La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) manifiesta su profunda preocupación y repudio ante las recientes declaraciones del Ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik, quien anunció públicamente el envío de una carta documento a nuestra organización, exigiendo el cese de las denuncias públicas y solicitando “pruebas” sobre los desmontes ilegales en dicha provincia.
En primer lugar, informamos que dicha carta documento no ha sido aún recibida por nuestra organización. En caso de efectivizarse su recepción, será respondida en los términos legales y formales que correspondan. Sin embargo, consideramos indispensable manifestar públicamente que el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en Chaco.
Es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante sino que participa activamente como parte querellante. El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso.
Consideramos que este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, ex funcionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho.
Solicitaremos a los distintos medios el debido derecho a réplica, difundiendo este comunicado en su tapa, al igual que lo hicieron ampulosamente con las declaraciones del Ministro Dudnik.
Desde que iniciamos la denuncia penal en 2024, hemos aportado de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido, entre ellas:
Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. “Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco”, entre muchos otros)
Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas
Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras INDUNOR y UNITAN, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara.
Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.
Le sugerimos al Sr. Ministro Dudik que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros.
¿Quién controla al que debe controlar?
Resulta preocupante, además, que la misma persona encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos esté intentando amedrentar a quienes denunciamos su violación sistemática. Más aún, cuando pesan sospechas de que un desmonte reciente podría involucrar al propio Ministro o a su entorno familiar directo, según se desprende de la ampliación de la denuncia penal que presentamos hoy ante la justicia federal (ver denuncia completa), y que podría ser una prueba más de un patrón de encubrimiento y permisividad institucional en Chaco hacia actos ilegales de desmontes.
No nos van a callar. No nos vamos a dejar amedrentar.
La defensa de los bosques nativos chaqueños, que son bienes comunes de toda la sociedad, no puede quedar sometida al poder de turno ni a los intereses de los desmontadores. Exigimos al Gobierno del Chaco que en lugar de perseguir a quienes luchamos por el ambiente, actúe con firmeza para frenar los desmontes ilegales, proteger los territorios y desarticular el entramado político-empresarial que está cometiendo sistemáticamente delitos penales para hacer negocios a costa del monte chaqueño.
Entre las empresas beneficiadas por el ecocidio del quebracho argentino hay grandes marcas automotrices (BMW, Audi, Ford) de calzado e indumentaria
La mafia del desmonte no es un fantasma. Tiene máquinas, tiene nombres y hasta tiene puertos de exportación. A medida que avanza la investigación judicial que impulsamos sobre los desmontes ilegales en el Impenetrable chaqueño —causa penal FRE 3086/2024—desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) publicamos datos inéditos que presentamos ante la Justicia Federal: a través de las tanineras Indunor y Unitán, se alimenta una cadena global de negocios que va desde curtiembres hasta marcas de autos de lujo.
Son estas dos empresas, Indunor S.A. y Unitán SAICA, que producen tanino de quebracho fundamental para la elaboraciones de cuero. Sus plantas en Chaco y Formosa producen a partir del desmonte ilegal, lo cual luego se exporta en polvo o líquido a más de 50 países que la utilizan, entre otras cosas, para la industria del cuero y la alimentación animal. China, EE.UU., Italia, Brasil y México son países de destino.
Entre los compradores aparecen curtiembres que están vinculadas a marcas de lujo: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Jeep, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Land Rover, Mini, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo, Chevrolet, Ram Trucks, GMC.
Entre las marcas de calzado e indumentaria figuran las marcas ECCO, 5.11, Ariat, Wolverine, Consuela, Tandy Leather Factory. Tanto las automotrices como las marcas de ropa, son beneficiadas del desmonte ilegal recibiendo el tanino chaqueño a través de intermediarios industriales como Bay Tanneries (Bangladesh), Shivam Chemicals (India), Tannin Corporation (EE.UU.), y curtiembres certificadas como Dezhou Xinghao Leather Industry o Industria de Peles Minuano.
Las tanineras tienen una compleja estructura societaria. Indunor forma parte del grupo italiano Silvateam, con filiales en América Latina, China y Europa. Según la información recopilada en bases comerciales globales, Silvateam canaliza exportaciones entre filiales, triangula desde Perú y oculta compradores: más del 69% de los envíos de Indunor en 2024 no tiene destino declarado en el registro. Unitán, por su parte, opera a través de intermediarios en EE.UU., India y China, vinculados con industrias del cuero, curtiembres y multinacionales alimentarias.
Mientras la sociedad chaqueña se queda sin monte, mientras comunidades indígenas y campesinas pierden agua, salud y territorio, los extractos del quebracho colorado llegan a fábricas de autos, curtiembres y a mercados de lujo. El modelo extractivo que arrasa el Chaco se sostiene con blindaje político, negocios en paraísos fiscales, y ahora también, intentos de desactivar la justicia.
Desde AAdeAA-CAJE, seguiremos investigando, denunciando y visibilizando el entramado empresarial, judicial y político que permite el ecocidio en Chaco. Trabajamos, y llamamos a la sociedad a crear mayor presencia para que:
Se garantice la continuidad de la causa penal en el fuero federal.
Se frenen ya todos los desmontes ilegales, de acuerdo a lo que la cautelar sostiene
Se sancione a todos los directivos de las empresas responsables, como también a funcionarios y operadores que violan constantemente la ley
Se impida que el negocio del tanino siga operando en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial.
La mafia del desmonte tiene clientes: son marcas de lujo con nombres concretos, responsables y sedes.
Una minuciosa investigación revela con precisión el entramado ilegal del poder político y el extractivismo forestal en Chaco que incluye corrupción, permisos truchos y canje de votos en el Senado Nacional
Lo que durante años fue sospecha y denuncia social, hoy se confirma con expedientes, mapas, nombres propios y cifras oficiales.
Denunciamos y revelamos el mapa detallado del sistema mafioso que desmonta ilegalmente en el monte chaqueño argentino. El Equipo Interdisciplinario de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentó un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas en la causa federal conocida como la Mafia del Desmonte en Chaco.
Dicho análisis de la prueba, más el aporte de nueva, fue presentado formalmente el día de hoy en la causa judicial que tramita ante la Justicia Federal de Chaco (donde la AAdeAA-CAJE es querellante) y se solicitaron nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.
La evidencia procesada es abrumadora. Cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas revelan con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar. No se trata de denuncias aisladas. Ponemos nombre y apellido a cada punto del sistema: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se montaban.
Pero el entramado supera el ámbito provincial. La acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada. Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, volvió al Senado Nacional para garantizar al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes. A cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica.
A su vez, la investigación revela que el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal. En 2012 impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica. Y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el “aprovechamiento de productos abatidos”.
Vía libre al desmonte
Entre 2011 y 2021, la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1.335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido.
MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.
El zorro en el gallinero, el ex Ministro de la Producción Hernan Halavacs
El ex ministro Hernan Halavacs gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín.
Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino, Directores de Desmonte de la Provincia
De un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino.
Por ejemplo, en un año, el 2013, la Dirección de Bosques a cargo de Miguel Angel López entregó más de 300 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 35.000 hectáreas de desmonte.
Solo en 2016, la Dirección de Bosques a cargo de Emanuel Carrocino entregó casi 200 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 30.000 hectáreas de desmonte.
Permisos truchos y Recategorizaciones
Se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de recategorización predial. Así, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo. Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A.
El cambio de uso del suelo solo puede ser realizado si esta se encuentra debidamente autorizada. Pero además de los 1335 permisos de cambio de uso del suelo, la Dirección de Bosques de la Provincia de Chaco entregó 15.064 permisos entre 2009 y 2024, siendo nuevamente el año con mayor cantidad de permisos otorgados 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López con más de 1.500 permisos otorgados ese año. Más del 50% fueron de “aprovechamiento forestal”, disfrazando la extracción intensiva de “manejo sostenible”. Las asociaciones comunitarias Meguesoxochi y Misión Nueva Pompeya recibieron cientos de estos permisos, bajo control de operadores políticos denunciados.
“Autorizaciones Especiales”
Uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales”, este tema es central en la investigación penal federal dado que refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de “legalidad”, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía.
Esta figura creada irregularmente por la Dirección de Bosques permitió que los desmontes ilegales fueran “regularizados” a posteriori. Las llamadas “autorizaciones especiales” se dispararon en los últimos años: 403 autorizaciones, 94 se dieron sólo el año pasado en 2024, 110 de ellas fueron gestionadas por Halavacs. Las empresas beneficiadas son Carbotec S.A, Argecosol SRL, Forestales del Chaco y “Katona SRL” (empresa forestal de Los Frentones que es la principal proveedora de madera de Ana Victoria y Adolfo Eduardo Hupaluk), entre otras.
Corrupción con fondos nacionales: la asignación del Fondo NacIonal de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado para que tiene como objetivo compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
La Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario a lo que establece la Ley por 12 años. El 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley.
Permisos de transporte truchos e inflados.
Los permisos que el gobierno provincial entrega a los productores forestales van asociados a la entrega de una cantidad de “guías”. La cantidad de guías debe ser proporcional al volumen de productos forestales que el permiso habilita extraer del bosque nativo. Se entregaron cantidades desproporcionadas de estas guías de transporte forestal (permisos de transporte) respecto al volumen autorizado. Un caso es el de Ramón Jalil Abraham, con 1.374 guías para apenas 50 hectáreas. Otro caso fue el de Alejandro Ibáñez, con 485 guías para 45 hectáreas, derivadas en su mayoría a las tanineras. Las guías se usan como moneda para legalizar desmontes ilegales. Todos los datos demuestran la existencia de un mecanismo por el cual la Dirección de Bosques de la Provincia vende cupo d 1 e extracción a los productores forestales, mediante la expedición de guías sobregiradas, para que éstos puedan transportar legalmente los productos forestales extraídos de manera ilegal.
Sin desmantelar los entramados mafiosos del extractivismo no hay justicia posible
En tiempos de desconfianza en las instituciones y en los representantes de nuestra sociedad, la voluntad política y judicial para actuar es más necesaria que nunca. Las evidencias son contundentes e innegables, sin desarmar estas tramas de corrupción no habrá regeneración posible, tanto de nuestras sociedades como de nuestros ecosistemas.
Es imposible retomar la confianza en la justicia si se protegen intereses mafiosos. Avanzar hacia una transición ecosocial en nuestro país requiere, como primer paso, desbaratar estas redes que operan con impunidad desde hace décadas. Recuperar los ecosistemas del Gran Chaco y defender los territorios campesinos e indígenas empieza por decir lo que hay que decir: el desmonte tiene nombre, apellido y firma.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial anunciamos un duro golpe a la Mafia del Desmonte en Chaco La acción de ayer, desarrollada en las inmediaciones de Tres Isletas, Chaco, constituye una respuesta contundente a prácticas ilegales que vulneran las órdenes de la justicia. Esta intervención, fruto de la presentación judicial interpuesta al constatar el incumplimiento de la medida cautelar, envía un mensaje claro: la desobediencia frente a una orden judicial no quedará impune.
El operativo, coordinado por la Justicia Federal, se efectuó en un predio próximo a la localidad de Tres Isletas, en Chaco. Durante la inspección, los operarios reconocieron estar ejecutando tareas de desmonte en beneficio del Sr. Roberto Nardelli, lo que evidenció la infracción denunciada y validó la intervención legal. Esta confesión, que encaja de forma precisa en la denuncia realizada, valida la acción del Estado para frenar actividades que afectan directamente la integridad del monte.
En una medida sin precedentes, se procedió al secuestro judicial de una Topadora LD160 Lonking, maquinaria vinculada a múltiples desmontes en los últimos años. La incautación de este equipo no solo detuvo la actividad en el acto, sino que también marca el inicio de un proceso judicial que sancionará la transgresión cometida. Para quienes no están familiarizados con el lenguaje legal, se trata de que la autoridad, al percibir el incumplimiento de una orden de no intervención, ha procedido a retirar la maquinaria de la operación, evidenciando la aplicación efectiva de la ley.
La violación de la medida cautelar implica, en términos simples, el no acatar una orden emitida por la justicia destinada a evitar daños irreparables en el monte. La acción judicial emprendida se sustenta en los conceptos de desobediencia y daño, términos que en lenguaje llano significan que quien infringe la norma no solo desatiende una orden, sino que genera perjuicios en el territorio. Esta claridad jurídica permite que la ciudadanía comprenda las implicancias de tales actos y se comprometa con la defensa de nuestro entorno natural.
El operativo de ayer no es un hecho aislado, sino el reflejo de un accionar coordinado entre organismos judiciales y la sociedad civil. La determinación de detener la labor del desmonte y de secuestrar la topadora envía un mensaje contundente a aquellos que pretenden evadir la ley para lucrar a costa del monte. Cada acción en este sentido es un paso firme para recuperar el control sobre nuestro territorio, en el que la fuerza del accionar colectivo se impone frente a intereses privados.
Esta intervención judicial pone en evidencia la eficacia del trabajo coordinado entre la justicia y los ciudadanos comprometidos con la defensa del monte nativo. La participación activa de quienes, desde diversos ámbitos, se suman a la denuncia de actos contrarios a la ley, demuestra que la protección del territorio es una lucha compartida. En este sentido, la acción de ayer es una muestra de cómo la presión social y la vigilancia constante se traducen en medidas concretas que protegen lo que es de todos.
El secuestro judicial de la Topadora LD160 Lonking establece un precedente importante: la impunidad no es una opción. La clara tipificación de desobediencia y daño abre la puerta a la aplicación de sanciones firmes, lo que refuerza el compromiso de las instituciones de garantizar que se cumplan las normas que protegen nuestro monte. Este proceder no solo refuerza la autoridad de la ley, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en un accionar justo y transparente.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas entendemos que la defensa del territorio es tarea de todas las personas. La acción de la Justicia Federal, sumada a la denuncia ciudadana, convierte a cada actor social en un guardián del monte. Es la unión y la conciencia colectiva lo que posibilita la construcción de un frente común que rechaza las prácticas destructivas y exige el respeto irrestricto de la ley.
Hacemos un llamado a periodistas, activistas y a toda la ciudadanía comprometida con la protección del territorio a seguir informando y denunciando hechos que atenten contra la integridad del monte. La transparencia y la responsabilidad son pilares indispensables para que la justicia actúe con firmeza y eficacia. Cada noticia, cada denuncia, fortalece el marco jurídico que hoy respalda una acción decisiva contra el desmonte ilegal.
La intervención de ayer es una victoria compartida y un incentivo para redoblar esfuerzos en la defensa de lo que es patrimonio que la ciudadanía tiene que proteger. Con la convicción de que la justicia se fortalece cuando se ejerce de manera colectiva, invitamos a la ciudadanía a mantenerse alerta y a sumar sus voces en esta lucha. Sigamos adelante con determinación, conscientes de que cada acción cuenta para preservar la integridad del monte y el futuro de nuestro país.
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Roma, Italia — En el marco de la Conferencia Internacional titulada “El Uso Social de los Bienes Confiscados”, organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (PASS) y la organización internacional LÍBERA en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)-Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas tiene la responsabilidad de llevar el caso de la Mafia del Desmonte, y su participación en el desmonte ilegal en Chaco, Argentina, ante una audiencia de alto nivel. El evento cuenta con la participación de figuras internacionales como el Vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el Director Ejecutivo de Servicio Policiales de Interpol, el jurista Italiano Luigi Ferrajoli y el Fiscal Jefe Antimafias de Italia, el Cardenal Peter Turkson, entre otros. En él se busca establecer un marco global para la reparación social mediante la redistribución de bienes confiscados.
El abogado Enrique Viale expuso en el panel titulado “Sociedad Civil Organizada y Políticas Centradas en la Doctrina del Desarrollo Humano Integral: El Rol del Estado en la Búsqueda y Construcción del Bien Común”. Su intervención destaca el rol de los abogados ambientalistas en apoyar y promover la justicia social y ambiental, y cómo pueden ser ser aliados cruciales en la lucha contra la destrucción ambiental como el desmonte y el extractivismo y en la promoción de la justicia social y ambiental.
El foco de la presentación de CAJE-AAdeAA ha sido la aplicación de la doctrina de los bienes recuperados para combatir las figuras extremas del extractivismo (agronegocio, megaminería, combustibles fósiles). Se propone que los bienes producto de ilícitos ambientales sean incautados para reparar a la sociedad y a la Naturaleza. En particular que las tierras y bienes que se confisquen a los responsables penales del desmonte en Chaco sean transformadas tanto en reservas naturales como entregadas -para un fin social- a comunidades afectadas. Además, se ha planteado que bienes recuperados de delitos ecológicos puedan ser utilizados para proteger hábitats críticos como los de los pingüinos en Punta Tombo o el Yaguareté en el Gran Chaco.
La intervención del Papa Francisco, que cerrará la conferencia, ha enfatizado la necesidad de una respuesta global y efectiva contra el crimen organizado. En su mensaje a los participantes del evento, el Papa destacó que “el crimen organizado inflige una herida profunda a las sociedades”, subrayando que la recuperación de bienes debe orientarse no solo a la justicia penal, sino también a la reparación del bien común.
La participación de CAJE-AAdeAA en esta conferencia subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ecosistemas nativos que garantizan el bienestar de las sociedades. Nuestra propuesta de utilizar bienes confiscados para fines de justicia ambiental busca establecer un precedente en la lucha y en los procesos por justicia social y ecológica a nivel global.
El desmantelamiento de estás Mafias del extractivismo, como el entramado público-empresarial en Chaco, es absolutamente indispensable para avanzar en una sociedad más justa e igualitaria, incluso con la Naturaleza.
En la Megacausa de la Mafia del Desmonte en Chaco, la Justicia Federal realizó varios allanamientos en Casa de Gobierno y otros lugares. También ratificó nuestra participación como querellantes
Resistencia, 25 de agosto de 2024
En una noticia trascendental para la lucha ambiental en nuestro país, la Justicia Federal de Chaco ha decidido aceptar a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas como querellantes en la megacausa conocida como la “Mafia del Desmonte”. Este reconocimiento significa que, a partir de ahora, podremos ser parte activa del proceso judicial que busca frenar la devastación de los bosques nativos chaqueños. Es un paso fundamental para desarticular este entramado que viene desmontando ilegalmente hace décadas el monte chaqueño nativo. Vamos a poder participar activamente en la investigación penal, lo que nos permite garantizar que los responsables de este entramado de corrupción y ecocidio no queden impunes y que la justicia avance en beneficio de la sociedad chaqueña, sus ecosistemas y comunidades .
Al ser querellantes, podremos acceder al expediente completo y analizar cada documento presentado en la causa. Además, tendremos la posibilidad de fortalecer la enorme cantidad de pruebas que ya hemos presentado y consideramos esenciales para esclarecer los hechos. Estaremos en una posición clave para impulsar que avance todo el proceso judicial y evitar que los intereses corporativos y políticos frenen la investigación o desvien la atención.
En las últimas semanas, fuimos testigos de la celeridad con la que actuó la Justicia Federal: se realizaron allanamientos en diversas dependencias del gobierno provincial de Chaco. Esta acción, algo que no veíamos desde hace muchos años, es una señal clara de que la maquinaria judicial ha comenzado a moverse con seriedad, enfocándose en desarticular esta red de corrupción. Es una muestra de que la presión social y la participación activa en la causa pueden dar resultados concretos.
Sabemos también que esta causa no es solo por la protección del monte, sino que va mucho más allá. A lo largo de todo el país es necesario desenmascarar las redes de poder político y empresarial que se enriquecen a costa de la naturaleza y de las sociedades que dependen de ella. Nuestro rol en este causa es un paso firme y decidido hacia la justicia #ecosocial que creemos necesaria para todo el país, para todos nuestros bienes comunes. La única forma de frenar estos entramados es con un trabajo de toda la sociedad, uniendo esfuerzos y voces para exigir justicia y terminar de una vez por todas con el saqueo de nuestro futuro. La lucha continúa, y estamos más comprometidos que nunca.
Estamos convencidos de que este es un momento clave para avanzar en la construcción de una justicia ecosocial en Argentina. No podemos permitir que los intereses privados sigan destruyendo nuestros bienes comunes con total impunidad y en detrimento de nuestro bienestar.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Colectivo Somos Monte CHACO invitan a la comunidad a participar de una charla informativa sobre los avances en la causa presentada contra los desmontes en la provincia del Chaco.
El evento se realizará el viernes 2 de agosto a las 18:00 horas en la Librería La Paz, ubicada en la Av. 9 de Julio 359 (Resistencia).
La charla contará con la presencia del abogado ambientalista Enrique Viale. Se abordarán temas de gran relevancia ambiental y social, incluyendo la megadenuncia penal por el Desmonte presentada ante la Justicia Federal de Chaco.
Mediante imágenes satelitales, se detectó que durante el primer semestre del año se deforestaron 59.557 hectáreas en el norte del país, un 15% más que en el mismo período de 2023. La situación más grave se da en Chaco donde la mayoría de los desmontes son ilegales. En la que todos los desmontes se realizaron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020, alcanzando un total de 27.148 hectáreas.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal titulada “La Mafia del Desmonte en Chaco“, detallando una trama de corrupción entre funcionarios y empresarios que facilita la deforestación en la provincia. Se acusa a altos funcionarios, incluyendo al Ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs, de otorgar permisos de desmontes ilegales. La denuncia revela la participación de funcionarios que, a lo largo de los años, han cambiado de roles para favorecer sus propios intereses, violando leyes y regulaciones ambientales.
La deforestación en Chaco ha tenido un impacto devastador tanto ambiental como social, afectando gravemente a las comunidades indígenas y campesinas, así como a especies en peligro de extinción. La ley de ordenamiento territorial de bosques nativos aprobada en abril de 2024, facilita el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos, lo que ha sido un golpe significativo para la conservación de estos ecosistemas.
Además, se expondrán los nombres de las empresas y empresarios involucrados en la deforestación ilegal y la explotación de recursos naturales, destacando sus vínculos con el poder político. Entre las empresas implicadas se encuentran aquellas dedicadas a la extracción de tanino, un subproducto de los quebrachos desmontados, que promueven una economía extractivista y colonial.
La charla contará con la presencia de destacados abogados ambientalistas y representantes de organizaciones socioambientales como Somos Monte y CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial), quienes brindarán un panorama completo sobre la situación actual y las acciones legales emprendidas.
Convocan a este evento la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Somos Monte y CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial).
La entrada es libre y gratuita, y esperamos contar con la participación de toda la comunidad interesada en la protección de nuestros bosques y la justicia ambiental.
Fecha y Hora: Viernes 2 de agosto, 18:00 horas Lugar: Librería La Paz, Av. 9 de Julio 359
Para más información, contactar: Prensa Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas Enrique Viale Tel: +54 9 11 5120-7518
Investigación devela una trama de corrupción de Funcionarios/Empresarios para la deforestación en Chaco
A fines de Abril la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo. Está hecha a medida del agronegocio y las tanineras. Ese cambio normativo fue impulsado por la “Puerta Giratoria” de la mafia del desmonte: Funcionarios/empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios.
El ministro de Producción de Chaco (Hernán Halavacs), máxima autoridad ambiental de la provincia y Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Bosques, es -a su vez- quien más recibió permisos de desmontes en los últimos 10 años (como Ingeniero Agrónomo para sus clientes, actuales beneficiarios de la nueva Ley).
Funcionarios/Empresarios que traspasan los copernicanos cambios de gobierno de Chaco (funcionarios de Capitanich y ahora de Zdero). Luciano Olivares, actual asesor del Ministro Halavacs. En el anterior gobierno, Olivares era el Subsecretario de Desarrollo Forestal y era quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte.
Diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron la Ley que los enriqueció personalmente.
Desvíos de Fondos públicos, de origen Nacional (Ley de Bosques) e Internacionales (Fondo Verde para el Clima) para Conservación.
Trata de Personas, semi esclavitud, trabajo infantil forman parte de la trama colonial que envuelve a Chaco y la retrotrae al Siglo XIX (recuerda a La Forestal).
Toda esta investigación ha sido detallada en una puntillosa denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que se presentó el día de hoy en la Justicia Federal con sede en Chaco.
ANTECEDENTES Y DETALLES
En tratamiento express, la legislatura de Chaco votó a fines de abril una ley que redujo ilegalmente la protección de sus bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros. Dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades.
La ley votada en la madrugada del 30 de abril es la consecuencia del accionar coordinado de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con el corrimiento de la frontera sojera o ganadera y, por otro lado, con la comercialización de la madera y subproductos, que son vendidos tanto en el mercado interno e internacional.
La denuncia penal fue realizada desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.
DENUNCIADOS/AS
Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se descubrió la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses.
¿Quiénes son los/as denunciados/as que están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de Bosque Nativo en Chaco?
Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte.
Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
Atlanto Honcheruk. diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS
Ana VictoriaHupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niñxs.. Socia de Miguel Angel lopez en el aprovechamiento de Tria S.A. A la cual el mismo Lopez entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs.
Adolfo EduardoHupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública.
Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU
¿Qué delitos se imputan?
Entre los delitos específicos cometidos seespecifican: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideologica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilicita. Todos previstos en el Código Penal.
Se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados.
Además, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
Se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino.
PODEROSAS EMPRESAS DENUNCIADAS
Algunas de las empresas que aparecen vinculadas a esta trama de corrupción público/privada:
El actual ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 ha en las que el técnico les realizó planes de desmonte.
Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario que obtuvo permiso de desmonte por 1331 ha en Brown en 2018, realizado por el entonces técnico Halavacs. es propiedad de la Familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).
El Grupo Buratovich Hnos es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovic. De enorme peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños.
Ana Victoria Hupaluk es una empresaria forestal de Los Frentones dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., empresa que es dueña de la Estancia La Nueva Pirámide y comparte socios con Indunor S.A., una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los Deptos. Brown y Güemes.
TRIAD S.A. en Chaco tiene domicilio fiscal en el estudio del Ingeniero Kalbermatter, socio de Miguel Angel Lopez en Charata. Esta sociedad de Buenos Aires pertenece a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central de la República Argentina -BCRA).
TANINERAS TRANSNACIONALES
La denuncia penal también pone sobre la lupa las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus promiscuos vínculos con funcionarios y ex funcionarios.
El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.
MEDIDA CAUTELAR
A su vez se solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial. La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios del Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en 2 décadas.
DENUNCIA PENAL A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
La Denuncia Penal tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas mas importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) irá hacia su desaparición definitiva.
