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Arenas siliceas

El Delta, hacia una urgente y democrática Evaluación Ambiental Estratégica

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con el Colectivo de Acción por la Justica Ecosocial (CAJE) a realizado una conjunto de solicitudes de acceso a la información pública ambiental y una serie de propuestas de acción política y técnica destinadas al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, atento su rol de dirección, por un período, del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).

En primera instancia, se solicita se provea la documentación completa relacionada con la extracción, explotación, procesamiento y transporte de arenas silíceas con destino al yacimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

La profundización del modelo extractivista de las arenas silíceas en el territorio provincial, particularmente en el contexto de su sistema de humedales,  es realmente alarmante. En la presentación, se propone la utilización de dos herramientas precisas dispuestas en la renovada Constitución Provincial de Entre Ríos, con carácter de urgente, un estudio de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estratégica.

Fundamenta lo que promovemos en el marco de la Constitución Provincial, su artículo 84 ordena que: “Un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales. La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental, y estrategias de mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global.”

En esta línea, el Estado nacional dispone de la Resolución de la máxima autoridad ambiental Número 434/19 en la que se establece todo el proceso de desarrollo de la herramienta técnico  institucional de Evaluación Ambiental Estratégica.

No podemos dejar de mencionar, que el PIECAS desarrollo una de las primeras experiencias  en el País aplicando la misma, hace casi 15 años, siendo un documento relevante para su consideración en esta segunda iniciativa que aquí promovemos a la autoridad provincial y por su intermedio, al seno del PIECAS.

En primera instancia se requiere de la Provincia de Entre Ríos: 

1. Detalle de un listado pormenorizado de la totalidad de los emprendimientos de extracción de este tipo de arenas para su comercialización y destino hacia Vaca Muerta, desde su comienzo hasta la actualidad.

2. Se nos provea de un amplio Mapa con cada una de las ubicaciones, de modo digital o en papel, o en su caso, las coordenadas georreferenciadas de cada explotación, tanto para extracción como para procesamiento.

3. Se nos haga llegar copia de todas las Declaraciones de Impacto Ambiental y/o actos administrativos de aprobación o rechazo de los mismos de conformidad a los Decretos Reglamentarios vigentes sobre EIA.

4. Se nos informe los proyectos en ejecución de extracción de las arenas en cuestión, que no se encuentren autorizados, aprobados y que tengan en trámite sus EIA correspondientes.

5. Se nos informe de las explotaciones clandestinas de las que vuestra autoridad tenga conocimiento y si existen, en cada caso, sanciones, multas y clausuras.

6. Detalle de las causas judiciales vinculadas a cada uno de estos emprendimientos extractivos, de cualquiera de los fueros donde se tramitan.

7. Se nos informe sobre las empresas habilitadas para transportar dichas arenas, los medios de transporte utilizados.

Especial petición y propuesta:

Finalmente y en segunda instancia peticionamos, en atención al documento de Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica existente en el PIECAS, se adopte la iniciativa de desarrollar una renovada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con foco en este escenario que tome como área de trabajo, el Delta y el Pre Delta en todo su conjunto y sinergias. Requerimos se avance paralela y sinérgicamente, en el desarrollo de los Términos de Referencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, de la totalidad de los emprendimientos de extracción de dichas arenas silíceas con destino a Vaca Muerta, más aún en las dos Áreas Naturales Protegidas de humedales que se encuentran en el territorio que nos ocupan, como dos Parques Nacionales y un Sitio RAMSAR, entre otras razones vinculados al concepto de sistema de humedales y sus ecosistemas asociados que nuestra Constitución Provincial (Art. 85) expresamente ordena proteger con especial foco, frente a escalas que parecerían absurdas por lo que hasta aquí se conoce.

 (*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE).

Alerta por la irresponsable intervención en los ríos Paraguay y Paraná: un ecocidio inminente

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige acciones urgentes ante los inminentes proyectos de intervención sobre los ríos Paraguay y Paraná, que amenazan con desatar una crisis socioambiental sin precedentes. Las autoridades deben convocar de manera inmediata a una reunión de Cancilleres y las máximas autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata, además del Sub Grupo 6 del Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur, para debatir el impacto devastador que estas obras pueden tener sobre los ecosistemas y las comunidades locales.

Mega proyectos de destrucción: Impacto irreversible en la biodiversidad y las comunidades locales

Los anuncios recientes del gobierno nacional y los de Paraguay y Brasil detallan un conjunto de intervenciones sobre los ríos Paraguay y Paraná que buscan profundizar las vías navegables para aumentar el tránsito de barcazas. Esto incluye el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado de más de 2.000 kilómetros desde Cáceres hasta Corumbá, en Brasil. Estas obras se realizarían en el contexto de una de las peores crisis hídricas de la cuenca en los últimos 77 años, una situación que ha afectado directamente la disponibilidad de agua en la región y exacerbado los procesos de desertificación.

El impacto ambiental de estas acciones es alarmante. Los humedales de la Cuenca del Plata, que albergan una biodiversidad invaluable y proveen recursos vitales para millones de personas, están en grave peligro. Según la Convención de Ramsar, cinco sitios prioritarios del río Paraná, reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica, quedarían expuestos a un riesgo de degradación irreversible si se continúan estos proyectos sin una evaluación ambiental integral.

Un atentado contra los acuerdos internacionales

Los proyectos en marcha no solo violan la legislación ambiental argentina y las normas internacionales, sino que también pasan por alto compromisos clave como el Acuerdo de Escazú, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur. Según el Acuerdo de Escazú, las comunidades tienen derecho a acceder a información clara y participar en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado consultas públicas ni estudios de impacto ambiental (EIA) completos que respeten estos principios. La falta de transparencia y de participación ciudadana en este proceso es una flagrante violación de la ley.

Es fundamental recordar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y las EIA no son simples formalidades. Según el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, el Estado está obligado a garantizar que toda obra que pueda generar un impacto significativo en el ambiente cuente con estudios previos que evalúen sus consecuencias socioambientales. Estas herramientas legales permiten evitar los efectos negativos y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Datos alarmantes: Impacto económico y ecológico

Las cifras de impacto de estas intervenciones son devastadoras. En 2022, la bajante histórica del río Paraná dejó más de 15.000 kilómetros cuadrados de humedales en riesgo de perder su capacidad de regulación hídrica. Según estudios del Instituto Nacional del Agua, el sistema de humedales del Paraná inferior ha reducido su capacidad de retención de agua en un 40% desde el inicio de las dragas y canalizaciones en la década de 1990. La flora y fauna de la región también se han visto gravemente afectadas, con una disminución del 30% en las poblaciones de peces y especies clave para la subsistencia de las comunidades locales.

La profundización del cauce del río Paraguay, prevista en este megaproyecto, podría incrementar aún más la frecuencia de inundaciones en la región. Expertos del Instituto Argentino de Recursos Hídricos advierten que el derrocamiento de los pasos rocosos naturales podría cambiar permanentemente el régimen hidrológico del río, generando desbordes en áreas pobladas y la pérdida de territorios agrícolas.

Exigencias y acciones inmediatas

Ante esta grave situación, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exigimos:

  1. La inmediata convocatoria a una reunión de Cancilleres y autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata para debatir el impacto ambiental de estos mega proyectos.
  2. La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice de manera integral los efectos socioambientales de estas intervenciones, en particular su compatibilidad con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Ramsar.
  3. Un diálogo abierto y transparente con las comunidades afectadas y la sociedad civil, conforme lo estipulan la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831) y el Acuerdo de Escazú.
  4. Que se suspenda cualquier avance en estas obras hasta que se cumplan con los procedimientos de participación ciudadana y se realicen estudios de impacto ambiental completos y rigurosos.

No más intervenciones sin control: Un llamado a la justicia socioambiental

Rechazamos de manera categórica cualquier avance en estos proyectos de intervención en ríos Paraguay Paraná, hasta que se respeten las normativas ambientales vigentes y los derechos de las comunidades. Es necesario que los barcos se adapten a los ríos, no los ríos a los barcos. En pleno siglo XXI y en un contexto de cambio climático sin precedentes, se siguen privilegiando los intereses de unos pocos por encima de la salud de los ecosistemas y las comunidades. Nuestros ríos no son meras autopistas para el comercio internacional; son fuentes de vida para millones de personas y hogar de miles de especies. Si no logramos que se actue ahora, el costo ambiental, social y económico será incalculable.

Contaminación del Río Paraná

Solicitan conocer el contenido del acuerdo con la Embajada de Estados Unidos por la gestión y control del Río Paraná

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, expresamos nuestra preocupación ante la reciente noticia sobre el inicio de actividades conjuntas entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en el marco de un “proceso de colaboración conjunta e intercambio de información y gestión“. Esta colaboración se enmarca en un Memorándum de Entendimiento conjunto, cuyo contenido y alcance nos resultan desconocidos.

Dada la relevancia de esta colaboración para la gestión de la vía navegable troncal, específicamente el río Paraná, consideramos fundamental el acceso público a la totalidad del Memorándum de Entendimiento y cualquier otra información pertinente. Específicamente, solicitamos detalles sobre los objetivos, alcances y procedimientos establecidos en este acuerdo, así como cualquier evaluación de impacto ambiental realizada o prevista.

Es importante recordar que el río Paraná, conocido erróneamente como “Hidrovía Paraná-Paraguay”, opera sin una Evaluación Ambiental Estratégica ni Estudios de Impactos Acumulativos. Esta situación es aún más preocupante debido a la ausencia de un Comité de Cuencas que coordine políticas y acciones a nivel federal para mitigar los impactos ambientales en el río.

Reafirmamos la necesidad de garantizar el pleno cumplimiento de las herramientas de la democracia ambiental en la gestión de la cuenca del río Paraná. Esta cuenca ha sufrido consecutivamente impactos en la salud de la población y sus ecosistemas, como lo demuestra la crisis que enfrenta el sistema de humedales del Delta del Paraná, afectado por quemas indiscriminadas y cambios en los usos del suelo, exacerbados por la sequía histórica y el cambio climático.

Las solicitudes de acceso a la información pública han sido presentadas ante la Cancillería Argentina, y mediante esta, a la Administración General de Puertos. Asimismo, hemos notificado al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en asuntos ambientales de relevancia nacional.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que esta preocupación y acción de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas como del CAJE,  ahora de petición de acceso al conocimiento de lo acordado por las partes intervinientes, se expone y formaliza institucionalmente, frente a la posibilidad de profundización en la pérdida de soberanía sobre el río Paraná y todo lo que esto implica en el agravamiento del modelo extractivista vigente, como en los posibles pasos de concreción de anuncios electorales que convocaron en dicha oportunidad a la privatización de nuestros ríos, el agua, como un reciente llamado oficial a la explotación de los recursos naturales por parte de los inversores extranjeros.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594