Archivos de categoría: Comunicados

Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.

El Pacto Ecosocial en Argentina: Una semana de estrategias para una alternativa civilizatoria

Del colapso a las alternativas desde América Latina

Durante una semana intensa, entre el 20 y el 27 de abril, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur desplegó su presencia en Argentina, afirmando que no se trata solo de resistir sino de construir pactos profundamente democráticos para salir de la policrisis civilizatoria. 

Más de veinte referentes políticos y de movimientos sociales e intelectuales de todo el continente se reunieron para disputar el avance de las extremas derechas, e impulsar una transición civilizatoria anclada en las experiencias concretas de los pueblos, en la fuerza de lo común y en la urgencia de las alianzas intersectoriales.

El Pacto Ecosocial, una propuesta política y cultural pensada desde el Sur y para el Sur, se consolida como una alternativa al destino extractivista que imponen en la región. Este fue su tercer encuentro plenario del Pacto Ecosocial, primero fue en el año 2023 en Bogotá, Colombia, luego en la ciudad de Cusco, Perú, en el 2024.

En Argentina, la cumbre comenzó en Rosario, el lunes 21 de abril. La jornada del reunió en dos mesas de debate a referentes clave del pensamiento crítico y la política socioambiental. En la primera participaron Alberto Acosta, Rocío Silva Santisteban y Pablo Bertinat, con la moderación de Melisa Argento. La segunda mesa, centrada en propuestas para una nueva Constitución en Santa Fe, contó con Rubén Giustiniani, Juan Monteverde, Carlos Del Frade, Carla Deiana, Valeria Berros y Damián Verzeñassi.

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR desbordó de asistentes para escuchar voces claves en la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. La provincia de Santa Fe, inmersa en un proceso de reforma constitucional provincial, está atravesada por el modelo sojero, los incendios en humedales y la concentración de poder del agronegocio. 

El martes 22 el Pacto recorrió la localidad bonaerense de Moreno, con fuerte acompañamiento institucional, el Pacto conoció una experiencia local que pone en cuestión el orden vigente. Allí, la creación de parques agroecológicos, una política pública de ordenamiento territorial y el impulso a la economía popular como forma de organización comunitaria son parte de un horizonte que disputa sentido y propone una reconfiguración radical del vínculo entre tierra, trabajo y vida. En palabras de los actores territoriales, “la economía popular es ecológica en sí misma, porque nace como respuesta al descarte social del modelo dominante”.

El miércoles 23, el histórico Teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires fue escenario de un acto público a sala llena, donde se debatió sobre las transiciones en disputa y las amenazas que se ciernen sobre nuestros territorios. En la primera mesa, titulada “Pacto Ecosocial, transiciones y visiones en disputa”, participaron Esperanza Martínez (Ecuador), Lef Nahuel (Confederación Mapuche), Liliana Buitrago (Venezuela), Enrique Viale (Argentina) y José de Echave (Perú), con la coordinación de María Paz Aedo (Chile). La segunda mesa, “¿Qué hacer frente a las extremas derechas?”, contó con las intervenciones de Natalia Zaracho(Argentina), Christian Castillo (diputado nacional, Argentina), Leo Grosso (exdiputado nacional, Argentina), Breno Bringel (Brasil) y Maristella Svampa (Argentina). Durante más de cuatro horas, la escena potente de intercambio, contó con escucha crítica y articulación política. 

Lejos de clausurar el encuentro, el evento en el Picadero abrió nuevas preguntas. El jueves y viernes, integrantes del Pacto continuaron los trabajos colectivos junto a organizaciones sociales y ambientales, profundizando debates y delineando estrategias para ampliar el alcance del Pacto en América Latina. El diagnóstico compartido es claro: asistimos a una ofensiva de las ultraderechas que, en nombre del mercado, promueve la depredación y el autoritarismo. Frente a esto, el desafío es proyectar una salida ecosocial, feminista, antirracista y profundamente democrática.

La Semana Ecosocial llegó a su cierre con el reconocimiento qué el pensamiento de la ecología política tiene para todo el campo del conocimiento. La entrega del Doctorado Honoris Causa a Edgardo Lander es también una demostración de lo que el conocimiento latinoamericano genera en las estructuras sociales y políticas. 

El Pacto afirma que hay futuro en las resistencias que ya existen y en los entramados comunitarios que disputan poder sin pedir permiso. Lejos de los discursos vacíos de desarrollo o crecimiento verde, lo que está en juego es la posibilidad de reimaginar lo común, redistribuir lo vital y reconstruir las condiciones de habitabilidad de nuestros territorios.

Desde Argentina, este encuentro no fue un punto de llegada, sino una etapa en el proceso colectivo de articulación continental. El Pacto habilita un espacio de interlocución entre movimientos, experiencias y saberes que ya están generando alternativas reales y que viene a disputar las formas que tenemos de habitar. Lo que urge no es una nueva promesa, sino una práctica común que interpele el orden vigente y permita disputar la vida toda. 

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas- Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial agradece el trabajo de producción y logística a cargo de Luz Tripiana y Alejandra Braga.

CHUBUT: CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN PARA IMPONER LA MEGAMINERÍA

Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial – CAJE nos sumamos al pedido de ABSOLUCIÓN YA para 8 vecinos y vecinas de Chubut que fueron enjuiciados y que se encuentran esperando que la Jueza Eve Ponce dicte sentencia. Este martes 22 de abril vence el plazo y exigimos que primen en la resolución judicial los derechos constitucionales y convencionales por sobre los intereses políticos-corporativos que se vieron expuestos en una causa estructurada para desalentar y adoctrinar el espíritu de lucha del pueblo chubutense.

Las jornadas de movilización masiva en contra de la ley de rezonificacion minera aprobada el 15 de diciembre de 2021 que habilitaba la minería en Chubut, sucedieron en toda la provincia y fueron reprimidas de manera excesiva y abusiva por las fuerzas de seguridad, en operativos violentos con el único fin de garantizar la imposición de la actividad extractiva a un pueblo que desde 1996, con el rechazo al basurero nuclear y la megaminería metalífera en 2003, ha marcado un claro camino de rechazo a la megamineria que ha sido sostenido inclaudicablemente hasta a la actualidad. 

El Chubutazo fue una expresion aútentica y valiente de toda la sociedad rechazando una vez mas la Megamineria que se intentó imponer de espaldas a la ciudadania. No obstante la represión desmedida, las movilizaciones y reclamos se mantuvieron durante siete días hasta que la ley debió ser derogada. Durante esos días cientos de heridos fueron construyendo el saldo de las jornadas que paralizaron la provincia en torno a la aprobación de una ley escrita a la medida de las grandes trasnacionales mineras del mundo. 

A 4 años de los hechos, se lleva adelante un juicio injusto e irregular, donde todos los testigos de la Fiscalía, a cargo de Florencia Gomez, son policías. Durante estos años, y especialmente durante el proceso se expuso, estigmatizó, persiguió y hostigó a vecinos y vecinas que salen a las calles para defender el agua y los territorios. Es inadmisible que quien aspira a ocupar el cargo titular ante la posible creación de una Fiscalía Ambiental de Chubut haya actuado de este modo, persiguiendo a defensores y defensoras ambientales, en abierta contradicción con los principios de la democracia ambiental y del Acuerdo de Escazú. 

En contrapartida, las denuncias presentadas por el ilegal accionar de las fuerzas de seguridad y los operativos policiales violentos y desmedidos no han prosperado. Insólitamente se ha condecorado a algunos policías. Incluso no se investigaron las denuncias por coimas y ofrecimiento de lobby a favor de la megaminería, por parte de diputados en vigencia de sus cargos.  

Este juicio es sólo un eslabón en la cadena de persecución a las asambleas, vecinos y vecinas de Chubut para intentar doblegar el espíritu de resistencia y el derecho constitucional a manifestarse, ya que el poder judicial está sosteniendo -y forzando- dos procesos de criminalización más. Uno en torno a reclamos por la aprobación del RIGI donde 6 vecinos y vecinas están siendo acusados de “amenazas” (el propio vicegobernador Gustavo Menna es uno de los denunciantes) y otro juicio con fecha aún no definida donde 5 vecinos y vecinas fueron acusados por el corte de la Ruta Nacional N°3 en 2021, cuando la legislatura provincial rechazó sin tratamiento la 2da Iniciativa Popular. 

Este escenario de criminalización no es aislado, se inscribe en una tendencia más amplia marcada por el avance de gobiernos de ultraderecha que, abiertamente, promueven una cultura política autoritaria que busca disciplinar y amedrentar a quienes defienden los territorios. En Chubut, la actual administración provincial se alinea con esta lógica, vulnerando derechos y persiguiendo activistas ambientales, desconociendo el alcance supralegal del Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de personas defensoras del ambiente, evitando consecuentemente su persecucion, criminalización y/o judicialización. 

Es por ello que, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas/CAJE exigimos la inmediata absolucion de los defensores procesados y el cese de la criminalizacion de la protesta en Chubut a defensores del agua y la tierra. La democracia ambiental jamás puede consolidarse sobre la base de la persecucion a quienes ejercen legitimamente el derecho a manifestarse

Contacto de prensa: Lucas Micheloud  3413042305

🌎 Semana Ecosocial en Argentina: llega el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Del 20 al 27 de abril de 2025, Argentina será sede del encuentro anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, un espacio clave donde activistas, académicos, líderes sociales y políticos latinoamericanos se reúnen para debatir y definir estrategias frente a las múltiples crisis que enfrenta la región. Este encuentro busca fortalecer alianzas interculturales y ecosociales para construir alternativas concretas frente a la concentración económica, la destrucción ambiental y el ascenso de la extrema derecha en América Latina.

En momentos en que Argentina experimenta un fortalecimiento de discursos negacionistas, autoritarios y ultraderechistas, este encuentro anual adquiere una relevancia fundamental. El Pacto Ecosocial propone una respuesta contundente, basada en la solidaridad, la diversidad cultural y el diálogo democrático. Frente a la amenaza de políticas excluyentes y destructivas, el Pacto busca consolidar una agenda alternativa capaz de movilizar sectores amplios de la sociedad en torno a la justicia ambiental, económica y social. Este evento es una oportunidad única para definir caminos comunes y efectivos frente al avance reaccionario, ofreciendo propuestas reales y transformadoras para construir rumbos alternativos en Argentina y la región.

El Pacto Ecosocial

El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur es un horizonte colectivo de transformación sistémica para Nuestra América, comprometido con construir un futuro digno e igualitario en medio de la crisis civilizatoria actual. Desde su conformación en junio de 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, busca contrarrestar activamente las dinámicas capitalistas de concentración de riquezas, despojo, violencia y destrucción ecológica mediante propuestas y acciones concretas.

Nacido de la urgencia colectiva de América Latina, el Pacto Ecosocial busca construir dinámicas capaces de enfrentar la concentración económica, las desigualdades sociales y la destrucción ecológica. Promueve un horizonte compartido que garantice futuros dignos, en diálogo constante con movimientos sociales, pueblos originarios, organizaciones políticas y académicas.

¿Quienes impulsan el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur?

Un colectivo diverso de activistas provenientes de múltiples países de Abya Yala, el Pacto busca construir transiciones socioecológicas justas, basadas en el cuidado de la vida. Frente a soluciones falsas como los Pactos Verdes impulsados por gobiernos y corporaciones que profundizan desigualdades coloniales, proponemos un compromiso auténtico con la Tierra desde una perspectiva del Sur, orientado hacia transformaciones multidimensionales, multiescalares y que involucren a múltiples actores.

En estos años, el Pacto Ecosocial ha recogido, acompañado y sistematizado experiencias y propuestas de movimientos sociales y comunidades en toda la región, tejiendo un pluriverso capaz de responder a la diversidad y complejidad de las luchas territoriales y culturales. Este encuentro en Argentina busca profundizar dichas acciones estratégicas, enfocadas en la transformación integral y sostenible del sistema económico, social y político de América Latina.

📅 Agenda completa del encuentro en Argentina

🌱 Lunes 21 de abril – Rosario

 El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur llega a Rosario. En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas UNR, Oroño 1261 habrá un encuentro central para discutir los rumbos posibles frente a los desafíos actuales.

 El lunes 21 de abril, a las 18 hs, referentes nacionales e internacionales abrirán dos grandes debates públicos para pensar estrategias colectivas ante la crisis social, ecológica y política que atravesamos .

 Mesa 1: Presentación del Pacto Ecosocial en Rosario, transiciones y visiones en disputa:

  • Alberto Acosta (Ecuador), Rocío Santisteban (Perú), Pablo Bertinat (Argentina). 
  • Modera. Melisa Argento (Argentina)

 Mesa 2:  Propuestas socioambientales para una nueva Constitución en Santa Fe

  • Juan Monteverde. Más para Santa Fe 
  • Ruben Giustiniani. Activemos
  • Carlos Del Frade. Frente amplio por la Soberanía
  • Carla Deiana. Frente de Izquierda Unidad 
  • Valeria Berros. CONICET UNL / Capibara 
  • Modera. Damián Verzeñassi. Instituto de Salud Socioambiental. Fac Cs. Médicas UNR 

🎭Miercoles 23 de abril: Buenos Aires, Megaevento en el Teatro Picadero

Mesa 1 (16 a 17:45 hs): Pacto Ecosocial, transiciones y visiones en disputa

  • Esperanza Martinez (Ecuador), Lef Nahuel (Confederación Mapuche), Liliana Buitrago (Venezuela) Enrique Viale (Arg), José de Echave (Perú). Coordina: Maria Paz Aedo (Chile)

Mesa 2 (17:50 a 19:50 hs): ¿Qué hacer frente a las extremas derechas?

  • Christian Castillo (dip.Nac), Leo Grosso (ex Dip.nac), Breno Bringel (Brasil), Maristella Svampa (Arg), Natalia Zaracho (Dip.Nac). Coordina Carmen Aliaga (Bolivia).

    Teatro Picadero: Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.

🌎 Participantes internacionales destacados del Pacto Ecosocial

🎓 Viernes 25 de abril. Entrega de Doctorado Honoris Causa y conferencia pública de Edgardo Lander en UBA Sociales, Buenos Aires

17:30​ hs Entrega del Doctorado Honoris Causa a Edgardo Lander en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
18​:00 hs Conferencia de Edgardo Lander: “La distopía a la cual nos condujo el progreso”.

Frente a la revisión de la licitación de la denominada Vía Troncal Navegable en el río Paraná: Exigimos transparencia y respeto por los derechos ambientales

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto al Colectivo de Acción Jurídica por el Ecosistema (CAJE), realizamos cinco pedidos formales de acceso a información pública ambiental a distintos organismos del Estado, ante el avance del proceso administrativo para una nueva Licitación de la Vía Troncal Navegable del río Paraná. Esta licitación apunta, conforme sus recientes antecedentes,  peligrosamente hacia un escenario de privatización absoluta, reproduciendo errores ya señalados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en la fallida licitación anterior.

Las solicitudes se dirigieron al Instituto Nacional del Agua, Consejo Hídrico Federal, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, esta última responsable del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), clave para garantizar el manejo interjurisdiccional y federal del río y sus ecosistemas asociados (las islas y humedales), en su tramo inferior, el que recibirá el mayor impacto en el contexto de profundización del cauce principal, que se impulsa oficialmente.

Los requerimientos incluyen:

  1. La entrega completa de toda la documentación generada durante el proceso licitatorio previo, recientemente frustrado por decisión del propio gobierno nacional.
  2. El acceso a los primeros borradores de los Términos de Referencia (TdeR) para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previstos en la nueva etapa técnica-administrativa de la licitación. Es imprescindible conocer qué criterios ambientales estarán presentes desde el inicio del proceso y cómo participarán los distintos organismos provinciales y nacionales.
  3. En caso de no existir aún estos documentos preliminares, exigimos detalles precisos sobre el estado actual del proceso, las autorizaciones pendientes, audiencias públicas previstas, y cómo se respetará concretamente la normativa ambiental vigente.
  4. Exigimos claridad sobre el organismo independiente o comité técnico responsable de evaluar objetivamente estos estudios ambientales una vez concluidos. Es fundamental además que los TdeR incluyan explícitamente alternativas concretas a la privatización total del río Paraná, en línea con los principios básicos de cualquier evaluación ambiental rigurosa.
  5. Finalmente, requerimos de los organismos interpelados, se nos informe si disponen de los dictámenes emitidos oportunamente por todos los órganos de control del Estado Nacional en sus tres Poderes, como del extinto órgano de control, denominado ECOVINA, en relación a las temáticas que nos ocupan en el desarrollo de reformulación de los pliegos de la Licitación y en particular sobre la legislación ambiental aplicable y el proceso EIA, previo a la misma. 

Necesitamos garantizar la trazabilidad y coherencia del proceso respecto a la legislación ambiental aplicable y el desarrollo efectivo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental.

Para la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial esta documentación es crucial para asegurar un proceso transparente, participativo y ajustado a los estándares internacionales vigentes, particularmente los establecidos por el Acuerdo Regional Latinoamericano de Escazú, del que Argentina es signataria. Recordamos que este acuerdo obliga a los Estados a garantizar la transparencia, la participación pública efectiva y la protección de defensores/as ambientales ante decisiones trascendentales como ésta.

La gestión del río Paraná no puede quedar subordinada únicamente a intereses económicos o privados, en desmedro de los derechos colectivos y la justicia ambiental. 

Exigimos al Estado Nacional cumplir con su deber institucional de brindar información clara y oportuna, garantizando una gobernanza pública, democrática y ecosocial del río Paraná.

Adhirieron a las presentaciones las siguientes organizaciones: Taller Ecologista Rosario, El Paraná No Se Toca y las Multisectoriales por los Humedales de Rosario y de Paraná.

*Las presentes acciones acompañan la campaña “Remar contracorriente, por el agua, la vida y la soberanía”, que partió el 1ro de marzo desde Formosa y llegará a Rosario el 22 de Marzo, día mundial del agua.

Mendoza: Persecución judicial y detenciones a Defensores del Agua

Mendoza: Persecución judicial y detenciones a Defensores del Agua

Mendoza, 25 de febrero de 2025

Ante las detenciones a Defensores del Agua en Mendoza. — Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial exigimos la liberación inmediata de los detenidos y el cese de los allanamientos y hostigamientos contra defensores del agua en Mendoza. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier perjuicio ocasionado a quienes ejercen su derecho a la protesta y defenderemos a quienes protegen el agua contra las amenazas al bienestar colectivo.

El pasado 24 de enero se dio inicio a una jornada que deja una huella nefasta en la provincia. En simultáneo a la inauguración de la Oficina Minera, se realizó una movilización ciudadana en rechazo al avance minero. La cabeza de cuenca del Río Mendoza fue así testigo de un entramado de intereses que busca vulnerar el derecho a manifestarse y hostigar a las personas que lo intenten.

Ante esta situación, grupos vinculados a la UOCRA y barras bravas de clubes de fútbol, actuando a órdenes del gobierno provincial, boicotearon la protesta y, en el proceso, se registraron episodios de violencia física.

En este marco, nos encontramos en articulación con Marcelo Romano, a cargo de la defensa, citados para una audiencia. Asimismo, se evaluará la posibilidad de recurrir a un amparo judicial que garantice la libertad y seguridad de todos los afectados.

Exigimos, además, un Estado a la altura de la crisis ecológica y climática actual, que garantice los derechos humanos y la voluntad popular mendocina de cuidar el agua. Es imprescindible que las decisiones que afectan a la ciudadanía y a nuestros bienes comunes naturales sean tomadas en un marco de respeto a la legalidad, la transparencia y la participación democrática.

Ante estas detenciones a defensores del agua, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas convoca a la sociedad a acompañar a las personas afectadas y no permitir cualquier abuso de poder. Seguiremos informando novedades del caso y sobre las acciones legales que acompañaremos para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa: se profundiza en la cadena de contaminación y fraude

Neuquén, 17 de febrero de 2025 – Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos la decisión de a Sala 6 del Poder Judicial de la provincia de Neuquén que decidió aceptar nuestra solicitud y extender por seis meses la investigación contra Comarsa S.A., la empresa responsable de la acumulación y traslado ilegal de residuos petroleros. 

Esta medida responde a la necesidad de esclarecer la responsabilidad de todas las empresas involucradas en el fraude y la contaminación denunciados. El juez Gustavo Ravizzoli ordenó la ampliación de la investigación y la solicitud de información al gobierno provincial, Comarsa, YPF y otras compañías que enviaron residuos a la tratadora.

La justicia aceptó la reformulación de cargos, reafirmando que se trata de un caso de contaminación peligrosa y fraude. Se mantendrá la calificación de “causa compleja” y se extendió el plazo de investigación por seis meses más. Además, se confirmó la continuidad de los embargos preventivos sobre la empresa para garantizar recursos en caso de una eventual condena y reparación del daño ambiental.

Desde 2013, Comarsa ha acumulado 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos en terrenos que no le fueron habilitados, incluyendo espacios públicos. La empresa recibió material contaminante de la industria petrolera, lo trató deficientemente y lo depositó de manera ilegal en el Distrito 6 de Neuquén. Durante años, las autoridades provinciales y municipales permitieron este accionar, avalando una práctica que pone en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico de la región.

El traslado de residuos iniciado en diciembre de 2024 hacia la localidad de Añelo genera nuevas sospechas. La fiscalía y las querellas exigen conocer en detalle dónde están depositando los contaminantes y qué tipo de tratamiento se les está dando. Sin embargo, hasta el momento, solo hay información fragmentaria obtenida de comunicados oficiales sin verificación independiente.

El fiscal jefe Maximiliano Breide amplió la acusación, imputando a los dueños y gerentes de Comarsa por contaminación peligrosa para la salud pública y defraudación. La investigación contable reveló ocultamiento del pasivo ambiental, falsificación de balances y omisión deliberada de información a YPF y otras empresas contratantes. Se encontraron registros en cuadernos personales del dueño de Comarsa, que detallan una operatoria paralela para encubrir la situación real de la empresa.

A pesar de la evidencia, la defensa intentó sin éxito frenar la investigación. Los abogados de los acusados minimizaron el daño, incluso comparándolo con “las deposiciones de un perro en la vía pública”. Pero como demostró la fiscalía,  Comarsa contaminó suelos de manera ilegal, operando sin habilitación y ocupando terrenos de la municipalidad de forma clandestina.

El juez Gustavo Ravizzoli definirá si la investigación se extiende a nuevas empresas involucradas en la cadena de contaminación y fraude. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige que se garantice el derecho a la información pública y que se detenga la impunidad de los responsables.

La crisis climática y ecológica no es solo consecuencia de decisiones políticas fallidas, sino de un modelo que sacrifica territorios y comunidades en favor de la rentabilidad petrolero-gasífera. La crisis de residuos provocada por la explotación hidrocarburífera del megaproyecto Vaca Muerta es una advertencia ineludible. La contaminación en Neuquén es un eslabón más de este esquema de saqueo y expoliación. Seguiremos impulsando que la justicia actúe con independencia y que los responsables paguen por los daños causados. Urge avanzar en una transición ecosocial justa y popular, que promueva un modelo energético descentralizado, democrático y basado en fuentes limpias, que garantice acceso universal a la energía y respete los territorios y comunidades. 

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Manejo del fuego

Los arrestos no apagan incendios: el manejo del fuego demanda prevención, financiamiento y estructura

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, denunciamos la criminalización deliberada que responsabiliza al pueblo mapuche por los incendios en la Patagonia y desvía la atención de la ineficiente política de manejo del fuego. No hay ninguna evidencia que sustente estas acusaciones contra los pueblos originarios Se trata de una narrativa racista que busca desviar la atención del problema real: la ausencia de políticas estructurales de prevención y la desfinanciación crónica de los organismos encargados de proteger los ecosistemas.

La Ley de Manejo del Fuego sigue vigente

La Ley 26.815 de Manejo del Fuego NO fue derogada. Esto es falso. La ley está en plena vigencia y establece la organización y acción coordinada entre la Nación y las provincias para la prevención y combate del fuego. Sin embargo, su aplicación efectiva se ve obstaculizada por el vaciamiento de recursos y la falta de inversión en personal especializado. El problema no es la ley, sino su incumplimiento sistemático. 

La falta de financiamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego deja a brigadistas y comunidades en situación de indefensión. A esto se suma la precarización laboral: contratos temporarios, sueldos bajos y carencia de equipamiento adecuado.

Más brigadistas que aviones

La respuesta estatal cuando el fuego está prendido es insuficiente, propio de políticas públicas vaciadas y de posturas negacionistas. La prevención de incendios debe realizarse permanentemente, con acción y comunicación territoriales. La estructura necesaria es lo fundamental, pero aún más el personal capacitado y un sistema de prevención que actúe durante todo el año.

Un Estado que esté a la altura de la policrisis combate y previene el fuego constantemente, no sólo cuando las llamas están activas. Se requieren estrategias de prevención sostenidas en el tiempo: gestión de la vegetación, monitoreo de zonas críticas, planes de mitigación y fortalecimiento de las estructuras de combate del fuego.

Vaciamiento y precarización profesional

El recorte de fondos impacta en todos los niveles. Falta personal técnico, equipos de investigación, comunicadores y formación continua para brigadistas. Las provincias carecen de capacidad de acción efectiva y de la voluntad política para construirla.

Este vaciamiento no es casual, la falta de prevención, lejos de ser un error, es una política. En marzo vuelven a vencer los contratos de todos los brigadistas que dependen de nación (Administración de Parques Nacionales y Servicio Nacional de Manejo del Fuego), esta inestabilidad laboral no puede permitirse en un contexto de creciente frecuencia, intensidad y velocidad de propagación de megaincendios.

Exigimos políticas reales de prevención en el manejo del fuego

Los incendios forestales son una tragedia previsible. Se necesita un plan integral de prevención con:

  • Más brigadistas, con salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones laborales dignas.
  • Ejecución del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
  • Fortalecimiento de la investigación y monitoreo ambiental.
  • Educación comunitaria y coordinación interjurisdiccional en la gestión de los territorios.
  • Cumplimiento efectivo de la prohibición de cambio de uso del suelo en tierras quemadas.

El fuego no es un desastre natural. Es consecuencia de políticas que priorizan el negocio sobre la vida. Seguiremos denunciando la irresponsabilidad del Estado y exigiendo justicia.

Desmonte en Chaco

La Justicia extiende la prohibición del desmonte en Chaco y ordena controles más estrictos

14 de Febrero de 2025 – El día de la fecha la Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en Chaco . Esta decisión, lograda en la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, representa un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte..

La decisión de la justicia impone medidas concretas de fiscalización. La Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024.

Así la jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias. Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales.

El contexto es alarmante. Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables.

La prórroga de la prohibición del desmonte en Chaco es una victoria para el movimiento socioambiental, pero también un recordatorio de la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias. La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta medida recae ahora sobre el Poder Ejecutivo provincial, que deberá rendir cuentas sobre sus políticas de protección del bosque nativo.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas continuaremos exigiendo el respeto irrestricto a la legislación ambiental y denunciando a quienes, con sus negocios y su inacción, destruyen los bienes comunes que garantizan el bienestar de nuestra sociedad.

Dragado del Río Uruguay

Dragado del Río Uruguay: una obra de alto impacto sin acceso a la información pública

Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas denunciamos la falta de acceso a información clave sobre el “Proyecto de dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos”, una obra de gran envergadura que podría generar impactos ambientales irreversibles en el ecosistema del río Uruguay y sus comunidades ribereñas.

Pese a nuestras reiteradas solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y del Acuerdo de Escazú, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha derivado la responsabilidad de brindar respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Sin embargo, hasta el momento, este organismo no ha puesto a disposición la documentación solicitada, obstaculizando el derecho ciudadano a conocer y participar en las decisiones que afectan los bienes comunes.

¿Por qué es importante esta información?

El dragado de un río no es un hecho menor. Aumentar la profundidad de los canales de navegación implica la remoción masiva de sedimentos, alterando los ecosistemas acuáticos y costeros. Estas intervenciones pueden generar graves consecuencias:

  • Modificación de los flujos hídricos y aumento de la erosión de las costas.
  • Pérdida de biodiversidad acuática y afectación de las especies migratorias.
  • Liberación de contaminantes acumulados en los sedimentos del fondo del río.
  • Alteración de las dinámicas de las comunidades pesqueras y ribereñas.

Además, en este caso, las intervenciones planificadas podrían afectar pasos críticos como la isla San Francisco, ubicada frente a la ciudad de Colón. La falta de información sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las evaluaciones técnicas impide conocer la magnitud real de los riesgos asociados a la obra.

Acceso a la información: un derecho, no una concesión

El acceso a la información pública ambiental es un derecho consagrado en la legislación argentina e internacional. Tanto la Ley 25.831 como el Acuerdo de Escazú establecen la obligación de los Estados de garantizar la publicidad de los proyectos con impacto ambiental, asegurando la transparencia y la participación ciudadana.

Según el artículo 5 del Acuerdo de Escazú, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información ambiental sin necesidad de justificar un interés particular. En este caso, la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores a proveer los documentos solicitados vulnera este derecho y genera un grave precedente en la gestión de los bienes comunes.

Exigimos respuestas y transparencia

Ante la falta de información y la negativa de los organismos responsables a brindar acceso a la documentación solicitada, exigimos:

  1. La entrega inmediata de los antecedentes completos sobre el Proyecto de Dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos, incluyendo los Estudios de Impacto Ambiental y cualquier otra evaluación técnica.
  2. Claridad sobre los procesos de autorización y evaluación de la obra por parte de los gobiernos de Argentina y Uruguay.
  3. Información detallada sobre los posibles derrocamientos en pasos críticos y su impacto en el ecosistema del río.
  4. Cumplimiento efectivo de la normativa ambiental vigente, garantizando la consulta y participación de las comunidades afectadas.

El acceso a la información es la base de una democracia ambiental real. No se puede gestionar un río como si fuera un canal comercial al servicio del extractivismo, sin considerar sus múltiples funciones ecológicas y sociales.

Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los ríos y los territorios. Si la información continúa siendo retenida, avanzaremos con las acciones judiciales correspondientes para garantizar que se respete el derecho de las comunidades a conocer y decidir sobre su futuro.

Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas

Presupuesto para incendios

Exigimos al Estado Nacional que rinda cuentas en el Manejo del Presupuesto para Incendios 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2025

 La Patagonia arde. Más de 20.000 hectáreas ya fueron consumidas por incendios en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El vaciamiento estatal y la opacidad en el uso de los recursos disponibles hace cuestionar la capacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que ya ha provocado evacuaciones masivas y pérdidas irreparables.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitamos formalmente al Ministerio de Seguridad Nacional, en virtud de la Ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental, detalles sobre la ejecución del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) entre 2022 y 2025. 

Los megaincendios que devastan nuestra región no son ni atentados terroristas ni desastres naturales inevitables: son consecuencia directa de la crisis climática y de políticas públicas deficientes. Mientras el fuego avanza, devorando territorios y arrasando ecosistemas, el Estado persiste en una política de opacidad sobre los recursos destinados a la prevención y combate de incendios. El presupuesto para incendios debe ser público en esta situación. Es imprescindible conocer cómo se han distribuido los fondos, qué equipamientos se han adquirido y si los brigadistas cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar su labor. Desde nuestra organización exigimos respuestas concretas en los siguientes puntos:

  1. Ejecución del presupuesto: Detalle del porcentaje efectivamente ejecutado del presupuesto asignado al SNMF desde 2022 hasta la fecha.
  2. Licitaciones públicas y equipamiento: Información sobre adquisiciones de equipos y su distribución por provincias.
  3. Flota de medios aéreos: Comparación del aumento o disminución de aviones y helicópteros en la última gestión.
  4. Condiciones laborales de brigadistas: Detalles del presupuesto destinado a mejorar su equipamiento y seguridad.
  5. Criterios de asignación de recursos: Explicación sobre la distribución territorial de los fondos y equipamientos.

El derecho a la información ambiental es una herramienta fundamental para la defensa de los bienes comunes. La Ley 25.831 y el Acuerdo de Escazú garantizan la obligación del Estado de brindar información clara, accesible y oportuna. Sin transparencia, no hay control ciudadano posible, y sin control, se perpetúa la impunidad en el manejo de recursos esenciales para la protección de los ecosistemas.

Los incendios no solo devastan paisajes: afectan la vida de comunidades, profundizan la crisis hídrica y expulsan poblaciones de sus territorios. No podemos permitir que la desinformación siga siendo la norma. Exigimos al Ministerio de Seguridad y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego que cumplan con su deber legal y brinden, en los plazos estipulados por la normativa vigente, las respuestas que la ciudadanía merece sobre el presupuesto para incendios.

El silencio y la inacción no son una opción. Como sociedad, tenemos derecho a saber por qué estamos ante esta destrucción. 

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial