La Mafia del Desmonte en Chaco acecha a la justicia federal de Chaco. Poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la Jueza Federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte.

La Mafia del Desmonte arrasa con los bosques nativos y ahora también opera activamente para desarmar y frenar la mayor causa judicial en su contra. 

En mayo de 2024 la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentó una megacausa penal. La investigación abierta es la más importante de la historia alrededor del entramado político empresarial detrás de la destrucción del monte chaqueño, sectores de poder económico y político ahora buscan garantizar impunidad presionando al Poder Judicial.

La reciente decisión de la Jueza Federal Zunilda Niremperger de declararse incompetente de la causa penal FRE 3086/2024 —en el cual están imputados funcionarios, ex-funcionarios, empresarios y operadores de desmontes ilegales— se alinea con las presiones que venimos denunciando. Esta intempestiva decisión de la magistrada de apartarse de la causa fue tomada sin siquiera petición de parte (de oficio), lo cual sorprende porque el proceso judicial, donde se investigan delitos complejos interconectados, está en pleno proceso probatorio y los hechos y evidencias que allí se generan demuestran la competencia federal que la Jueza intenta negar arbitrariamente.

La competencia federal en la causa es muy clara. No sólo por los delitos de carácter federal que se vienen investigando (lavado de dinero, trata de personas, entre otros), sino también porque se investigan funcionarios nacionales y que las consecuencias y efectos negativos ambientales del objeto de la denuncia (desmonte) excede largamente la jurisdicción de la provincia de Chaco ya que afecta a toda la región.

La causa judicial tiene un valor estratégico y de negarse la competencia federal, la investigación se desperdigaría en numerosos juzgados locales atentando contra la unidad de la pesquisa judicial y a merced de los lobbies locales. No se trata solo de desmontes ilegales, sino de una red sistemática que viola la Ley de Bosques, burla las medidas cautelares, recategoriza zonas protegidas para el agronegocio y desplaza comunidades. Los desmontes ocurren a pesar de estar prohibidos, porque quienes los ejecutan cuentan con protección política.

Por eso, el accionar del Poder Judicial no puede reducirse a juegos de competencia sin fundamentos. Ceder ante las presiones del poder económico significa avalar un modelo de saqueo y ecocidio en uno de los ecosistemas más frágiles del país.

La decisión arbitraria de la Jueza Niremperger no está firme: ha sido apelada por nuestra organización y por la Fiscalia Federal a cargo de Patricio Sabadini. Confiamos que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocará esta decisión, mantendrá la evidente competencia federal y, de esta manera, seguirá protegiendo el monte chaqueño. La investigación penal tiene copiosas pruebas que no pueden ser ignoradas por la justicia.

Desde nuestra organización, vamos a seguir en los territorios y en los Tribunales. No vamos a permitir que la Mafia del Desmonte avance con complicidad judicial. El monte chaqueño no puede quedar a merced del ecocidio, ni las comunidades a merced del abandono.

La Mafia del Desmonte al Desnudo

Buenos Aires, 22 de mayo 2025

Una minuciosa investigación revela con precisión el entramado ilegal del poder político y el extractivismo forestal en Chaco que incluye corrupción, permisos truchos y canje de votos en el Senado Nacional

Lo que durante años fue sospecha y denuncia social, hoy se confirma con expedientes, mapas, nombres propios y cifras oficiales.

Denunciamos y revelamos el mapa detallado del sistema mafioso que desmonta ilegalmente en el monte chaqueño argentino. El Equipo Interdisciplinario de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentó un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas en la causa federal conocida como la Mafia del Desmonte en Chaco. 

Dicho análisis de la prueba, más el aporte de nueva, fue presentado formalmente el día de hoy en la causa judicial que tramita ante la Justicia Federal de Chaco (donde la AAdeAA-CAJE es querellante) y se solicitaron nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.

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La evidencia procesada es abrumadora. Cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas revelan con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar. No se trata de denuncias aisladas. Ponemos nombre y apellido a cada punto del sistema: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se montaban. 

Pero el entramado supera el ámbito provincial. La acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada. Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, volvió al Senado Nacional para garantizar al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes. A cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica.

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A su vez, la investigación revela queel diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal. En 2012 impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica. Y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el “aprovechamiento de productos abatidos”.

Vía libre al desmonte 

Entre 2011 y 2021, la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1.335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido. 

  • MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
  • CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
  • TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
  • Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
  • Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.

El zorro en el gallinero, el ex Ministro de la Producción Hernan Halavacs

El ex ministro Hernan Halavacs gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años. 

Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín.

Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino, Directores de Desmonte de la Provincia

De un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino. 

Por ejemplo, en un año, el 2013, la Dirección de Bosques a cargo de Miguel Angel López entregó más de 300 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 35.000 hectáreas de desmonte. 

Solo en 2016, la Dirección de Bosques a cargo de Emanuel Carrocino entregó casi 200 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 30.000 hectáreas de desmonte.

Permisos truchos y Recategorizaciones 

Se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de recategorización predial. Así, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo. Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A.

El cambio de uso del suelo solo puede  ser realizado si esta se encuentra debidamente autorizada. Pero además de los 1335 permisos de cambio de uso del suelo, la Dirección de Bosques de la Provincia de Chaco entregó 15.064 permisos entre 2009 y 2024, siendo nuevamente el año con mayor cantidad de permisos otorgados 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López con más de 1.500 permisos otorgados ese año. Más del 50% fueron de “aprovechamiento forestal”, disfrazando la extracción intensiva de “manejo sostenible”. Las asociaciones comunitarias Meguesoxochi y Misión Nueva Pompeya recibieron cientos de estos permisos, bajo control de operadores políticos denunciados.

“Autorizaciones Especiales”

Uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales”, este tema es central en la investigación penal federal dado que refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de “legalidad”, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía.

Esta figura creada irregularmente por la Dirección de Bosques permitió que los desmontes ilegales fueran “regularizados” a posteriori. Las llamadas “autorizaciones especiales” se dispararon en los últimos años: 403 autorizaciones, 94 se dieron sólo el año pasado en 2024, 110 de ellas fueron gestionadas por Halavacs. Las empresas beneficiadas son Carbotec S.A, Argecosol SRL, Forestales del Chaco y “Katona SRL” (empresa forestal de Los Frentones que es la principal proveedora de madera de Ana Victoria y Adolfo Eduardo Hupaluk), entre otras. 

Corrupción con fondos nacionales: la asignación del Fondo NacIonal de Bosques 

El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado para que tiene como objetivo compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo. 

La Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario a lo que establece la Ley por 12 años. El 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley.

Permisos de transporte truchos e inflados. 

Los permisos que el gobierno provincial entrega a los productores forestales van asociados a la entrega de una cantidad de “guías”. La cantidad de guías debe ser proporcional al volumen de productos forestales que el permiso habilita extraer del bosque nativo. Se entregaron cantidades desproporcionadas de estas guías de transporte forestal (permisos de transporte) respecto al volumen autorizado. Un caso es el de Ramón Jalil Abraham, con 1.374 guías para apenas 50 hectáreas. Otro caso fue el de Alejandro Ibáñez, con 485 guías para 45 hectáreas, derivadas en su mayoría a las tanineras. Las guías se usan como moneda para legalizar desmontes ilegales. Todos los datos demuestran la existencia de un mecanismo por el cual la Dirección de Bosques de la Provincia vende cupo d 1 e extracción a los productores forestales, mediante la expedición de guías sobregiradas, para que éstos puedan transportar legalmente los productos forestales extraídos de manera ilegal. 

Sin desmantelar los entramados mafiosos del extractivismo no hay justicia posible

En tiempos de desconfianza en las instituciones y en los representantes de nuestra sociedad, la voluntad política y judicial para actuar es más necesaria que nunca. Las evidencias son contundentes e innegables, sin desarmar estas tramas de corrupción no habrá regeneración posible, tanto de nuestras sociedades como de nuestros ecosistemas. 

Es imposible retomar la confianza en la justicia si se protegen intereses mafiosos. Avanzar hacia una transición ecosocial en nuestro país requiere, como primer paso, desbaratar estas redes que operan con impunidad desde hace décadas. Recuperar los ecosistemas del Gran Chaco y defender los territorios campesinos e indígenas empieza por decir lo que hay que decir: el desmonte tiene nombre, apellido y firma.

Contacto de prensa: contacto@aadeaa.org

Declaración de las organizaciones querellantes ante el resultado de la instancia de apelación: “La justicia reafirmó el fallo histórico por la masacre de pingüinos en Punta Tombo” 

La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de nulidad del proceso y la suspensión de juicio a prueba solicitados por La Regina.

Trelew, 21 de mayo 2025.- Greenpeace, Fundación Patagonia Natural, y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, las organizaciones que integran la querella de la causa por la matanza de los pingüinos de Punta Tombo, han reconocido la decisión de la Cámara de Apelaciones de Trelew que confirmó hoy  la sentencia condenatoria del Tribunal Colegiado de Juicio de Rawson contra Ricardo La Regina el 20 de noviembre de 2024. 

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La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de nulidad del proceso y la suspensión de juicio a prueba solicitados por La Regina. 

“Celebramos la decisión del tribunal. Una vez más, queda demostrado que este caso fue un claro ejemplo de daño directo a los pingüinos y la naturaleza y, gracias al accionar de la justicia, no quedó impune. Sin embargo, la protección al ambiente debe ampliarse y respetarse y por eso es necesario avanzar a nivel nacional en la penalización de los delitos ambientales”, explicó Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina. 

La sentencia que impuso el tribunal de primera instancia en noviembre pasado  ya había acreditado la responsabilidad del acusado por el desmonte de flora nativa y la apertura ilegal de caminos mediante el uso de maquinaria pesada ocurrida entre agosto y diciembre del 2021. Esto produjo la destrucción de nidos, la muerte de más de un centenar de pingüinos y el daño a una colonia entera en plena temporada reproductiva. 

“Este fallo no solo impuso una condena ejemplar, sino que también sienta un precedente en la defensa de los ecosistemas del país. El uso del término “ecocidio” por uno de los jueces del tribunal es innovador. Es un término que el campo ecosocial impulsa desde hace años, pero que la legislación argentina aún no tipifica como delito”, sostuvo Lucas Micheloud, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.  “Con este caso probamos que nadie es dueño de la naturaleza. Si bien los bienes comunes están dentro de propiedad privada,  quien destruye los ecosistemas comete un delito contra toda la sociedad. Este nuevo fallo lo evidencia, y marca un límite frente al avance de prácticas extractivas y destructivas”. 

El tribunal de primera instancia condenó al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso estrictas reglas de conducta, como la prohibición de transitar con vehículos de gran porte en zonas sensibles al ecosistema, la obligación de colaborar con tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla, que es lugar donde se perpetraron los hechos y la prohibición de realizar obras sin autorización e informes de impacto ambiental aprobados por las autoridades provinciales.  

Además, la sentencia ordenó, como habían solicitado las organizaciones querellantes durante el juicio oral, el decomiso de la retroexcavadora utilizada para perpetrar los delitos constatados, reconociendo su rol instrumental en la ejecución de los hechos. 

“Con esta decisión, la justicia es clara; cualquier actividad que atente contra la protección de los ecosistemas y su biodiversidad no quedará impune. Este es un caso testigo. Es un ejemplo que esperamos se aplique en el resto de la Patagonia en un principio para establecer normas claras para la protección de los ecosistemas y su biodiversidad”, agregó José María Musmeci, presidente de Fundación Patagonia Natural. 

Nueva encuesta: Amplio apoyo en Argentina contra el cambio climático y la contaminación por metano

La ciudadanía responsabiliza a las empresas de petróleo y gas, de gestión de residuos y grandes productores agropecuarios por los daños ambientales

BUENOS AIRES – Una nueva encuesta muestra que en Argentina hay un apoyo abrumador a las acciones para minimizar los impactos del cambio climático (91% de apoyo total, incluyendo un 45% de apoyo firme), incluyendo medidas específicas contra la contaminación por metano (82% de apoyo total, con un 33% de apoyo firme). El estudio internacional, realizado en Argentina y en otros 16 países, fue encargado por el Global Methane Hub para conocer el nivel de respaldo público a soluciones climáticas, en particular la reducción de las emisiones de metano.

Si bien temas económicos como la reducción de la pobreza y la generación de empleo encabezan las prioridades políticas de la población, las personas encuestadas expresaron un fuerte apoyo a políticas que reduzcan la contaminación por metano en distintos sectores de la economía. Por ejemplo, actualizar el plan nacional de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para incluir una meta específica de reducción de emisiones de metano (82%) o crear un programa de monitoreo y medición de metano en el sector agropecuario (84%) despertaron un respaldo sustancial. Este apoyo supera incluso el nivel de creencia en el cambio climático causado por actividades humanas (78%).

“El metano es uno de los contaminantes climáticos más potentes, y reducirlo es una de las herramientas más eficaces y eficientes que tenemos para limitar el calentamiento global, limpiar el aire, proteger la salud pública y generar oportunidades económicas”, afirmó Marcelo Mena, Director Ejecutivo de Global Methane Hub. “Tenemos una gran oportunidad de trabajar con responsables políticos para canalizar este apoyo social hacia soluciones colaborativas que mejoren el bienestar colectivo”.

En un contexto de ciudades que enfrentan inundaciones y un país golpeado por olas de frío antártico sin precedentes, el 97% de las personas encuestadas manifestó creer en el cambio climático, y 9 de cada 10 apoyan acciones para minimizar sus efectos. Sin embargo, comparado con otros países de América Latina, en Argentina se perciben menos impactos personales: solo 3 de cada 10 personas dijeron sentir impactos fuertes o extremos, frente a 6 de cada 10 en Brasil, Colombia y México.

“Esta encuesta confirma lo que sostenemos hace tiempo: la sociedad argentina respalda claramente acciones concretas frente a la crisis climática. Sin embargo, el país aún carece de metas específicas y mecanismos rigurosos para reducir el metano, un gas sumamente nocivo vinculado al avance de la industria fósil. Proyectos como Vaca Muerta operan con niveles alarmantes de fugas de metano y sin control estatal real. Esta ausencia de regulación efectiva es, en la práctica, una licencia para contaminar. Necesitamos una política climática basada en la ciencia, el interés público y el mandato popular para frenar el calentamiento global”, declaró Lucas Micheloud, Codirector Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Los resultados de esta encuesta confirman una verdad cada vez más evidente: existe un consenso social amplio que exige una acción climática urgente, con medidas específicas para reducir las emisiones de metano y desmantelar el modelo basado en fósiles. Esta voluntad popular debe orientar políticas que prioricen la justicia ecológica y social, respeten los derechos territoriales y promuevan transiciones ecosociales justas. Es hora de que los gobiernos escuchen este mandato y actúen con firmeza frente a los intereses corporativos que perpetúan la crisis.

La ciudadanía argentina responsabiliza a las grandes corporaciones por los daños ambientales y respalda planes de acción climática

Consultadas sobre quiénes son los principales responsables de los daños ambientales como el cambio climático, las personas en Argentina señalaron en primer lugar a las grandes empresas de petróleo y gas, seguidas por las compañías de gestión de residuos y los grandes productores agropecuarios. Recién después aparece la ciudadanía individual.

En la pregunta relacionada sobre quiénes tienen mayor capacidad para mitigar los efectos del cambio climático, las mismas corporaciones (petróleo y gas, gestión de residuos) encabezan el listado, seguidas por organizaciones internacionales no gubernamentales.

Encuesta internacional revela fuerte apoyo global a la mitigación del metano

La encuesta se realizó en 17 países de cinco continentes: Argentina, Botsuana, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, Kazajistán, México, Marruecos, Omán, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Se recopilaron al menos 600 respuestas por país mediante encuestas online, incluyendo preguntas sobre percepciones del cambio climático, preocupaciones ambientales, conocimiento sobre el metano y apoyo a políticas específicas para reducir sus emisiones.

Los resultados globales muestran una tendencia clara y positiva: una gran mayoría apoya la reducción del metano, con un 82% de apoyo promedio en los países encuestados. En momentos donde sectores de alta emisión amenazan con retrocesos en las políticas climáticas, este respaldo amplio y sostenido confirma que la opinión pública respalda el avance climático.

Aunque las preocupaciones económicas siguen siendo prioritarias, los países del Sur Global —más golpeados por los impactos del cambio climático— tienden a mostrar mayor apoyo a la mitigación del metano, mientras que en el Norte Global, donde los impactos se perciben menos, el apoyo es más moderado.

La urgencia de reducir el metano

Las emisiones de metano han sido responsables de aproximadamente la mitad del calentamiento actual. Reducirlas es clave para enfriar el planeta luego del año más caluroso registrado. Un recorte del 45% en las emisiones de metano permitiría reducir el calentamiento global en 0,3°C para 2040, acercándonos a un futuro saludable y al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.

El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono:

  • 86 veces más potente que el CO₂ en un período de 20 años
  • 28 veces más potente que el CO₂ en un período de 100 años

“Esta encuesta, encargada por Global Methane Hub y realizada por Burson, brinda una mirada sin precedentes sobre las actitudes del público frente al metano y el cambio climático. Aporta información clave para que quienes toman decisiones entiendan mejor las perspectivas sociales sobre la reducción del metano”, explicó Bob Torongo, Vicepresidente Ejecutivo de Burson.

Global Methane Hub y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas están disponibles para entrevistas. Para solicitar más información o coordinar una entrevista, escriba a jerralyn.davis@berlinrosen.com

Sobre Global Methane Hub

Global Methane Hub coordina a filántropos, expertos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos para garantizar una estrategia conjunta de máxima reducción del metano. Ha recaudado más de 200 millones de dólares de más de 20 de las principales organizaciones filantrópicas climáticas del mundo para acelerar la mitigación del metano a escala global. Más información en nuestro sitio web.

Sobre la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Desde hace más de veinte años, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsa la defensa de los bienes comunes desde una perspectiva de justicia ecológica, climática y social. Fundada por profesionales y activistas de todo el país, integra saberes interdisciplinarios, militancia territorial e incidencia pública para acompañar a comunidades y organizaciones en conflictos socioambientales. Su trabajo combina litigio estratégico, debates públicos, construcción legislativa colectiva y apoyo territorial. Ha sido protagonista en luchas históricas como la Ley de Glaciares, las prohibiciones a la megaminería y las acciones contra desmontes, basurales petroleros, destrucción de humedales y exploración offshore. También impulsa propuestas de transición ecosocial en energía, producción y hábitat, desafiando proyectos fósiles como Vaca Muerta y promoviendo la justicia climática. Más información en nuestro sitio web.

Metodología de la encuesta

La encuesta fue realizada por Burson Insights, Data & Intelligence (anteriormente BSG) mediante entrevistas online de 10 minutos entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 2025, traducida a 14 idiomas y aplicada en 17 países de América, Europa, África y Asia.

Las personas encuestadas fueron mayores de 18 años, residentes en cada país y con acceso a internet. Se aplicaron ponderaciones por edad, género, geografía y nivel educativo para que la muestra sea representativa de la población adulta con acceso a internet en cada país.

Se recolectaron al menos 750 respuestas en 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, México, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido), con un margen de error de ±3,58%. En los otros 5 países (Marruecos, Omán, Botsuana, Kazajistán y Pakistán), se obtuvieron al menos 600 respuestas, con un margen de error de ±4,00%.

Nota: Cuando se mencionan cifras “globales” o del “estudio total”, se refieren al promedio de los 17 países encuestados.

El Pacto Ecosocial en Argentina: Una semana de estrategias para una alternativa civilizatoria

Del colapso a las alternativas desde América Latina

Durante una semana intensa, entre el 20 y el 27 de abril, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur desplegó su presencia en Argentina, afirmando que no se trata solo de resistir sino de construir pactos profundamente democráticos para salir de la policrisis civilizatoria. 

Más de veinte referentes políticos y de movimientos sociales e intelectuales de todo el continente se reunieron para disputar el avance de las extremas derechas, e impulsar una transición civilizatoria anclada en las experiencias concretas de los pueblos, en la fuerza de lo común y en la urgencia de las alianzas intersectoriales.

El Pacto Ecosocial, una propuesta política y cultural pensada desde el Sur y para el Sur, se consolida como una alternativa al destino extractivista que imponen en la región. Este fue su tercer encuentro plenario del Pacto Ecosocial, primero fue en el año 2023 en Bogotá, Colombia, luego en la ciudad de Cusco, Perú, en el 2024.

En Argentina, la cumbre comenzó en Rosario, el lunes 21 de abril. La jornada del reunió en dos mesas de debate a referentes clave del pensamiento crítico y la política socioambiental. En la primera participaron Alberto Acosta, Rocío Silva Santisteban y Pablo Bertinat, con la moderación de Melisa Argento. La segunda mesa, centrada en propuestas para una nueva Constitución en Santa Fe, contó con Rubén Giustiniani, Juan Monteverde, Carlos Del Frade, Carla Deiana, Valeria Berros y Damián Verzeñassi.

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR desbordó de asistentes para escuchar voces claves en la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. La provincia de Santa Fe, inmersa en un proceso de reforma constitucional provincial, está atravesada por el modelo sojero, los incendios en humedales y la concentración de poder del agronegocio. 

El martes 22 el Pacto recorrió la localidad bonaerense de Moreno, con fuerte acompañamiento institucional, el Pacto conoció una experiencia local que pone en cuestión el orden vigente. Allí, la creación de parques agroecológicos, una política pública de ordenamiento territorial y el impulso a la economía popular como forma de organización comunitaria son parte de un horizonte que disputa sentido y propone una reconfiguración radical del vínculo entre tierra, trabajo y vida. En palabras de los actores territoriales, “la economía popular es ecológica en sí misma, porque nace como respuesta al descarte social del modelo dominante”.

El miércoles 23, el histórico Teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires fue escenario de un acto público a sala llena, donde se debatió sobre las transiciones en disputa y las amenazas que se ciernen sobre nuestros territorios. En la primera mesa, titulada “Pacto Ecosocial, transiciones y visiones en disputa”, participaron Esperanza Martínez (Ecuador), Lef Nahuel (Confederación Mapuche), Liliana Buitrago (Venezuela), Enrique Viale (Argentina) y José de Echave (Perú), con la coordinación de María Paz Aedo (Chile). La segunda mesa, “¿Qué hacer frente a las extremas derechas?”, contó con las intervenciones de Natalia Zaracho(Argentina), Christian Castillo (diputado nacional, Argentina), Leo Grosso (exdiputado nacional, Argentina), Breno Bringel (Brasil) y Maristella Svampa (Argentina). Durante más de cuatro horas, la escena potente de intercambio, contó con escucha crítica y articulación política. 

Lejos de clausurar el encuentro, el evento en el Picadero abrió nuevas preguntas. El jueves y viernes, integrantes del Pacto continuaron los trabajos colectivos junto a organizaciones sociales y ambientales, profundizando debates y delineando estrategias para ampliar el alcance del Pacto en América Latina. El diagnóstico compartido es claro: asistimos a una ofensiva de las ultraderechas que, en nombre del mercado, promueve la depredación y el autoritarismo. Frente a esto, el desafío es proyectar una salida ecosocial, feminista, antirracista y profundamente democrática.

La Semana Ecosocial llegó a su cierre con el reconocimiento qué el pensamiento de la ecología política tiene para todo el campo del conocimiento. La entrega del Doctorado Honoris Causa a Edgardo Lander es también una demostración de lo que el conocimiento latinoamericano genera en las estructuras sociales y políticas. 

El Pacto afirma que hay futuro en las resistencias que ya existen y en los entramados comunitarios que disputan poder sin pedir permiso. Lejos de los discursos vacíos de desarrollo o crecimiento verde, lo que está en juego es la posibilidad de reimaginar lo común, redistribuir lo vital y reconstruir las condiciones de habitabilidad de nuestros territorios.

Desde Argentina, este encuentro no fue un punto de llegada, sino una etapa en el proceso colectivo de articulación continental. El Pacto habilita un espacio de interlocución entre movimientos, experiencias y saberes que ya están generando alternativas reales y que viene a disputar las formas que tenemos de habitar. Lo que urge no es una nueva promesa, sino una práctica común que interpele el orden vigente y permita disputar la vida toda. 

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas- Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial agradece el trabajo de producción y logística a cargo de Luz Tripiana y Alejandra Braga.

CHUBUT: CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN PARA IMPONER LA MEGAMINERÍA

Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial – CAJE nos sumamos al pedido de ABSOLUCIÓN YA para 8 vecinos y vecinas de Chubut que fueron enjuiciados y que se encuentran esperando que la Jueza Eve Ponce dicte sentencia. Este martes 22 de abril vence el plazo y exigimos que primen en la resolución judicial los derechos constitucionales y convencionales por sobre los intereses políticos-corporativos que se vieron expuestos en una causa estructurada para desalentar y adoctrinar el espíritu de lucha del pueblo chubutense.

Las jornadas de movilización masiva en contra de la ley de rezonificacion minera aprobada el 15 de diciembre de 2021 que habilitaba la minería en Chubut, sucedieron en toda la provincia y fueron reprimidas de manera excesiva y abusiva por las fuerzas de seguridad, en operativos violentos con el único fin de garantizar la imposición de la actividad extractiva a un pueblo que desde 1996, con el rechazo al basurero nuclear y la megaminería metalífera en 2003, ha marcado un claro camino de rechazo a la megamineria que ha sido sostenido inclaudicablemente hasta a la actualidad. 

El Chubutazo fue una expresion aútentica y valiente de toda la sociedad rechazando una vez mas la Megamineria que se intentó imponer de espaldas a la ciudadania. No obstante la represión desmedida, las movilizaciones y reclamos se mantuvieron durante siete días hasta que la ley debió ser derogada. Durante esos días cientos de heridos fueron construyendo el saldo de las jornadas que paralizaron la provincia en torno a la aprobación de una ley escrita a la medida de las grandes trasnacionales mineras del mundo. 

A 4 años de los hechos, se lleva adelante un juicio injusto e irregular, donde todos los testigos de la Fiscalía, a cargo de Florencia Gomez, son policías. Durante estos años, y especialmente durante el proceso se expuso, estigmatizó, persiguió y hostigó a vecinos y vecinas que salen a las calles para defender el agua y los territorios. Es inadmisible que quien aspira a ocupar el cargo titular ante la posible creación de una Fiscalía Ambiental de Chubut haya actuado de este modo, persiguiendo a defensores y defensoras ambientales, en abierta contradicción con los principios de la democracia ambiental y del Acuerdo de Escazú. 

En contrapartida, las denuncias presentadas por el ilegal accionar de las fuerzas de seguridad y los operativos policiales violentos y desmedidos no han prosperado. Insólitamente se ha condecorado a algunos policías. Incluso no se investigaron las denuncias por coimas y ofrecimiento de lobby a favor de la megaminería, por parte de diputados en vigencia de sus cargos.  

Este juicio es sólo un eslabón en la cadena de persecución a las asambleas, vecinos y vecinas de Chubut para intentar doblegar el espíritu de resistencia y el derecho constitucional a manifestarse, ya que el poder judicial está sosteniendo -y forzando- dos procesos de criminalización más. Uno en torno a reclamos por la aprobación del RIGI donde 6 vecinos y vecinas están siendo acusados de “amenazas” (el propio vicegobernador Gustavo Menna es uno de los denunciantes) y otro juicio con fecha aún no definida donde 5 vecinos y vecinas fueron acusados por el corte de la Ruta Nacional N°3 en 2021, cuando la legislatura provincial rechazó sin tratamiento la 2da Iniciativa Popular. 

Este escenario de criminalización no es aislado, se inscribe en una tendencia más amplia marcada por el avance de gobiernos de ultraderecha que, abiertamente, promueven una cultura política autoritaria que busca disciplinar y amedrentar a quienes defienden los territorios. En Chubut, la actual administración provincial se alinea con esta lógica, vulnerando derechos y persiguiendo activistas ambientales, desconociendo el alcance supralegal del Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de personas defensoras del ambiente, evitando consecuentemente su persecucion, criminalización y/o judicialización. 

Es por ello que, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas/CAJE exigimos la inmediata absolucion de los defensores procesados y el cese de la criminalizacion de la protesta en Chubut a defensores del agua y la tierra. La democracia ambiental jamás puede consolidarse sobre la base de la persecucion a quienes ejercen legitimamente el derecho a manifestarse

Contacto de prensa: Lucas Micheloud  3413042305

Arenas siliceas

El Delta, hacia una urgente y democrática Evaluación Ambiental Estratégica

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con el Colectivo de Acción por la Justica Ecosocial (CAJE) a realizado una conjunto de solicitudes de acceso a la información pública ambiental y una serie de propuestas de acción política y técnica destinadas al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, atento su rol de dirección, por un período, del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).

En primera instancia, se solicita se provea la documentación completa relacionada con la extracción, explotación, procesamiento y transporte de arenas silíceas con destino al yacimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

La profundización del modelo extractivista de las arenas silíceas en el territorio provincial, particularmente en el contexto de su sistema de humedales,  es realmente alarmante. En la presentación, se propone la utilización de dos herramientas precisas dispuestas en la renovada Constitución Provincial de Entre Ríos, con carácter de urgente, un estudio de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estratégica.

Fundamenta lo que promovemos en el marco de la Constitución Provincial, su artículo 84 ordena que: “Un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales. La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental, y estrategias de mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global.”

En esta línea, el Estado nacional dispone de la Resolución de la máxima autoridad ambiental Número 434/19 en la que se establece todo el proceso de desarrollo de la herramienta técnico  institucional de Evaluación Ambiental Estratégica.

No podemos dejar de mencionar, que el PIECAS desarrollo una de las primeras experiencias  en el País aplicando la misma, hace casi 15 años, siendo un documento relevante para su consideración en esta segunda iniciativa que aquí promovemos a la autoridad provincial y por su intermedio, al seno del PIECAS.

En primera instancia se requiere de la Provincia de Entre Ríos: 

1. Detalle de un listado pormenorizado de la totalidad de los emprendimientos de extracción de este tipo de arenas para su comercialización y destino hacia Vaca Muerta, desde su comienzo hasta la actualidad.

2. Se nos provea de un amplio Mapa con cada una de las ubicaciones, de modo digital o en papel, o en su caso, las coordenadas georreferenciadas de cada explotación, tanto para extracción como para procesamiento.

3. Se nos haga llegar copia de todas las Declaraciones de Impacto Ambiental y/o actos administrativos de aprobación o rechazo de los mismos de conformidad a los Decretos Reglamentarios vigentes sobre EIA.

4. Se nos informe los proyectos en ejecución de extracción de las arenas en cuestión, que no se encuentren autorizados, aprobados y que tengan en trámite sus EIA correspondientes.

5. Se nos informe de las explotaciones clandestinas de las que vuestra autoridad tenga conocimiento y si existen, en cada caso, sanciones, multas y clausuras.

6. Detalle de las causas judiciales vinculadas a cada uno de estos emprendimientos extractivos, de cualquiera de los fueros donde se tramitan.

7. Se nos informe sobre las empresas habilitadas para transportar dichas arenas, los medios de transporte utilizados.

Especial petición y propuesta:

Finalmente y en segunda instancia peticionamos, en atención al documento de Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica existente en el PIECAS, se adopte la iniciativa de desarrollar una renovada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con foco en este escenario que tome como área de trabajo, el Delta y el Pre Delta en todo su conjunto y sinergias. Requerimos se avance paralela y sinérgicamente, en el desarrollo de los Términos de Referencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, de la totalidad de los emprendimientos de extracción de dichas arenas silíceas con destino a Vaca Muerta, más aún en las dos Áreas Naturales Protegidas de humedales que se encuentran en el territorio que nos ocupan, como dos Parques Nacionales y un Sitio RAMSAR, entre otras razones vinculados al concepto de sistema de humedales y sus ecosistemas asociados que nuestra Constitución Provincial (Art. 85) expresamente ordena proteger con especial foco, frente a escalas que parecerían absurdas por lo que hasta aquí se conoce.

 (*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE).

🌎 Semana Ecosocial en Argentina: llega el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Del 20 al 27 de abril de 2025, Argentina será sede del encuentro anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, un espacio clave donde activistas, académicos, líderes sociales y políticos latinoamericanos se reúnen para debatir y definir estrategias frente a las múltiples crisis que enfrenta la región. Este encuentro busca fortalecer alianzas interculturales y ecosociales para construir alternativas concretas frente a la concentración económica, la destrucción ambiental y el ascenso de la extrema derecha en América Latina.

En momentos en que Argentina experimenta un fortalecimiento de discursos negacionistas, autoritarios y ultraderechistas, este encuentro anual adquiere una relevancia fundamental. El Pacto Ecosocial propone una respuesta contundente, basada en la solidaridad, la diversidad cultural y el diálogo democrático. Frente a la amenaza de políticas excluyentes y destructivas, el Pacto busca consolidar una agenda alternativa capaz de movilizar sectores amplios de la sociedad en torno a la justicia ambiental, económica y social. Este evento es una oportunidad única para definir caminos comunes y efectivos frente al avance reaccionario, ofreciendo propuestas reales y transformadoras para construir rumbos alternativos en Argentina y la región.

El Pacto Ecosocial

El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur es un horizonte colectivo de transformación sistémica para Nuestra América, comprometido con construir un futuro digno e igualitario en medio de la crisis civilizatoria actual. Desde su conformación en junio de 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, busca contrarrestar activamente las dinámicas capitalistas de concentración de riquezas, despojo, violencia y destrucción ecológica mediante propuestas y acciones concretas.

Nacido de la urgencia colectiva de América Latina, el Pacto Ecosocial busca construir dinámicas capaces de enfrentar la concentración económica, las desigualdades sociales y la destrucción ecológica. Promueve un horizonte compartido que garantice futuros dignos, en diálogo constante con movimientos sociales, pueblos originarios, organizaciones políticas y académicas.

¿Quienes impulsan el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur?

Un colectivo diverso de activistas provenientes de múltiples países de Abya Yala, el Pacto busca construir transiciones socioecológicas justas, basadas en el cuidado de la vida. Frente a soluciones falsas como los Pactos Verdes impulsados por gobiernos y corporaciones que profundizan desigualdades coloniales, proponemos un compromiso auténtico con la Tierra desde una perspectiva del Sur, orientado hacia transformaciones multidimensionales, multiescalares y que involucren a múltiples actores.

En estos años, el Pacto Ecosocial ha recogido, acompañado y sistematizado experiencias y propuestas de movimientos sociales y comunidades en toda la región, tejiendo un pluriverso capaz de responder a la diversidad y complejidad de las luchas territoriales y culturales. Este encuentro en Argentina busca profundizar dichas acciones estratégicas, enfocadas en la transformación integral y sostenible del sistema económico, social y político de América Latina.

📅 Agenda completa del encuentro en Argentina

🌱 Lunes 21 de abril – Rosario

 El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur llega a Rosario. En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas UNR, Oroño 1261 habrá un encuentro central para discutir los rumbos posibles frente a los desafíos actuales.

 El lunes 21 de abril, a las 18 hs, referentes nacionales e internacionales abrirán dos grandes debates públicos para pensar estrategias colectivas ante la crisis social, ecológica y política que atravesamos .

 Mesa 1: Presentación del Pacto Ecosocial en Rosario, transiciones y visiones en disputa:

  • Alberto Acosta (Ecuador), Rocío Santisteban (Perú), Pablo Bertinat (Argentina). 
  • Modera. Melisa Argento (Argentina)

 Mesa 2:  Propuestas socioambientales para una nueva Constitución en Santa Fe

  • Juan Monteverde. Más para Santa Fe 
  • Ruben Giustiniani. Activemos
  • Carlos Del Frade. Frente amplio por la Soberanía
  • Carla Deiana. Frente de Izquierda Unidad 
  • Valeria Berros. CONICET UNL / Capibara 
  • Modera. Damián Verzeñassi. Instituto de Salud Socioambiental. Fac Cs. Médicas UNR 

🎭Miercoles 23 de abril: Buenos Aires, Megaevento en el Teatro Picadero

Mesa 1 (16 a 17:45 hs): Pacto Ecosocial, transiciones y visiones en disputa

  • Esperanza Martinez (Ecuador), Lef Nahuel (Confederación Mapuche), Liliana Buitrago (Venezuela) Enrique Viale (Arg), José de Echave (Perú). Coordina: Maria Paz Aedo (Chile)

Mesa 2 (17:50 a 19:50 hs): ¿Qué hacer frente a las extremas derechas?

  • Christian Castillo (dip.Nac), Leo Grosso (ex Dip.nac), Breno Bringel (Brasil), Maristella Svampa (Arg), Natalia Zaracho (Dip.Nac). Coordina Carmen Aliaga (Bolivia).

    Teatro Picadero: Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.

🌎 Participantes internacionales destacados del Pacto Ecosocial

🎓 Viernes 25 de abril. Entrega de Doctorado Honoris Causa y conferencia pública de Edgardo Lander en UBA Sociales, Buenos Aires

17:30​ hs Entrega del Doctorado Honoris Causa a Edgardo Lander en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
18​:00 hs Conferencia de Edgardo Lander: “La distopía a la cual nos condujo el progreso”.

Somos

El juicio a Bolsonaro y la criminalización de la protesta ecosocial en Argentina

por Lucas Micheloud para Radio UNR

El Tribunal Supremo Federal de Brasil (que es el equivalente a nuestra Corte Suprema Nacional) decidió por unanimidad el pasado miércoles 26, abrir el enjuiciamiento del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, tras los eventos sucedidos en enero de 2023, que instaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la formulación de cargos contra el expresidente por el delito de intento de golpe de estado por la violenta abolición del estado de derecho democrático, organización criminal armada y daños calificados con violencia y grave amenaza.

Este movimiento insurreccional buscaba bloquear la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió nuevamente en 2022 tras un proceso electoral muy disputado. La descripción que realizó la Procuradoría de Bolsonaro como cabeza de una “organización criminal” resalta la gravedad de las acusaciones que enfrenta. El juicio incluye a varios de sus antiguos colaboradores, incluidos altos oficiales militares. La participación de personas como Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes asumieron grandes responsabilidades en el gobierno de Bolsonaro, destaca la relación incrustada entre la extrema derecha y los militares.

Javier Milei calificó a la decisión de la Procuraduría General de presentar estos cargos como un caso de “lawfare”, declarando públicamente que su amigo brasileño está siendo perseguido políticamente. La cobertura y el desconocimiento del estado de derecho por parte del presidente Milei es mucho más que un acto aislado. Es una elección estratégica de la extrema derecha argentino-brasileña para destruir las reglas que hacen posible la democracia y las instituciones republicanas que la configuran. El veredicto de este juicio podría establecer un precedente importante no solo para Brasil, sino para otros países de la región que enfrentan desafíos similares en sus democracias liquidas, parafraseando a Zygmunt Bauman.

El asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de los fanáticos seguidores de Donald Trump se erige como un oscuro espejo del intento de golpe de Bolsonaro, exponiendo el vínculo pernicioso entre los dos frentes de extrema derecha. Pero también simboliza la estrecha unión que existe entre el negacionismo climático y la violencia política. Mientras Trump atacaba el cambio climático derogando regulaciones ambientales, abandonando el Acuerdo de Paris y persiguiendo a científicos del clima, Bolsonaro alentaba la deforestación de la Amazonia, persiguiendo a defensores ambientales y dirigentes indigenistas. Este mismo desprecio hacia la ciencia, el ambiente y la democracia también puede observarse en Javier Milei, quien ha adoptado un discurso anticientífico, desmontando desde su asunción organismos y políticas vinculadas al ambiental, el clima, los derechos humanos y la cuestión indígena; una clara consolidación del patrón de desestabilización promovido por las extremas derechas de nuestro tiempo. Ninguno de estos eventos y sus figuras son accidentes. Ninguno. Son expresiones de un manual común: socavar la confianza en las instituciones democráticas y movilizar a las masas a través del miedo y la desinformación para tomar el control autoritario a favor del mercado (el capitalismo financiero y extractivista). Al atacar no solo a sus oponentes políticos, sino también a la ciencia digna, Trump, Bolsonaro y Milei son representantes de un movimiento peligroso que amenaza las bases democracias contemporáneas y el futuro ecológico del planeta.

Volviendo a la imputación de Bolsonaro –por intento de golpe de estado–, esto sirve no solo para revelar el aterrador giro antidemocrático de la extrema derecha brasileña, sino también como un espejo retrovisor que refleja la realidad Argentina. Lo ocurrido en Brasil desnuda vergonzosamente la violencia estructural y física que ha sido utilizada por el gobierno de Bolsonaro contra los defensores del ambiente, particularmente los líderes nativos. Esta estrategia de represión y criminalización de la protesta social incluyó el desmantelamiento de políticas fundamentales para la conservación ambiental, el respeto a las comunidades indígenas, la defensa de los derechos humanos y la regulación del sector extractivo. Esto es clave para comprender el rumbo que Argentina ha tomado con la extrema derecha, y activar de forma urgente mecanismos de resistencia y acción democrática.

En este contexto, vale recordar un episodio revelador que muestra la actitud de Javier Milei hacia los eventos en Brasil. En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires en diciembre de 2024, el expresidente de Brasil agradeció al presidente argentino por refugiar a sus seguidores fugitivos, quienes habían sido condenados por su ataque a las instituciones públicas en Brasil en 2023. En ese marco, Milei no tuvo reparos en defender a Bolsonaro en otra cumbre conservadora realizada en Camboriú, afirmando: “Vean la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”.

Tal lealtad hacia un líder que desmanteló la democracia y pisoteó derechos básicos es motivo de alarma y preocupación. Hasta ahora, cinco seguidores de Bolsonaro han sido arrestados en Argentina, donde hay más de 61 órdenes de captura vigentes. Milei no solo niega la gravedad de estos delitos, sino que también se alinea con aquellos que desean socavar el orden democrático. La noción misma de ofrecer tal apoyo en favor de la antidemocracia es una muestra provocativa de complicidad que resuena de las políticas represivas que han dominado el reciente pasado de la región.

Del ataque a la democracia al ataque a los territorios y defensores ambientales

Pero Bolsonaro no solo intentó destruir la democracia brasileña desde el asiento del poder, sino que también llevó a cabo una política de persecución sistemática contra quienes defienden el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Bajo su gobierno aumentaron los asesinatos, amenazas y criminalización de activistas contra la deforestación y la expansión del agronegocio y la minería ilegal en la Amazonia. Durante su mandato, por ejemplo, el indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips fueron asesinados. Su pecado mortal fue denunciar la connivencia del poder político con los sectores económicos extractivistas sobre la Amazonia.

En Argentina, la administración de Javier Milei y varios gobernadores aliados han comenzado a imitar una lógica represiva con el objetivo de desmovilizar y sembrar el temor entre quienes defienden los bienes comunes. Desde su llegada al poder, el gobierno nacional ha impulsado una criminalización sistemática de la protesta a través de protocolos antipiquetes[1] que buscan erradicar cualquier manifestación en las calles, incluso si se tratan de los más débiles: nuestros abuelos jubilados. En provincias como Jujuy, Mendoza y Chubut, los conflictos ambientales han sido respondidos con una brutal represión, incluidas detenciones arbitrarias y persecuciones judiciales dirigidas a asambleas socioambientales y comunidades indígenas.

Hay muchos casos alarmantes; uno es el de dos defensores del agua en Mendoza: Federico Soria y Mauricio Cornejo. A partir del 14 de febrero de 2025, comenzarán a ser perseguidos y criminalizados por la lucha que emprendieron para defender el agua como parte de su comunidad en Uspallata. Han sido acusados de pertenecer a un grupo que supuestamente ejerce coerción ideológica a través del miedo, mediante un artículo del Código Penal Argentino establecido durante la dictadura militar (1976-1983), nunca aplicado antes en la provincia de Mendoza. Este asalto a los derechos humanos ocurre en el contexto de la llegada de la empresa minera San Jorge, un proyecto que podría tener consecuencias catastróficas para el ecosistema y la población de Uspallata. Federico Soria y Mauricio Cornejo son activistas de la Asamblea de Vecinos de Uspallata, un movimiento cívico que con valentía lucha en contra de la instalación de esta mina, ya que puede poner en peligro a su comunidad. Este panorama destaca la alarmante represión que enfrenta el activismo ambiental en el país y es una clara señal de la deriva antidemocrática que ahora amenaza a Argentina.

Precedentes fallidos en Brasil y el peligro de normalizar la represión

Sin embargo, el caso de Bolsonaro es un faro revelador, uno que debería advertir y disuadir a lo largo de la región. Su historia es un recordatorio contundente de que los ataques a la democracia y los ataques a los territorios son dos partes de la misma narrativa destructiva. En Brasil, el intento de golpe no surgió de la nada; fueron años de preparación, una culminación de décadas de acoso sistemático contra ambientalistas y activistas indígenas. En este país, luchar por la tierra misma se convirtió en un acto de revuelta, rebelión y resistencia contra un sistema corporativo extractivo dispuesto a llevarse todo por delante, incluso la vida de los defensores y defensoras ambientales. La represión se disfrazó de gestión, y los disidentes por la justicia ecológica fueron silenciados a través de balas de goma y deslegitimaciones públicas.

Ahora, volviendo a Argentina, el panorama se torna inquietante. La consolidación de un modelo autoritario, similar al que vimos en Brasil, podría seguir el mismo sendero vertiginoso: primero el uso de la fuerza para silenciar las luchas ecoterritoriales y luego, con un menosprecio esperable, el ataque a las reglas democráticas si el poder se encuentra amenazado.

Por eso es crucial proteger y celebrar la lucha de aquellos que se levantan para defender el agua, la tierra, los bosques y la dignidad de los pueblos originarios, porque es el verdadero pulso de la democracia. Pero en Argentina los defensores ambientales están siendo objeto de campañas de persecución, incluso criminalizados y detenidos irregularmente. De hecho, dentro de este contexto, el movimiento ambientalista ha sido señalado por Javier Milei en varios foros internacionales y locales como el enemigo declarado de la extrema derecha.

En este momento de encrucijada, cada desafío trae consigo la lucha por los derechos como brasas de justicia, una lección no olvidada que exige que todos nos mantengamos vigilantes. La dualidad de la defensa de la democracia y la defensa de los territorios es algo que no podemos ignorar y son dos caras de la misma moneda.

Estoy convencido que el caso de Bolsonaro es un grito de advertencia para toda América Latina y para Argentina en particular: no podemos permitir que nos roben nuestro derecho a un futuro democrático y ecológico. En última instancia, si las instituciones brasileñas logran llevar a cabo un proceso para condenar a Bolsonaro, esto no solo serviría para disuadir futuros intentos de golpe en ese país, sino también para mejorar la calidad de la democracia en el conosur y la protección de quienes defienden los territorios y los bienes comunes que habitan. Hasta que eso suceda, y después también, la lucha por la justicia ecológica y social debe seguir en pie.

[1] Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/300917/20231215 

Frente a la revisión de la licitación de la denominada Vía Troncal Navegable en el río Paraná: Exigimos transparencia y respeto por los derechos ambientales

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto al Colectivo de Acción Jurídica por el Ecosistema (CAJE), realizamos cinco pedidos formales de acceso a información pública ambiental a distintos organismos del Estado, ante el avance del proceso administrativo para una nueva Licitación de la Vía Troncal Navegable del río Paraná. Esta licitación apunta, conforme sus recientes antecedentes,  peligrosamente hacia un escenario de privatización absoluta, reproduciendo errores ya señalados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en la fallida licitación anterior.

Las solicitudes se dirigieron al Instituto Nacional del Agua, Consejo Hídrico Federal, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, esta última responsable del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), clave para garantizar el manejo interjurisdiccional y federal del río y sus ecosistemas asociados (las islas y humedales), en su tramo inferior, el que recibirá el mayor impacto en el contexto de profundización del cauce principal, que se impulsa oficialmente.

Los requerimientos incluyen:

  1. La entrega completa de toda la documentación generada durante el proceso licitatorio previo, recientemente frustrado por decisión del propio gobierno nacional.
  2. El acceso a los primeros borradores de los Términos de Referencia (TdeR) para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previstos en la nueva etapa técnica-administrativa de la licitación. Es imprescindible conocer qué criterios ambientales estarán presentes desde el inicio del proceso y cómo participarán los distintos organismos provinciales y nacionales.
  3. En caso de no existir aún estos documentos preliminares, exigimos detalles precisos sobre el estado actual del proceso, las autorizaciones pendientes, audiencias públicas previstas, y cómo se respetará concretamente la normativa ambiental vigente.
  4. Exigimos claridad sobre el organismo independiente o comité técnico responsable de evaluar objetivamente estos estudios ambientales una vez concluidos. Es fundamental además que los TdeR incluyan explícitamente alternativas concretas a la privatización total del río Paraná, en línea con los principios básicos de cualquier evaluación ambiental rigurosa.
  5. Finalmente, requerimos de los organismos interpelados, se nos informe si disponen de los dictámenes emitidos oportunamente por todos los órganos de control del Estado Nacional en sus tres Poderes, como del extinto órgano de control, denominado ECOVINA, en relación a las temáticas que nos ocupan en el desarrollo de reformulación de los pliegos de la Licitación y en particular sobre la legislación ambiental aplicable y el proceso EIA, previo a la misma. 

Necesitamos garantizar la trazabilidad y coherencia del proceso respecto a la legislación ambiental aplicable y el desarrollo efectivo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental.

Para la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial esta documentación es crucial para asegurar un proceso transparente, participativo y ajustado a los estándares internacionales vigentes, particularmente los establecidos por el Acuerdo Regional Latinoamericano de Escazú, del que Argentina es signataria. Recordamos que este acuerdo obliga a los Estados a garantizar la transparencia, la participación pública efectiva y la protección de defensores/as ambientales ante decisiones trascendentales como ésta.

La gestión del río Paraná no puede quedar subordinada únicamente a intereses económicos o privados, en desmedro de los derechos colectivos y la justicia ambiental. 

Exigimos al Estado Nacional cumplir con su deber institucional de brindar información clara y oportuna, garantizando una gobernanza pública, democrática y ecosocial del río Paraná.

Adhirieron a las presentaciones las siguientes organizaciones: Taller Ecologista Rosario, El Paraná No Se Toca y las Multisectoriales por los Humedales de Rosario y de Paraná.

*Las presentes acciones acompañan la campaña “Remar contracorriente, por el agua, la vida y la soberanía”, que partió el 1ro de marzo desde Formosa y llegará a Rosario el 22 de Marzo, día mundial del agua.