más de uno—, todos ellos empeorando la noticia o el hecho político del día anterior. Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Más que nunca, no hay que bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Hay que defender la democracia argentina, esa que logramos con la lucha de tantas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que hace poco nos dejaron, como la gran Norita Cortiñas. 

No basta con pensar que en un futuro —ojalá próximo— nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto. La regresión política es hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no por ello irreversible. La historia, nuestra historia pletórica de luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces. Es hora de apelar a la imaginación política así como a la solidaridad nacional —y también internacional—, para lograr desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que nos ha sumergido el gobierno actual.

Por el Paraná

Por el Paraná: Una película con otros futuros para el río 🎬

🟢 Acompañamos con alegría el estreno del documental Por El Paraná: La Disputa por el Río, dirigido por Alejo di Risio (AAdeAA/CAJE) y Franco Gonzalez. El documental se encuentra en la plataforma cine.Ar.

Trailer


La película retrata una travesía a lo largo del Río Paraná en la cual se relatan las tensiones entre los proyectos exportadores globales y la mirada que comprende a la cuenca hídrica más importante de Sudamérica. En un contexto político en el cual el futuro del proyecto hidrovía es absolutamente incierto, el debate sobre la importancia del cuidado del río en un contexto de sequías agravadas por la crisis climática es fundamental para la sociedad argentina.

Desde hace años, el Paraná es testigo de un constante devenir marcado por la disputa entre cuidar sus bienes comunes y los intereses económicos que buscan explotarlos. Proyectos de dragado y profundización amenazan el paleocauce (lecho del río) su biodiversidad y la subsistencia de las comunidades que dependen de él. ¿Pero hay otros futuros posibles para el Río Paraná?

Mientras los titulares nacionales informaban sobre la coyuntura macropolítica alrededor de la gestión del río, un pequeño bote avanzaba por el río retratando sus vaivenes. Tan sólo dos semanas antes de su partida fue que los realizadores decidieron embarcarse en esta travesía que remonta el Paraná en busca de otras voces.

Por El Paraná: La Disputa Por El Río es un documental que invita al espectador a un viaje revelador a lo largo de la cuenca del Paraná, uno de los ríos más importantes de América del Sur. Dos apasionados documentalistas y amantes del río se embarcan en una travesía para capturar las diversas voces y perspectivas que rodean una de las cuencas más afectadas por la crisis climática en los últimos tiempos. Desde naturalistas y pescadores hasta investigadores y comunidades ribereñas, la película pinta un cuadro contundente sobre la relación con el río a través de las voces que dependen de él.

La película profundiza en las tensiones entre los proyectos alrededor de la gestión del Río Paraná (la mal llamada Hidrovía), el comercio internacional y las comunidades locales que buscan construir otras formas de vivir y vincularse con el río.

A medida que los documentalistas navegan por el río se encuentran con los desafíos y obstáculos de atravesar la cuenca durante la bajante más grande en la historia del Paraná, resaltando la urgencia de la salud ambiental y ecológica del río y sus sistemas de humedales. A través de entrevistas con expertos, activistas, economistas e isleros, la película desentraña la identidad cultural entrelazada a lo largo de la cuenca más grande de Argentina.

Nuestro río, de otros

Lucas Micheloud, Gimena Viviani, Romina Araguas, Fabian Maggi y Jorge Oscar Daneri, Abogados miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas solicitó acceso a información pública ambiental, a los efectos de acceder al denominado Memorándum de entendimiento con el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos de América, realizado por la Administración General de Puertos del Estado Nacional. 

En fecha 26 de abril del corriente año, Juan Bernasconi en su carácter de Subdirector de la Gerencia General de la Administración General de Puertos (AGP) responde la solicitud y hace llegar el documento requerido, el cual obra, ahora, en este link

De esta manera tomamos conocimiento que el acuerdo fue iniciado y firmado por la autoridad de la AGP durante la gestión del Presidente Alberto Fernández, y ratificado por el actual gobierno. El documento fue suscripto por Juan Carlos Mario Beni, Interventor de la AGP, dependiente directamente de Sergio Massa, ex Ministro de Economía. 

El representante del Cuerpo de Ingenieros Daniel H. Hibner, Brigadier General, Comando del Ejército de los Estados Unidos de América —conforme obra en el documento oficialmente remitido— lo suscribió el 5 de enero de 2024. 

El documento, que intenta un lenguaje técnico, es profundamente político en razón de que las partes se comprometen al intercambio de información y cooperación sobre políticas diversas en todo lo relacionado a la gestión del río, o los ríos, cuenca del Paraná, o las cuencas argentinas en su conjunto, debiendo destacarse los siguientes puntos textuales: 

“Políticas de control de inundaciones y gestión de recursos hídricos”. “Cuestiones de políticas públicas hídricas”. 

“Gestión de cuencas hidrográficas”. 

“Preservación de ambientes fluviales, humedales y evaluación del hábitat”. “Sedimentación y dragado”.

Todo lo imaginable sobre la expansión de canales de navegación, puertos, su ampliación y profundizaciones. 

También parece que tienen la capacidad de “diseñar ecosistemas” que, en realidad, han tenido un impacto negativo en su propio país, como bien narra Omar Arach en el artículo publicado en la presente edición. 

Finalmente, en este punto, se comprometen las partes a “Investigación y desarrollo en apoyo a los temas anteriores”. 

Seguidamente el acuerdo expresa la posibilidad de establecer “la dirección estratégica” en, se comprende, la gestión política de la cuenca, o las cuencas, ni más ni menos. Esto es, sin lugar a duda, un acuerdo político en su máxima expresión, el cual se potencia y dimensiona hacia el futuro inmediato en escenarios de mega proyectos más que predecibles, atento la historia del cuerpo de Ingenieros en la construcción o deconstrucción de ríos, su artificialización, como de proyectos de represamientos hidroeléctricos. 

Es importante destacar el punto 5, c) del Memorándum, en razón de que cualquier acuerdo de desarrollar en las cuencas un proyecto concreto o actividad  deberá ser realizado por un convenio vinculante, puntual. 

Finalmente, la cláusula 6 establece restricciones sobre la divulgación de informes, programas, etc. en el marco de la legislación vigente en cada país. 

Los informes, estudios, documentos de investigación sobre la diversidad biológica de los sistemas de humedales, valles de inundación y de los cauces principales de los ríos son bienes naturales de todos los pueblos. Los reinos de vida no humana allí existentes son titularidad provincial de dominio no delegable al Estado Nacional, y el mismo está obligado a su cumplimiento y aplicación en razón de los artículos 41 y 124 de la reformada Constitución Nacional. Son de libre acceso al conocimiento para que los ciudadanos realicen estudios, informes, documentos científicos. Esto constituye un derecho previo a cualquier decisión de las potenciales obras de las características y escala que este acuerdo describe. 

El federalismo y la democracia ambiental, negada 

Desde nuestra visión jurídica e institucional, el presente acuerdo no es acompañado aún por las Provincias involucradas, en atención a que las mismas son las titulares de los bienes naturales (recursos) que las conforman. Es decir, es necesario un Tratado Interjurisdiccional que ratifique el presente Memorándum, como también, en su caso, los acuerdos posteriores que se pudieran firmar en razón de programas, proyectos, investigaciones concretas, etc, que se planifique desarrollar, por ejemplo, sobre mayores profundidades y ampliaciones del ancho del canal de navegación, en la denominada vía navegable troncal en el río Paraná, ex hidrovía Paraguay-Paraná. 

Sin duda, quienes integramos las organizaciones ecosociales mayoritarias del país nos oponemos radicalmente a escenarios de mayor artificialización del río Paraná. Por ejemplo, el proyecto que busca que las bodegas de los mega buques puedan navegar totalmente llenas resulta inadmisible, mucho más en la mayor crisis de bajante —sequía— por tres años conocida.  

Se debe tener presente que en las provincias existen legislaciones sobre el proceso de estudios de impacto ambiental que exige la intervención previa en investigaciones, estudios, e incluso en la formulación de los términos de referencia (TdeR) de los mismos. Entre Ríos, aún más, presenta normas que determinan que no se pueden estudiar sus bienes naturales sin acuerdo con la Provincia, sin previa intervención del poder legislativo. La ley de Libertad de los ríos (9092) puntualmente dispone: 

“Art. 4. Todo estudio, evaluación, proyecto económico, social o ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible a ejecutarse en el territorio de la Provincia, con incidencia en los ríos indicados en el Artículo 1º y sus recursos naturales es de atribución exclusiva de la Provincia, en cuanto a su planificación y desarrollo. 

Si para la ejecución de lo expresado en el párrafo anterior es necesaria la intervención de otros Estados Provinciales y/o el Estado Nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad-referéndum del Poder Legislativo. 

Los estudios e investigaciones, tanto del sector oficial como privado, que se realicen en relación a los recursos naturales comprendidos en el Artículo 2, deberán ser comunicados a la comisión creada por el Artículo 6º de la presente ley”. 

En la misma inteligencia, un párrafo constitucional histórico (Entre Ríos) fue consolidado por un caso judicial concreto por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otro s/ Acción de Amparo Ambiental”, el que dispone: 

“La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados.” (Artículo 85, 6 párrafo de la Constitución de Entre Ríos). 

Lo expuesto aquí, viene legitimado por la experiencia judicial, institucional y social llevada adelante en el caso de intento de construcción de la denominada represa hidroeléctrica de Paraná Medio (1996-97), precisamente de la mano de ingenieros militares del mismo país asociados a mega empresas privadas diversas, donde la Justicia Federal de Entre Ríos destacó la relevancia del ejercicio del federalismo de concertación y su democracia ambiental, marcando la ausencia de acuerdos entre el Estado Nacional y las Provincias de la cuenca del Paraná, como ya lo había expresado el Defensor del Pueblo de la Nación, declarando la inconstitucional al Decreto Nacional de Carlos Saúl Menem que adjudicaba la construcción de la mega represa hidroeléctrica. 

Las historias se repiten, casi como sin grietas, visto los firmantes de un lado y del otro. 

La geopolítica de las alianzas estratégicas con China, lideradas por Cristina Fernández y ratificadas por Mauricio Macri, como ahora este Memorándum, ponen el acento en que, si desde las organizaciones de la sociedad civil no estamos atentos y alertas, el proceso de mega extractivismo voraz y desolador determinará finalmente la consolidación de nuestra región del Cono Sur como zona de sacrificio y expulsiones, más allá de las acusaciones cruzadas de servilismo y colonialismo, según a qué gran actor imperial en la multipolaridad actual, cada gobierno decide entregarlos. 

Las manifestaciones públicas de Laura Richardson, Jefa del comando sur de los EEUU de América, sobre los intereses en los bienes naturales del Cono Sur y la gestión del agua dulce es claramente la visión estratégica que moviliza acuerdos de las características aquí consideradas.

Este escenario político nos convoca a cerrar acuerdos mayores de confraternidad y solidaridad entre los sectores políticos y sociales, no solo en nuestro país, sino también en la cuenca toda, más aún cuando en el caso que nos ocupa, Paraguay realizó un acuerdo casi calcado suscripto con el mismo cuerpo de ingenieros hace más de un año, aún no ratificado por su poder legislativo. 

La protección como el ejercicio de la soberanía nacional, que se viene entregando desde el Menemismo a la fecha sin límites ni controles serios en la cuenca toda, es un desafío cívico de compromiso y convicciones a desplegar desde los sentires, gritos y esperanzas de la madre tierra. 

Existen sí, honrosas excepciones, como lo fue en alguna medida no menor el caso de la creación y observaciones en la gestión de la hidrovía de positivas propuestas del Ente Nacional de control y gestión de la Vía Navegable, con importantes aportes documentados para los estudios que sí se deben desplegar por los ámbitos científicos argentinos, muchos de excelencia. 

A pesar de que los informes de otros entes de control, tales como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, fueron demoledores respecto al caso de la Hidrovía, estos han sido totalmente ignorados por las autoridades ejecutivas en sus oportunidades. 

Estos documentos y sus referencias obran en la causa judicial que llevamos adelante desde hace más de dos años frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Justicia Federal de San Nicolás, en el caso río Paraná. Denunciamos y demandamos la realización de los estudios de impacto ambiental en pasos críticos concretos, el respeto por la aplicación de las herramientas de la democracia ambiental y la urgente realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la cuenca del río Paraná y el Paraguay en nuestro territorio, frente a la mayor crisis hídrica ambiental. 

La Justicia tiene la palabra ante un Estado, ayer y hoy, violador sistemático del Pacto Federal originario y la reforma constitucional de 1994, como de las constituciones provinciales todas, en la gestión de sus bienes naturales, bienes que lo conforman y constituyen como Ser Nación y Estado.

Finalmente, ratificamos y sostenemos la necesidad imperiosa de la conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional, a los efectos de un ejercicio no menor de la visión y gestión de cuenca, tal como el río se merece. Esto debe darse respetando sus diversidades de vida, mucho más allá de aquella mirada limitada y focalizada en una mera vía de circulación de mercaderías que, ahora con este Memorándum, nos aleja aún más de las responsabilidades y obligaciones legales y democráticas. Estos modelos que pretenden imponerse ilegal y autoritariamente en toda la cuenca son precisamente los causantes de semejante crisis climática, ambiental y civilizatoria. 

🖼 La Ilustración que acompaña esta publicación es de Chachi Verona @chachiverona y esta nota salió publicada originalmente en El Zorro y el Erizo, publicación del del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. @transversales.hya

Nora Cortiñas

Nora, Norita, en todas las luchas justas

Norita estaba en todas las luchas justas del pasado y del presente. Su agenda de derechos humanos nunca fue selectiva, sino integral. Por eso es tan inmenso su legado.

¡Cuántas bellas historias de lucha nos ha dejado la enorme Norita!

Recuerdo que en noviembre de 2017, cuando asesinaron a Rafael Nahuel, creamos una comisión que hizo algunas intervenciones en el Congreso Nacional, exigiendo justicia. Rafael Nahuel fue un joven de origen mapuche asesinado por la espalda en la zona del lago Mascardi, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, bajo el gobierno de Mauricio Macri.

En la Comisión estábamos con Nora, Jorge Nahuel, Adolfo Pérez Esquivel, Pino Solanas, Quique Viale, Magdalena Odarda y Diana Lenton, entre otres.

Sucedió una vez, solo una vez, que Norita no pudo venir a una reunión. Cerca de medianoche, ese mismo día, recibí un llamado y escuché su voz clara, dulce, inconfundible, disculpándose pues no había podido estar en la reunión porque había ido a conocer a su sobrino-nieto. De paso hizo varias propuestas para hacer funcionar la comisión, para que no se convirtiera en una comisión más.

Cuando cortamos la comunicación, yo estaba muy emocionada. Y pensé: ¡Qué necesidad tiene la gran Nora Cortiñas, que estaba en todos los frentes de lucha, de llamar y disculparse por no haber estado en una reunión!

Desde que tengo memoria, la vi no sólo dando la vuelta todos los jueves en Plaza de Mayo, inclaudicable, exigiendo justicia por los 30.000 desaparecidos. La vi también acompañando las demandas de las organizaciones indígenas, a los piqueteros en el Puente Pueyrredón, la vi defendiendo los glaciares, la vi denunciando el impacto de los agrotóxicos, de la megaminería, del fracking, la vi deviniendo no solo ecologista sino también feminista, en la lucha por el aborto legal…

Amadrinó el Centro de Documentación CeDInCI, donde dejó sur archivo personal. Y amadrinó también el CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial), en 2022.

Norita estaba en todas las luchas justas del pasado y del presente. Su agenda de derechos humanos nunca fue selectiva, sino integral.

Por eso es tan inmenso su legado.