El Poder Ejecutivo Nacional impulsa un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) que ya ingresó al Congreso como P.E. 161/25. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) publicamos un informe técnico-jurídico que analiza en detalle esta iniciativa y advierte sobre sus consecuencias: la reforma es regresiva, inconstitucional y habilita la destrucción legal de glaciares y ambiente periglacial, las principales reservas estratégicas de agua dulce de la Argentina .
Lo que está en juego no es un debate técnico menor. Es una definición política de fondo: si el país mantiene un piso común de protección del agua o si avanza hacia su desprotección sistemática que pone en riesgo la seguridad hídrica en más de la mitad del país.
👉 Accedé al informe completo: “Análisis crítico del Proyecto de Reforma a la Ley de Glaciares (P.E. 161/25)”.
La Ley 26.639, sancionada en 2010 tras una fuerte movilización social, estableció un estándar federal claro para proteger glaciares y ambientes periglaciales.
Sus pilares son conocidos y efectivos:
- Protección automática de todos los glaciares y periglaciares, sin excepciones.
- Un Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA, como organismo científico nacional.
- Prohibiciones expresas a la megaminería, los hidrocarburos y grandes obras sobre estos ecosistemas.
- Evaluaciones de impacto solo para actividades no prohibidas, evitando que la EIA funcione como una licencia para destruir.
Este régimen protege el origen del agua que sostiene cuencas, comunidades y economías regionales. No bloquea el desarrollo: lo ordena.
Qué cambia el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares
El informe de AAdeAA–CAJE muestra que el proyecto P.E. 161/25 vacía de contenido la ley vigente y transforma el “piso” de protección en un “sótano” regulatorio.
1. De la protección automática a la desprotección condicionada
La reforma establece que solo estarán protegidos los glaciares que una autoridad provincial considere “relevantes” por su función hídrica. Lo demás queda sin resguardo. En la práctica, todos los glaciares pueden ser destruidos si una provincia así lo decide.
2. Ataque al ambiente periglacial
El proyecto elimina la prohibición de minería e hidrocarburos en el ambiente periglacial. Esto rompe la lógica científica básica: sin periglacial no hay glaciar. Es como decir que se protege el hielo mientras se apaga el freezer.
3. Principio precautorio invertido
La reforma dice incorporar el principio precautorio, pero lo usa al revés: la protección deja de ser la regla y pasa a ser la excepción, condicionada a informes funcionales al extractivismo.
4. Vaciamiento del Inventario Nacional de Glaciares
Aunque mantiene formalmente al IANIGLA, el proyecto traslada el poder real a las provincias, que pueden excluir glaciares del Inventario y habilitar su destrucción incluso contra el criterio científico nacional.
5. De la prohibición a la autorización administrativa
Las prohibiciones absolutas se reemplazan por Evaluaciones de Impacto Ambiental provinciales, elaboradas por las propias empresas. La experiencia muestra que estas instancias rara vez frenan proyectos y no evitan daños irreversibles.
Una reforma inconstitucional y regresiva
La modificación de la Ley de Glaciares viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado nacional a fijar presupuestos mínimos ambientales que las provincias no pueden rebajar. También infringe el principio de no regresión ambiental, reconocido por el Acuerdo de Escazú y por la Corte Suprema.
Además, fragmenta la gestión de cuencas interprovinciales y abre la puerta a conflictos hidrosociales, como ya ocurrió en el pasado con ríos compartidos.
Desde AAdeAA–CAJE sostenemos con claridad: la Ley de Glaciares no se toca. No aceptamos cambiar prevención por daño consumado, ni subordinar la ciencia pública a los intereses del negocio extractivo.
En un contexto de crisis climática, escasez de agua y profundización de desigualdades, modificar la Ley de Glaciares es poner en riesgo el futuro de nuestras comunidades.
