La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), a través de su Centro de Acceso a la Información, presentó nuevas solicitudes de acceso a la información pública ambiental. Los reclamos apuntan al Tratado del Acuífero Guaraní y al Subgrupo de Medio Ambiente del MERCOSUR (SGT N°6), espacios institucionales claves que hoy funcionan con una opacidad alarmante., con modalidades de gestión y decisión, desconocidas por las comunidades.
En un contexto de crisis climática y avance de megaproyectos extractivos que dependen críticamente del agua, es estratégico que la ciudadanía conozca qué decisiones se toman a nivel regional y qué compromisos asume la Argentina.
El Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua dulce subterránea más grandes del planeta. Atraviesa Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y constituye un patrimonio vital para el presente y el futuro de millones de personas. El Tratado del Acuífero Guaraní, vigente desde 2020 y ratificado en nuestro país por la Ley 26.780, establece la creación de una Comisión del Acuerdo para garantizar la gestión conjunta y precautoria de este bien común.
Sin embargo, a casi cinco años de su entrada en vigor, el funcionamiento real de este marco institucional es prácticamente desconocido para la sociedad. Por eso solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores:
Copias de las actas de reuniones de la Comisión del Acuerdo.
Documentación que acredite si la Comisión intervino o tiene una actitud proactiva en los procesos de evaluación ambiental de proyectos de hidrógeno verde como el Tambor Green Hydrogen Hub (Enertrag, Alemania) en Tacuarembó y el proyecto de HIF Global en Paysandú, ambos en Uruguay.
Un mapa actualizado de las zonas de recarga y descarga del acuífero en las cuencas del río Uruguay y Paraná.
Copias certificadas de los proyectos destinados a la implementación del Programa de Acción Estratégico del Acuífero Guaraní, actualmente financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Información sobre las articulaciones entre el órgano ejecutivo del Tratado y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Estos pedidos no son meramente técnicos: el acuífero está siendo presionado por proyectos de energía de transición y megaplantas de hidrógeno verde, que implican un uso intensivo del agua en territorios frágiles. Sin acceso a la información pública, no hay forma de evaluar los impactos reales ni de garantizar la protección de este bien común frente a intereses privados y corporativos, muchos de ellos liderados por corporaciones del Norte en sus procesos de transición energética para nada compatibles con nuestros ecosistemas y sus pueblos. .
El Subgrupo de Trabajo N°6 (SGT 6) de Medio Ambiente es el órgano técnico del MERCOSUR responsable de incorporar la dimensión ambiental en todas las políticas del bloque. Fue creado para garantizar que la integración regional no se limite al comercio, sino que también contemple la protección de los ecosistemas compartidos y el uso responsable de los recursos naturales. Su mandato abarca desde la elaboración de lineamientos y normas comunes hasta la coordinación de estudios de impacto ambiental y la articulación con otras instancias binacionales y multilaterales.
A pesar de su rol estratégico, el funcionamiento del SGT N°6 permanece invisibilizado para la ciudadanía. Por eso solicitamos a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación:
Actas de sus reuniones de los últimos tres años.
Información sobre su intervención en los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Vía Troncal Navegable) y de la Hidrovía del Río Uruguay hasta Concordia/Salto.
Documentación sobre la vinculación técnica y política entre el SGT N°6 y la Comisión del Acuífero Guaraní.
El acceso al agua potable y la protección de los ecosistemas compartidos son asuntos de seguridad humana, justicia ambiental y soberanía regional. Sin transparencia y participación, los marcos institucionales internacionales se convierten en sellos vacíos que legitiman negocios, en lugar de proteger a las comunidades.
Los pedidos que realizamos buscan abrir una puerta cerrada: que el pueblo argentino sepa qué se negocia sobre su agua, cómo se implementan los tratados regionales y qué rol juega la Argentina en el MERCOSUR frente a la crisis climática.
El Acuífero Guaraní, los ríos Paraná y Uruguay y sus cuencas son bienes comunes que deben ser gobernados con transparencia, democracia y justicia ecosocial. No se trata solo de proteger la naturaleza: está en juego la vida, el futuro y la soberanía de nuestros pueblos.
Organizaciones sociales, académicas y territoriales expresan su preocupación por el veto presidencial a la ley que modificaba la distribución de los ATN y llaman a repensar su uso, proponiendo un esquema que asegure transparencia, planificación y criterios ambientales en la asignación de estos fondos.
Desde las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al veto presidencial a la ley que modificaba el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), norma que había sido aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional. El uso reiterado del veto presidencial, sin instancias previas de diálogo o construcción colectiva, socava los principios de una democracia representativa robusta, debilitando el rol del Congreso como ámbito de deliberación plural y afectando el diseño de políticas públicas que exigen consensos duraderos.
La ley vetada representaba un avance respecto del esquema vigente: por primera vez desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal (N.º 23.548), se proponía la distribución automática del 1 % de la masa coparticipable destinada a los ATN, con el objetivo de evitar su concentración en el Poder Ejecutivo Nacional y su asignación discrecional, históricamente asociada a criterios político-partidarios. Esta reforma buscaba dar previsibilidad a los recursos, permitiendo que las provincias accedieran a ellos de manera regular y conforme a parámetros ya establecidos en la legislación vigente. A su vez, respondía a un problema grave de subejecución presupuestaria: en 2024, de los casi $680.000 millones disponibles, solo se utilizaron $49.800 millones, el 7,3 %.
No obstante, también es preciso señalar los límites de dicha norma: si bien resolvía el “cómo” se distribuyen los fondos, no abordaba el “para qué” ni el “bajo qué condiciones”. La propuesta aprobada en el Congreso omitía establecer criterios para garantizar que esos recursos se utilizarán en función de necesidades sociales, ambientales o de infraestructura pública. De esta forma, se corría el riesgo de trasladar la discrecionalidad del nivel nacional al provincial, sin mejoras en términos de transparencia, planificación o rendición de cuentas. En un escenario atravesado por múltiples crisis —climática, ecológica, social y económica—, esta omisión no es menor.
En un trabajo conjunto entre diversas organizaciones sociales, académicas y territoriales, hemos elaborado una propuesta que aborda simultáneamente el problema del reparto y el del uso. El proyecto establece un esquema de doble asignación:
El 40 % de los ATN se destinaría a obras públicas de prevención, mitigación y adaptación frente a desastres socioambientales, reforzando las capacidades locales.
El 60 % restante se canalizaría a través de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Climáticos, con reglas claras, criterios técnicos y mecanismos de control y auditoría. En caso de no utilizarse la totalidad de los fondos se repartirán automáticamente a las provincias de manera trimestral.
Este diseño articula justicia ambiental con justicia fiscal, fortalece el federalismo y asegura una mejor respuesta estatal frente a eventos climáticos extremos que, en un contexto de crisis climática, se presentan con mayor frecuencia e intensidad. Además, permite alinear la política fiscal con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.
La experiencia reciente nos interpela: frente a inundaciones en Bahía Blanca, incendios en Córdoba y la Patagonia, o temporales en el norte del país, los fondos estaban disponibles pero no fueron utilizados. No se trata solo de números: hablamos de vidas, de territorios, de derechos vulnerados.
Si bien el veto presidencial prácticamente obtura que la asignación de Fondos ATN pueda volver a discutirse en el parlamento por un período de 12 meses, igualmente, frente a este escenario, reafirmamos la necesidad urgente de repensar el rol de los ATN bajo una lógica de planificación, equidad y enfoque ambiental. No alcanza con asegurar el reparto: es imprescindible establecer lineamientos normativos claros que aseguren un uso estratégico de estos fondos en función del interés público y los desafíos ambientales del país, relanzando este proyecto para el momento en que los tiempos legislativos lo permitan
Convocamos a legisladores, gobiernos provinciales, organizaciones sociales y ambientales, y a la ciudadanía comprometida, a retomar este debate con una mirada transformadora, que sitúe el derecho a vivir en territorios resilientes y protegidos en el centro de la política fiscal nacional.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Biodiversidad Argentina
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA)
Argentina 1.5
Fundación Hábitat y Desarrollo
Fundación Patagonia Natural
Amnistía Internacional
Consciente Colectivo
Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE)
Grupo de Investigación Riesgos Socioambientales y Complejidad (GIRSAC)
Hace una década, en septiembre de 2015, la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, derramó 5 millones de litros de solución cianurada en la cuenca del Río Jáchal. Fue el peor desastre minero ambiental en la historia argentina, que contaminó al menos cinco cursos de agua vitales para comunidades enteras. En conjunto con la Asamblea de Jachal, y como representantes de la querella judicial desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial hacemos un llamado público para exigir justicia por nuestros ríos y por nuestra salud.
El agua del Jáchal, del Blanco y de sus afluentes sostiene la vida en un territorio semiárido donde miles de familias dependen de estos ríos para beber, regar y producir alimentos. La contaminación con arsénico, aluminio y manganeso comprobada por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional es un golpe irreversible para la salud y para la vida de toda la región. Desde entonces, las comunidades han debido comprar agua embotellada mientras la minera sigue operando con total impunidad.
La empresa ocultó el derrame y el gobierno de San Juan intentó minimizarlo. Fue recién gracias a la presión de la Asamblea Jáchal No Se Toca y a las investigaciones académicas que se confirmó lo ocurrido: una compuerta abierta permitió que el cianuro bajara por la cuenca, contaminando ríos que aún hoy arrastran las secuelas. Veladero está emplazada en zona periglacial, en violación abierta de la Ley de Glaciares. La misma norma que hoy la minera presiona para que se elimine, con el aval de sectores políticos y judiciales.
La causa federal avanzó en la imputación de funcionarios nacionales por violar la Ley de Glaciares e incumplir sus deberes. Sin embargo, la jueza María Servini de Cubría se convirtió en garante de la impunidad: dilató el proceso durante años y luego decretó la prescripción de la causa por los mismos retardos que ella misma permitió. Un verdadero pacto de silencio entre poder político, justicia y megaminería.
Desde 2015 se denunciaron otros cinco derrames en Veladero, sistemáticamente ocultados por el gobierno provincial y la empresa. Mientras tanto, Barrick y Shandong siguen extrayendo oro y dejando pasivos ambientales en una provincia donde la gente vive con miedo a abrir la canilla.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) exigimos:
Cierre definitivo de Veladero
Remediación ambiental integral de la cuenca del Jáchal y todos los cursos de agua afectados
Juicio y castigo a los responsables políticos y empresariales
Cumplimiento estricto de la Ley de Glaciares y protección del agua como derecho humano
La megaminería no trae desarrollo: trae contaminación, corrupción y territorios sacrificados. Lo dijimos hace diez años y lo repetimos ahora: no hay ninguna región en el mundo que haya logrado un futuro digno con la megaminería.
Sin montañas sanas no hay agua. Sin agua, no hay vida.
Lanzamos el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero”, una introducción clara y accesible para comprender qué es este gas, su vínculo con el sector de petróleo y gas y por qué es urgente hablar de él en Argentina.
El metano es un gas invisible, incoloro e inodoro. Una molécula simple, pero con un efecto enorme en el sistema climático global. Si bien existen contribuciones del sistema agroalimentario y desde los residuos, la acción de nuestro sistema energético lo convierte en un problema mayúsculo. Se estima que el 60% del metano en la atmósfera proviene de actividades humanas. En Argentina, aparece en la agricultura, en los basurales urbanos y, sobre todo, en la producción de energía fósil, responsable por más de un tercio de sus emisiones.
Lo que conocemos como “gas natural” es en realidad gas fósil, y está compuesto en un 70 a 90% por metano. En cada paso de su cadena —desde la extracción, pasando por el transporte hasta su posterior combustión— libera emisiones que empeoran la inestabilidad climática.
¿Por qué importa el metano?
El metano calienta el planeta mucho más rápido que el dióxido de carbono (CO₂). En un plazo de 20 años, atrapa 82 veces más calor. Por eso su reducción es considerada una de las medidas más urgentes y efectivas para frenar el desbalance climático.
La ventaja es que permanece menos tiempo en la atmósfera: entre 7 y 12 años. Eso significa que cada reducción inmediata en las emisiones de metano tiene un efecto positivo casi al instante.
Metano en Argentina: un debate pendiente
En la discusión pública suele hablarse de “reducir el carbono” como sinónimo de acción climática. Sin embargo, esa simplificación esconde que el metano es uno de los principales gases de efecto invernadero y que en Argentina todavía no cuenta con una regulación específica y fuerte.
En el país, la extracción de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, son focos de emisiones preocupantes. Los venteos, las fugas y la quema en antorcha hacen del metano un tema central para cualquier estrategia seria de transición energética y justicia climática.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial lanzamos el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero”, una introducción clara y accesible para comprender qué es este gas, cómo se vincula con el sector energético y por qué es urgente hablar de él en Argentina.
El objetivo es abrir la conversación pública, sumar evidencia y poner sobre la mesa un tema clave que suele quedar opacado por el debate centrado en el carbono.
Un informe de la Asociación de Abogados Ambientalistas advierte que, desde diciembre de 2023, el país atraviesa el mayor retroceso en materia socioambiental desde la recuperación democrática. Denuncia un programa de desregulación y desmantelamiento de organismos, leyes y políticas públicas que habilita el avance del extractivismo y consolida el negacionismo climático. Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei, la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, culturales, ambientales), que abre aún más las puertas a la desprotección y explotación de los bienes comunes naturales, así como al desmantelamiento de la normativa ambiental generada en los últimos treinta años, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA – CAJE) realizamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde diciembre de 2023 hasta el 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizó el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo a través de la “Ley Bases”. También incluimos aquellos hitos que implican una continuidad y/o aceleración de políticas públicas con impacto ambiental, que además de comprometer los bienes comunes naturales, afectan el cumplimiento de los acuerdos internacionales contraídos por la Argentina en materia de cambio climático en foros multilaterales.
A lo largo de casi ochenta páginas, el informe pone de manifiesto el carácter rotundamente regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, lo cual amenaza la sostenibilidad socioambiental y la vida democrática en su conjunto. Por regresión socioambiental nos referimos al deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsada por el desmantelamiento, la desregulación, la derogación y/o modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas asociadas a la protección de los bienes comunes naturales, la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades socioambientales y el acceso a la participación ciudadana y la justicia.
Queda evidenciado como la Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de una supuesta libertad, el gobierno de Milei ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Un plan sistemático de desguace que abre aún más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.
En la introducción analizamos las consecuencias de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no son solo reformas sino blindajes jurídicos para legalizar y perpetuar el despojo. Luego, el informe se despliega en dos partes.
En primer lugar, describe la aceleración del extractivismo en todas sus facetas y evidencia el modo en que los gobernadores, envalentonados, se han montado sobre la ola libertaria, para avasallar resistencias y avanzar con megaproyectos extractivos en las distintas provincias. Combustibles fósiles, desmontes, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos y de represas, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático. También se abordan las consecuencias de eventos extremos como incendios e inundaciones, que han golpeado regiones o ciudades, ante los cuales la población se encuentra cada vez más desprotegida.
En segundo lugar, analiza hasta qué punto el negacionismo climático convertido en política de Estado implica la destrucción, vaciamiento y/o desfinanciamiento de organismos públicos y el desmantelamiento de normativa ambiental trabajosamente instalada en los últimos 30 años. Desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA (Instituto Nacional de Agua) y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Dirección Nacional de Emergencias, entre otros. Y directamente la disolución de organismos como la Dirección Nacional de Agroecología, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, entre otros. Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados, como la ley 26160, de emergencia territorial de comunidades indígenas, o la Ley de tierras (esto último, frenado por la justicia).
El delirio de desregulación del gobierno arremete incluso en contra de lo poco que en este país había de promoción de energías renovables (la ley de generación distribuida y el plan de fabricación nacional de calefones solares), así como desregula normativas de protección animal, que habilitan la exportación de ganado vivo (prohibida desde 1973) y desregula la exportación de fauna silvestre, lo que abre la puerta al tráfico de animales.
Es importante tener en cuenta que el programa político que se propone el actual gobierno de extrema derecha es integral, pues en lo económico, apunta a la ultraliberalización de la economía que se ejecuta a través de la desregulación del Estado en áreas clave, el endeudamiento externo y el ajuste fiscal, en favor de los sectores más concentrados de la economía. Esto se ha ido expresando en el desmantelamiento de políticas públicas ligadas a lo ambiental, a la salud, a la educación, a los sectores más vulnerables (comedores barriales, jubilados, movimientos sociales y sectores de la economía popular, personas con enfermedades graves, con discapacidad), los pueblos originarios, las mujeres, las diversidades. No es que dichas políticas públicas y organismos funcionaran de manera óptima, pero sin duda constituían una base regulatoria desde la cual reclamar derechos y reducir desigualdades.
En lo cultural,el actual gobierno se propone suprimir toda narrativa centrada en la defensa de la justicia (sea social, ambiental, étnica, de género, entre otros). La llamada “batalla cultural” conlleva un ataque a gran escala contra el campo de la cultura, la ciencia, la salud y la educación pública, el periodismo, incluso artistas populares, así como a la totalidad de los colectivos y sectores que buscan instalar una agenda de derechos (mujeres, indígenas, minorías sexuales, ambientalismo, entre otros), a quienes el gobierno libertario responsabiliza de un supuesto “adoctrinamiento”. Ya dijimos del alineamiento del gobierno con las posiciones más retrógradas del negacionismo climático, algo asociado a las extremas derechas a nivel global.
En lo social, este programa de destrucción se articula con la implementación de una política de criminalización y represión de la protesta social, en todos sus aspectos. Se advierte un retroceso en términos de derechos y garantías, en la tendencia abiertamente iliberal y antipluralista que se propone abiertamente obstaculizar la posibilidad misma de expresarse (contra la libertad de expresión y manifestación). Las reformas introducidas otorgan un poder punitivo a las fuerzas policiales y confirman la tendencia a la militarización de territorios extractivos, lo que aparece como altamente peligroso e inconstitucional. En suma, el objetivo no es solo producir confusión sino también miedo y desmovilización, a fin de generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestar. Todo lo dicho es de tal gravedad política e institucional que coloca en un tembladeral los cimientos mismos de la democracia en Argentina.
Así, el escenario regresivo que está en marcha desde diciembre de 2023 es claro y contundente. Una de las mayores características del programa de la extrema derecha libertaria es la vertiginosidad y aceleración de las reformas en curso, posibilitadas por las facultades extraordinarias, de alto impacto económico, cultural y social.
Por último, este Primer Informe de Regresiones Ambientales será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú. Como acto de memoria colectiva, es necesario dejar constancia sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Pero también creemos que dicho informe puede ser una herramienta de contestación y resistencia, para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática. Al sistematizar la regresión, también se busca señalar caminos para resistir y, pensar claves para reconstruir y defender lo común, activar redes de solidaridad y cooperación, exigir justicia. Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.
Hemos tomado conocimiento de una sentencia dictada por la Justicia Sudafricana hace muy pocos días, frente al incumplimiento en la realización de estudios de impacto ambiental completos, como su evaluación y aprobación oficial, en razón de la precariedad y debilidad de los mismos, liderados por empresas petroleras que pretenden desarrollar la exploración y explotación de combustibles fósiles en alta mar al sur del continente Africano.
Lo llamativo y alentador del fallo judicial, es que en diversas oportunidades, cita en la extensa fundamentación de su decisión aspectos no menores del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay.
Los medios regionales en África han trasmitido que resulta ser una victoria histórica para la sociedad civil y las comunidades costeras. El Tribunal Superior del Cabo Occidental ha anulado la decisión del gobierno sudafricano de otorgar autorización ambiental para la perforación en alta mar en el Bloque 5/6/7, a lo largo de la costa suroeste de Sudáfrica.
Se probaron graves errores en la forma en que se evaluaron los riesgos ambientales y sociales. El tribunal requiere ahora nuevas evaluaciones, información adicional y participación pública.
Conforme las organizaciones ecologistas demandantes, el “tribunal encontró que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no examinó completamente las consecuencias de un gran derrame de petróleo en las comunidades costeras locales y vecinas, ignoró las leyes de protección costera y omitió consideraciones críticas sobre el clima y la equidad. Una omisión crítica, los Planes de Contingencia de Derrames y Explosiones de Petróleo se retuvieron del público hasta después de la aprobación, negando a las comunidades la oportunidad de comentar sobre la preparación para emergencias. Total y Shell tendrán que realizar estudios adicionales, poner estos planes a disposición del público y evaluar adecuadamente los riesgos costeros y transfronterizos antes de tomar cualquier decisión. Esta es una victoria significativa para la transparencia, la precaución y los derechos de las comunidades costeras y los pescadores a pequeña escala que se niegan a ser marginados en las decisiones que afectan sus medios de vida y el futuro de nuestros océanos”.
Este precedente, nos ayuda a contemplar y actuar en caminos parecidos en el contexto de lo que está sucediendo actualmente en el mar argentino, y particularmente en el Golfo San Matías y por lo tanto, ni más ni menos en Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad (Unesco/ Organización de las Naciones Unidas), ámbito central desde donde venimos peticionando su intervención con una diversidad de organizaciones ecologistas, turísticas, pescadores, de derechos humanos, a los efectos de frenar la construcción de un mega puerto de exportación de combustibles fósiles de la reserva denominada Vaca Muerta.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue sobre la inexistencia de evaluación del perjuicio transfronterizo. Se expone que el océano no reconoce fronteras nacionales. El modelo científico de derrames para el proyecto mostró que el petróleo de un desastre podría llegar a las aguas y costas de Namibia. El derecho internacional, y las propias leyes de Sudáfrica, requieren que se consideren los impactos en nuestros países vecinos, y que existía la obligación de que la evaluación del impacto ambiental considerara los daños causados por los impactos transfronterizos, y que esto fuera considerado por los tomadores de decisiones. El tribunal determinó que simplemente no lo hicieron.
Los accionantes, referencia la sentencia, “… citan el caso de las Plantas de Celulosa, (Referencia 73 del fallo), donde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aceptó que el derecho internacional exige que se realice una evaluación de impacto ambiental cuando una actividad represente un riesgo de daño transfronterizo.”
La sentencia ratifica al determinar que “… [176] El tribunal de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Plantas de Celulosas : 84 “La Corte señala que el principio de prevención, como norma consuetudinaria, tiene su origen en la debida diligencia que se exige a un Estado en su territorio. Es ‘la obligación de todo Estado de no permitir que, a sabiendas, su territorio se utilice para actos contrarios a los derechos de otros Estados’ […]. Por lo tanto, un Estado está obligado a utilizar todos los medios a su disposición para evitar que las actividades que se realicen en su territorio, o en cualquier zona bajo su jurisdicción, causen daños al medio ambiente de otro Estado. Esta Corte ha establecido que esta obligación “forma parte ahora del corpus del derecho internacional relativo al medio ambiente”.
Finalmente no podemos dejar de destacar lo expuesto por la abogada directora de Cullinan & Associates, Lesai Seema: “Damos la bienvenida a esta sentencia que se basa en las sentencias históricas en el litigio para evitar que Shell realice estudios sísmicos en la Costa Salvaje y alinea la ley sudafricana con el derecho internacional. La sentencia deja claro que la concesión de una autorización medioambiental para la explotación de petróleo y gas en alta mar será ilegal si el responsable de la toma de decisiones no considera cuidadosamente una serie de factores necesarios para salvaguardar los intereses colectivos a largo plazo de las personas y otros organismos vivos que dependen del medio ambiente costero y marino”.
El equipo de Cullinan se enorgullece de haber representado a Natural Justice y The Green Connection y está agradecido con nuestro destacado equipo de defensores, Matthew Chaskalson SC, Ian Learmonth y Jane Blomkamp”.
Compartir que el buen ejemplo de la comunidad organizada de Gualeguaychú, acompañado por el pueblo de Entre Ríos y los gobiernos de aquellos tiempos, de llevar a la Corte Internacional de Justicia de la Haya el conflicto de las plantas de celulosa en la cuenca del río de los pájaros, ha rebotado e incidido positivamente en el continente saqueado de las diversidades todas más que originarias, las otras venas abiertas del sur, África, que en estos tiempos pretenden las mega corporaciones del petróleo desplegarse en los mares del sur del planeta, violentando Convenciones Internacionales, los vitales informes técnicos del IPCC (máxima autoridad científica de la Convención de Cambio Climático ONU) y negando brutalmente el principio de equidad intergeneracional, garantía inapelable para la continuidad del ser humano en la tierra.
Nuevo libro de Melisa Argento (AAdeAA/CAJE, Equipo Transiciones, GyBC) y Bruno Fornillo (Equipo Transiciones)
Desde hace más de quince años nuestros dispositivos electrónicos cotidianos usan baterías de litio. Eso, sumado a la conciencia del cambio climático y la necesidad de descarbonizar las fuentes de energía, fue generando un fetichismo en torno a este elemento, que parece etéreo y quedó asociado a la fabricación de autos eléctricos y a la innovación infinita. Así, se empezó a hablar del oro blanco, un recurso que se encuentra en los salares altoandinos de la región de Atacama y que permitiría almacenar electricidad en dispositivos tan livianos como potentes.
Escrito por dos de los principales especialistas en el tema, este libro propone revisar esas imágenes idealizadas del futuro. ¿Dónde se encuentran las mayores reservas de litio? ¿Quiénes viven en esos territorios y cómo se ven afectados? ¿Cuánta agua dulce demanda la técnica de extracción más utilizada? ¿Su explotación debe quedar exclusivamente en manos privadas? Y lo más importante: ¿para qué necesitamos el litio? ¿Para alimentar la electromovilidad individual en los países del Norte o para volver sostenible el transporte público y garantizar energía para hospitales o escuelas? Al desarmar la supuesta magia de una economía verde, empezamos a ver el litio en su contexto: la disputa entre los Estados Unidos y China por asegurarse el recurso en la carrera por la transición, el lugar de América Latina como cantera inicial y residuo final, el interés de las corporaciones transnacionales por marcos desregulados de inversión, las luchas de poblaciones y territorios por la reproducción de sus vidas.
Todo sobre el litio no busca cerrar la discusión defendiendo sin más la conservación de una naturaleza prístina. Por el contrario, propone abrir un diálogo que reconozca la multidimensionalidad del problema, integrando el conocimiento científico y tecnológico más avanzado con las necesidades y proyectos de las comunidades y de los países del Sur.
Frente a las imágenes idealizadas del futuro que desata el fetichismo por el litio, Bruno Fornillo y Melisa Argento revisan las aristas ecológicas, económicas y políticas del problema. Este libro viene a abrir un diálogo sobre el supuesto “oro blanco” y sus consecuencias a nivel mundial. En el marco de este lanzamiento, lxs invitamos el martes 19 de agosto a las 19hs a Yunta Bar (Lavalle 3491, CABA), donde lxs autorxs estarán conversando con Ernesto Picco, autor de Crónicas del litio (ediciones Futurock).
Organizaciones sociales y ambientales queremos una Constitución que promueva la sostenibilidad y el cuidado colectivo desde una perspectiva de justicia ecosocial. Frente a ello, elaboramos una serie de propuestas que sintetizan nuestros principios y reivindicaciones. Consideramos que la provincia necesita preservar los bienes comunes, resignificar la habilitabilidad de los territorios y propiciar la integración de las comunidades, en armonía con la naturaleza.
La reforma constitucional no puede ser ajena al contexto crítico que atravesamos: una crisis ecológica de escala civilizatoria, marcada por el avance del extractivismo, el deterioro ambiental extremo y una creciente ofensiva de sectores conservadores que buscan desmantelar derechos conquistados. Frente a la amenaza de una agenda negacionista representada por intereses concentrados, creemos que Santa Fe tiene la responsabilidad histórica de construir una Constitución que reafirme un horizonte de justicia social, ambiental, étnica, de género, económica y cultural.
Estamos convencidos que es una oportunidad para que la provincia recupere, por fin, el espíritu precursor, el de anteponer las necesidades compartidas a los intereses individuales o los egoísmos corporativos, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Esperamos que nuestros convencionales sean portavoces de este tiempo, el que nos toca transitar, donde urge el resguardo de la casa común y su legado para generaciones futuras. A continuación nuestras propuestas:
Capibara – Naturaleza, Derecho y Sociedad / El Paraná No Se Toca / Cepronat / Onda Verde / Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) / Foro por la Recuperacíon del Paraná / MOPEA – Movimiento por el Agua / CTA Autónoma Santa Fe / Insittuo de Salud Socioambiental (InSSa) / Equipo Transiciones / Taller Ecologista / Multisectorial Humedales / STS Rosario / Asoc. Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) / Tramatierra
