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Información de análisis desde una perspectiva socioambiental en torno a la coyuntura social y ambiental

Chubutazo

Se vino el #Chubutazo – Qué significó la lucha en Chubut y cuáles son los problemas de la megaminería.

Por Enrique Viale para El Destape

Se vino el #Chubutazo – Qué significó la lucha en Chubut y cuáles son los problemas de la megaminería.

No hay megaminería sin contaminación, conflicto social y saqueo económico.  Es así en todas partes del mundo, y más en el Sur Global.

En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ecológica. 

Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los 90` —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. 

Esta se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación.

Esto la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar.  Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, la megaminería se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral. 

Por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removería rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo. La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, más que el consumo de toda la provincia.

En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: Sólo en el emprendimiento minero Pascua Lama se arrojarían durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi el equivalente a la mitad de los lanzados en la 2da Guerra Mundial.  En materia de sustancias tóxicas también los datos son aterradores 2 camiones diarios de cianuro durante más de 20 años.

Son también voraces energéticamente. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW). 

La Megaminería se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles. 

Por su parte es importante destacar que el destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, asimismo, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a toda Latinoamérica. 

Entonces nos preguntamos ¿Los Ambientalistas del sur no queremos celulares? América Latina extrae el 45,1% del cobre y consume el 6,1 por ciento. El 26,2% de la bauxita en el mundo pero sólo consume el 2,9%.

Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 % en nuestro territorio  Lo que no queremos desde el Sur Global es sostener la demanda metalífera para el hiperconsumo, la obsolescencia programada, del Norte global. Ni financiarle (con nuestro territorio, nuestra agua, nuestra vida) su transición energética. 

El 50% del presupuesto mundial de exploración en minería metalífera es para oro. El 90% del oro no tiene utilidades industriales (no es para celulares) sino que se usa como reserva de valor o joyería. Del subsuelo de nuestras montañas al subsuelo de las bóvedas de bancos suizos 

En Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que genera que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo. Después de casi 25 años de explotación de la mina La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario, los índices industriales y construcción cayeron y la pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia con más AUH proporcional). 

Durante la pandemia, el 67% de su población económicamente activa tuvo que recurrir al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el 50% en la provincia “minera” de San Juan. 

Las regalías del polémico proyecto minero Navidad, de la minera Pan American Silver, en Chubut, solo alcanzaría para pagar el 1,6% de los sueldos públicos de la provincia. 

En San Juan, la empresa Barrick, por Veladero paga sólo US$ 1,7 por cada 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del presupuesto provincial.

La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500, menos del 1% del total del empleo. La minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina.

Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura. 

A pesar del boom exportador de la minería metalífera en la provincia de Santa Cruz, recurrentemente declarada en “Emergencia Económica”, ni siquiera ha significado un “efecto derrame”. Por el contrario han sido escasas y frágiles las articulaciones de las actividades mineras respecto del tejido productivo provincial al mismo tiempo de un fuerte incremento de la dependencia de la población al Estado provincial a través del empleo público como amortiguador de la crisis laboral provincial. La propia Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), de la que nadie puede sospechar de antiminera, emitió un comunicado en el año 2017 donde denunciaba: “Pan American Silver incrementa sus ganancias dejando nada a los Santacruceños” por el comportamiento de la empresa en la mina de su propiedad, Manantial Espejo, en dicha provincia.

Es así en todas las partes del mundo: Donde hay megaminería hay conflicto social y ambiental y saqueo económico. Mucho más en nuestra región, es la trágica historia de América Latina. 

Para colmo, la megaminería deja como herencia pasivos ambientales, durante y tras el cierre de las minas por décadas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio), que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones. 

Ahora bien, con el caso del “Chubutazo” resultó muy sorprendente como funcionarios nacionales, e incluso medios y periodistas “progres”, repetían -como loritos- el speech armado por la minera Panamerican Silver (la del proyecto “Navidad” en la meseta central chubutense). Pero calcado, como si lo estuvieran leyendo. Subestimando así a la población, media provincia en las calles en las principales ciudades de la provincia, y los importantísimos aportes de científicos del CONICET e investigadores de Universidades Nacionales que alertaban sobre los impactos socioambientales de la actividad: “la megaminería representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos” (extracto del documento oficial del Centro Científico CONICET-CENPAT). Una versión criolla de “Don`t look Up”, la nueva película de Leonardo Di Caprio y gran elenco.

Hace años que la provincia de Chubut está inmersa en una brutal crisis económica y social. Y no pocos se atreven a decir que es una “crisis de diseño”, la Doctrina del Shock de Naomi Klein, para generar la sensación que la única salida es habilitar la gran minería. Pero Chubut tiene 600 mil habitantes y tiene de las pesquerías más grandes del Atlántico, la industria de aluminio más grande del subcontinente, los vientos más poderosos, petróleo hace un siglo y de las riquezas turísticas más atrayentes de América del Sur. ¡Chubut no es inviable!

Lo cierto es que no hay nada más colonial que tener políticas públicas que profundicen el extractivismo en América Latina, a quien históricamente se nos ha reservado el papel de exportadora de naturaleza, sin considerar sus impactos sobre la población ni los efectos socioambientales y económicos.

Somos conscientes de la necesidad de divisas que tiene el país y la vinculación con la deuda externa financiera. Que además funciona como un círculo vicioso: necesitamos más extractivismo para conseguir los dólares para pagar, nos dicen ciegamente porque ni siquiera es así. Y, tal como señala la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, “la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica”. Como país debemos liderar un movimiento regional para reclamar internacionalmente la deuda ecológica del Norte hacia el Sur global y preguntarse “¿quién le debe a quién?”. Los países denominados “desarrollados” basaron su bienestar material en el saqueo y expoliación de nuestra naturaleza y de la atmosfera en general. Somos acreedores ambientales.

Para finalizar, es el momento que la clase dirigente de nuestro país –fundamentalmente aquellos que se consideran progresistas- ponga en cuestionamiento el modelo extractivista, salga a recorrer los territorios a dar cuenta de las problemáticas socioambientales y compenetre con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial, antes que aceptar, de manera acrítica y desconectados con la realidad, la conversión en zonas de sacrificio a los territorios, sus ecosistemas y su gente.

Fuente: El Destape

Chubut y la megaminería

Chubut y la degradación social e institucional que provoca la megaminería

Por: Maristella Svampa y Enrique Viale para El diario AR.

A espaldas de la sociedad, con represión, con degradación institucional, con corrupción política: así se impone la megaminería en casi todo el mundo. No por casualidad es la actividad extractiva más resistida en el planeta, en América Latina, en Argentina. Oposición que se ha incrementado en contextos de escasez hídrica, como el actual, en plena crisis climática.

Hace años que venimos advirtiendo que la megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de una gran degradación social e institucional. Lo que ocurre en la provincia de Chubut es una demostración cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la población de Esquel dijo NO a la Mina, y la primera ley provincial del país que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Luego, ante la insistencia de los diferentes gobiernos y corporaciones, hubo también dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas de ciudadanxs), primero en 2014, y más recientemente otra, en 2020-2021, en plena pandemia, cuyo objetivo era el de reforzar la ausencia de licencia social para la minería.

Iniciativas populares que mostraron la perseverancia de la ciudadanía chubutense en los dispositivos institucionales, pese al comportamiento corrupto de muchos de sus legisladores, que lograron obturar su tratamiento en las dos ocasiones. Pese ello, la lucha popular y democrática lleva casi 20 años resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminería.

Sin embargo, la aprobación de la actividad sin licencia social siguió avanzado, cometiendo los atropellos institucionales más indignantes. Justo hace un año se viralizó el video de una cámara oculta que mostraba a un diputado provincial solicitando dinero para apoyar el ingreso de la mineria a la provincia. Ayer, 15 de diciembre, ese mismo diputado estuvo presente en la legislatura provincial -como si no hubiese habido ningún delito previo- y votó a favor, consumando de ese modo su parte del “trato”, en favor del ingreso de la actividad extractiva.

Leila Lloyd Jones, otra diputada provincial, aseguró en un audio -que también se viralizó- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería a gran escala “es de 10 millones de pesos”. Luego ratificó estos dichos ante la Justicia, para lo cual aportó elementos de prueba e incluso señaló a Guillermo Corneo, el abogado del actual gobernador Mariano Arcioni, como el gestor del cohecho.

Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se difundió la fotografía del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de cómo redactar una ley, de parte del CEO de una transnacional minera, en plena sesión parlamentaria. La foto recorrió el mundo como símbolo de la corrupción política y del fuerte lobby de las corporaciones. Por unos años los sectores promineros se mantuvieron en silencio, avergonzados. Luego, favorecidos por la impunidad, volvieron a beber las aguas del olvido, para ir a la carga una vez más, y refrendar que en Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.

Fue así que la Legislatura de Chubut con el apoyo del Ejecutivo provincial y en una sesión sin previo aviso, burlando la voluntad de una sociedad alerta y movilizada desde hace tantos años, decidió habilitar la zona de la meseta central para desarrollar la megaminería. No habían pasado 24 horas todavía, que el gobernador Arcioni presuroso promulgó la ley. Las compañías mineras ya deben estar bajando las maquinarias hacia la meseta. De eso se trata: de hacer tabula rasa –pues la corrupción política y el lobby empresarial en este país no se penalizan-, y de ir rápido, golpeando de manera inesperada, blindando al poder, antes de que la población salga a cortar los caminos con sus pretensiones antiguas de democracia, defendiendo el agua escasa y los territorios cada vez más indefensos.

¿Si Chubut es una provincia con un solo gran río, si la escasez hídrica es ya una realidad acuciante, qué sucederá entonces cuando avance la minería, que es una actividad sedienta de agua y de energía? Es sabido que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de demenciales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.

Un ejemplo nos sirve de muestra: La Alumbrera, en Catamarca, otra provincia con escasez hídrica, tiene autorizado la utilización de más de 86 millones de litros de agua dulce por día, mucho más que el consumo total provincial y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo de la energía de toda la provincia. Catamarca muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador, a pesar de más 20 años de actividad.

En Chubut, miles de personas salieron a las calles en defensa de los territorios y el agua. Inmediatamente después, llegó la represión, con balas de gomas y detenciones. Según el CELS desde que el gobierno de Chubut presentó el proyecto de ley en el año 2020, la respuesta recurrente fue la represión sistemática de las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y los allanamientos a las casas de asambleístas. Además, se identificaron personas infiltradas con el objetivo de generar disturbios en las protestas. Así, a los tiros, a la fuerza y manipulando las instituciones, la provincia es el modelo modelo por excelencia de la máxima que dice “A más extractivismo, menos democracia y más represión”.

¿Y qué hay del principio de no regresividad de las leyes? Claramente la ley de zonificación que aprobaron los diputados en Chubut es un retroceso en materia de protección ambiental. Por lo tanto es cuestionable judicialmente por violar el principio de no regresión ambiental.

Sin embargo, de modo maquiavélico, la legislatura buscó blindarse ya que en esta misma semana aprobó: 1) la designación de 3 nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia; 2) una reforma de Ley de amparo (con el objetivo de limitarlo); 3) La limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Todo pensado, orquestado, planificado en la lógica de saqueo y la entrega. Como si fuese armado por el buffet de abogados de la empresa Panamerican Silver, que no se ha cansado de invertir en costosas acciones en favor de la minería. Según ha trascendido, la multinacional canadiense minera gastó 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019, sin mover una roca. 

El pueblo de Chubut saldrá a las calles. Las protestas no cesarán. “Se viene el Chubutazo”, anuncian ya desde varios lugares de la provincia, y aguarda un país demudado, que en medio de tanta indignación siente que no es posible avalar ni tragarse todo este  entuerto antidemocrático gestado por el gobierno provincial, parte de la clase política y las corporaciones mineras. Porque ante la defensa de la vida, el agua, los territorios, ya no hay ciudadanía que aguante si no se respeta la voluntad popular y no se amplían los canales democráticos de representación. Deberían haberlo aprendido ya, después de lo ocurrido en Mendoza, con la gran pueblada en defensa del agua de fines de 2019.

El Gran Pacto Eco Social y Económico: repensar el modelo de desarrollo que provocó la pandemia

Por Redacción La tinta

El Gran Pacto Eco Social y Económico: repensar el modelo de desarrollo que provocó la pandemia. – Más de 300 intelectuales, artistas y organizaciones sociales adhieren a la iniciativa impulsada por la filósofa Maristella Svampa y el abogado Enrique Viale, un Pacto urgente y necesario basado en cinco ejes: el ingreso ciudadano universal, la reforma tributaria progresiva, la suspensión de pagos de deuda externa, un sistema nacional público de cuidados y una transición socioecológica radical.

“La actual encrucijada civilizatoria puso en agenda grandes debates sociales; entre ellos, cómo reducir las desigualdades, qué Estado es necesario para la construcción de lo común, en clave social y ambiental, y cómo pensar lo local y lo global de aquí en más. Esto se agudiza en un país como la Argentina, sumergido en una profunda crisis económica prepandemia y al borde de un virtual default”, dicen la investigadora y socióloga Maristella Svampa, y el abogado ambientalista Enrique Viale.

Ambos plantearon, hace unas semanas, la idea de un Gran Pacto Eco Social y Económico, al cual han adherido ya más de centenares de académicxs, artistas y organizaciones sociales, con el objetivo de visibilizar y discutir el modelo de desarrollo detrás de la pandemia del COVID-19. Según Svampa y Viale, lo que se intenta es que el Pacto sea base de una agenda común entre organizaciones sociales y políticas, sectores culturales, académicos y el Estado.

Lxs impulsorxs de la iniciativa están convencidxs de que lo fundamental del Pacto Eco Social y Económico es el reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza: “Los seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derecho (y no como un mero objeto) con la cual debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible”.

Imagen: Nicolás García Uriburu

A modo de manifiesto, la iniciativa se basa en cinco ejes: el ingreso ciudadano universal, la reforma tributaria progresiva, la suspensión de pagos de deuda externa, un sistema nacional público de cuidados y una transición socioecológica radical.

En diálogo con La tinta, Svampa cuenta cómo y por qué surgió el concepto del Gran Pacto. La socióloga aclara que con Viale vienen trabajando sobre estos temas, en términos de propuestas, desde hace tiempo, “juntos y con el grupo de Alternativas al Desarrollo, grupo permanente que trabaja a nivel regional, latinoamericano, en diálogo con intelectuales y activistas de Europa también”.

“Este grupo, como les decía, es, de algún modo, el grupo que instaló la crítica al neoextractivismo en América Latina y también discusiones como el postextractivismo, los derechos de la Naturaleza, así como la difusión de otras discusiones como la del Buen Vivir, los bienes comunes y la ética del cuidado. Con esto, lo que quiero decir es que hay una narrativa política, emancipatoria, gestada en América Latina en esa interfase entre luchas sociales y activismo académico o intelectual, del cual, con Quique (Viale), formamos parte hace mucho tiempo”, dice la investigadora.

Relata también que “por otro lado, terminando de escribir el libro “Una brújula en tiempos de colapso ecológico” con Quique, en uno de los capítulos -en donde hablamos, por un lado, de la transición energética y, por otro lado, de la agroecología-, proponemos pensar un “Pacto Eco Social y Económico” en clave nacional y en sintonía con las propuestas de Green New Deal que se están debatiendo hoy en día en EE.UU. de la mano de Alexandria Ocasio-Cortez y el candidato -o ex- demócrata Bernie Sanders y Naomi Klein. En Europa, también hay distintos sectores que están promoviendo desde una perspectiva radical esta articulación entre justicia social, justicia étnica, justicia de género y justicia ambiental, que son los cuatro ejes fundamentales para pensar la interseccionalidad de las luchas.

Por eso mismo es que, en el libro -que cerramos en febrero-, nosotros ya hablamos de un pacto eco social y económico, pero, con la crisis abierta por la pandemia, bueno… pensamos que sería bueno proponer una agenda de cambio, una agenda alternativa, en la cual la justicia re-distributiva y justicia ambiental estuvieran en el centro de la escena. Entonces, es en diálogo norte-sur sin duda, promoviendo un multilateralismo democrático y solidario, en diálogo también regional -porque, de hecho, ya lo estamos discutiendo con nuestros colegas, muchos de ellos de Alternativas al Desarrollo-, promoviendo una declaración regional hacia un pacto eco social desde el sur y también desarrollando propuestas a nivel nacional, como la que promovimos con Viale.

En fin, así surge: tiene que ver con un largo proceso de discusión que está muy ligado a esta interfase entre el activismo y la problematización intelectual-académica… este campo tan poroso que, en América Latina, es muy típico y que da lugar a esta conversación tan rica. Esto sumado a la oportunidad, en el sentido de que, en el Norte, están discutiendo bajo la denominación Green New Deal, a la cual nosotros re-bautizamos Gran pacto Eco Social y Económico, para dar lugar y expresión a toda esa narrativa y ese lenguaje emancipatorio que se ha venido pergeñando en nuestra Latinoamérica en los últimos años al calor de tantas luchas”, concluye la filósofa.

“Los modelos de desarrollo basados en las energías fósiles y en la deforestación para promoción del monocultivo transgénico no pueden tener lugar en ninguna reconstrucción pospandémica”, afirman desde el equipo.

El comunicador y activista Mauro Fernández, colaborador de Svampa y Viale, agrega en la charla con nuestro medio: “Esos modelos son responsables de la crisis actual y deben ser reformulados en forma urgente. Según la máxima autoridad científica de Naciones Unidas sobre cambio climático —el IPCC, por la sigla en inglés—, indica que las emisiones globales deben reducirse a la mitad en esta década.

Para evitar impactos gravísimos en la vida de las personas y en el planeta, la necesaria reconstrucción económica debe basarse en un rápido reemplazo de los fósiles —que hoy representan un 85% de la matriz energética argentina— por energías renovables y un modelo agroecológico que desconcentre la propiedad de la tierra y promueva prácticas más saludables, erradicando también la “vieja normalidad” de los agrotóxicos y el monocultivo. Esto, garantizando el acceso a la energía como derecho humano y repensando el concepto de urbanidad que hoy privilegia un individualismo extremo desasociado de la naturaleza, hacia una mayor integración que repiense esa relación de dominación con el medio del que dependemos y somos parte”.

El documento del Gran Pacto se difundió, primero, en la Revista Anfibia y fue visibilizado, luego, en “El futuro después del COVID-19”, la publicación del Programa Argentina Futura (una plataforma de pensamiento, plural y diversa, con perspectiva federal y global, creada por el Gobierno Nacional), dirigido por el Dr. Alejandro Grimson; la invitación a adherir sigue abierta y se reciben a la dirección de correo electrónico granpactoecosocialyeconomico@gmail.com.

Mitos y realidades sobre la aventura petrolera offshore

Por: Maristella Svampa y Enrique Viale para El diario AR.

Las concesiones petroleras offshore sobre el mar Argentino realizadas por el expresidente Mauricio Macri, ahora validadas y defendidas a capa y espada por el actual gobierno nacional, abrieron un nuevo frente de conflicto en el siempre resbaloso y asimétrico debate entre Ambiente y Desarrollo.

Luego de la resolución que da luz verde (licencia ambiental) a la actividad off shore, rubricado el 30 de diciembre pasado por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, asistimos a importantes movilizaciones en defensa del mar Argentino en las ciudades de la costa bonaerense, principalmente en Mar del Plata. Como una continuidad inmediata del “Chubutazo”, cuyo impacto social preocupa cada vez más al establishment político y económico, las movilizaciones de la costa dieron cuenta de la importancia creciente de las problemáticas ambientales, en un contexto nacional en el cual se conjugan crisis climática (voracidad de los incendios forestales, crisis hídrica y mayor frecuencia de eventos extremos) y avance de las políticas neoextractivistas del gobierno argentino (en nombre de la necesidad de divisas para pagar la deuda externa). 

Volvamos un segundo atrás para recordar que la cartera ambiental fue la encargada de llamar a la audiencia pública, realizada en julio de 2021, en la cual manifestaron su rechazo más de 400 participantes entre científicos de diferentes campos, ciudadanos de todo el país y organizaciones ecologistas. Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore. Sin embargo, meses más tarde, éste hizo tabula rasa de los reclamos ambientales y los compromisos internacionales, reorientando su discurso hasta ponerlo en sintonía fina con la narrativa extractivista del Ministerio de Producción. Vaya a saber cómo operó el disciplinamiento partidario al interior del gobierno, pero resulta evidente que el Ministerio de Ambiente cedió ante las presiones internas y comenzó a hablar otra lengua. Así, los planetas se alinearon.

Ante las enormes movilizaciones costeras que advirtieron sobre la ausencia de licencia social, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. La semana pasada, luego de una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, distintos funcionarios –de energía, producción y ambiente- salieron en amables giras mediáticas a defender la exploración y explotación offshore. También boletines informativos webs se encargaron de replicar, casi calcadamente, la información falaz y maliciosa que hacían circular desde el Ministerio de Producción. Otros medios atacaban al ambientalismo calificándola de “prohibicionista” y “antidesarrollo”, buscando incluso expulsar la palabra “extractivismo” del vocabulario político-social. Para defender el proyecto oficial, desde la cartera liderada por Matías Kulfas, funcionarios de tercer rango pero con numerosos seguidores en las redes sociales, comenzaron a utilizar como máxima autoridad en estos temas al IAPG –Instituto Argentino de Petróleo y Gas- que pese a su nombre, es un ente creado y financiado por las grandes corporaciones petroleras transnacionales como Shell, Chevron, Exxomovil, Total, varias de las cuales forman parte de esta aventura offshore.

Resulta curioso que las grandes corporaciones petroleras, muchas de las cuales durante décadas financiaron a nivel global “estudios científicos” para alimentar el discurso negacionista en relación al cambio climático, buscando exculpar a los combustibles fósiles y ocultando su responsabilidad, hoy sean usadas por funcionarios públicos como fuente de información veraz y legítima. Sin embargo, acá no nos interesa abocarnos al tema (el artículo de Marina Aizen en este mismo diario refutó de modo contundente uno a uno los argumentos del IAPG), como indagar sobre otros mitos y realidades de la explotación off shore, difundidos por el gobierno, para contrarrestar la oposición social y cancelar una vez más las voces del ambientalismo crítico.

Mitos offshore

Para comenzar, muchos repitieron hasta el cansancio que en realidad la explotación off shore no es nada nuevo en el país, pues ya hay plataformas marítimas y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen. No es un tema menor. Hay aquí también información tramposa. En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas someras – poco profundas de hasta 100 m- tal como se realiza en la cuenca austral (en aguas de Tierra del Fuego), que la extracción en aguas ultraprofundas, que se pretende hacer ahora en el mar Argentino. Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “algo que no dicen los funcionarios, el IAPG y demás defensores de la autorización a la empresa Equinor, es que de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultraprofundo, que jamás se ha hecho en Argentina.” A mayor profundidad del mar, mayores son los riesgos, las operaciones mucho más complejas, todo ello en un contexto bastante más exigente.

En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino

Tampoco es cierto que los accidentes petroleros ocurridos en aguas marítimas no sean relevantes o que Equinor sea una empresa sin prontuario. Por ejemplo, el desastre de la plataforma de aguas ultra-profundas Deepwater Horizon, ​ en abril de 2010 en el golfo de México, fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos, 779.000 toneladas de petróleo crudo. Junto con el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en las costas brasileras, en el año 2001, fue hasta ahora la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988, en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. Todas estas plataformas estaban ubicadas a menor profundidad de la que estarán en el Mar Argentino.

No es cierto, como se difundió hartamente esta semana, que Equinor no tenga antecedentes en accidentes ambientales. En abril de 2021, el regulador noruego de seguridad en alta mar (Autoridad de Seguridad del Petróleo PSA) calificó como “grave” un derrame de petróleo de la plataforma Gullfaks C de Equinor en el Mar del Norte. Antes de ello y según información oficial suministrada por la propia empresa Equinor, durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron dos fugas de gas, una en el campo Visund en el Mar del Norte y una fuga de hidrógeno en la refinería de Mongstad. Y también informaron seis fugas para el mismo período del año 2020. 

Por otro lado, hay que consignar también que de los 38 campos hidrocarburíferos propios que el sitio web de Equinor enumera en su página web en el mar noruego, sólo 1 tiene 1.300 m de perfil de agua: Aasta-Hansteen. Todos los demás tienen sólo entre 70 y 380 m de profundidad de agua.

Sucede que la explotación offshore es una energía extrema. En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues como dicen Hernan Scandizzo de Observatorio Petrolero Sur, de Argentina, y Tatiana Roa Avendaño, de Censat-Colombia, ésta se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales. Para el caso argentino hay que agregar que la localización (aguas ultra profundas), además de la envergadura (la gran escala), juega un rol fundamental. 

El mapa de la zona del Mar Argentino en el que se autorizó la exploración de petróleo y gas

Hay que destacar que hasta la propia técnica de exploración es severamente cuestionada desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires). Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación. Esta práctica impacta sobre la biodiversidad, como la ballena franca austral (monumento natural), el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestas a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires).

Incluso el sector pesquero argentino se encuentra muy preocupado por el impacto ambiental que tienen las actividades hidrocarburíferas offshore en el Mar Argentino donde actualmente se llevan adelante actividades pesqueras, que emplean a miles de personas. Cabe recordar que la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de la petrolera británica BP y la China National Offshore Oil Company) en el año 2009 realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge y a posteriori se evidenció una merma significativa en la captura de merluza durante 16 meses.

Nadie ignora que la situación económica y social de la Argentina es muy grave, mucho más frente al legado macrista ligado a la enorme e impagable deuda externa. Pero resulta lamentable que el único “proyecto” del gobierno actual sea pagar la deuda con el FMI. Y que acompañe este mandato con el falso argumento de que la exportación a gran escala de commodities servirá para reducir la pobreza. Ya hemos dicho acá que es un disparate vincular subdesarrollo con protección ambiental. No es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites, ni controles ambientales y estatales. Nuestro país está profundamente liberalizado desde el punto de vista ambiental.

Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo), produciendo cambios en el uso del suelo y un nivel de deforestación entre los más altos del mundo, uno de los indicadores responsables de la actual crisis climática. Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es una falacia. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza.

O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos. Desde la propia cartera ambiental se dijo que había que pagar la deuda con el FMI y volvió a hablarse de los millones de pobres, como si el ambientalismo se opusiera a la justicia social. En realidad, no existe un debate sobre los modelos de desarrollo, tampoco un Plan de transición energética. La exacerbación del “mandato exportador” (el concepto es de F. Cantamutto y M. Schorr), nos entrampa en un círculo cada vez más perverso: a más deuda externa, más exportación de commodities, mayor deuda ecológica, mayor sacrificio de poblaciones y territorios.

El derrame de un tanque pequeño de petróleo llegó a las costas de las Islas de Salamis en Grecia en 2017. Greenpeace

Lo cierto es que, tal como señaló el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, “Ibamos a cambiar deuda por acción ambiental y terminamos cambiando ambiente para pagar la deuda”. Pero hay que preguntarse si siquiera servirá para esto, porque incluso en términos estrictamente económicos son bastante dudosos los beneficios de esta actividad. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas offshore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres. 

Entramos de lleno en la lógica del saqueo, que el gobierno quiere encubrir con una falsa narrativa “soberanista”, en relación al mar Argentino. Más bien, en este sentido, presenta problemas. Como es sabido además de la firma anglo-holandesa Shell también está la petrolera noruega Equinor que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del gobierno kelper en las Islas Malvinas, como denunció Pino Solanas, cuando era Senador nacional. Más claro, una empresa que tiene como directora a una asesora del gobierno kelper será quien tenga a cargo la exploración y mapeo de los recursos hidrocarburíferos en Mar Argentino.

Preocupa, como ocurrió en Mendoza (a fines de 2019) y hace semanas en Chubut, la desconexión con la realidad de gran parte de la clase dirigente, que –además- acepta pasivamente el extractivismo como si fuese un destino inevitable y no una decisión geopolítica mundial. Llegó el momento de que salgan a recorrer los territorios, vean las problemáticas socioambientales y se compenetren con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial.

En fin, batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria. Todos formamos parte de la cultura del petróleo; no solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas en ella sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales. Pero no por eso debemos capitular ante el lobby de los poderes fácticos, bastardeando nociones como la de Justicia Social y Transición energética. No hay modo en que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del offshore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es claramente un retroceso. De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios.

El disparate de vincular subdesarrollo con protección ambiental

Enrique Viale y Maristella Svampa para El Diario Ar

¿Regular o Prohibir? ¿Existe una oposición entre lo social y lo ambiental? ¿Es el ambientalismo en nuestro país el responsable de la pobreza y la desigualdad? ¿Deberíamos reducirnos a tratar de resolver la problemática socioambiental del Riachuelo y callar todo el resto? Son numerosos los falsos dilemas que enrarecen la discusión sobre el carácter de las demandas ambientales que existen en Argentina, al servicio de la recusación de la ley que prohibió recientemente la salmonicultura a gran escala en Tierra del Fuego o de la defensa de la expansión de la frontera hidrocarburifera en el mar argentino (véase en este diario el artículo de Roy Hora, así como otros artículos en Le Monde Diplomatique). 

En este artículo quisiéramos abordar el falso dilema Regulación o Prohibición, a fin de desmontar parte del sentido común hegemónico que amenaza con cancelar el ambientalismo, desnaturalizando el debate público.

Prohibir es regular

En primer lugar, resulta falso oponer prohibición y regulación. Es cierto que no toda regulación culmina en una prohibición, pero cuando se trata de problemáticas ambientales, regular implica, algunas veces, prohibir -parcial o totalmente- el uso de determinada técnica o sustancia. Es así desde siempre en nuestro derecho interno y en el derecho internacional. Se prohíben técnicas (como el fracking en muchos países del mundo) o el uso de determinadas sustancias en una actividad (en Mendoza o Chubut la minería no está prohibida; está prohibido usar determinadas sustancias) o determinadas actividades en lugares específicos (nuestro Código de Minería prohíbe la minería en ciudades desde el Siglo XIX; desde 2010 la Ley Nacional de Glaciares prohíbe la minería en glaciares). 

Las regulaciones en las ciudades tienen infinidad de prohibiciones. Es larga la lista. Por ejemplo, en 2005 en las tintorerías de la Ciudad de Buenos Aires se prohibieron el uso de percloroetileno y otras sustancias cancerígenas en las actividades de lavado. Recientemente se prohibió en todo el país el uso de ftalatos y PVC en la fabricación de juguetes y artículos para niños. Es así porque las regulaciones/prohibiciones ambientales deben ser aplicadas e interpretadas al compás de los avances y modificaciones en el conocimiento científico. Si antes se desconocía absolutamente el potencial dañoso de determinada actividad o de determinada sustancia, y por eso no se la prohibió expresamente, y luego se descubre el riesgo, es necesario obrar en consecuencia.

En el caso en debate, en Tierra del Fuego la ley prohíbe “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia” pero la prohibición no es total, porque la norma sigue permitiendo “actividades de cultivo para el repoblamiento” y reconoce “los proyectos existentes de acuicultura” (no hay actualmente salmonicultura en la provincia). Tampoco están prohibidos los sistemas de cría de salmones denominados RAS (por su sigla en inglés “Sistemas de Recirculación para Acuicultura”, ubicados en tierra firme y en circuitos cerrados).

A partir de la década 1970, en todo el mundo, se han ido prohibiendo sustancias altamente tóxicas para la salud humana (como ocurrió de modo pionero con el DDT y continuó luego con otras sustancias tóxicas), o más recientemente técnicas asociadas a las energías extremas, altamente destructivas y contaminantes, como el fracking o la fractura hidráulica en países como Francia, Bulgaria, Irlanda, Alemania, Inglaterra y varios estados de Estados Unidos (entre ellos New York). Es por eso que, en función del principio precautorio, en toda Europa, está prohibida la soja transgénica.

El Sur global también tiene sus ejemplos. Uruguay no solo tiene prohibida la técnica del fracking sino que, en 2020, anunció oficialmente el abandono de la exploración petrolera offshore en sus aguas, a pesar de que existían proyectos de exploración. En 2019, Costa Rica declaró la moratoria en la explotación de todos los hidrocarburos en territorio continental y marino hasta el año 2050. Varios estados de Brasil tienen moratorias de la técnica del fracking. En Nueva Zelanda, país tan admirado mundialmente por el manejo de la pandemia, que también tiene prohibido el fracking, la presidenta Jacinta Ardern, canceló toda nueva exploración de petróleo en alta mar desde el año 2018. En México está prohibida la siembra de maíz transgénico y se estableció una prohibición progresiva del glifosato hacia 2024. 

En el sur global dichas prohibiciones/regulaciones apuntan a proteger territorios, poblaciones y economías regionales, que hoy registran una expansión incontrolada de modelos de maldesarrollo, de corte extractivista y a gran escala, como la minería a cielo abierto, el agronegocio y la utilización de agrotóxicos, la destrucción de humedales y bosques nativos, la expansión de energías extremas, la expansión de la frontera pesquera, la contaminación industrial. Estos modelos van configurando zonas de sacrificio, desde la gran cuenca del Río Matanza-Riachuelo, pasando por Jachal (San Juan) y Catamarca, producto de la minería, hasta los pueblos y escuelas fumigados por el glifosato.

En Argentina no hay tensión entre ambiente y desarrollo

En nuestro país no hay tensión real entre ambiente y desarrollo. Para decirlo de otro modo: no es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites ni controles. Nuestro país está liberalizado desde el punto de vista ambiental. Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo).

Además, y gracias al paquete tecnológico asociado a esta soja, la Argentina es el país de mayor consumo de agrotóxicos per cápita en el mundo, convirtiéndose en lo que el médico y científico Andrés Carrasco denominaba “un laboratorio a cielo abierto”. Los impactos sociosanitarios del glifosato están cada vez más a la vista, como vienen denunciándolo desde hace más de 15 años las vecinas (porque sí, son sobre todo mujeres), así como el enorme trabajo de relevamiento de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Puede verse también un reciente informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, acerca de los efectos de los agrotóxicos en la salud infantil.

Otro ejemplo es la minería a gran escala, que se lleva a cabo en numerosas provincias, como en Catamarca, que muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador a pesar de más 20 años de actividad. O en San Juan, donde la mina Veladero fue responsable de graves desastres ambientales, que contaminaron con solución cianurada cinco ríos, en 2015, 2016 y 2017. No solo la expresión “Minería Sustentable” es un oxímoron en relación a este tipo de minería.

También sucede que la normativa que rige esta actividad es de los años 90, y asegura grandes beneficios y nulos controles a las corporaciones transnacionales. Sin embargo, nadie osó tocar, en nombre de la “regulación”, dicha normativa de carácter nacional. No es casual que las asambleas territoriales apuntaran a sancionar leyes de carácter provincial que limitan este tipo de minería, a través de la prohibición del uso de determinadas sustancias tóxicas en la actividad. Basta recordar que la normativa menemista rige incluso para la minería del litio, terreno en el cual en los últimos años se avanzó mucho en la multiplicación de concesiones a empresas transnacionales y en conflictos con las poblaciones, y cero en regulaciones.

Justicia ambiental y justicia social van de la mano

En segundo lugar, durante las últimas décadas, no solo aquí sino en otras regiones del Cono sur, distintos gobiernos buscaron oponer lo social y lo ambiental. Así, los progresismos justificaron el neoextractivismo y la depredación ambiental en nombre del desarrollo y la reducción de la pobreza. Eso generó una situación paradójica, a partir de la instalación de una agenda selectiva de derechos, que negaba y/o desestimaba las demandas socioambientales, y gran parte de los reclamos indígenas por tierra y territorio. 

En la actualidad, América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta, incluso en términos de concentración y acaparamiento de tierras, algo que redefinió la cuestión de la disputa por la tierra, a través de la expulsión de poblaciones y la criminalización, incluso del asesinatos de campesinos e indígenas. No por casualidad, es también la región donde se asesinan más activistas de derechos humanos y ambientales. A nivel global, 2017, con 207 asesinatos, casi cuatro personas por semana, fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el ambiente, el 60% de ellos, en la región latinoamericana. La mayor parte de estos crímenes están ligados a la expansión de los monocultivos (la agroindustria), la tala y la gran minería.

Todavía hoy se sigue oponiendo lo social a lo ambiental, como si hubiera una contradicción entre ambos, desestimando que quienes más sufren los daños ambientales en nuestras latitudes son los sectores más vulnerables, porque habitan en zonas expuestas a fuentes muy contaminantes, y carecen de los medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias y resistir los embates del neoextractivismo, y sobrellevar los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, tormentas).  No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en todo el mundo con los de la degradación y sufrimiento ambiental, como denunció desde un comienzo el movimiento por la justicia ambiental y climática. 

Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es un disparate. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos.

Tampoco es posible aceptar la tesis de aquellos que proponen desde el atril, desconociendo los procesos sociales y territoriales específicos, que “hay que regular, no prohibir” como si estuvieran en la senda “del medio”, entre dos posiciones antagónicas. Eso es igualmente falso. Por más épica que quieran trasmitir, este tipo de posicionamientos se inserta lejos de cualquier narrativa de justicia social y ambiental, y termina por avalar los planes de la Sociedad Rural Argentina, de las grandes petroleras, de la minera Barrick o de la transnacional Monsanto/Bayer.

En consecuencia, habría que colocar el foco en las causas de esta negación persistente. Resulta increíble y hasta suicida que en plena crisis climática y en situación de colapso ecológico, atravesando una pandemia de indudable raíz zoonótica, muchos continúen minimizando o subestimando la centralidad de las problemáticas socioambientales.

En esta línea, preocupa enormemente el nivel de desconocimiento de nuestra situación ambiental no solo en el campo político y mediático sino también en las ciencias sociales. Sorprende que algunos afirmen que la Argentina “tiene una huella ecológica positiva” (como escribió Roy Hora, en este mismo diario el sábado pasado), cuando en realidad nuestro país emite el 0,9% de las emisiones globales de GEI (gases de efecto invernadero), ubicándose en el puesto 22 del ranking mundial de las 192 naciones que son parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU (PNUD, 2016). Esto se debe a que tenemos una matriz energética eminentemente fósil, así como a los crecientes cambios en el uso del suelo, producto de la expansión de la frontera agraria y de la deforestación. La tesis de que Argentina es “carbono positivo” es una fake news difundida por entidades ligadas al agronegocio, para minimizar el enorme impacto ambiental de su actividad. 

Los niveles de ignorancia de nuestra historia ambiental son tales que, aquellos que mencionan la problemática del Riachuelo como la más importante, sino la única válida, se pretenden inaugurales, desconociendo la enorme y larga lucha social y ambiental que hay en dicho territorio. Fueron precisamente los vecinos y vecinas de la cuenca, junto a organizaciones ambientalistas, los que llevaron al más alto Tribunal judicial del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una problemática socioambiental que acompaña además la historia de la Argentina (hay fallos judiciales sobre este tema del Siglo XIX).

Si es cierto, como dijera recientemente en Venecia el ministro de Economía Martín Guzmán, que “la lucha contra el Cambio Climático es uno de los grandes desafíos de la humanidad”, es hora entonces de que Argentina avance en una agenda de transición ecosocial. La negativa del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, de aprobar nuevas exploraciones offshore en el mar argentino sin que Argentina cuente con un plan de transición energética, marcaría un verdadero hito ambiental y una decisión inédita que revitalizaría la democracia luego del contundente rechazo popular en una audiencia pública que contó con más de 500 participantes.

Transición ecosocial

En nuestro país, la rápida expansión de un arco de organizaciones socioambientales, su potencial dinámica como movimiento de movimientos, al estilo de los feminismos, es uno de los datos conspicuos del período. De la mano de un potente protagonismo juvenil, cada vez más vinculado a las asambleas territoriales de todas las provincias, el Ambientalismo Popular se va instalando como un adversario menos fácil de marginalizar que antaño. El ambientalismo deviene así no solo un actor molesto, cada vez más filoso e insoslayable, que exige no solo vocería pública y participación en las decisiones colectivas, sino también cambios importantes orientados a la protección de los bienes comunes y más aún, a una agenda de transición ecosocial. Por supuesto, existen diversos grupos y estrategias y esas diferencias buscarán ser explotadas y amplificadas desde los sectores de poder, para debilitar el impacto de la gran ola ecosocial sobre la sociedad, diluir la radicalidad del mensaje y la urgencia de la transición. Pero al calor de estas luchas sociales, de estas batallas culturales, la sociedad va reconociendo la importancia de la crisis socioecológica y la validez de otros lenguajes de valoración del territorio, de otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza.

Nadie es ingenuo. No se está diciendo que la transición sea simple o lineal, mucho menos en un contexto de potenciación de las desigualdades, de destrucción de los ecosistemas y de expansión de las extremas derechas. No hay una transición, sino varias. Una justa y popular, planificada y con la gente adentro; y otra, de carácter corporativa y de mercado, con mucho dolor social y ecológico. Así, la transición en sí misma es hoy un concepto en disputa. 

En Argentina tenemos la creatividad para pensar (y realizar) otros paradigmas productivos y potenciar economías regionales para la salida de la pandemia. Pero para ello, debemos abrir cuanto antes la discusión sobre todos estos temas, pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa y de mercado, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.