La Mafia del Desmonte en Chaco acecha a la justicia federal de Chaco. Poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la Jueza Federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte.
La Mafia del Desmonte arrasa con los bosques nativos y ahora también opera activamente para desarmar y frenar la mayor causa judicial en su contra.
En mayo de 2024 la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentó una megacausa penal. La investigación abierta es la más importante de la historia alrededor del entramado político empresarial detrás de la destrucción del monte chaqueño, sectores de poder económico y político ahora buscan garantizar impunidad presionando al Poder Judicial.
La reciente decisión de la Jueza Federal Zunilda Niremperger de declararse incompetente de la causa penal FRE 3086/2024 —en el cual están imputados funcionarios, ex-funcionarios, empresarios y operadores de desmontes ilegales— se alinea con las presiones que venimos denunciando. Esta intempestiva decisión de la magistrada de apartarse de la causa fue tomada sin siquiera petición de parte (de oficio), lo cual sorprende porque el proceso judicial, donde se investigan delitos complejos interconectados, está en pleno proceso probatorio y los hechos y evidencias que allí se generan demuestran la competencia federal que la Jueza intenta negar arbitrariamente.
La competencia federal en la causa es muy clara. No sólo por los delitos de carácter federal que se vienen investigando (lavado de dinero, trata de personas, entre otros), sino también porque se investigan funcionarios nacionales y que las consecuencias y efectos negativos ambientales del objeto de la denuncia (desmonte) excede largamente la jurisdicción de la provincia de Chaco ya que afecta a toda la región.
La causa judicial tiene un valor estratégico y de negarse la competencia federal, la investigación se desperdigaría en numerosos juzgados locales atentando contra la unidad de la pesquisa judicial y a merced de los lobbies locales. No se trata solo de desmontes ilegales, sino de una red sistemática que viola la Ley de Bosques, burla las medidas cautelares, recategoriza zonas protegidas para el agronegocio y desplaza comunidades. Los desmontes ocurren a pesar de estar prohibidos, porque quienes los ejecutan cuentan con protección política.
Por eso, el accionar del Poder Judicial no puede reducirse a juegos de competencia sin fundamentos. Ceder ante las presiones del poder económico significa avalar un modelo de saqueo y ecocidio en uno de los ecosistemas más frágiles del país.
La decisión arbitraria de la Jueza Niremperger no está firme: ha sido apelada por nuestra organización y por la Fiscalia Federal a cargo de Patricio Sabadini. Confiamos que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocará esta decisión, mantendrá la evidente competencia federal y, de esta manera, seguirá protegiendo el monte chaqueño. La investigación penal tiene copiosas pruebas que no pueden ser ignoradas por la justicia.
Desde nuestra organización, vamos a seguir en los territorios y en los Tribunales. No vamos a permitir que la Mafia del Desmonte avance con complicidad judicial. El monte chaqueño no puede quedar a merced del ecocidio, ni las comunidades a merced del abandono.
Una minuciosa investigación revela con precisión el entramado ilegal del poder político y el extractivismo forestal en Chaco que incluye corrupción, permisos truchos y canje de votos en el Senado Nacional
Lo que durante años fue sospecha y denuncia social, hoy se confirma con expedientes, mapas, nombres propios y cifras oficiales.
Denunciamos y revelamos el mapa detallado del sistema mafioso que desmonta ilegalmente en el monte chaqueño argentino. El Equipo Interdisciplinario de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentó un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas en la causa federal conocida como la Mafia del Desmonte en Chaco.
Dicho análisis de la prueba, más el aporte de nueva, fue presentado formalmente el día de hoy en la causa judicial que tramita ante la Justicia Federal de Chaco (donde la AAdeAA-CAJE es querellante) y se solicitaron nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.
La evidencia procesada es abrumadora. Cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas revelan con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar. No se trata de denuncias aisladas. Ponemos nombre y apellido a cada punto del sistema: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se montaban.
Pero el entramado supera el ámbito provincial. La acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada. Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, volvió al Senado Nacional para garantizar al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes. A cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica.
A su vez, la investigación revela que el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal. En 2012 impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica. Y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el “aprovechamiento de productos abatidos”.
Vía libre al desmonte
Entre 2011 y 2021, la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1.335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido.
MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.
El zorro en el gallinero, el ex Ministro de la Producción Hernan Halavacs
El ex ministro Hernan Halavacs gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín.
Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino, Directores de Desmonte de la Provincia
De un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino.
Por ejemplo, en un año, el 2013, la Dirección de Bosques a cargo de Miguel Angel López entregó más de 300 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 35.000 hectáreas de desmonte.
Solo en 2016, la Dirección de Bosques a cargo de Emanuel Carrocino entregó casi 200 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 30.000 hectáreas de desmonte.
Permisos truchos y Recategorizaciones
Se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de recategorización predial. Así, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo. Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A.
El cambio de uso del suelo solo puede ser realizado si esta se encuentra debidamente autorizada. Pero además de los 1335 permisos de cambio de uso del suelo, la Dirección de Bosques de la Provincia de Chaco entregó 15.064 permisos entre 2009 y 2024, siendo nuevamente el año con mayor cantidad de permisos otorgados 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López con más de 1.500 permisos otorgados ese año. Más del 50% fueron de “aprovechamiento forestal”, disfrazando la extracción intensiva de “manejo sostenible”. Las asociaciones comunitarias Meguesoxochi y Misión Nueva Pompeya recibieron cientos de estos permisos, bajo control de operadores políticos denunciados.
“Autorizaciones Especiales”
Uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales”, este tema es central en la investigación penal federal dado que refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de “legalidad”, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía.
Esta figura creada irregularmente por la Dirección de Bosques permitió que los desmontes ilegales fueran “regularizados” a posteriori. Las llamadas “autorizaciones especiales” se dispararon en los últimos años: 403 autorizaciones, 94 se dieron sólo el año pasado en 2024, 110 de ellas fueron gestionadas por Halavacs. Las empresas beneficiadas son Carbotec S.A, Argecosol SRL, Forestales del Chaco y “Katona SRL” (empresa forestal de Los Frentones que es la principal proveedora de madera de Ana Victoria y Adolfo Eduardo Hupaluk), entre otras.
Corrupción con fondos nacionales: la asignación del Fondo NacIonal de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado para que tiene como objetivo compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
La Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario a lo que establece la Ley por 12 años. El 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley.
Permisos de transporte truchos e inflados.
Los permisos que el gobierno provincial entrega a los productores forestales van asociados a la entrega de una cantidad de “guías”. La cantidad de guías debe ser proporcional al volumen de productos forestales que el permiso habilita extraer del bosque nativo. Se entregaron cantidades desproporcionadas de estas guías de transporte forestal (permisos de transporte) respecto al volumen autorizado. Un caso es el de Ramón Jalil Abraham, con 1.374 guías para apenas 50 hectáreas. Otro caso fue el de Alejandro Ibáñez, con 485 guías para 45 hectáreas, derivadas en su mayoría a las tanineras. Las guías se usan como moneda para legalizar desmontes ilegales. Todos los datos demuestran la existencia de un mecanismo por el cual la Dirección de Bosques de la Provincia vende cupo d 1 e extracción a los productores forestales, mediante la expedición de guías sobregiradas, para que éstos puedan transportar legalmente los productos forestales extraídos de manera ilegal.
Sin desmantelar los entramados mafiosos del extractivismo no hay justicia posible
En tiempos de desconfianza en las instituciones y en los representantes de nuestra sociedad, la voluntad política y judicial para actuar es más necesaria que nunca. Las evidencias son contundentes e innegables, sin desarmar estas tramas de corrupción no habrá regeneración posible, tanto de nuestras sociedades como de nuestros ecosistemas.
Es imposible retomar la confianza en la justicia si se protegen intereses mafiosos. Avanzar hacia una transición ecosocial en nuestro país requiere, como primer paso, desbaratar estas redes que operan con impunidad desde hace décadas. Recuperar los ecosistemas del Gran Chaco y defender los territorios campesinos e indígenas empieza por decir lo que hay que decir: el desmonte tiene nombre, apellido y firma.
La Argentina enfrenta incendios devastadores en el sur y noreste del país, agravados por sequías, altas temperaturas y desfinanciamiento estatal. Las plantaciones de pinos aumentan el riesgo y dificultan la regeneración del ecosistema. Este modelo forestal, basado en monocultivos exóticos, afecta la biodiversidad, el agua y las comunidades, promoviendo un desarrollo insostenible y regresivo.
Otro verano con incendios en todo el país. En la Patagonia, donde aún continúan activos, consumieron miles de hectáreas de bosques en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanin. En la Comarca Andina ya se quemaron también miles de hectáreas en una zona de interfase urbano-rural, destruyendo casi 200 viviendas y con centenares de familias evacuadas. Hasta el momento más de 45.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas por el fuego en el Sur.Los peores en las últimas tres décadas.
También hay incendios de gran extensión en las provincias del noreste del país, ya muy castigadas por el fuego durante los últimos años. En lo que va de 2025, solo en Corrientes se quemaron cerca de 150.000 hectáreas, aunque los datos varían por la ausencia de información oficial confiable.
En todos los casos se combina una sequía atípica, temperaturas extremas y fuertes vientos como detonantes principales, sumado a que los recursos para prevención y control que destinan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son insuficientes y cada vez más escasos.El desfinanciamiento y precarización de las áreas de control del fuego en el Gobierno Nacional se hace sentir en los territorios y tiene consecuencias desastrosas muy concretas en el marco del Cambio Climático Global.
La mayor respuesta estatal fue la persecución a comunidades mapuches y grupos comunitarios. Una verdadera cacería, por parte del Gobierno Nacional y provinciales. Para des-responsabilizarse de los incendios necesitan un culpable, un “enemigo” que alimente teorías conspirativas.
Pero existe otra constante de la que se habló en mucho menor medida: los habitantes y productores de las zonas bajo fuego indican que la presencia de plantaciones forestales de pinos —y, en menor proporción, eucaliptos— han contribuido a aumentar los riesgos, actuando como focos o haciendo que los incendios se propaguen con tal velocidad o adquieran magnitudes de tal violencia, que los deja fuera de control. También sucede que se prioriza el control del fuego en las plantaciones forestales, y se deja a merced del fuego a los bosques verdaderos, pastizales y humedales.
Pinos e incendios
No es sorprendente. Desde hace décadas que esta característica “pirogénica” de los pinos está estudiada y documentada en otras partes del mundo, tanto donde se cultivan como en los países del hemisferio norte de donde son originarios.
Contribuyen sustancialmente a que los incendios sean más frecuentes e intensos porque, de alguna manera, les resultan favorables. Tienen características que les permiten sobrevivir o regenerarse rápidamente, aumentando incluso su superficie gracias a este disturbio (cortezas gruesas, enorme producción de semillas que germinan o dispersan en respuesta al calor extremo). Además, contienen aceites o resinas inflamables que aumentan la probabilidad de incendio, y su hojarasca (la “pinocha”) se acumula sin degradarse y es más inflamable que la de nuestros ambientes nativos. Como si esto fuera poco, como las copas están tan cercanas el fuego se puede trasladar en altura, siendo estos incendios de copa los tipos de incendios forestales de mayor severidad y peligro.
En condiciones post fuego también se ven favorecidas, interfiriendo con la regeneración de nuestros bosques, matorrales y pastizales quemados. En esas condiciones los pinos germinan literalmente como un césped y cubren completamente el suelo, ahogando a la vegetación nativa e impidiendo que prospere.
Ya sea por causas naturales o antrópicas, el fuego forma parte de la dinámica de varios ecosistemas argentinos. Pero la combinación de fuegos repetidos y catastróficos con las plantaciones de pinos es un nuevo tipo de disturbio que puede llegar a convertir tierras productivas en improductivas y ocasionar graves deterioros ambientales y socioeconómicos en una región.
Las plantaciones forestales pueden causar y agravar las sequías
Además del riesgo de incendio que se retroalimenta y de la pérdida masiva de biodiversidad que provocan las plantaciones forestales, uno de sus impactos más importantes se produce sobre la hidrología de las regiones en donde se instalan, pudiendo afectar la calidad, cantidad y distribución del agua superficial y subterránea.
Los pinos y eucaliptos consumen cantidades enormes de agua, mucha más de la que consume la vegetación nativa, especialmente cuando reemplazan arbustales y pastizales. Normalmente consumen más agua de la que llueve, con lo cual deben bombearla de las napas y de los cuerpos de agua vecinos. Además, su altura y densidad de ramas y hojas impiden que un alto porcentaje del agua de lluvia llegue al suelo (hasta el 95%); ésta queda retenida en las copas y luego simplemente se evapora con el sol. Estos procesos combinados contribuyen a que, con el paso del tiempo, disminuya o desaparezca la recarga de agua de arroyos, lagunas, bañados y acuíferos, que finalmente se secan. Esta situación se agrava al aumentar la superficie plantada o invadida, como ya ha sucedido en otros lugares del mundo (Ej: Sudáfrica, con reducciones de caudales en cuencas enteras de hasta un 70%).
En años secos, las lagunas no se llenan y las napas se hacen más profundas. El resultado es un agotamiento local del agua que ya no queda disponible para la fauna y flora nativas ni para el consumo humano u otros usos productivos. Es algo que repiten todas las personas que viven en lugares en donde se instalan estas plantaciones: “desde que se plantó el pino o el eucalipto, se acabó el agua”. En sectores de los Esteros del Iberá, por ejemplo, los pozos que antes daban agua a los 8 metros de profundidad, ahora recién lo hacen cerca de los 20 metros.
A estos hay que sumar los impactos directos de las obras hidráulicas que se deben hacer en zonas de humedales y pastizales (naturalmente inundables) para conducir el drenaje y permitir que se haga la plantación inicial y la apertura de caminos: “camellones”, terraplenes y canales de drenaje, directamente diseñados para secar los sectores en donde se hacen las plantaciones de estas especies exóticas.
La invasión silenciosa
Las inmensas plantaciones forestales implican un riesgo ambiental en sí mismas como agentes de cambio de la dinámica hídrica de la región en donde se instalan, por modificar la estructura y funcionamiento del paisaje, por no servir como hábitat para la flora y fauna silvestres, y por su papel como agentes de cambio cultural en las comunidades rurales de la zona, entre otros. Como si esto fuera poco, existe otro riesgo tal vez más grande debido a su carácter de “especies invasoras”: los pinos se propagan descontroladamente hacia ambientes naturales y áreas productivas y poblados vecinos, lo que puede hacer escalar todos estos impactos hasta dimensiones impensadas.
Especialistas de todo el mundo destacan la gravedad del problema de las llamadas “especies exóticas invasoras” como los pinos, que conforman el grupo de especies forestales más irruptivas para todo el hemisferio Sur afectando bosques, pastizales, humedales, estepas y dunas costeras. Las pérdidas de biodiversidad y la homogeneización del paisaje disminuyen la resiliencia frente a cambios ambientales como las sequías y los incendios, y pueden aumentar el riesgo de plagas y enfermedades atentando contra las propias plantaciones forestales. Impactan así sobre todas las actividades productivas de una región, incluyendo la agrícola, ganadera y turística. Daños todos ya registrados en nuestro país, desde la Patagonia hasta los Esteros del Iberá. A todo esto, se suma que los pinos fuera de las plantaciones ni siquiera tienen valor forestal ya que su madera es de mala calidad por la densidad en la que crecen.
Los pinos y el mal desarrollo
Pese a los extensos y riquísimos bosques y selvas pobladas de especies valiosas que supo tener nuestro país, este mal llamado “desarrollo” forestal argentino se basó fundamentalmente en el desmonte y posterior instalación de extensos monocultivos, artificiales y altamente mecanizados, de especies de pinos originarios de Estados Unidos y otras especies exóticas. Se hizo copiando al modelo chileno: se fueron desarrollando a la par, con inversiones de los gobiernos militares de la década del 70, fomentando la plantación sobre tierras fiscales y construyendo las pasteras que los gobiernos luego privatizaron a precios bajísimos, para quedar finalmente en manos de 2 o 3 corporaciones como la chilena Celulosa Arauco y Constitución.
Este modelo constituye un ejemplo de un tipo de desarrollo socialmente regresivo y ambientalmente insustentable que ha generado miseria, despojo y explotación en todos los territorios en donde prospera. Las plantaciones forestales no sólo fracasaron en reducir la presión sobre los bosques nativos, en mejorar la conservación de suelo y agua o en promover el empleo y el desarrollo social, sino al contrario: dieron lugar a una creciente homogeneización de los paisajes y a la destrucción y radical transformación de otros ecosistemas, como los pastizales correntinos y las estepas patagónicas, tan valiosos como los bosques, generando problemas cada vez más difíciles de resolver. Se desarrolló a expensas de la apropiación y concentración de la propiedad de la tierra, dejando a comunidades campesinas y localidades enteras encerradas dentro de “jaulas de pinos”, sin fuentes de empleo y provocando migraciones masivas con una caída general en los estándares de vida.
Este modelo de mal desarrollo forestal no distingue entre bosque nativo y plantaciones, y ve a los árboles como una mercancía, donde los criterios cuantitativos de “número de árboles”, “toneladas por hectárea” o “PIB per cápita” son instrumentos suficientes de estrategia y política, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. Los verdaderos bosques y recursos forestales nativos siguen siendo ignorados o depredados, mientras se promueve el modelo fabril de monocultivos industriales con instrumentos tan efectivos como el del régimen de promoción instaurado desde finales de los 90 con la ley nacional 25.080 y otras leyes provinciales relacionadas. Desde entonces, el Estado subsidia todos los pasos productivos de implantación, mantenimiento, riego y cosecha de las plantaciones, exime a las empresas del pago de impuesto inmobiliario por las tierras sembradas, de impuestos de sellos y de ingresos brutos, les devuelve el IVA en forma anticipada, y les otorga estabilidad fiscal por 30 años, entre otros beneficios y exenciones fiscales e impositivos.
Frente a estos fracasos tan devastadores, ampliamente documentados, del paradigma de desarrollo forestal basado en los monocultivos, resulta urgente establecer una inmediata moratoria que prohíba la plantación de especies exóticas, que destine gran parte del presupuesto de la actual ley de promoción forestal a la restauración de ecosistemas nativos, el manejo de áreas naturales protegidas, la promoción de la producción de alimentos a escala local, la educación ambiental, la restauración productiva de las tierras quemadas y el control y prevención de incendios catastróficos.
