Texto alternativo (alt text): “Imagen del desmonte ilegal en la provincia de Chaco que viola la medida cautelar para proteger los bosques nativos.”

Ambientalistas solicitan a la Corte Suprema la suspensión inmediata de los desmontes en el norte

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Buenos Aires, 12 de noviembre de 2026.- Greenpeace Argentina, con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva en forma prioritaria el pedido de una medida cautelar para suspender los desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. En la presentación, realizada en el marco de la llamada “Causa Yaguareté”, la organización reclamó además la convocatoria a una audiencia pública. 

El escrito presentado al máximo tribunal informa que entre enero y septiembre de 2026 en el norte de Argentina se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos: Santiago del Estero 35.368 hectáreas, Salta 20.122 hectáreas, Chaco 9.339 hectáreas y Formosa 8.395 hectáreas. Y advierte que la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques “ponen en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco argentino”. (1)

La documentación presentada muestra que “gran parte de la deforestación de los últimos años coincide con el área señalada por los científicos como crítica para la conservación del Yaguareté en el Gran Chaco” y que “las recientes modificaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta no tuvieron en cuenta este trabajo científico, permitiendo que la deforestación avance sobre territorios claves para la conservación de la especie”.  

Las pruebas aportadas alertan a la Corte Suprema sobre la gravedad que implica el desfinanciamiento y los cambios a la Ley de Bosques propuestos por el gobierno nacional: “aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10% de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”. 

Finalmente, se solicita al máximo tribunal que utilice el mismo criterio que en la causa “Árbol de Pie” por la Ley de Tierras, donde reconoce expresamente “el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno”. Este fundamento se utilizó para adoptar una medida interina para asegurar la tutela judicial efectiva y evitar daños irreparables, y por lo tanto la presentación sostiene que es “obligación de los Sres. Ministros aplicar ese mismo criterio en un caso de extrema sensibilidad como el presente donde se persigue evitar la extinción de nuestra panthera onca”.  

Frente a este escenario, Greenpeace destacó la importancia de la participación ciudadana y recordó la convocatoria a ser parte de la “República de los Siete Bosques”, una comunidad protectora de los bosques, alerta ante diferentes amenazas.

Antecedentes de la “Causa Yaguareté”:

En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco argentino, y violar lo establecido por la Ley de Bosques. Se reclama Deforestación Cero en los territorios que habita la especie, protegida por ley como Monumento Natural Nacional.

La denuncia apunta a la realización de recategorizaciones prediales de los ordenamientos territoriales para permitir más deforestación; la autorización de desmontes para ganadería en zonas protegidas; la realización y actualización de ordenamientos territoriales que permiten deforestar en territorios que habita la especie; y la reducción de los fondos para control de desmontes ilegales, prevención y combate a incendios y promoción de la conservación de bosques. 

Greenpeace presentó en 2021 una medida cautelar solicitando al máximo tribunal la suspensión de los desmontes en esas provincias hasta tanto resuelva el tema de fondo. Por su parte, en 2022 la Corte Suprema anunció que realizará una audiencia pública sobre este caso, y al año siguiente declaró su competencia en la causa. 

Nota:

  1. Escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2026/11/a37181f8-yaguarete-presentacion-a-corte-noviembre-2026-final-1.pdf 

¿Cuánto petróleo hay en lo que comemos? Nuevo informe revela cómo el agronegocio argentino carga de petróleo y gas nuestros alimentos

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentamos el informe Agronegocios y combustibles fósiles: dependencia y alternativas, una investigación sobre la presencia del petróleo y el gas en el sistema agroalimentario argentino. El trabajo analiza el uso de fertilizantes, agrotóxicos, maquinaria, transporte y plásticos, cuestiona el papel de los agrocombustibles en la transición energética popular y propone la agroecología como alternativa. Incluye también un modelo de ordenanza para impulsar políticas públicas de producción agroecológica para municipios de todo el país.

Presentamos una nueva investigación sobre la dependencia del petróleo y el gas en el sistema agroalimentario argentino. Los fertilizantes, agrotóxicos, maquinarias, transportes y envases que sostienen el agronegocio están profundamente vinculados a la industria fósil. Esta dependencia tiene consecuencias sobre la crisis climática, la salud, el agua, los suelos y la soberanía alimentaria. Frente a este modelo, proponemos avanzar hacia la agroecología y presentamos un modelo de ordenanza para impulsar su desarrollo desde los municipios.

El sistema agroalimentario mundial consume el 15% de los combustibles fósiles y el 40% de los productos petroquímicos, según datos de IPES-Food (2025) recuperados en nuestra investigación. En Argentina, el uso de fertilizantes se triplicó desde 1996, mientras el agronegocio consolidó un modelo basado en monocultivos, agrotóxicos, maquinaria de gran escala y cadenas de transporte que requieren grandes cantidades de energía.

Esta dependencia no es solamente energética. La producción industrial de alimentos está vinculada con la concentración de la tierra, la expulsión de comunidades campesinas, la contaminación del agua y los suelos y los impactos de los agrotóxicos sobre la salud. El petróleo y el gas están presentes tanto en los insumos que utiliza el campo como en los residuos que deja el sistema productivo.

También cuestionamos la promoción de los agrocombustibles como una respuesta a la crisis climática. Reemplazar combustibles fósiles por combustibles elaborados a partir de cultivos no alcanza para transformar un modelo que mantiene la dependencia de insumos industriales, la concentración económica y la presión sobre los territorios.

No podemos hablar de transición energética justa y popular sin discutir el agronegocio. Por eso, además de analizar las consecuencias del modelo actual, recuperamos las alternativas que ya existen: la agroecología, los circuitos locales de comercialización, la producción campesina y cooperativa y la soberanía alimentaria. Como parte de esta propuesta, incluimos un modelo de Ordenanza de Promoción Agroecológica para que municipios, concejos deliberantes y organizaciones territoriales cuenten con una herramienta concreta para impulsar políticas públicas que acompañen la producción de alimentos sanos.


El petróleo y el gas están mucho más presentes en nuestra alimentación de lo que solemos reconocer. No solamente se utilizan para transportar los alimentos desde el campo hasta las ciudades. También intervienen en la fabricación de fertilizantes y agrotóxicos, en el funcionamiento de la maquinaria agrícola, en los sistemas de riego, en la producción industrial, en el almacenamiento y en los envases que llegan a nuestras mesas.

En nuestra investigación partimos de una hipótesis central: el sistema agroalimentario argentino es fósil dependiente. Esta dependencia no es accidental ni secundaria. Es una característica estructural del modelo de agronegocios que se expandió en Argentina durante las últimas décadas.

El agronegocio organiza la producción a partir de grandes extensiones de monocultivos, semillas transgénicas, fertilizantes de síntesis química, agrotóxicos y maquinaria de gran escala. Su funcionamiento requiere un abastecimiento constante de insumos industriales y energía.

Este modelo también concentra el control de la tierra, la producción y la comercialización de alimentos. La expansión de la frontera agropecuaria y la consolidación de grandes actores económicos están vinculadas con procesos de expulsión campesina, transformación de ecosistemas y pérdida de diversidad productiva.

La pregunta que planteamos no es solamente cuánta energía consume la agricultura. También necesitamos discutir quién controla la producción de alimentos, qué consecuencias tiene este sistema para las comunidades y quiénes se benefician de su funcionamiento.

Una de las expresiones más claras de la dependencia fósil del agronegocio es el uso de fertilizantes sintéticos. La fabricación de fertilizantes nitrogenados requiere grandes cantidades de gas natural. Su utilización conecta directamente la producción agrícola con la industria de los hidrocarburos y con los precios internacionales de la energía.

En Argentina, el consumo de fertilizantes se triplicó desde 1996. Este crecimiento acompañó la expansión de un modelo agrícola que necesita incorporar de manera permanente insumos externos para mantener sus niveles de producción.

Los agrotóxicos constituyen otro componente central de esta dependencia. Muchos de los productos utilizados para controlar malezas, insectos y enfermedades de los cultivos están vinculados con procesos de fabricación petroquímica.

Su utilización masiva tiene consecuencias que exceden el campo donde se aplican. La exposición a sustancias peligrosas, la contaminación de cursos de agua y suelos y los residuos que permanecen en los territorios forman parte de los costos de este modelo.

En nuestra investigación abordamos los efectos de los agrotóxicos sobre la salud y las relaciones entre hidrocarburos, productos químicos agrícolas y contaminación.

La producción de alimentos no puede evaluarse solamente por su rendimiento económico o por el volumen de toneladas exportadas. También debemos considerar sus consecuencias sobre la vida de las poblaciones expuestas, la calidad del agua, la fertilidad de los suelos y la salud de los ecosistemas.

La dependencia fósil continúa después de la aplicación de fertilizantes y agrotóxicos.

Tractores, cosechadoras, camiones y otros equipos agrícolas consumen combustibles para funcionar. A esto se suman los requerimientos energéticos del transporte de materias primas, la industrialización de alimentos y las extensas cadenas de distribución.

En un modelo orientado a la exportación de grandes volúmenes de productos agrícolas, el transporte constituye una parte fundamental del sistema. La producción se organiza en función de mercados que muchas veces se encuentran a miles de kilómetros de los territorios donde se cultivan los alimentos.

Los plásticos también ocupan un lugar central. Envases, silobolsas y otros materiales derivados de los hidrocarburos forman parte de la infraestructura cotidiana del agronegocio.

Su utilización genera nuevos problemas vinculados con la acumulación y disposición de residuos, que se suman a los impactos de los insumos químicos y de las actividades productivas.

Por eso, cuando hablamos de dependencia fósil no nos referimos únicamente al combustible utilizado por una máquina. Hablamos de un sistema que necesita petróleo y gas en prácticamente todas sus etapas.

La producción agroindustrial contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero a través de múltiples actividades: la fabricación y aplicación de fertilizantes, el consumo de combustibles, la producción ganadera intensiva, los cambios en el uso del suelo y las cadenas de transporte.

A escala global, los sistemas alimentarios consumen el 15% de los combustibles fósiles y el 40% de los productos petroquímicos, de acuerdo con los datos de IPES-Food (2025) que recuperamos en nuestro trabajo. Estas cifras muestran que la discusión sobre el abandono de los combustibles fósiles debe incorporar necesariamente la producción de alimentos.

No alcanza con modificar la matriz eléctrica o reemplazar determinadas tecnologías de transporte si mantenemos un sistema agroalimentario que depende estructuralmente de la industria petrolera y petroquímica. La crisis climática nos exige discutir cómo producimos, pero también para qué, para quiénes y bajo qué relaciones sociales y territoriales.

En las últimas décadas, los agrocombustibles fueron promovidos como una alternativa para reducir el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, su producción puede reproducir las mismas características del agronegocio: monocultivos de gran escala, utilización de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, concentración de la tierra y dependencia de maquinaria y transporte.

Cuando los cultivos agrícolas se destinan a producir energía, también se abre una disputa por el uso de la tierra y por el destino de la producción. Desde nuestra perspectiva, la transición energética no puede consistir simplemente en reemplazar una fuente de combustible por otra sin revisar las condiciones en las que se produce.

Necesitamos preguntarnos quién controla la tierra, qué actividades se priorizan y qué consecuencias tiene la expansión de los cultivos destinados a la producción energética sobre las comunidades y los ecosistemas. Una transición justa debe reducir la dependencia fósil y, al mismo tiempo, transformar las relaciones de desigualdad y concentración que sostienen el modelo actual.

Frente a este escenario, defendemos la agroecología como una alternativa concreta al agronegocio fósil dependiente. La agroecología permite reducir la utilización de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, recuperar la fertilidad de los suelos, diversificar la producción y fortalecer los conocimientos de las comunidades campesinas, indígenas y productoras.

El reemplazo de insumos químicos por otras técnicas de cultivo es urgente. La agroecología propone transformar las relaciones entre la producción de alimentos, los territorios y las personas. Busca recuperar la autonomía de quienes producen, fortalecer las economías locales y construir sistemas alimentarios que prioricen las necesidades de las comunidades.

Los circuitos cortos de comercialización, las ferias locales, las cooperativas y las experiencias de producción agroecológica muestran que existen otras formas de organizar la alimentación.

La soberanía alimentaria es una dimensión fundamental de esta transformación. Implica que los pueblos puedan decidir sobre sus sistemas de producción y consumo, en lugar de quedar subordinados a las prioridades de grandes empresas y mercados internacionales.

Desfosilizar el sistema alimentario significa reducir la dependencia del petróleo y el gas, pero también democratizar la producción de alimentos y recuperar el control de los territorios.

Además del diagnóstico y las alternativas que desarrollamos, incorporamos un modelo de Ordenanza de Promoción Agroecológica para que los municipios puedan avanzar en políticas públicas concretas. La propuesta contempla capacitaciones, incentivos económicos y fiscales, apoyo a ferias y mercados locales, regularización de tierras públicas destinadas a la producción y mecanismos de identificación participativa de productos agroecológicos. También incluye medidas de protección frente a fumigaciones que puedan afectar las producciones agroecológicas. Buscamos que esta herramienta pueda ser adaptada por concejos deliberantes, gobiernos locales, organizaciones y comunidades según las características y necesidades de cada territorio.

Proponemos, además, la creación de un Consejo para el Desarrollo de la Agroecología y la Producción de Alimentos Saludables, con participación de organismos públicos, productores y cooperativas, para acompañar la implementación de estas políticas. El modelo incorpora un registro gratuito de productores agroecológicos, un fondo de estímulo y espacios de participación y seguimiento. Entendemos que la transformación del sistema agroalimentario requiere decisiones políticas, recursos y participación social. Por eso, ponemos a disposición una herramienta legislativa que permita convertir las experiencias agroecológicas en políticas públicas locales.

El agronegocio argentino depende del petróleo y del gas para producir, transportar, almacenar y comercializar alimentos. Esta dependencia tiene consecuencias sobre el clima, la salud, el agua, los suelos y las condiciones de vida de las comunidades.

No podemos separar la discusión energética de la discusión alimentaria. Tampoco podemos pensar una transición justa sin cuestionar la concentración de la tierra, la utilización masiva de agrotóxicos y la subordinación de la producción a los mercados internacionales.

Necesitamos avanzar hacia sistemas agroalimentarios que reduzcan la dependencia fósil, fortalezcan la producción local y garanticen el acceso a alimentos sanos.

Con esta investigación buscamos aportar herramientas para comprender las relaciones entre agronegocios y combustibles fósiles, fortalecer las alternativas que ya existen y promover políticas públicas que permitan multiplicarlas.

Medida histórica en Chaco: la Justicia Federal crea un equipo interinstitucional para hacer cumplir la cautelar contra “La Mafia del Desmonte.

La medida cautelar que prohíbe los desmontes en el Chaco sigue vigente y ahora tendrá un mecanismo concreto para hacerse cumplir. El Juzgado Federal de Resistencia N° 1 dispuso la conformación de un “Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco”, integrado por la Fiscalía Federal, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales y las autoridades ambientales y forestales.

                                        Buenos Aires / Chaco, 3 de noviembre de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), parte querellante en la causa penal conocida como “Mafia del Desmonte”, celebramos esta medida histórica de la Justicia Federal. 

Tras la audiencia interinstitucional realizada hoy, el Juzgado Federal de Resistencia N° 1 a cargo de la Dra. Zunilda Niremperger creó un equipo para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar dictada en agosto de 2024 y que luego de un largo derrotero que incluyó la Cámara de Casación Penal fue restituida en su plena vigencia el 22 de septiembre de 2026 por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. 

La medida cautelar vigente suspendió los desmontes en toda la provincia, incluidos los permisos autorizados y no ejecutados y los nuevos que pudieran otorgarse. Esa prohibición no se toca, y desde hoy, además, el Estado tiene la obligación concreta de coordinar la labor estatal con la participación activa de la querella que impulsó la denuncia -AAdeAA-  para en forma efectiva  hacer cumplir en el territorio la prohibición de desmonte vigente.

El “Equipo de Coordinación Interinstitucional” creado reúne en un canal directo y permanente al Ministerio Público Fiscal Federal, a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, a las autoridades forestales del Chaco, a la Autoridad Ambiental Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a Gendarmería Nacional, cada uno de ellos tendrá un referente responsable de la ejecución inmediata de acciones en el terreno ante la detección de un desmonte.

Compartirán información satelital y alertas tempranas, incluidos los reportes quincenales del sistema nacional de alerta de deforestación, para identificar zonas prioritarias y coordinar verificaciones territoriales. 

Además, la Justicia Federal ordenó a la Gendarmería Nacional, con conocimiento del Ministerio de Seguridad Nacional, reforzar los recursos destinados a la vigilancia, el monitoreo, el patrullaje preventivo y la detección temprana de desmontes en el Chaco. Deberá sumar personal, vehículos aptos para zonas rurales, drones, georreferenciación e imágenes satelitales, con atención primaria a las zonas con desmontes recientes denunciados, las áreas naturales protegidas y los corredores biológicos.   

Ante un posible desmonte, la comunicación deberá ser inmediata a la Dirección de Bosques; si los hechos pudieran constituir delitos o incumplimientos de la cautelar, también a la Fiscalía Federal. La resolución pide además a Gendarmería y al Ministerio de Seguridad provincial reforzar personal, vehículos, drones y herramientas de georreferenciación, y exige a la Dirección de Bosques y a la Fiscalía informes trimestrales ante el Tribunal.

Una prohibición sin control queda a merced de quienes la violan, y en esta causa ya denunciamos desmontes durante la vigencia de la cautelar. Por eso, integrar este equipo nos permitirá intensificar el control sobre el cumplimiento de la medida y prevenir los desmontes con mayor eficacia. 

Esto es central en una causa que investiga a funcionarios provinciales, y como ya advirtió la Cámara Federal de Casación Penal, el control de los desmontes no puede quedar librado a los mismos organismos bajo investigación. 

A partir de ahora, las alertas podrán circular por un canal directo que comparten la Fiscalía, las fuerzas federales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas como parte querellante, con informes periódicos al Tribunal.

LA CAUSA PENAL SIGUE AVANZANDO

La causa contra la Mafia del Desmonte sigue avanzando gracias a la organización social y territorial, al conocimiento científico y a decisiones judiciales como esta, que se niegan a normalizar la entrega de los bosques al negocio del desmonte. Vamos a usar cada herramienta de esta resolución para enfrentar a las topadoras que avanzan clandestinamente sobre nuestros bosques nativos y para exigir controles en las rutas por donde circulan camiones repletos de madera nativa, muchos de ellos con destino a las tanineras. Seguiremos en los territorios y en los Tribunales, defendiendo los bosques y todo el ecosistema del gran Chaco.

BASUREROS PETROLEROS: LA JUSTICIA DEMORA EL INICIO DEL JUICIO Y DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dejó sin efecto la probation que había sido concedida el 19 de marzo de 2026 a los tres imputados en la causa por los basureros petroleros de COMARSA. Al mismo tiempo revocó la decisión que había rechazado definitivamente ese beneficio y ordenó realizar una nueva audiencia ante otro juez de Garantías. Hoy ninguno de los tres imputados tiene probation. Pero la posibilidad de suspender el juicio sigue abierta.

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén resolvió que la suspensión del juicio que había sido concedida el 19 de marzo de 2026 a los tres imputados en la causa COMARSA queda sin efecto. Al mismo tiempo, anuló la decisión posterior del Tribunal de Impugnación que había rechazado de manera definitiva ese beneficio y ordenó realizar una nueva audiencia ante otro juez de Garantías. La resolución significa que al día de hoy ninguno de los tres imputados tiene suspendido el juicio, pero la posibilidad de que accedan nuevamente a ese beneficio sigue abierta. La discusión deberá realizarse otra vez y de manera individual para cada uno de los acusados: Luis, Basilotta y Ponce.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas consideramos importante que el Tribunal haya confirmado que tanto nuestra querella como el Ministerio Público Fiscal tenían derecho a recurrir la suspensión del juicio. Las defensas sostenían que no estábamos habilitados para cuestionarla. El fallo rechaza esa interpretación y reconoce nuestra intervención en una discusión central para garantizar que las causas ambientales puedan llegar efectivamente a juicio.

También quedó sin efecto la decisión adoptada en marzo por el juez Yancarelli, que había concedido la suspensión del juicio a los tres imputados bajo condiciones que fueron cuestionadas por ser confusas, incompletas y contener montos sin una definición clara. Esa resolución ya no constituye el punto de partida del proceso.

El Tribunal Superior también dejó sin efecto la resolución del Tribunal de Impugnación que había rechazado directamente la posibilidad de otorgar ese beneficio. Por eso, la discusión no terminó. Otro juez deberá analizar nuevamente si corresponde suspender el juicio para cada imputado. La resolución también ratificó que la oposición formulada por el Ministerio Público Fiscal había sido fundada y razonable y rechazó el planteo de las defensas que pretendía declarar nulo lo actuado por la falta de intervención de la Fiscalía de Estado. Además, la apertura a juicio dispuesta el 18 de agosto sigue vigente.

La causa por los basureros petroleros de COMARSA continúa formalmente encaminada hacia un juicio oral y público, aunque ese juicio todavía puede volver a ser puesto en riesgo. Se investiga la acumulación ilegal de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la industria petrolera, gasífera y del fracking. Después de más de seis años de investigación, se reunió una enorme cantidad de prueba documental, testimonial, técnica y pericial destinada a determinar las responsabilidades por uno de los mayores basureros petroleros vinculados a Vaca Muerta.

Como venimos sosteniendo desde el comienzo el pueblo neuquino tiene la necesidad de que se realice un juicio público para saber la verdad. Después de seis años de investigación, la sociedad neuquina tiene derecho a conocer la prueba, escuchar a los testigos y especialistas y saber cómo fue posible acumular semejante volumen de residuos peligrosos. Volver a abrir la posibilidad de suspender el juicio prolonga una discusión que debería estar saldada. Como planteamos anteriormente la probation en este contexto es equivalente a impunidad, implicaría que una causa de esta magnitud pueda cerrarse sin juicio, sin pena y sin condena por los hechos investigados.

Vamos a participar de la nueva audiencia y a sostener nuevamente que este caso debe llegar a juicio oral y público. La suspensión concedida en marzo cayó. La apertura a juicio sigue vigente. Ahora la pelea es para que ese juicio efectivamente ocurra.

Mercados de carbono: rechazamos el proyecto aprobado por el Senado que prioriza el negocio sobre la acción climática

El Senado dio media sanción a una ley que promueve la comercialización de créditos de carbono, mientras Argentina continúa sin una política climática actualizada. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA-CAJE) rechazamos el proyecto y advertimos sobre sus riesgos para los territorios, los ecosistemas y las comunidades.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2026.

El pasado 29 de octubre, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley para regular los mercados de carbono en Argentina. La iniciativa permite comercializar créditos que representan emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o capturadas. Estos mecanismos pueden ser utilizados por empresas para compensar sus emisiones sin necesariamente reducir la contaminación que generan sus propias actividades.

El problema de fondo es que comprar créditos de carbono no equivale a reducir emisiones en origen. Los mecanismos de compensación pueden permitir que grandes empresas contaminantes continúen emitiendo gases de efecto invernadero mientras financian proyectos de conservación o captura de carbono en otros territorios. Además, estos sistemas presentan riesgos de especulación financiera, acaparamiento de tierras y vulneración de los derechos de comunidades indígenas y campesinas.

El texto aprobado contempla beneficios fiscales para la comercialización de créditos, incluidos diez años de estabilidad fiscal y una alícuota del 0% en derechos de exportación. Al mismo tiempo, eliminó la Reserva Estratégica Nacional de Carbono y los cupos de transferencia internacional previstos en el proyecto original, que buscaban resguardar reducciones para el cumplimiento de las metas climáticas argentinas.

Resulta contradictorio impulsar un mercado internacional de emisiones mientras el país no cuenta con metas climáticas actualizadas ni una estrategia clara para reducirlas. La Argentina tampoco puede subordinar la protección de sus bosques, humedales y otros ecosistemas a su capacidad de generar créditos comercializables.

En agosto, desde AAdeAA-CAJE acompañamos una carta colectiva dirigida al Senado que reclamaba abrir el debate legislativo, incorporar la participación de organizaciones, comunidades e instituciones científicas y establecer garantías para los territorios y sus habitantes. Estas preocupaciones siguen vigentes.

Rechazamos la aprobación de este proyecto en las condiciones actuales y reclamamos que la Cámara de Diputados abra un debate público, amplio e informado. Una verdadera política climática debe priorizar la reducción directa de emisiones, la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades. Convertir las emisiones en activos financieros no puede sustituir las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática.

Atanor

Contaminación del Río Paraná con agrotóxicos: la Justicia rechazó el intento de silenciar a quienes denuncian la contaminación

La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás rechazó por unanimidad el pedido de Atanor y del gerente de su planta, Juan Mauricio Berenguel, para restringir las manifestaciones públicas del abogado Fabián Maggi y de FOMEA. El tribunal calificó la prohibición pretendida como una “mordaza legal” sobre un asunto de interés público.

Fabian Maggi, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–CAJE, representa a FOMEA en la acción judicial contra Atanor por la contaminación del río Paraná y del suelo en San Nicolás. La investigación detectó atrazina en el agua y cipermetrina y trifluralina en el suelo. Las pericias concluyeron que los vuelcos deterioraban el agua y afectaban la vida acuática, y que las elevadas concentraciones de contaminantes en sectores del suelo de la planta representaban un riesgo serio para la salud pública.

Esa acción judicial logró que en 2023 se ordenaran medidas de reparación y controles sobre la actividad industrial. La Cámara de Apelación de San Nicolás también fijó una indemnización de 150 millones de pesos por el daño ambiental.

En ese contexto, Atanor y Berenguel solicitaron impedir la difusión de determinada información de expedientes y de expresiones que atribuyeran delitos o infracciones sin sentencia firme. El 20 de agosto de 2026, la Cámara confirmó el rechazo a esa pretensión. En un procedimiento independiente, el Colegio de Abogados de San Nicolás había archivado, el 15 de mayo, una denuncia de Berenguel contra Maggi por no encontrar pruebas que comprometieran su conducta profesional.

Desde la AAdeAA–CAJE celebramos este respaldo a nuestro compañero Fabián. Defender el agua y la salud exige garantizar que las comunidades y quienes las acompañan puedan denunciar la contaminación y reclamar justicia sin ser silenciados.

Destacados expertos de 14 países latinoamericanos presentan un marco legal para prevenir el “ecocidio”

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre — Expertos juristas latinoamericanos en materia ambiental y penal presentan una Ley Modelo de Ecocidio diseñada para proporcionar un marco de referencia a los países de América Latina con el fin de penalizar la destrucción ambiental grave.


Ya se han adoptado marcos similares en< la Unión Europea y en jurisdicciones nacionales desde Azerbaiyán hasta Mauricio,y con ella se podrían fortalecer significativamente las leyes existentes que tienen la finalidad de proteger mejor excepcional biodiversidad de esta región, donde las regulaciones actuales no logran prevenir la destrucción de los ecosistemas forestales y la disminución masiva de las poblaciones de vida silvestre. 

Entre 2015 y 2025, Sudamérica perdió en promedio de 4,10 millones de hectáreas de bosque al año lo que supone la mayor pérdida de bosques del planeta en la última década y que incluye la pérdida de más de diez millones de hectáreas de bosques primarios. La región también ha experimentado la disminución más pronunciada del mundo en las poblaciones de vida silvestre monitoreadas: una media del 95 % de declive entre 1970 y 2020, la disminución más drástica registrada en todo el planeta. Latinoamérica es también la más peligrosa del mundo para los defensores del territorio y del ambiente, llegando a concentrar el 85 % de los asesinatos documentados en 2025.

La ley relativa al ecocidio establece un umbral penal para las formas más graves de destrucción ambiental, creando una responsabilidad penal individual para los altos responsables de la toma de decisiones que causen daños ambientales graves, extensos o duraderos. El objetivo no es sólo enjuiciar dichos daños, sino disuadir de que se tomen las decisiones que conllevarán destrucción antes de que esta se produzca.

La Ley Modelo de Ecocidio para América Latina se basa en la definición de ecocidio de 2021 elaborada por un Panel de Expertos Independientes, que define el ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades causen  daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

En septiembre de 2024, basándose en la definición de 2021, Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron una propuesta formal para realizar una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el fin de incluir el ecocidio como el quinto crimen internacional atroz, junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. 

También se han adoptado leyes nacionales sobre el ecocidio en Azerbaiyán, Bélgica y, más recientemente, en Mauricio en abril de 2026, al tiempo que la legislación avanza en países como Brasil, Perú, Argentina, México, Italia, India, la Polinesia Francesa, los Países Bajos y Escocia.

La nueva Ley Modelo se ha elaborado a través de una consulta pública, seguida de sesiones de trabajo virtuales con 74 expertos de 14 países de la región, que culminaron en una conferencia de redacción de dos días celebrada en la Ciudad de México en la que participaron más de 30 expertos jurídicos. Habiendo sido diseñado para los sistemas de derecho civil de América Latina, el texto resultante está concebido para que los parlamentos nacionales lo puedan adoptar o adaptar fácilmente.

Este proyecto ha sido liderado por Stop Ecocidio Internacional en colaboración con la Asociación de Investigadores en Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Universidad Iberoamericana, el Centro Transdisciplinario para la Sostenibilidad (CENTRUS) y la Alianza de Clínicas de Derecho Ambiental de América Latina y el Caribe.

Rodrigo Lledó Vásquez, Director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado: “Desde el principio, este ha sido un proceso genuinamente democrático y participativo. Comenzamos con una consulta pública regional, seguida de sesiones de trabajo con 74 expertos de 14 países de América Latina, que culminaron en dos días de redacción intensiva a cargo de más de 30 expertos jurídicos en la Ciudad de México. El resultado es una Ley Modelo forjada tanto por la experiencia jurídica como por las realidades y experiencias de las personas de toda la región.”

Jojo Mehta, Directora General y Cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado: “La legislación relativa al ecocidio se está afianzando en todo el mundo a una velocidad extraordinaria. Desde una propuesta formal ante la Corte Penal Internacional hasta los avances legislativos en toda Europa y el creciente impulso político en África, los gobiernos recurren cada vez más al derecho penal para abordar las formas más graves de destrucción ambiental. Esta nueva Ley Modelo ofrece a los legisladores de América Latina una vía práctica para proteger a la naturaleza y a las comunidades al disuadir de que se tomen las decisiones que causan el daño ambiental más grave antes de que este se produzca.”

Gustavo Alanís, Director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ha afirmado: “América Latina alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta, y millones de personas dependen directamente de la salud de los mismos. La ley sobre el ecocidio establece un límite legal claro en torno a las formas más graves de destrucción ambiental, reconociendo que existe un nivel de daño a la naturaleza y a las comunidades que nunca debería aceptarse como un costo de hacer negocios.”

Jorge Peláez Padilla, Académico del Departamento de Derecho y Coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres” (CJJA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ha señalado:  “En toda América Latina, los defensores y defensoras ambientales y las comunidades asumen con demasiada frecuencia riesgos personales y colectivos al oponerse a la destrucción ambiental grave. La ley sobre el ecocidio sitúa la responsabilidad por los daños ambientales más severos donde corresponde: en el Estado y, en última instancia, en quienes toman las decisiones que provocan dicho daño.”

Rafael Colombo, abogado ambientalista y miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señaló: “Mientras continúan las incidencias para que el ecocidio se sume a los crímenes internacionales del Estatuto de Roma, la Ley Modelo permite nuevas líneas de incidencia para que los Estados latinoamericanos incorporen el ecocidio como tipo penal en sus códigos nacionales, abriendo la puerta para el diseño de una nueva política criminal que investigue empresas y corporaciones públicas y privadas, poniendo un límite a la habitual impunidad y evasión de la justicia, pues estos crímenes involucran a sujetos y entramados de poder.”

Paulo Busse, abogado criminalista y ambiental, y coautor del Proyecto de Ley de Ecocidio de Brasil, dijo: “El ecocidio ocurre desde siempre en todas partes del mundo y representa un riesgo existencial creciente para la humanidad. Por lo tanto, es urgente tipificarlo como delito, tanto a nivel nacional como internacional.”

Avance judicial en la defensa del Golfo San Matías del proyecto exportador de petróleo y gas: la causa continúe en la Justicia federal

La Cámara Federal de General Roca hizo lugar a la apelación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y FARN contra la decisión que había apartado al Juzgado Federal de Viedma. El tribunal reconoció que los riesgos del proyecto de Southern Energy pueden afectar un ecosistema marino que supera los límites de Río Negro. Ahora deberá tratarse el pedido de suspensión de las obras.

En una resolución firmada el 5 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Viedma y estableció que la acción preventiva contra el proyecto de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy debe continuar en la Justicia federal.

La causa es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) para prevenir daños sobre el golfo, sus ecosistemas y el Mar Argentino. Solicitamos que la empresa se abstenga de iniciar o continuar las obras y de operar el complejo hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental de la totalidad del proyecto, que contemple sus efectos acumulativos y climáticos. También pedimos una medida cautelar para suspender las intervenciones mientras se tramita la demanda.

El fallo actual resuelve quién debe intervenir en la causa: todavía no ordena paralizar las obras ni decide sobre el fondo del reclamo. Al restablecer la competencia federal, permite que el expediente continúe ante el Juzgado Federal de Viedma, que deberá abordar la medida cautelar solicitada.

El juzgado se había declarado incompetente al considerar que correspondía intervenir a la Justicia provincial, dado que las instalaciones se ubican en Río Negro. Apelamos esa decisión porque confundía el lugar donde se construye el proyecto con el territorio que puede sufrir sus consecuencias. La Cámara acogió ese cuestionamiento: los riesgos sobre el mar, las especies y sus desplazamientos pueden extenderse más allá de los límites provinciales.

Para resolver, el tribunal valoró la documentación científica acompañada. Entre ella, destacó el informe sobre ballena franca austral y desarrollo hidrocarburífero en el Golfo San Matías, con mapas de seguimiento satelital que muestran el uso de distintas áreas del golfo y los desplazamientos de estos animales. También consideró la superposición entre esos recorridos y las rutas de las embarcaciones vinculadas a la actividad, con el consiguiente riesgo de colisiones.

La Cámara ponderó además el informe realizado por FARN junto a la organización internacional ELAW sobre especies marinas y migratorias y los posibles efectos del ruido submarino, la turbidez y la pérdida de hábitats del fondo marino. Consideró que estos elementos permiten sostener, en esta etapa inicial, que los impactos denunciados podrían superar el área inmediata de las obras y afectar un ecosistema compartido.

El carácter preventivo de la demanda que impulsamos es otro punto central. La acción legal busca impedir que los daños ocurran. Por eso, el tribunal sostuvo que no corresponde exigir la demostración definitiva de un daño ya consumado para determinar la competencia: alcanza con aportar elementos objetivos que permitan considerar verosímil que sus efectos se extiendan a más de una jurisdicción.

El proyecto cuestionado busca llevar gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, transformarlo en líquido en buques licuefactores y exportarlo por mar. Comprende gasoductos terrestres y submarinos, instalaciones costeras, unidades flotantes y operaciones de transferencia hacia buques metaneros. Su primera etapa contempla el buque Hilli Episeyo, a unos 4,5 kilómetros de la costa de Fuerte Argentino; la segunda incorpora otra unidad de licuefacción.

En la demanda denunciamos una evaluación fragmentada, que impide conocer los efectos del conjunto de las instalaciones y actividades asociadas. Cuestionamos las irregularidades de la autorización de la primera etapa, el incumplimiento de observaciones formuladas por la propia provincia y la falta de autorización ambiental de la segunda etapa al momento de presentar la acción. También advertimos sobre el inicio de la fase logística y constructiva sin la aprobación del estudio correspondiente al Centro de Soporte Logístico.

El reclamo incluye la ausencia de una evaluación climática integral. Pedimos que se examinen las emisiones de toda la cadena del GNL, incluidas las fugas de metano y la combustión del gas exportado, y su relación con los compromisos climáticos argentinos. Estas cuestiones forman parte de la demanda y deberán ser analizadas durante el proceso.

Desde AAdeAA-CAJE sostenemos que la expansión de la infraestructura fósil sobre el Golfo San Matías exige un control judicial que considere la integridad del ecosistema y los riesgos del proyecto en su conjunto. La resolución de la Cámara permite avanzar en ese camino. Corresponde ahora tratar el pedido de protección urgente para evitar que las obras consoliden transformaciones irreversibles antes de que se resuelva la causa.

La demanda por la Ley de  Glaciares, acompañada por 850.000 personas, aún espera respuesta de la justicia

Buenos Aires, 8 de octubre de 2026 .- El 5 de mayo, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, referentes sociales y cientos de miles de personas, presentaron una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del Juez Juan José Baric, para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. La magnitud del reclamo fue inédita: se reunieron más de 850.000 adhesiones a la demanda en menos de dos semanas, provenientes de todo el país. Esa movilización expresó un reclamo social masivo para defender los glaciares y el agua frente a una reforma que eliminó su protección real.

Cinco meses después de presentada, la demanda colectiva por la Ley de Glaciares y el pedido para frenar la aplicación de la reforma sigue sin respuesta de fondo por parte de la justicia.

Con la demanda, se solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la regresiva reforma en todo el país mientras se resuelve la cuestión de fondo y evitar que, durante ese tiempo, se dicten autorizaciones o avancen proyectos capaces de producir daños irreversibles sobre los cuerpos glaciares y las cuencas. 

Mientras esa respuesta seguía pendiente, el riesgo dejó de ser una advertencia teórica. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan. En la zona de intervención está el Glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares. Frente a ese hecho, el 23 de junio las organizaciones realizaron una nueva presentación judicial, que advertía la urgencia del caso, y solicitaron una medida cautelar específica para impedir que ese glaciar pueda ser retirado del Inventario mientras se resuelve la causa. Ese pedido tampoco recibió una respuesta.

Recién hoy, 8 de octubre, más de cinco meses después de presentada la causa, el Juzgado se declaró competente para intervenir. En la misma resolución, y con excesivo rigor procesal, el juez Juan José Baric cuestionó distintas presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompañan esta acción, entre ellas las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares, y referentes de la Asamblea de Jáchal. Estas observaciones podrían dejar fuera del proceso a referentes y organizaciones que forman parte del reclamo colectivo, incluso a personas directamente vinculadas con la defensa de la Ley y de los territorios afectados. Esto resulta especialmente preocupante en una causa que nació y se sostiene justamente por su carácter colectivo y por la participación de comunidades de todo el país.

A más de cinco meses del inicio de la demanda, la causa continúa hoy sin avances sustanciales. Existe un silencio absoluto sobre las medidas cautelares que se solicitaron. Lo que por su naturaleza urgente requería una respuesta rápida, en el Juzgado del juez Baric lleva ya casi medio año. 

El escenario es de especial preocupación porque, pese al tiempo transcurrido y a la presentación de dos pronto despachos, el juzgado aún no se ha expedido sobre las medidas urgentes solicitadas. Esta demora no puede analizarse al margen de los principios de prevención y precaución, que en materia ambiental exigen una respuesta judicial oportuna y proactiva de la justicia frente a la existencia de riesgos que pueden derivar en daños irreversibles que, además, comprometen derechos de incidencia colectiva. 

La regresiva Ley 27.804 sigue vigente y el proyecto Vicuña ya fue incorporado al RIGI. En la presentación judicial, las organizaciones advirtieron que, si el Glaciar GE110 perdiera su protección antes de una sentencia, podrían consolidarse hechos consumados y la decisión judicial llegar cuando el daño ya estuviera hecho. 

Más de 850.000 personas acompañaron este reclamo. Después de más de cinco meses, esta primera definición procesal no alcanza. La causa tiene que avanzar sobre su cuestión central: la constitucionalidad de una reforma que debilitó la protección de los glaciares y del agua. Y mientras eso se resuelve, las medidas cautelares deben ser tratadas con la urgencia necesaria para evitar que la respuesta judicial llegue cuando el daño ya sea irreversible.

Ley de Tierras: La medida provisoria de la Corte Suprema no resuelve de fondo y la movilización sigue en pie

La Corte Suprema dictó una medida cautelar interina que suspende provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales. En términos concretos, mientras esta medida esté vigente vuelven a regir las restricciones que establecía la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Esto no es una solución de fondo ya que una cautelar interina es una protección judicial urgente y temporal: busca evitar que se produzcan consecuencias difíciles de revertir mientras la Justicia determina cómo debe continuar la causa. La Corte no declaró inconstitucional el artículo 154 no resolvió todavía el conflicto de fondo. La suspensión puede ser modificada o levantada cuando avance el expediente.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sostenemos que el problema no termina en la Ley de Tierras. El DNU 70/2023 avanzó sobre derechos, regulaciones y capacidades públicas mediante un decreto de alcance extraordinario. Nuestra posición sigue siendo la misma: el DNU debe caer.

La decisión también implica que el expediente iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie vuelve a la Justicia Federal de Bariloche. Allí deberá analizarse la legitimación de quienes presentaron la acción y resolverse el pedido cautelar pendiente. El planteo de Árbol de Pie se diferencia del caso iniciado por el CECIM porque invoca derechos colectivos vinculados con la protección de los territorios y los derechos de comunidades indígenas.

Esta resolución no representa el cierre del conflicto ni una razón para desactivar la movilización. Es una protección provisoria obtenida en una disputa que continúa en los tribunales, en el Congreso y en las calles.

Este 15 de octubre volvemos a las calles. La medida judicial abre un resguardo temporal; la defensa de los territorios, de los derechos colectivos y de la educación pública sigue dependiendo de la organización y la movilización social.