Más de 80 organizaciones ambientales y sociales rechazaron la Ley Omnibus presentada por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Se remitió una comunicación a la Cámara de Diputados de la Nación, expresando desacuerdo con el proyecto de “Ley Ómnibus” presentado por el Poder Ejecutivo nacional en diciembre. En la misiva, se destaca la preocupación ante las medidas propuestas, resaltando que estas representan significativos retrocesos en la legislación ambiental lograda con esfuerzo y eluden el derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución de la Nación.
El proyecto pretende realizar reformas a leyes cruciales para la protección del ambiente, entre las cuales se incluyen la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922).
En la carta, las organizaciones advierten que el proyecto de ley contraviene el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente. Evidentemente, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo implicarían una disminución en los niveles de protección ambiental y, por ende, tendrían un impacto negativo en el bienestar de las personas.
La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.
En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.
Digámoslo una vez más. Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.
En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).
Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.
El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.
Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas.
Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza.
En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.
Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.
A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.
Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.
Deberíamos convocar a una secuencia de mesas redondas, de ejercicio pleno de la capacidad de escucha para saber que lo anunciado como nuevo no lo es; que es un conjunto de historias ya vividas por aquí y más por allá, que ahora vienen para, quizás, sostenerse por mucho tiempo, o nada. Depende de los pueblos y de legisladores nacionales que aún puedan preservar aquello de que se “rompa y no se doble”, o “la causas de los desposeídos”, o “la lucha contra el Régimen”, o “no hay justicia ambiental sin justicia social”, o, finalmente, “somos agua, monto, humedales, madre tierra”.
La primera conversación quizás debería ser imaginada con la presencia de tres seres, claro, muy especiales, conversando sobre la realidad política argentina, sentados en una mesa bien redonda del café Tortoni en Buenos Aires o en el teatro (público), el “Tres de Febrero” de Paraná, ciudad capital de la Organización Nacional.
En esa mesa debería estar Naomi Klein, Vandana Shiva, Timothy Snyder.
En la segunda ronda: Saskia Sassen, Nicholas Shaxson y Byung-Chul Han.
Deberíamos poder convocarlos a estos pensadores para compartir sus visiones sobre la agresividad de las viejas políticas de los mandatarios de la escuela económica de Chicago, ahora como integradas en cuestiones no de forma, como se nos quiere exponer, sino muy de fondo, y entonces comprender sus lógicas y consecuencias.
Nos podrían brindar algunas, sino todas las pistas, indicadores, sobre lo que muy probablemente suceda o, mejor, se profundice en nuestra tierra al sur del mundo, de concretarse las mismas, así impulsadas en el Decreto de “Necesidad y Urgencia” (DNU) y en el ahora proyecto privatizador de los ecosistemas estratégicos y vitales de argentina, expuesto en la iniciativa de Ley Ómnibus presentado ayer al Congreso de la Nación.
Pero antes, en estos tiempos de imposible descanso, reflexión pausada, evaluación de lo que nos sucede, intentar leerlos.
En el orden aquí presentados, entre otros tantos de sus textos, las siguientes obras: “La Doctrina del Shock: El auge del capitalismo del desastre”, Editorial Planeta, 2012. “Ecofeminismo”, Editorial Icaria 2016 y “Sobre la tiranía, veinte lecciones del Siglo XX”, Editorial Salamandra Ediciones, 2022.
Segunda vuelta
En la segunda convocatoria al ejercicio que proponemos, en semejante crisis civilizatoria y este experimento de privatización de la política, con mucha calma, del arte de la escucha, los referentes seguramente dejarían mudos a los lectores comprometidos, de convicciones no contaminadas por la crisis de representación política o, quizás, el saberse minoría y muy fuera de las grietas. Aquí sus libros, siempre en el mismo orden: Sassen “Expulsiones” Editorial Katz Barpal, 2015. Shaxson “Las islas del tesoro, Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo”. Editorial Fondo de Cultura Económica, 2014 y Chul Han “Capitalismo y pulsión de muerte”, Editorial Herder, 2022.
Intentar un resumen de las magníficas obras de arte de estos seis seres humanos sería algo así como una denuncia activa y comprometida sobre la privatización de la política. La “No política”, es el mayor ejercicio de lo peor de la política en beneficio voraz de los capitales de todo tipo, concentrados en las mega corporaciones del agronegocio, la minería y los combustibles fósiles. Regiones del planeta de exclusión y expulsión, el capitalismo del desastre que se está llevando a la tierra puesta y con ella a las futuras generaciones. Privatización absoluta de los bienes comunes renovables y los no renovables. Aprenderíamos del rol de los paraísos fiscales, sus secuaces nativos y mecanismos al servicio del remate de los pueblos y sus territorios cargados de bienes naturales (litio, pesca, minerales, granos, maderas, diversidades biológicas, etcétera). Concentración del poder sin códigos ni parlamentos que puedan poner límites.
Para una tercera ronda de conversaciones, proponer a Maristella Svampa y Enrique Viale, seres de nuestra aún maravillosa tierra de Abya Yala, para que puedan participar sumergiéndonos previamente desde “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo”, de Editorial Katz, 2015.
El proyecto de mega ley ingresado ayer, pone foco también en derretir la médula de la ley de protección de los Glaciares; lo mismo propone con el espíritu y razón de existir, de ser naturaleza, de la ley de protección de los bosques argentinos. Y ya avanza sobre el gran río Paraná, proponiendo ni más ni menos que la privatización de la Administración General de Puertos.
Es coherente el Presidente Javier Milei, el cambio climático, fuera. Los nuevos gobernadores deberán ponerse a estudiar los principios rectores de la política hídrica nacional y eso que denominan el ciclo del agua.
Recuerdo cuando no pocos encumbrados dirigentes de diversos partidos políticos denunciaban, “vienen por el agua”. Vamos a conversar con ellos ahora, vamos a invitarlos a la lectura y el estudio, convocarlos a la memoria reciente sobre de la construcción social e institucional de muchas de estas normas ejemplares, pero con los tiempos de la democracia ambiental, no de este delirio desenfrenado que borra las esencias, el espíritu de las leyes y la constitución nacional.
Antípodas frente a un supuesto nuevo contrato social, que por lo menos, no pocos, no vamos a acompañar y menos silenciarnos.
