Archivos de categoría: Comunicados

Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.

La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia

Una vez más, la sociedad es testigo de cómo el fuego avanza sobre el bosque andino patagónico y sus poblaciones aledañas. Un enorme patrimonio milenario de flora y fauna autóctonas, y las sociedades que dependen de ellos, es arrasado año tras año. Lejos de ser fenómenos aislados, estos megaincendios son consecuencia directa de decisiones humanas.

Los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles. Las condiciones meteorológicas cada vez más extremas y frecuentes, que propician sequías prolongadas y cambios en los patrones climáticos locales, favorecen la propagación del fuego directamente empeorados por la crisis climática.

A esto se le suma la inacción estatal en materia de mitigación y prevención, que podría mejorar las condiciones territoriales de cara a la temporada de incendios. El crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares y el riesgo que implican en la población y el ecosistema nativo, generan un caldo de cultivo para estos fenómenos. Además, el crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego.

Durante la última temporada de incendios en la Patagonia, la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Investigadores del CONICET advierten que esta tendencia creciente aumentaría por seis hacia fines del siglo XXI. Este escenario se inscribe en un contexto de desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención.

Es necesario que el Estado responda de manera coordinada a los megaincendios. Los recursos para la prevención del fuego, en todo el territorio nacional, deben emplearse en su máxima capacidad. Para esto es necesario avanzar en el refuerzo del equipamiento y la formalización laboral del personal de brigadas, restablecer el financiamiento pleno del Servicio de Manejo del Fuego, y coordinar los operativos necesarios entre los múltiples actores estatales, tanto de Nación, como provinciales y municipales. La creación de comités de crisis, que incluyan la participación comunitaria local en la alerta temprana y monitoreo, son cruciales.

La crisis climática está aquí y es ahora, podemos elegir responder ante ella o seguir intentando mirar para otro lado mientras el fuego incrementa cada vez más.

Más datos sobre el manejo del fuego y la promoción de los fósiles

Durante 2024, el Gobierno ejecutó apenas el 22 % del presupuesto estatal asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), pese a tratarse del año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años. En 2025, la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25 % de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas.
De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025.
Las metas físicas del SNMF tendrán una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas —aunque solo se concretaron 3.058—, para 2026 se proyectan 3.100. A esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026.
El Presupuesto 2026 asigna $651.600 millones a los subsidios a la oferta de hidrocarburos, lo que representa un aumento real del 6% respecto al valor de 2025. Esto equivale al 0,44% del presupuesto total nacional.

Organizaciones firmantes

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Observatorio Petrolero Sur (OPSur)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas/Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial
Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF)
SurfRider Argentina
Gabriel Blanco, autor coordinador de los informes de evaluación 5 y 6 del IPCC
Multisectorial Golfo San Matías
Colectiva Mirá Socioambiental
Tramatierra
Taller Ecologista
Multisectorial de la Comarca Marítima, Viedma, Carmen de Patagones, El Condor
Casa Río Lab
Consciente Colectivo
Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables
Asociación de Amigos de la Patagonia
Instituto de Salud Socioambiental (InSSA)
Greenpeace Argentina
Defensores del Pastizal

Un protocolo sin consulta

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, con el patrocinio legal de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, interpuso el martes 30 de diciembre una demanda judicial solicitando que se declare la inconstitucionalidad del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (Ley N° 5755/2024) y de su decreto reglamentario, sancionados por la Legislatura de Río Negro durante el año 2024.

Dicho protocolo fue sancionado de manera unilateral por el Estado provincial, sin consultar a las comunidades originarias, incluso desoyendo sus disidencias y observaciones expresamente formuladas durante el proceso previo.

Sostenemos, sin margen de duda, que no existió participación alguna de autoridades indígenas, comunidades ni de pobladores dispersos en la confección y redacción del protocolo de consulta, incumpliendo de este modo los estándares constitucionales y convencionales vigentes.

La norma impugnada deriva en un procedimiento de consulta altamente restrictivo respecto de la participación de los pueblos indígenas, sus autoridades, comunidades y pobladores dispersos, limitando su intervención en la toma de decisiones vinculadas a leyes o disposiciones administrativas que afectan directa o indirectamente a sus territorios.

Desde el punto de vista jurídico, este esquema resulta contrario al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a los artículos 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional.

En los hechos, esta “consulta sin consulta” se reduce a un trámite administrativo diseñado a la medida de proyectos extractivistas, mineros e hidrocarburíferos, que buscan avanzar sobre territorios ancestrales sin garantizar la participación real de los pueblos indígenas.

Es claro que el Gobierno de Rio Negro, no quiere incluir en la participación real de un Protocolo de Consulta, Libre, Previa e informada a las comunidades ni mucho organizaciones indígenas. Solo quiere que las mismas asientan sin debate previo, a los fines de legitimar iniciativas unilaterales.

La consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Desde la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas acompañamos esta demanda porque defender la participación real es defender los territorios, la democracia y el respeto por los derechos de los pueblos originarios.

Una vez más vemos como se consolida un modelo de toma de decisiones autoritario, funcional a intereses extractivistas y ajeno a toda lógica democrática. Frente a este escenario, reafirmamos que no habrá licencia social ni legitimidad posible sin consulta real, libre, previa e informada, construida desde y con las comunidades, y no a espaldas de ellas.

Ley de Glaciares: alerta por el proyecto del gobierno que busca aprobarse en el Senado

El gobierno impulsa una reforma regresiva de la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias

El gobierno nacional avanzó con un proyecto para modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares, que ya ingresó al Senado y busca ser aprobado en sesiones extraordinarias durante el verano. La iniciativa apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) advertimos que esta reforma representa un grave retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país.

Qué cambia el proyecto que modifica la Ley de Glaciares

Cuadro comparativo realizado AAdeAA-CAJE

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El proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente.

En primer lugar, todos los glaciares podrían ser destruidos. La reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional: mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas.

En segundo lugar, el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. Es como proteger el hielo pero apagar el freezer: el resultado es su desaparición.

Una falsa “federalización” de la protección del agua

La reforma propone que cada provincia decida qué glaciares y qué ríos pueden ser entregados a la megaminería y a la exploración hidrocarburífera. De este modo, se eliminan los presupuestos mínimos ambientales nacionales, que hoy garantizan un piso común de protección en todo el territorio argentino.

Esto no fortalece el federalismo : lo debilita. Los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Permitir que una sola jurisdicción defina su destino afecta directamente a comunidades y territorios aguas abajo y abre la puerta a un dumping ambiental, donde las provincias compiten por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas.

Un retroceso ambiental y jurídico inadmisible

Modificar la Ley de Glaciares en este sentido es ambientalmente riesgoso y jurídicamente ilegal. El proyecto viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe disminuir los niveles de protección ya alcanzados.

En lugar de fortalecer la protección del agua frente a la crisis climática, el gobierno busca debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos.

Desde AAdeAA–CAJE reafirmamos un principio básico: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de nuestras comunidades.

Llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las comunidades, al periodismo y a los representantes legislativos a defender la Ley de Glaciares y a impedir cualquier retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua de la Argentina.

Porque sin glaciares no hay agua.
Y sin agua, no hay vida.

Instancia Decisiva en la Justicia Federal por el derrame de la minera Barrick Gold en la cuenca del río Jachal en San Juan

Recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, como representante de la Asamblea Jachal No Se Toca, declara su profunda preocupación ante la prescripción de la causa penal, por parte de la Jueza Servici de Cubría, contra los funcionarios nacionales responsables de haber frenado, manipulado e incumplido la Ley de Glaciares, en el marco del derrame tóxico de Barrick Gold en Veladero (Jáchal, San Juan) ocurrido en 2015.

El desastre de Jachal es el mayor derrame minero de la historia argentina y sigue impune a más de diez años: no hay juicio oral, no hay condenas y la minera Barrick Gold continúa operando en plena cordillera, dentro de la zona periglaciar protegida por ley.

La decisión de la jueza Cubría es un retroceso grave. No solo abandona la obligación del Estado de proteger las nacientes de agua de alta montaña, sino que además desconoce una década de pruebas que demuestran el rol del propio Gobierno Nacional de entonces en la manipulación del Inventario de Glaciares para permitir que Barrick operara donde la ley lo prohíbe. Sin esa intervención deliberada, Veladero no habría funcionado jamás: el derrame de cianuro, mercurio y metales pesados sobre la cuenca de Jáchal simplemente no habría ocurrido.

Por eso, desde la querella recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales.

El juicio de Jachal es la única vía para terminar con la impunidad política e institucional que rodea a Veladero desde hace años. Allí deben rendir cuentas quienes, desde el Estado Nacional, bloquearon la aplicación de la Ley de Glaciares y habilitaron la explotación minera en territorios que debían estar resguardados como reservas estratégicas de agua.

El pueblo de Jáchal carga con la contaminación, la incertidumbre y la negación sistemática de información. Su lucha es la que mantuvo viva esta causa cuando todos los resortes del poder quisieron cerrarla.

Veladero es el símbolo de un modelo extractivo basado en la desprotección de los territorios de alta montaña, el desprecio por el agua y el blindaje de las corporaciones mineras. La prescripción dictada por Servini solo fortalece ese modelo.

Por eso vamos a Casación: para impedir que esta causa se archive y para que, de una vez por todas, se escuche en un tribunal la verdad completa sobre cómo se violó la Ley de Glaciares para habilitar un proyecto que nunca debía haber existido.

La Argentina necesita justicia social y ambiental, transparencia y responsabilidad de las corporaciones mineras. Esta causa es una prueba decisiva: o se sostiene la impunidad minera, o se abre el camino para proteger de verdad los glaciares, el agua y las comunidades que dependen de ellos.

Exigimos Juicio Oral YA. El país está con Jáchal .

Basureros Petroleros: Allanamiento a la planta de COMARSA en Neuquén

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) informa que, a pedido de esta querella y de la Fiscalía de Delitos Ambientales, la Justicia autorizó el allanamiento en la planta de COMARSA, ubicada en el Parque Industrial Neuquén Oeste, en la capital provincial. Este paso clave se da en el marco de la causa por los Basureros Petroleros del proyecto Vaca Muerta. Se realiza para avanzar en la investigación penal por usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa en uno de los mayores pasivos petroleros del país y del cual las empresas petroleras son responsables.

El operativo tiene un objetivo concreto: permitir las tareas de campo necesarias para el informe técnico del perito agrimensor designado por la querella, cuyo trabajo es indispensable para reconstruir los límites reales del predio y su expansión.

Esta nueva inspección judicial busca despejar una pregunta central ¿hasta dónde avanzó Comarsa sobre tierras públicas que nunca le fueron cedidas?

Desde la querella afirmamos, en base a lo evidenciado en años de documentación:
COMARSA no solo operó dentro del inmueble concedido a precio vil por la Municipalidad de Neuquén y el Concejo Deliberante, sino que extendió ilegalmente sus actividades sobre terrenos públicos no cedidos, ampliando su huella operativa por fuera de toda autorización estatal.

Esa expansión no es inocua. Sobre esas tierras usurpadas, la empresa acumuló a cielo abierto residuos petroleros tóxicos, provocando la degradación del territorio y afectando el aire, el suelo y la salud de las comunidades que viven y trabajan en las zonas aledañas. A su vez, el lixiviado de estos residuos corre peligor de afectar las napas que existen en la región. Es exactamente el tipo de manejo que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil denuncian hace años: montañas de residuos, vapores tóxicos, derrames y un modelo energético que deja contaminación y precariedad donde debería haber controles, reparaciones y políticas públicas serias.

Con este allanamiento, la fiscalía espera demostrar el delito de usurpación, al demostrar la ocupación y el uso ilegal de tierras públicas por parte de la empresa. Y también el delito de contaminación peligrosa, al evidenciar que COMARSA acumuló residuos petroleros en esas mismas tierras, agravando la afectación territorial y social a las comunidades cercanas.

La investigación avanza en un contexto donde Neuquén convive con basureors petroleros abiertos, pozos abandonados sin remediación y zonas saturadas de la infraestructura petrolera sin que ninguna autoridad provincial regule cómo afecta esto a la población. Frente a esa desidia estructural, el allanamiento puede recaba r más evidnecias y avanzar hacia terminar la impunidad actual sobre el entramado que sostiene el proyecto Vaca Muerta.

Desde AAdeAA, como parte querellante, vamos a seguir impulsando las medidas necesarias para que se esclarezcan los hechos, se identifiquen las responsabilidades y se garantice la reparación de los territorios y de las comunidades afectadas.

La contaminación petrolera no es un daño abstracto, ni puede seguir haciéndose en nombre de las divisas y el interés nacional. Las comunidades están afectadas en sus cuerpos y territorios y quienes las afectan deben responder ante la ley

Fuga de hidrocarburos en el lago Mari Menuco: nuevo desastre petrolero en Neuquén

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció el miércoles 22 de octubre una fuga de hidrocarburos a partir de la explosión de un ducto de la empresa Pan American Energy (PAE) en el área petrolera conocida como Lindero Atravesado, que se encuentra a orillas del lago Mari Menuco.

Esta fuga de hidrocarburos “creó una nube tóxica que se veía desde las comunidades mapuche aledañas y que claramente contaminó la orilla del lago”, alertaron desde la Confederación.

Estos desastres ambientales, con graves impactos tanto en los ecosistemas como en la salud de las comunidades cercanas, no son accidentes aislados, sino una consecuencia ineludible de la actividad hidrocarburífera extractiva –tanto convencional como no convencional–. Entre 2015 y marzo de 2022, se registraron 9,242 incidentes, muchos de los cuales incluyen derrames de petróleo, contaminación del agua y gases de efecto invernadero altamente peligrosos. En este contexto, la técnica de fracturación hidráulica –conocida como fracking– no solo intensifica los riesgos, sino que lo hace a un ritmo alarmante: entre enero y septiembre de este año se realizaron 18.263 etapas de fractura, un aumento significativo respecto de las 14.722 registradas en 2023.

A esto se suma la falta de control y transparencia en la información sobre la magnitud real de los daños, como quedó demostrado en desastres anteriores, donde las empresas reportaron afectaciones mínimas o inexistentes de las superficies contaminadas, lo que resulta inverosímil dada la envergadura de los derrames.

El lago Mari Menuco es un embalse que, junto a Los Barreales, regula el caudal del río Neuquén, genera energía y brinda agua a las poblaciones y actividades productivas de la región. Es una de las principales fuentes de agua potable de la Patagonia norte. Los Barreales abastece el acueducto que provee a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, mientras que el Mari Menuco suministra agua a Neuquén capital, Centenario y, con la ampliación de la planta potabilizadora, también a Plottier y Vista Alegre.

En febrero de este año el gobierno de Rolando Figueroa le extendió la concesión de Lindero Atravesado a PAE a través del decreto N° 228/2025, que autoriza a la empresa a realizar fracturas en el entorno del lago hasta el año 2060. Además, el decreto N° 276/2025, habilitó el fracking en La Angostura Sur I y II, incluyendo el istmo de los embalses Mari Menuco y Los Barreales, y prevé más de 500 pozos en esa frágil zona.

La extracción de hidrocarburos en estos territorios pone en riesgo una fuente de agua potable vital para más de 600 mil personas. La explosión y fuga del pasado 22 de octubre es una muestra más de está situación. Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por este nuevo desastre ambiental y reiteramos el reclamo por el cierre de todas las actividades extractivas en la zona.

Firma:

Campaña “Salvemos el Mari Menuco”

Acompañan:

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Observatorio Petrolero Sur

Confederación Mapuche de Neuquén

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

Tierra para Vivir – Marabunta

Izquierda Socialista – Ambiente en Lucha – FITU

Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha – Neuquén

Alerta Roja Ambiental / PTS – FITU

Red Ecosocialista – MST en el FITU

Colectiva Feminista La Revuelta

Multisectorial Golfo San Matías

APDH Neuquén

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS

Ambiente en Lucha de Tierra del Fuego, AeIAS

Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande

Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa

Asamblea por un Mar Libre de petroleras Uruguay

APDH EL BOLSON

ASAMBLEA MULTISECTORIAL de Cipolletti. Río Negro

RED de DDHH de CIPOLLETTI

Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn

Comunidad Katrawletuain, Rawson, Chubut

Lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa, Chubut

APDH ESQUEL TREVELIN

APDH Tucumán

Coordinadora Socioambiental Bahia Blanca

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata

Observatorio de Sismicidad Inducida

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones

Red de Comunidades Costeras

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego

La Revuelta Comunicacion, Mar del Plata

Asociación Mane’kenk

APCA Neuquen

FASE Espírito Santo

ANAFAE Honduras

CEDIB, Bolivia

Más datos sobre desastres ambientales de la industria petrolera:

Durante el año 2021 ocurrieron al menos 2049 incidentes ambientales. Un promedio de 5,6 por día, más del doble de los que constan para 2017, cuando el promedio diario era de 2,8 (información extraída a partir de los datos oficiales de incidentes ambientales declarados por empresas operadoras de la Dirección Provincial de Gestión de Situaciones Ambientales y Residuos Especiales).
Entre los principales desastres ambientales de los últimos años se encuentran el del yacimiento Bandurria Sur, del 19 de octubre de 2018, operado por YPF S.A. y Schlumberger, que afectó entre 47,6 (según la empresa) y 80 hectáreas (según Greenpeace y FARN), y por el cual fueron succionados 4076 m³ de hidrocarburos y removidos 22.529 m³ de suelo contaminado; y el incendio en Pozo Loma la Lata Oeste, el 15 de septiembre de 2019, con llamas de 30 metros cerca del lago Los Barreales, controladas en un mes por Wild Well Control.
A esta accidentalidad propia de la industria petrolera se le debe sumar los más de 500 sismos producidos en la zona desde el 2019 por el fracking, de acuerdo a la información producida por el Observatorio de Sismicidad Inducida. Esta actividad sísmica afecta a las comunidades y poblaciones cercadas, en particular a las localidad de Sauzal Bonito y Añelo, con daños materiales, impactos en la salud y seguridad.

En defensa del Río Paraná ante los intentos de Frigerio y Milei de avanzar en la destrucción de sus ecosistemas

El presente anuncio en la ciudad de Paraná, por parte del Presidente de la República y el Gobernador de Entre Ríos, sobre la mayores profundizaciones por dragado en los tramos o brazos del Río Paraná, denominados Paraná Guazú y Paraná Bravo, se dan en pleno proceso electoral, sin estudios técnicos de ninguna naturaleza.

Desde la Asociacón Argentina de Abogados/as disponemos de documentación oficial que acredita la total ausencia del área ambiental y otras por parte del Gobierno de Entre Ríos en la construcción técnica y política de semejante decisión. Los bienes naturales son de las Provincias. El Gobierno Nacional no puede ni debe hacer lo que se le ocurra con el río, su valle de inundación y consecuentemente sus diversidades culturales, ecológicas como económicas a escala humana, local, como regional.

Más aún, hemos requerido los informes emitidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU en este contexto, ahora profundizado por estos anuncios, para poder saber cuáles son sus recomendaciones en cuanto a la instrumentación del Memorándum de Entendimiento firmado hace más de un años y medio y poder así observar las razones y vínculos con semejantes decisiones. No olvidemos que dicho acuerdo fue ratificado por el Presidente Javier Milei en marzo de 2024.

Los anuncios en Paraná, no son inocentes, se hacen con el Órgano de Control de la Vía Troncal Navegable y del Instituto Nacional del Agua, extinguidos por la actual gestión de gobierno. Con ningún tipo de intervención del Consejo Hídrico Federal, lo que también tenemos documentado. Es decir, la privatización del conocimiento y el descontrol y el unitarismo, es absoluto.

Nos oponemos frontalmente a estas decisiones y vamos a utilizar todas las herramientas de la democracia ambiental, el derecho, en particular en Acuerdo Regional de Escazú que sean necesarios como apoyar todas las manifestaciones del activismo de las comunidades y sus articulaciones.

De avanzar con estas decisiones, el proceso de desertificación del sistema de humedales del Delta, será brutal y muy probablemente irreversible. No hay agua. En estos momentos en Brasil, Paraguay y Bolivia, el gran Pantanal está con una sequía y bajante extrema y agudizándose. Se están conservando en las represas de Brasil, con disminución de flujos de agua por parte de tres hidroeléctricas del río Paraná. Todos factores geopolíticos y ecológicos relevantes para poder comprender que este delirio implica no prestar atención a una diplomacia inexistente y que obliga a la aplicación extrema de los principios precautorio y preventivo. La falta de agua no justifica mayores profundizaciones, sino todo lo contrario.

Los efectos negativos sobre los ciclos de vida de la flora y la fauna y en particular de los bienes ictícolas es en este contexto, desbastadora. Ya son cuatro años con realidades angustiante para las comunidades, como Victoria en Entre Ríos, poder quedarse sin agua potable por la desertificación del humedal y el descontrol en la gestión de los sedimentos del dragado de la hidrovía, que taponan sus ingresos de agua al humedal desde hace décadas.

Reiteramos, hacer semejante intervención de artificialización del río dentro del corazón de un Áreas Natural protegida y sin Evaluación de Impacto Ambiental, y sin una Evaluación Acumulativa Estratégica, es demencial.

Además, esta intervención en la diversidad biológica y cultural, como social de la artificialización anunciada, sin participación de áreas críticas de Entre Ríos y las provincias del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, Buenos Aires y Santa Fé, es un ataque directo a la institucionalidad democrática y federal de la República.

Por eso también presentamos una nueva solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía de la Nación, del cual depende la Secretaría de Transporte, para conocer las implicancias del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno Argentino y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. ¿Qué informes emitió, qué recomendaciones, por qué ese contenido no es público aún?

El acuerdo, ratificado por Javier Milei en marzo de 2024, incluye compromisos de cooperación en políticas hídricas, gestión de cuencas, control de inundaciones, sedimentación, dragado y “dirección estratégica” en la gestión de ríos y cuencas argentinas.
Estos puntos son de altísimo interés público y ambiental, ya que podrían estar vinculados con la nueva profundización del Paraná anunciada la semana pasada.

Solicitamos copia certificada de todos los informes emitidos por el Cuerpo de Ingenieros respecto de la Cuenca del Plata —en especial los ríos Paraguay, Paraná y Río de la Plata— y pidió precisiones sobre las obras o megaobras recomendadas, los proyectos de dragado o infraestructura propuestos, y los mecanismos de adjudicación o ejecución sugeridos.

También saber si existen nuevos convenios vinculantes o consultorías activas con ese organismo extranjero. De negarse la información, haremos uso de los mecanismos legales previstos por el Acuerdo Regional de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

Estamos frente a la profundización de un megaproyecto que se encuentra en los escenarios judiciales de investigación de corrupción, que avanza en su instrumentación con la privatización absoluta del río y en un contexto de agravio al federalismo y de total entrega de la soberanía nacional bajo el asesoramiento extranjero ya expuesto y con un gran ausente, la máxima autoridad ambiental nacional.

Un buque de gas fósil amenaza el Golfo San Matías y la salud de las comunidades

El 16 de septiembre, en San Antonio Este, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizará la audiencia pública del Proyecto fLNG Etapa 2 – Buque MK II, promovido por el consorcio Southern Energy S.A.. La iniciativa prevé instalar una segunda planta flotante de licuefacción de gas a 4,5 km de la costa, conectada por un nuevo gasoducto submarino de 6 km y un sistema de amarre para barcos metaneros.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos impugnaciones cuestionando la ubicación alejada de la audiencia, su formato exclusivamente presencial y la restricción de participación a quienes residen en Río Negro. El gobierno provincial rechazó los planteos y sigue adelante sin garantizar el derecho a una participación amplia, tal como ordenan la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Este megaproyecto busca exportar 3,5 millones de toneladas de GNL al año, pero a costa de profundizar la dependencia de los combustibles fósiles e incluir al mar argentino los impactos de la industria del gas. No representa ninguna solución energética: consume parte de la energía que produce, genera descargas térmicas y salinas al agua y expone al ecosistema marino a un tráfico constante de barcos metaneros.

El Golfo San Matías es uno de los ecosistemas más valiosos del Atlántico Sur. Allí habitan la ballena franca austral —Monumento Natural Provincial—, el delfín franciscana, lobos marinos, pingüinos y aves migratorias. También es el sostén de la pesca artesanal, hoy en crisis por la emergencia pesquera de la merluza hubbsi, y del turismo de naturaleza en Las Grutas y Península Valdes.

El proyecto implica riesgos directos para la salud. La infraestructura de gas licuado además libera fugas de metano en cada etapa: extracción, transporte, licuefacción y carga, un gas altamente contaminante. En un contexto de crisis climática, avanzar con este tipo de proyectos no es la transición energética que puede beneficiar a la población argentina, sino que es expansión fósil para un puñado de empresas, en búsqueda de mayores beneficios económicos.

A pesar de estas limitaciones, logramos inscribir representantes de doce provincias argentinas. Esa presencia confirma que este proyecto no afecta solo a Río Negro: compromete bienes comunes nacionales, el mar argentino y el clima global.

Vamos a estar presentes en la audiencia, acompañando a las comunidades costeras y territoriales que defienden el golfo. La transición energética justa y popular debe construirse con participación democrática, priorizando la salud y la protección de la vida toda.

¡Queremos un Mar Libre de Petroleras!

Metano en Argentina: el gas invisible que calienta el planeta

Lanzamos el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero”, una introducción clara y accesible para comprender qué es este gas, su vínculo con el sector de petróleo y gas y por qué es urgente hablar de él en Argentina.

El metano es un gas invisible, incoloro e inodoro. Una molécula simple, pero con un efecto enorme en el sistema climático global. Si bien existen contribuciones del sistema agroalimentario y desde los residuos, la acción de nuestro sistema energético lo convierte en un problema mayúsculo. Se estima que el 60% del metano en la atmósfera proviene de actividades humanas. En Argentina, aparece en la agricultura, en los basurales urbanos y, sobre todo, en la producción de energía fósil, responsable por más de un tercio de sus emisiones.

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Lo que conocemos como “gas natural” es en realidad gas fósil, y está compuesto en un 70 a 90% por metano. En cada paso de su cadena —desde la extracción, pasando por el transporte hasta su posterior combustión— libera emisiones que empeoran la inestabilidad climática.

¿Por qué importa el metano?

El metano calienta el planeta mucho más rápido que el dióxido de carbono (CO₂). En un plazo de 20 años, atrapa 82 veces más calor. Por eso su reducción es considerada una de las medidas más urgentes y efectivas para frenar el desbalance climático.

La ventaja es que permanece menos tiempo en la atmósfera: entre 7 y 12 años. Eso significa que cada reducción inmediata en las emisiones de metano tiene un efecto positivo casi al instante.

Metano en Argentina: un debate pendiente

En la discusión pública suele hablarse de “reducir el carbono” como sinónimo de acción climática. Sin embargo, esa simplificación esconde que el metano es uno de los principales gases de efecto invernadero y que en Argentina todavía no cuenta con una regulación específica y fuerte.

En el país, la extracción de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, son focos de emisiones preocupantes. Los venteos, las fugas y la quema en antorcha hacen del metano un tema central para cualquier estrategia seria de transición energética y justicia climática.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial lanzamos el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero”, una introducción clara y accesible para comprender qué es este gas, cómo se vincula con el sector energético y por qué es urgente hablar de él en Argentina.

El objetivo es abrir la conversación pública, sumar evidencia y poner sobre la mesa un tema clave que suele quedar opacado por el debate centrado en el carbono.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas repudia el intento de amedrentamiento del Ministro de Producción del Chaco

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) manifiesta su profunda preocupación y repudio ante las recientes declaraciones del Ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik, quien anunció públicamente el envío de una carta documento a nuestra organización, exigiendo el cese de las denuncias públicas y solicitando “pruebas” sobre los desmontes ilegales en dicha provincia.

En primer lugar, informamos que dicha carta documento no ha sido aún recibida por nuestra organización. En caso de efectivizarse su recepción, será respondida en los términos legales y formales que correspondan. Sin embargo, consideramos indispensable manifestar públicamente que el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en Chaco.

Es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante sino que participa activamente como parte querellante. El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso.

Consideramos que este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, ex funcionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho.

Solicitaremos a los distintos medios el debido derecho a réplica, difundiendo este comunicado en su tapa, al igual que lo hicieron ampulosamente con las declaraciones del Ministro Dudnik.

Desde que iniciamos la denuncia penal en 2024, hemos aportado de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido, entre ellas:

Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. “Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco”, entre muchos otros)
Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas
Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras INDUNOR y UNITAN, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara.
Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.

Le sugerimos al Sr. Ministro Dudik que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros.

¿Quién controla al que debe controlar?

Resulta preocupante, además, que la misma persona encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos esté intentando amedrentar a quienes denunciamos su violación sistemática. Más aún, cuando pesan sospechas de que un desmonte reciente podría involucrar al propio Ministro o a su entorno familiar directo, según se desprende de la ampliación de la denuncia penal que presentamos hoy ante la justicia federal (ver denuncia completa), y que podría ser una prueba más de un patrón de encubrimiento y permisividad institucional en Chaco hacia actos ilegales de desmontes.

AAdeAA – Ampliacion de denuncia Descarga

No nos van a callar. No nos vamos a dejar amedrentar.

La defensa de los bosques nativos chaqueños, que son bienes comunes de toda la sociedad, no puede quedar sometida al poder de turno ni a los intereses de los desmontadores. Exigimos al Gobierno del Chaco que en lugar de perseguir a quienes luchamos por el ambiente, actúe con firmeza para frenar los desmontes ilegales, proteger los territorios y desarticular el entramado político-empresarial que está cometiendo sistemáticamente delitos penales para hacer negocios a costa del monte chaqueño.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica