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Chubut y la megaminería

Chubut y la degradación social e institucional que provoca la megaminería

Por: Maristella Svampa y Enrique Viale para El diario AR.

A espaldas de la sociedad, con represión, con degradación institucional, con corrupción política: así se impone la megaminería en casi todo el mundo. No por casualidad es la actividad extractiva más resistida en el planeta, en América Latina, en Argentina. Oposición que se ha incrementado en contextos de escasez hídrica, como el actual, en plena crisis climática.

Hace años que venimos advirtiendo que la megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de una gran degradación social e institucional. Lo que ocurre en la provincia de Chubut es una demostración cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la población de Esquel dijo NO a la Mina, y la primera ley provincial del país que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Luego, ante la insistencia de los diferentes gobiernos y corporaciones, hubo también dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas de ciudadanxs), primero en 2014, y más recientemente otra, en 2020-2021, en plena pandemia, cuyo objetivo era el de reforzar la ausencia de licencia social para la minería.

Iniciativas populares que mostraron la perseverancia de la ciudadanía chubutense en los dispositivos institucionales, pese al comportamiento corrupto de muchos de sus legisladores, que lograron obturar su tratamiento en las dos ocasiones. Pese ello, la lucha popular y democrática lleva casi 20 años resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminería.

Sin embargo, la aprobación de la actividad sin licencia social siguió avanzado, cometiendo los atropellos institucionales más indignantes. Justo hace un año se viralizó el video de una cámara oculta que mostraba a un diputado provincial solicitando dinero para apoyar el ingreso de la mineria a la provincia. Ayer, 15 de diciembre, ese mismo diputado estuvo presente en la legislatura provincial -como si no hubiese habido ningún delito previo- y votó a favor, consumando de ese modo su parte del “trato”, en favor del ingreso de la actividad extractiva.

Leila Lloyd Jones, otra diputada provincial, aseguró en un audio -que también se viralizó- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería a gran escala “es de 10 millones de pesos”. Luego ratificó estos dichos ante la Justicia, para lo cual aportó elementos de prueba e incluso señaló a Guillermo Corneo, el abogado del actual gobernador Mariano Arcioni, como el gestor del cohecho.

Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se difundió la fotografía del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de cómo redactar una ley, de parte del CEO de una transnacional minera, en plena sesión parlamentaria. La foto recorrió el mundo como símbolo de la corrupción política y del fuerte lobby de las corporaciones. Por unos años los sectores promineros se mantuvieron en silencio, avergonzados. Luego, favorecidos por la impunidad, volvieron a beber las aguas del olvido, para ir a la carga una vez más, y refrendar que en Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.

Fue así que la Legislatura de Chubut con el apoyo del Ejecutivo provincial y en una sesión sin previo aviso, burlando la voluntad de una sociedad alerta y movilizada desde hace tantos años, decidió habilitar la zona de la meseta central para desarrollar la megaminería. No habían pasado 24 horas todavía, que el gobernador Arcioni presuroso promulgó la ley. Las compañías mineras ya deben estar bajando las maquinarias hacia la meseta. De eso se trata: de hacer tabula rasa –pues la corrupción política y el lobby empresarial en este país no se penalizan-, y de ir rápido, golpeando de manera inesperada, blindando al poder, antes de que la población salga a cortar los caminos con sus pretensiones antiguas de democracia, defendiendo el agua escasa y los territorios cada vez más indefensos.

¿Si Chubut es una provincia con un solo gran río, si la escasez hídrica es ya una realidad acuciante, qué sucederá entonces cuando avance la minería, que es una actividad sedienta de agua y de energía? Es sabido que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de demenciales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.

Un ejemplo nos sirve de muestra: La Alumbrera, en Catamarca, otra provincia con escasez hídrica, tiene autorizado la utilización de más de 86 millones de litros de agua dulce por día, mucho más que el consumo total provincial y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo de la energía de toda la provincia. Catamarca muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador, a pesar de más 20 años de actividad.

En Chubut, miles de personas salieron a las calles en defensa de los territorios y el agua. Inmediatamente después, llegó la represión, con balas de gomas y detenciones. Según el CELS desde que el gobierno de Chubut presentó el proyecto de ley en el año 2020, la respuesta recurrente fue la represión sistemática de las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y los allanamientos a las casas de asambleístas. Además, se identificaron personas infiltradas con el objetivo de generar disturbios en las protestas. Así, a los tiros, a la fuerza y manipulando las instituciones, la provincia es el modelo modelo por excelencia de la máxima que dice “A más extractivismo, menos democracia y más represión”.

¿Y qué hay del principio de no regresividad de las leyes? Claramente la ley de zonificación que aprobaron los diputados en Chubut es un retroceso en materia de protección ambiental. Por lo tanto es cuestionable judicialmente por violar el principio de no regresión ambiental.

Sin embargo, de modo maquiavélico, la legislatura buscó blindarse ya que en esta misma semana aprobó: 1) la designación de 3 nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia; 2) una reforma de Ley de amparo (con el objetivo de limitarlo); 3) La limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Todo pensado, orquestado, planificado en la lógica de saqueo y la entrega. Como si fuese armado por el buffet de abogados de la empresa Panamerican Silver, que no se ha cansado de invertir en costosas acciones en favor de la minería. Según ha trascendido, la multinacional canadiense minera gastó 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019, sin mover una roca. 

El pueblo de Chubut saldrá a las calles. Las protestas no cesarán. “Se viene el Chubutazo”, anuncian ya desde varios lugares de la provincia, y aguarda un país demudado, que en medio de tanta indignación siente que no es posible avalar ni tragarse todo este  entuerto antidemocrático gestado por el gobierno provincial, parte de la clase política y las corporaciones mineras. Porque ante la defensa de la vida, el agua, los territorios, ya no hay ciudadanía que aguante si no se respeta la voluntad popular y no se amplían los canales democráticos de representación. Deberían haberlo aprendido ya, después de lo ocurrido en Mendoza, con la gran pueblada en defensa del agua de fines de 2019.

El Gran Pacto Eco Social y Económico: repensar el modelo de desarrollo que provocó la pandemia

Por Redacción La tinta

El Gran Pacto Eco Social y Económico: repensar el modelo de desarrollo que provocó la pandemia. – Más de 300 intelectuales, artistas y organizaciones sociales adhieren a la iniciativa impulsada por la filósofa Maristella Svampa y el abogado Enrique Viale, un Pacto urgente y necesario basado en cinco ejes: el ingreso ciudadano universal, la reforma tributaria progresiva, la suspensión de pagos de deuda externa, un sistema nacional público de cuidados y una transición socioecológica radical.

“La actual encrucijada civilizatoria puso en agenda grandes debates sociales; entre ellos, cómo reducir las desigualdades, qué Estado es necesario para la construcción de lo común, en clave social y ambiental, y cómo pensar lo local y lo global de aquí en más. Esto se agudiza en un país como la Argentina, sumergido en una profunda crisis económica prepandemia y al borde de un virtual default”, dicen la investigadora y socióloga Maristella Svampa, y el abogado ambientalista Enrique Viale.

Ambos plantearon, hace unas semanas, la idea de un Gran Pacto Eco Social y Económico, al cual han adherido ya más de centenares de académicxs, artistas y organizaciones sociales, con el objetivo de visibilizar y discutir el modelo de desarrollo detrás de la pandemia del COVID-19. Según Svampa y Viale, lo que se intenta es que el Pacto sea base de una agenda común entre organizaciones sociales y políticas, sectores culturales, académicos y el Estado.

Lxs impulsorxs de la iniciativa están convencidxs de que lo fundamental del Pacto Eco Social y Económico es el reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza: “Los seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derecho (y no como un mero objeto) con la cual debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible”.

Imagen: Nicolás García Uriburu

A modo de manifiesto, la iniciativa se basa en cinco ejes: el ingreso ciudadano universal, la reforma tributaria progresiva, la suspensión de pagos de deuda externa, un sistema nacional público de cuidados y una transición socioecológica radical.

En diálogo con La tinta, Svampa cuenta cómo y por qué surgió el concepto del Gran Pacto. La socióloga aclara que con Viale vienen trabajando sobre estos temas, en términos de propuestas, desde hace tiempo, “juntos y con el grupo de Alternativas al Desarrollo, grupo permanente que trabaja a nivel regional, latinoamericano, en diálogo con intelectuales y activistas de Europa también”.

“Este grupo, como les decía, es, de algún modo, el grupo que instaló la crítica al neoextractivismo en América Latina y también discusiones como el postextractivismo, los derechos de la Naturaleza, así como la difusión de otras discusiones como la del Buen Vivir, los bienes comunes y la ética del cuidado. Con esto, lo que quiero decir es que hay una narrativa política, emancipatoria, gestada en América Latina en esa interfase entre luchas sociales y activismo académico o intelectual, del cual, con Quique (Viale), formamos parte hace mucho tiempo”, dice la investigadora.

Relata también que “por otro lado, terminando de escribir el libro “Una brújula en tiempos de colapso ecológico” con Quique, en uno de los capítulos -en donde hablamos, por un lado, de la transición energética y, por otro lado, de la agroecología-, proponemos pensar un “Pacto Eco Social y Económico” en clave nacional y en sintonía con las propuestas de Green New Deal que se están debatiendo hoy en día en EE.UU. de la mano de Alexandria Ocasio-Cortez y el candidato -o ex- demócrata Bernie Sanders y Naomi Klein. En Europa, también hay distintos sectores que están promoviendo desde una perspectiva radical esta articulación entre justicia social, justicia étnica, justicia de género y justicia ambiental, que son los cuatro ejes fundamentales para pensar la interseccionalidad de las luchas.

Por eso mismo es que, en el libro -que cerramos en febrero-, nosotros ya hablamos de un pacto eco social y económico, pero, con la crisis abierta por la pandemia, bueno… pensamos que sería bueno proponer una agenda de cambio, una agenda alternativa, en la cual la justicia re-distributiva y justicia ambiental estuvieran en el centro de la escena. Entonces, es en diálogo norte-sur sin duda, promoviendo un multilateralismo democrático y solidario, en diálogo también regional -porque, de hecho, ya lo estamos discutiendo con nuestros colegas, muchos de ellos de Alternativas al Desarrollo-, promoviendo una declaración regional hacia un pacto eco social desde el sur y también desarrollando propuestas a nivel nacional, como la que promovimos con Viale.

En fin, así surge: tiene que ver con un largo proceso de discusión que está muy ligado a esta interfase entre el activismo y la problematización intelectual-académica… este campo tan poroso que, en América Latina, es muy típico y que da lugar a esta conversación tan rica. Esto sumado a la oportunidad, en el sentido de que, en el Norte, están discutiendo bajo la denominación Green New Deal, a la cual nosotros re-bautizamos Gran pacto Eco Social y Económico, para dar lugar y expresión a toda esa narrativa y ese lenguaje emancipatorio que se ha venido pergeñando en nuestra Latinoamérica en los últimos años al calor de tantas luchas”, concluye la filósofa.

“Los modelos de desarrollo basados en las energías fósiles y en la deforestación para promoción del monocultivo transgénico no pueden tener lugar en ninguna reconstrucción pospandémica”, afirman desde el equipo.

El comunicador y activista Mauro Fernández, colaborador de Svampa y Viale, agrega en la charla con nuestro medio: “Esos modelos son responsables de la crisis actual y deben ser reformulados en forma urgente. Según la máxima autoridad científica de Naciones Unidas sobre cambio climático —el IPCC, por la sigla en inglés—, indica que las emisiones globales deben reducirse a la mitad en esta década.

Para evitar impactos gravísimos en la vida de las personas y en el planeta, la necesaria reconstrucción económica debe basarse en un rápido reemplazo de los fósiles —que hoy representan un 85% de la matriz energética argentina— por energías renovables y un modelo agroecológico que desconcentre la propiedad de la tierra y promueva prácticas más saludables, erradicando también la “vieja normalidad” de los agrotóxicos y el monocultivo. Esto, garantizando el acceso a la energía como derecho humano y repensando el concepto de urbanidad que hoy privilegia un individualismo extremo desasociado de la naturaleza, hacia una mayor integración que repiense esa relación de dominación con el medio del que dependemos y somos parte”.

El documento del Gran Pacto se difundió, primero, en la Revista Anfibia y fue visibilizado, luego, en “El futuro después del COVID-19”, la publicación del Programa Argentina Futura (una plataforma de pensamiento, plural y diversa, con perspectiva federal y global, creada por el Gobierno Nacional), dirigido por el Dr. Alejandro Grimson; la invitación a adherir sigue abierta y se reciben a la dirección de correo electrónico granpactoecosocialyeconomico@gmail.com.

15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina

15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina

15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina está pensado como una caja de herramientas y, a la vez, como un instrumento de lucha política. Fue concebido colectivamente al calor de la campaña en favor de la ley nacional de protección de los glaciares, sancionada por el Congreso nacional en septiembre de 2010, en un momento en el cual debíamos responder punto por punto los argumentos falaces y los indicadores económicos muchas veces mentirosos esgrimidos por el lobby minero.

En ese entonces varios investigadores que desde hace años y desde diversas provincias del país acompañamos a las luchas socioambientales que cuestionan la megaminería transnacional en Argentina, comenzamos a sistematizar información sobre el tema. Nuestro propósito era deconstruir los discursos y los lugares comunes del imaginario prominero, desmontar y desactivar dichos “mitos” que sobre la minería a gran escala repiten cotidianamente y con total impunidad sus defensores más acérrimos (corporaciones mineras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias promineras, voceros periodísticos), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.

Fue entonces que nos encontramos con el artículo de Jennifer Moore (1), periodista canadiense, publicado en la Revista Memoria, de México, en octubre-noviembre de 2009, titulado “Mitos y realidades de la Minería Transnacional”.

Retomamos de esta fuente inspiradora el formato y partes de sus enunciados (bajo la forma de mitos), a los cuales ampliamos con más desarrollos, datos, ejemplos y otros tantos mitos.

Las semanas agitadas que pasamos en el Congreso, entre audiencias públicas, visitas a senadores, declaraciones, escritos periodísticos y dossier especiales, junto con numerosas organizaciones ambientalistas, vecinos de asambleas y representantes parlamentarios de diversos bloques y partidos políticos en defensa de la ley nacional de protección de los glaciares, nos convenció de la necesidad urgente de cerrar esta tarea y publicarlo bajo la forma de libro.

El texto sintetiza así diferentes saberes y discursos. La argumentación que se desarrolla combina consideraciones teóricas y de tipo general con referencias específicas a casos concretos. Éstas no aluden necesariamente a los casos más “graves”, “resonantes”, ni a los “únicos” disponibles; por el contrario, se trata sólo de algunos ejemplos tomados aleatoriamente de la vasta casuística disponible por su relevancia y cercanía a nuestra experiencia, a los solos fines de ilustrar con casos concretos el modus operandi, los impactos y las consecuencias de este tipo de explotaciones.

Asimismo, atendiendo a la complejidad de la problemática, se ha procurado construir una mirada eminentemente multidisciplinar como el propio objeto lo requiere, intentando con ello también desmontar las raíces epistémicas –profunda y primitivamente positivistas, encuadradas en perspectivas jerárquicas y unidisciplinares- sobre las que se suelen construir las falacias cientificistas y tecnicistas de las visiones “oficiales”. De tal modo, en la elaboración de este trabajo participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas, periodistas, entre otros, muchos de los cuales conformamos el colectivo Voces de Alerta.

Dicho espacio, compuesto por científicos, artistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, de campesinos y socioambientales, y todos aquellos/as interesados/as por la interrelación entre múltiples saberes y entramados sociales, políticos, culturales, surgió de un episodio en el ámbito científico argentino ocurrido en 2009 -un investigador dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública- a partir del cual se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica.

En esa ocasión y frente a la respuesta de intereses de cámaras empresariales, corporaciones e incomprensibles desligamientos de las autoridades científicas nacionales, un conjunto de personas de muy diversos mundos sociales, que hace tiempo trabajamos coordinada pero informalmente en diferentes espacios, decidió expresarse públicamente, asumiendo el nombre de Voces de Alerta.

Desde Voces de Alerta cuestionamos radicalmente la actual colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general. Estamos convencidos de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza) que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian.

Por último, deseamos dedicar este texto a quienes creemos son sus principales destinatarios y los grandes protagonistas de esta lucha: a todas las asambleas ciudadanas que, en nuestra extensa y rica geografía, en una situación de clara asimetría de fuerzas, abogan por la defensa del agua, por la vida, por el futuro de las próximas generaciones.

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Desde Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Tandil
Abril de 2011

colapso ecológico

El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo

Nuevo libro de Maristella Svampa y Enrique Viale.

¿Qué sabemos de verdad sobre el colapso ecológico? Aunque figuren millones de entradas en internet, seguimos creyendo que es un tema para minorías movilizadas y expertos, o una preocupación de países ricos. Por desconocimiento, comodidad o mala fe, amplios sectores sociales son somos, como dice Maristella Svampa, analfabetos ambientales, más o menos conscientes de que los modelos de desarrollo hegemónicos dañan la naturaleza y son insustentables pero también de que no hay alternativas porque la economía tiene que crecer.

Incluso cuando una pandemia paraliza el planeta entero, poco se dice de las causas socioambientales que la originaron. Prima la desinformación y el discurso de un enemigo invisible al que hay que vencer para volver cuanto antes a la normalidad. Pero no nos cuestionamos a qué normalidad queremos volver. Con la convicción de que el tema no puede limitarse a una narrativa abstracta o voluntarista, Maristella Svampa y Enrique Viale han escrito una formidable obra de síntesis y de intervención. Trazan una cartografía de las luchas globales y en especial de los conflictos socioambientales en la Argentina del siglo XXI.

EL LIBRO

Revisan los impactos sociosanitarios del glifosato, la disputa política tras la Ley de Glaciares, la ilusión eldoradista de Vaca Muerta y las posibilidades del litio: una muestra de que tanto los gobiernos progresistas como los neoliberales han quedado presos de las mismas trampas ideológicas y cognitivas. Así, plantean una pregunta urgente: si con agronegocio, fracking y megaminería tenemos más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza, ¿no será entonces que llegó el momento de debatir seriamente los modelos de (mal)desarrollo en América Latina, en vez de insistir con soluciones que profundizan más de lo mismo?

Ante el riesgo cierto de que el capitalismo del caos habilite salidas conservadoras o autoritarias en la región, El colapso ecológico ya llegó señala un rumbo claro: un pacto ecosocial y económico que articule justicia social con justicia ambiental y conduzca a una transición energética, productiva, alimentaria y urbana. Mucho más allá de la denuncia, este libro es una brújula imprescindible para orientar a lectores inquietos, académicos y activistas. Para entender, en este tiempo de descuento, dónde estamos y con qué recursos podemos sostener la esperanza.

colapso ecológico

Fuente: https://sigloxxieditores.com.ar/libro/colapso-ecologico-ya-llego-el/

El disparate de vincular subdesarrollo con protección ambiental

Enrique Viale y Maristella Svampa para El Diario Ar

¿Regular o Prohibir? ¿Existe una oposición entre lo social y lo ambiental? ¿Es el ambientalismo en nuestro país el responsable de la pobreza y la desigualdad? ¿Deberíamos reducirnos a tratar de resolver la problemática socioambiental del Riachuelo y callar todo el resto? Son numerosos los falsos dilemas que enrarecen la discusión sobre el carácter de las demandas ambientales que existen en Argentina, al servicio de la recusación de la ley que prohibió recientemente la salmonicultura a gran escala en Tierra del Fuego o de la defensa de la expansión de la frontera hidrocarburifera en el mar argentino (véase en este diario el artículo de Roy Hora, así como otros artículos en Le Monde Diplomatique). 

En este artículo quisiéramos abordar el falso dilema Regulación o Prohibición, a fin de desmontar parte del sentido común hegemónico que amenaza con cancelar el ambientalismo, desnaturalizando el debate público.

Prohibir es regular

En primer lugar, resulta falso oponer prohibición y regulación. Es cierto que no toda regulación culmina en una prohibición, pero cuando se trata de problemáticas ambientales, regular implica, algunas veces, prohibir -parcial o totalmente- el uso de determinada técnica o sustancia. Es así desde siempre en nuestro derecho interno y en el derecho internacional. Se prohíben técnicas (como el fracking en muchos países del mundo) o el uso de determinadas sustancias en una actividad (en Mendoza o Chubut la minería no está prohibida; está prohibido usar determinadas sustancias) o determinadas actividades en lugares específicos (nuestro Código de Minería prohíbe la minería en ciudades desde el Siglo XIX; desde 2010 la Ley Nacional de Glaciares prohíbe la minería en glaciares). 

Las regulaciones en las ciudades tienen infinidad de prohibiciones. Es larga la lista. Por ejemplo, en 2005 en las tintorerías de la Ciudad de Buenos Aires se prohibieron el uso de percloroetileno y otras sustancias cancerígenas en las actividades de lavado. Recientemente se prohibió en todo el país el uso de ftalatos y PVC en la fabricación de juguetes y artículos para niños. Es así porque las regulaciones/prohibiciones ambientales deben ser aplicadas e interpretadas al compás de los avances y modificaciones en el conocimiento científico. Si antes se desconocía absolutamente el potencial dañoso de determinada actividad o de determinada sustancia, y por eso no se la prohibió expresamente, y luego se descubre el riesgo, es necesario obrar en consecuencia.

En el caso en debate, en Tierra del Fuego la ley prohíbe “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia” pero la prohibición no es total, porque la norma sigue permitiendo “actividades de cultivo para el repoblamiento” y reconoce “los proyectos existentes de acuicultura” (no hay actualmente salmonicultura en la provincia). Tampoco están prohibidos los sistemas de cría de salmones denominados RAS (por su sigla en inglés “Sistemas de Recirculación para Acuicultura”, ubicados en tierra firme y en circuitos cerrados).

A partir de la década 1970, en todo el mundo, se han ido prohibiendo sustancias altamente tóxicas para la salud humana (como ocurrió de modo pionero con el DDT y continuó luego con otras sustancias tóxicas), o más recientemente técnicas asociadas a las energías extremas, altamente destructivas y contaminantes, como el fracking o la fractura hidráulica en países como Francia, Bulgaria, Irlanda, Alemania, Inglaterra y varios estados de Estados Unidos (entre ellos New York). Es por eso que, en función del principio precautorio, en toda Europa, está prohibida la soja transgénica.

El Sur global también tiene sus ejemplos. Uruguay no solo tiene prohibida la técnica del fracking sino que, en 2020, anunció oficialmente el abandono de la exploración petrolera offshore en sus aguas, a pesar de que existían proyectos de exploración. En 2019, Costa Rica declaró la moratoria en la explotación de todos los hidrocarburos en territorio continental y marino hasta el año 2050. Varios estados de Brasil tienen moratorias de la técnica del fracking. En Nueva Zelanda, país tan admirado mundialmente por el manejo de la pandemia, que también tiene prohibido el fracking, la presidenta Jacinta Ardern, canceló toda nueva exploración de petróleo en alta mar desde el año 2018. En México está prohibida la siembra de maíz transgénico y se estableció una prohibición progresiva del glifosato hacia 2024. 

En el sur global dichas prohibiciones/regulaciones apuntan a proteger territorios, poblaciones y economías regionales, que hoy registran una expansión incontrolada de modelos de maldesarrollo, de corte extractivista y a gran escala, como la minería a cielo abierto, el agronegocio y la utilización de agrotóxicos, la destrucción de humedales y bosques nativos, la expansión de energías extremas, la expansión de la frontera pesquera, la contaminación industrial. Estos modelos van configurando zonas de sacrificio, desde la gran cuenca del Río Matanza-Riachuelo, pasando por Jachal (San Juan) y Catamarca, producto de la minería, hasta los pueblos y escuelas fumigados por el glifosato.

En Argentina no hay tensión entre ambiente y desarrollo

En nuestro país no hay tensión real entre ambiente y desarrollo. Para decirlo de otro modo: no es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites ni controles. Nuestro país está liberalizado desde el punto de vista ambiental. Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo).

Además, y gracias al paquete tecnológico asociado a esta soja, la Argentina es el país de mayor consumo de agrotóxicos per cápita en el mundo, convirtiéndose en lo que el médico y científico Andrés Carrasco denominaba “un laboratorio a cielo abierto”. Los impactos sociosanitarios del glifosato están cada vez más a la vista, como vienen denunciándolo desde hace más de 15 años las vecinas (porque sí, son sobre todo mujeres), así como el enorme trabajo de relevamiento de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Puede verse también un reciente informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, acerca de los efectos de los agrotóxicos en la salud infantil.

Otro ejemplo es la minería a gran escala, que se lleva a cabo en numerosas provincias, como en Catamarca, que muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador a pesar de más 20 años de actividad. O en San Juan, donde la mina Veladero fue responsable de graves desastres ambientales, que contaminaron con solución cianurada cinco ríos, en 2015, 2016 y 2017. No solo la expresión “Minería Sustentable” es un oxímoron en relación a este tipo de minería.

También sucede que la normativa que rige esta actividad es de los años 90, y asegura grandes beneficios y nulos controles a las corporaciones transnacionales. Sin embargo, nadie osó tocar, en nombre de la “regulación”, dicha normativa de carácter nacional. No es casual que las asambleas territoriales apuntaran a sancionar leyes de carácter provincial que limitan este tipo de minería, a través de la prohibición del uso de determinadas sustancias tóxicas en la actividad. Basta recordar que la normativa menemista rige incluso para la minería del litio, terreno en el cual en los últimos años se avanzó mucho en la multiplicación de concesiones a empresas transnacionales y en conflictos con las poblaciones, y cero en regulaciones.

Justicia ambiental y justicia social van de la mano

En segundo lugar, durante las últimas décadas, no solo aquí sino en otras regiones del Cono sur, distintos gobiernos buscaron oponer lo social y lo ambiental. Así, los progresismos justificaron el neoextractivismo y la depredación ambiental en nombre del desarrollo y la reducción de la pobreza. Eso generó una situación paradójica, a partir de la instalación de una agenda selectiva de derechos, que negaba y/o desestimaba las demandas socioambientales, y gran parte de los reclamos indígenas por tierra y territorio. 

En la actualidad, América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta, incluso en términos de concentración y acaparamiento de tierras, algo que redefinió la cuestión de la disputa por la tierra, a través de la expulsión de poblaciones y la criminalización, incluso del asesinatos de campesinos e indígenas. No por casualidad, es también la región donde se asesinan más activistas de derechos humanos y ambientales. A nivel global, 2017, con 207 asesinatos, casi cuatro personas por semana, fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el ambiente, el 60% de ellos, en la región latinoamericana. La mayor parte de estos crímenes están ligados a la expansión de los monocultivos (la agroindustria), la tala y la gran minería.

Todavía hoy se sigue oponiendo lo social a lo ambiental, como si hubiera una contradicción entre ambos, desestimando que quienes más sufren los daños ambientales en nuestras latitudes son los sectores más vulnerables, porque habitan en zonas expuestas a fuentes muy contaminantes, y carecen de los medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias y resistir los embates del neoextractivismo, y sobrellevar los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, tormentas).  No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en todo el mundo con los de la degradación y sufrimiento ambiental, como denunció desde un comienzo el movimiento por la justicia ambiental y climática. 

Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es un disparate. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos.

Tampoco es posible aceptar la tesis de aquellos que proponen desde el atril, desconociendo los procesos sociales y territoriales específicos, que “hay que regular, no prohibir” como si estuvieran en la senda “del medio”, entre dos posiciones antagónicas. Eso es igualmente falso. Por más épica que quieran trasmitir, este tipo de posicionamientos se inserta lejos de cualquier narrativa de justicia social y ambiental, y termina por avalar los planes de la Sociedad Rural Argentina, de las grandes petroleras, de la minera Barrick o de la transnacional Monsanto/Bayer.

En consecuencia, habría que colocar el foco en las causas de esta negación persistente. Resulta increíble y hasta suicida que en plena crisis climática y en situación de colapso ecológico, atravesando una pandemia de indudable raíz zoonótica, muchos continúen minimizando o subestimando la centralidad de las problemáticas socioambientales.

En esta línea, preocupa enormemente el nivel de desconocimiento de nuestra situación ambiental no solo en el campo político y mediático sino también en las ciencias sociales. Sorprende que algunos afirmen que la Argentina “tiene una huella ecológica positiva” (como escribió Roy Hora, en este mismo diario el sábado pasado), cuando en realidad nuestro país emite el 0,9% de las emisiones globales de GEI (gases de efecto invernadero), ubicándose en el puesto 22 del ranking mundial de las 192 naciones que son parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU (PNUD, 2016). Esto se debe a que tenemos una matriz energética eminentemente fósil, así como a los crecientes cambios en el uso del suelo, producto de la expansión de la frontera agraria y de la deforestación. La tesis de que Argentina es “carbono positivo” es una fake news difundida por entidades ligadas al agronegocio, para minimizar el enorme impacto ambiental de su actividad. 

Los niveles de ignorancia de nuestra historia ambiental son tales que, aquellos que mencionan la problemática del Riachuelo como la más importante, sino la única válida, se pretenden inaugurales, desconociendo la enorme y larga lucha social y ambiental que hay en dicho territorio. Fueron precisamente los vecinos y vecinas de la cuenca, junto a organizaciones ambientalistas, los que llevaron al más alto Tribunal judicial del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una problemática socioambiental que acompaña además la historia de la Argentina (hay fallos judiciales sobre este tema del Siglo XIX).

Si es cierto, como dijera recientemente en Venecia el ministro de Economía Martín Guzmán, que “la lucha contra el Cambio Climático es uno de los grandes desafíos de la humanidad”, es hora entonces de que Argentina avance en una agenda de transición ecosocial. La negativa del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, de aprobar nuevas exploraciones offshore en el mar argentino sin que Argentina cuente con un plan de transición energética, marcaría un verdadero hito ambiental y una decisión inédita que revitalizaría la democracia luego del contundente rechazo popular en una audiencia pública que contó con más de 500 participantes.

Transición ecosocial

En nuestro país, la rápida expansión de un arco de organizaciones socioambientales, su potencial dinámica como movimiento de movimientos, al estilo de los feminismos, es uno de los datos conspicuos del período. De la mano de un potente protagonismo juvenil, cada vez más vinculado a las asambleas territoriales de todas las provincias, el Ambientalismo Popular se va instalando como un adversario menos fácil de marginalizar que antaño. El ambientalismo deviene así no solo un actor molesto, cada vez más filoso e insoslayable, que exige no solo vocería pública y participación en las decisiones colectivas, sino también cambios importantes orientados a la protección de los bienes comunes y más aún, a una agenda de transición ecosocial. Por supuesto, existen diversos grupos y estrategias y esas diferencias buscarán ser explotadas y amplificadas desde los sectores de poder, para debilitar el impacto de la gran ola ecosocial sobre la sociedad, diluir la radicalidad del mensaje y la urgencia de la transición. Pero al calor de estas luchas sociales, de estas batallas culturales, la sociedad va reconociendo la importancia de la crisis socioecológica y la validez de otros lenguajes de valoración del territorio, de otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza.

Nadie es ingenuo. No se está diciendo que la transición sea simple o lineal, mucho menos en un contexto de potenciación de las desigualdades, de destrucción de los ecosistemas y de expansión de las extremas derechas. No hay una transición, sino varias. Una justa y popular, planificada y con la gente adentro; y otra, de carácter corporativa y de mercado, con mucho dolor social y ecológico. Así, la transición en sí misma es hoy un concepto en disputa. 

En Argentina tenemos la creatividad para pensar (y realizar) otros paradigmas productivos y potenciar economías regionales para la salida de la pandemia. Pero para ello, debemos abrir cuanto antes la discusión sobre todos estos temas, pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa y de mercado, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.