El día de hoy se realizó la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para tratar el llamado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas pedimos su impugnación y rechazamos el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná.
A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación —información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión—, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial advertimos desde el primer día que esta audiencia era ilegítima:
- No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido.
- Las obras de dragado ya están en curso
- No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos.
- La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú.
Lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida.
En la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo y defiende con fuerza:al río:
- Como fuente de agua potable para millones.
- Como corredor de biodiversidad y soporte de humedales.
- Como territorio habitado por comunidades que resisten.
- Como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad.
La audiencia, lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla.
A esta altura, el Gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente.
El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada.
