• Lejos de una discusión técnica, el intento de reformar la Ley de Glaciares es una decisión política hecha a medida del lobby minero: busca habilitar proyectos hoy prohibidos, debilitar la protección del agua y consolidar un modelo extractivo regresivo, inconstitucional y ambientalmente irreversible.

por Enrique Viale y Lucas Micheloud para elDiarioAr

La reforma a la Ley de Protección de Glaciares que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional no puede interpretarse como un debate técnico ni como una discusión jurídica. Tampoco responde a una supuesta necesidad de “modernización” normativa frente a la crisis económica que atraviesa nuestro país. Lo que se intenta presentar como un modificación legal es, en realidad, una definición política de gran impacto, que vuelve a colocar en el centro del conflicto el extractivismo como modelo de maldesarrollo y la disputa por los bienes comunes.

Ley de Protección de Glaciares que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional vuelve a colocar en el centro del conflicto el extractivismo como modelo de maldesarrollo

No tenemos dudas de que estamos frente a la “reforma Barrick Gold”. Una modificación elaborada a la medida de las grandes corporaciones mineras transnacionales que, desde hace más de una década, presionan de manera sistemática para flexibilizar o vaciar la protección de glaciares y ambientes periglaciares. Hoy, esa vieja aspiración corporativa encuentra una nueva oportunidad política bajo el actual gobierno libertario, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y una ofensiva geopolítica más amplia orientada a desmantelar los presupuestos mínimos de protección ambiental. 

La Ley de Glaciares (26.639) no constituye obstáculo alguno para la actividad minera en nuestro país como repiten desde la mesa minera y los discursos oficiales. Se trata de un sector hiperliberalizado que goza de privilegios extraordinarios, regalías irrisorias escandalosas y ganancias definidas por simples declaraciones juradas que hacen las propias corporaciones mineras. En cambio, la ley de glaciares contiene un límite básico -democrático y constitucional- al avance del extractivismo (minero e hidrocarburífero), sobre ecosistemas frágiles y estratégicos, estableciendo zonas de exclusión frente a actividades de alto impacto ambiental. 

Entonces lo que hoy se encuentra en disputa no es solo una ley ambiental, sino el sentido mismo de la política pública frente a la crisis ecosocial. Se trata de decidir si la Argentina continuará contando con una legislación que resguarda de manera efectiva sus glaciares y ambientes periglaciares —una de las principales reservas de agua dulce del país— o si avanzará hacia su desprotección sistemática, legitimada con recicladas promesas desarrollistas con la única intención de habilitar la expansión minera en territorios que hasta ahora permanecen protegidos legalmente.

En ese marco, la reforma de la Ley de Glaciares no aparece como un hecho aislado, sino como una pieza central de una reconfiguración regresiva del estado de derecho ambiental, donde se vuelve a usar la crisis económica como oportunidad para profundizar el saqueo, debilitar los derechos colectivos y consolidar un modelo extractivo cada vez más excluyente, dependiente y territorialmente desigual.

La reforma tiene nombres y apellidos

 Para entender mejor el objetivo de la reforma que impulsa el lobby minero, es necesario aclarar que lo que buscan son los minerales que se encuentran debajo de los glaciares, y que la actual Ley los protege y prohíbe su destrucción. No es que quieren los glaciares para llevárselos “en cubitos” o “en helicóptero”, como intencionalmente confunden los trolls libertarios en redes, para intentar ridiculizar nuestro reclamo. Como lo venimos denunciando, esta avanzada tiene actores concretos, intereses muy definidos y territorios claramente identificables. La reforma tiene nombres y apellidos. En San Juan, los proyectos que presionan para modificar la Ley de Glaciares son emblemas del modelo extractivo a gran escala: Veladero, operado por Barrick Gold en sociedad con la estatal china Shandong Gold; el Proyecto Vicuña, de Lundin Mining y BHP; El Pachón, de Glencore; y Los Azules, de Río Tinto. Todos estos emprendimientos, manejados por las corporaciones mineras más grandes y poderosas del planeta, de llevarse a cabo bajo el régimen legal vigente, violarían la Ley 26.639. En Mendoza, el gobernador (filo libertario) Alfredo Cornejo aprobó recientemente ocho proyectos de exploración en zonas glaciares y periglaciares, anticipando el tipo de decisiones que se multiplicarán si la reforma prospera.

Crisis Climática

Esta ofensiva minera se produce, además, en un contexto global y nacional alarmante. Una crisis climática y ecológica que nos coloca ante un punto de inflexión histórico, posiblemente de no retorno. Los glaciares son las reservas estratégicas de agua dulce, reguladores del clima, sostienen numerosas cuencas hidrográficas, garantes de la vida de miles de comunidades y piezas clave en el equilibrio de los ecosistemas de montaña. Su función no se limita a alimentar ríos de deshielo sino que cumplen un rol central en la regulación climática, la biodiversidad, la estabilidad de los suelos y la seguridad hídrica de muchos territorios.

Hace apenas unos días, Naciones Unidas alertó sobre la “bancarrota hídrica” global, destacando el papel fundamental que cumplen los glaciares frente al calentamiento global. En un mundo cada vez más caliente, más seco y más desigual, los glaciares actúan como reservas naturales de agua, amortiguan sequías, regulan caudales y sostienen economías regionales enteras y en Argentina abastecen del vital recurso a gran parte de nuestro territorio. Avanzar sobre ellos es avanzar contra la ciencia, contra los consensos climáticos internacionales y contra el principio precautorio que debería guiar toda política pública en contextos de incertidumbre y riesgo irreversible.

No es casual que esta reforma se inscriba en una agenda más amplia de negacionismo climático, promovida por el gobierno libertario en nuestro país y por las extremas derechas a nivel global. Se trata de una visión que reduce la naturaleza a una mera mercancía, desprecia el conocimiento científico y concibe los bienes comunes como obstáculos al mercado. En esa lógica se inscribe esta reforma minera, que concibe a los glaciares y ambientes periglaciares no como reservas estratégicas de agua ni reguladores del clima, sino como “problemas legales” que deben ser removidos para facilitar negocios de cortísimo plazo para un puñado de corporaciones trasnacionales y de larguísimos e irreversibles daños ambientales y sociales para las mayorías. 

Inseguridad Jurídica y Judicialización

Desde el punto de vista jurídico, el proyecto de reforma P.E. 161/25 resulta abiertamente regresivo e inconstitucional. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece con claridad que corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, que funcionan como un piso común, obligatorio e inderogable por parte de las provincias que, pueden complementarlo y ampliarlo, pero nunca reducirlo. Esta arquitectura constitucional fue diseñada precisamente para poner límites al poder político frente a presiones económicas como las que estamos viendo, recordando que la Constitución no existe para acompañar los ciclos del poder, sino para contenerlos. La reforma propone exactamente lo contrario.

Paradójicamente, quienes impulsan esta reforma prometen “seguridad jurídica” y “más inversiones”. Más allá que la seguridad jurídica no es solo para las corporaciones, los ciudadanos también tenemos derecho a que se mantengan las normas que protegen nuestro bienes esenciales, como el agua. También desde el punto de vista empresarial, una norma regresiva e inconstitucional está destinada a ser judicializada, suspendida y declarada inválida. Además que, como está redactada la reforma, la protección de un glaciar dependerá de la voluntad política del gobernador, lo que podrá cambiar con cada elección. El resultado será exactamente el contrario al que busca el sector minero: mayor inseguridad jurídica, paralización de proyectos, conflictos territoriales y responsabilidades políticas y judiciales para quienes impulsan este retroceso. No hay inversión posible sobre la base de la destrucción de las reservas de agua y el incumplimiento de nuestra Constitución Nacional.

Es hora de interpelar a los Senadores

Esta reforma no es inevitable, tiene responsables. Por eso cada senador y senadora deberá decidir en los próximos días de qué lado está: del lado de Barrick Gold y las corporaciones mineras, o del lado de las comunidades, la Constitución y la defensa del agua y la vida. Su decisión quedará escrita para siempre en la historia.

Junto a organizaciones socioambientales, asambleas territoriales y espacios jurídicos de todo el país estamos impulsando una consigna clara y urgente: #LaLeydeGlaciaresNoSeToca. En las Sesiones Extraordinarias de febrero, el gobierno libertario, algunos gobernadores (y sus Senadores) y las grandes corporaciones mineras intentarán desarmar una de las leyes ambientales más importantes de Argentina. No podemos permitirlo. La decisión, ahora, está en manos de Senado, pero también en nuestras manos, es tiempo de escribir a cada legislador/a, de movilizarse en cada uno de los territorios y de exigirles una respuesta clara:

¿Va a votar con las megamineras o con las comunidades que defienden el agua?

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), a través de su Centro de Acceso a la Información, presentó nuevas solicitudes de acceso a la información pública ambiental. Los reclamos apuntan al Tratado del Acuífero Guaraní y al Subgrupo de Medio Ambiente del MERCOSUR (SGT N°6), espacios institucionales claves que hoy funcionan con una opacidad alarmante., con modalidades de gestión y decisión, desconocidas por las comunidades.

En un contexto de crisis climática y avance de megaproyectos extractivos que dependen críticamente del agua, es estratégico que la ciudadanía conozca qué decisiones se toman a nivel regional y qué compromisos asume la Argentina.

El Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua dulce subterránea más grandes del planeta. Atraviesa Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y constituye un patrimonio vital para el presente y el futuro de millones de personas. El Tratado del Acuífero Guaraní, vigente desde 2020 y ratificado en nuestro país por la Ley 26.780, establece la creación de una Comisión del Acuerdo para garantizar la gestión conjunta y precautoria de este bien común.

Sin embargo, a casi cinco años de su entrada en vigor, el funcionamiento real de este marco institucional es prácticamente desconocido para la sociedad. Por eso solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores:

• Copias de las actas de reuniones de la Comisión del Acuerdo.
• Documentación que acredite si la Comisión intervino o tiene una actitud proactiva en los procesos de  evaluación ambiental de proyectos de hidrógeno verde como el Tambor Green Hydrogen Hub (Enertrag, Alemania) en Tacuarembó y el proyecto de HIF Global en Paysandú, ambos en Uruguay.
• Un mapa actualizado de las zonas de recarga y descarga del acuífero en las cuencas del río Uruguay y Paraná.
• Copias certificadas de los proyectos destinados a la implementación del Programa de Acción Estratégico del Acuífero Guaraní, actualmente financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
• Información sobre las articulaciones entre el órgano ejecutivo del Tratado y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Estos pedidos no son meramente técnicos: el acuífero está siendo presionado por proyectos de energía de transición y megaplantas de hidrógeno verde, que implican un uso intensivo del agua en territorios frágiles. Sin acceso a la información pública, no hay forma de evaluar los impactos reales ni de garantizar la protección de este bien común frente a intereses privados y corporativos, muchos de ellos liderados por corporaciones del Norte en sus procesos de transición energética para nada compatibles con nuestros ecosistemas y sus pueblos. .

El Subgrupo de Trabajo N°6 (SGT 6) de Medio Ambiente es el órgano técnico del MERCOSUR responsable de incorporar la dimensión ambiental en todas las políticas del bloque. Fue creado para garantizar que la integración regional no se limite al comercio, sino que también contemple la protección de los ecosistemas compartidos y el uso responsable de los recursos naturales. Su mandato abarca desde la elaboración de lineamientos y normas comunes hasta la coordinación de estudios de impacto ambiental y la articulación con otras instancias binacionales y multilaterales.

A pesar de su rol estratégico, el funcionamiento del SGT N°6 permanece invisibilizado para la ciudadanía. Por eso solicitamos a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación:

• Actas de sus reuniones de los últimos tres años.
  
• Información sobre su intervención en los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Vía Troncal Navegable) y de la Hidrovía del Río Uruguay hasta Concordia/Salto.
  
• Documentación sobre la vinculación técnica y política entre el SGT N°6 y la Comisión del Acuífero Guaraní.
  

El acceso al agua potable y la protección de los ecosistemas compartidos son asuntos de seguridad humana, justicia ambiental y soberanía regional. Sin transparencia y participación, los marcos institucionales internacionales se convierten en sellos vacíos que legitiman negocios, en lugar de proteger a las comunidades.

Los pedidos que realizamos buscan abrir una puerta cerrada: que el pueblo argentino sepa qué se negocia sobre su agua, cómo se implementan los tratados regionales y qué rol juega la Argentina en el MERCOSUR frente a la crisis climática.

El Acuífero Guaraní, los ríos Paraná y Uruguay y sus cuencas son bienes comunes que deben ser gobernados con transparencia, democracia y justicia ecosocial. No se trata solo de proteger la naturaleza: está en juego la vida, el futuro y la soberanía de nuestros pueblos.

Organizaciones sociales, académicas y territoriales expresan su preocupación por el veto presidencial a la ley que modificaba la distribución de los ATN y llaman a repensar su uso, proponiendo un esquema que asegure transparencia, planificación y criterios ambientales en la asignación de estos fondos.

Desde las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al veto presidencial a la ley que modificaba el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), norma que había sido aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional. El uso reiterado del veto presidencial, sin instancias previas de diálogo o construcción colectiva, socava los principios de una democracia representativa robusta, debilitando el rol del Congreso como ámbito de deliberación plural y afectando el diseño de políticas públicas que exigen consensos duraderos.

La ley vetada representaba un avance respecto del esquema vigente: por primera vez desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal (N.º 23.548), se proponía la distribución automática del 1 % de la masa coparticipable destinada a los ATN, con el objetivo de evitar su concentración en el Poder Ejecutivo Nacional y su asignación discrecional, históricamente asociada a criterios político-partidarios. Esta reforma buscaba dar previsibilidad a los recursos, permitiendo que las provincias accedieran a ellos de manera regular y conforme a parámetros ya establecidos en la legislación vigente. A su vez, respondía a un problema grave de subejecución presupuestaria: en 2024, de los casi $680.000 millones disponibles, solo se utilizaron $49.800 millones, el 7,3 %.

No obstante, también es preciso señalar los límites de dicha norma: si bien resolvía el “cómo” se distribuyen los fondos, no abordaba el “para qué” ni el “bajo qué condiciones”. La propuesta aprobada en el Congreso omitía establecer criterios para garantizar que esos recursos se utilizarán en función de necesidades sociales, ambientales o de infraestructura pública. De esta forma, se corría el riesgo de trasladar la discrecionalidad del nivel nacional al provincial, sin mejoras en términos de transparencia, planificación o rendición de cuentas. En un escenario atravesado por múltiples crisis —climática, ecológica, social y económica—, esta omisión no es menor.

En un trabajo conjunto entre diversas organizaciones sociales, académicas y territoriales, hemos elaborado una propuesta que aborda simultáneamente el problema del reparto y el del uso. El proyecto establece un esquema de doble asignación:

• El 40 % de los ATN se destinaría a obras públicas de prevención, mitigación y adaptación frente a desastres socioambientales, reforzando las capacidades locales.
• El 60 % restante se canalizaría a través de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Climáticos, con reglas claras, criterios técnicos y mecanismos de control y auditoría. En caso de no utilizarse la totalidad de los fondos se repartirán automáticamente a las provincias de manera trimestral.

Este diseño articula justicia ambiental con justicia fiscal, fortalece el federalismo y asegura una mejor respuesta estatal frente a eventos climáticos extremos que, en un contexto de crisis climática, se presentan con mayor frecuencia e intensidad. Además, permite alinear la política fiscal con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

La experiencia reciente nos interpela: frente a inundaciones en Bahía Blanca, incendios en Córdoba y la Patagonia, o temporales en el norte del país, los fondos estaban disponibles pero no fueron utilizados. No se trata solo de números: hablamos de vidas, de territorios, de derechos vulnerados.

Si bien el veto presidencial prácticamente obtura que la asignación de Fondos ATN pueda volver a discutirse en el parlamento por un período de 12 meses, igualmente, frente a este escenario, reafirmamos la necesidad urgente de repensar el rol de los ATN bajo una lógica de planificación, equidad y enfoque ambiental. No alcanza con asegurar el reparto: es imprescindible establecer lineamientos normativos claros que aseguren un uso estratégico de estos fondos en función del interés público y los desafíos ambientales del país, relanzando este proyecto para el momento en que los tiempos legislativos lo permitan

Convocamos a legisladores, gobiernos provinciales, organizaciones sociales y ambientales, y a la ciudadanía comprometida, a retomar este debate con una mirada transformadora, que sitúe el derecho a vivir en territorios resilientes y protegidos en el centro de la política fiscal nacional.

• Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
• Fundación Biodiversidad Argentina
• Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA)
• Argentina 1.5
• Fundación Hábitat y Desarrollo
• Fundación Patagonia Natural
• Amnistía Internacional
• Consciente Colectivo
• Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE)
• Grupo de Investigación Riesgos Socioambientales y Complejidad (GIRSAC)
• Confederación Mapuche de Neuquén
• Futuro Córdoba Asociación Civil

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

Un informe de la Asociación de Abogados Ambientalistas advierte que, desde diciembre de 2023, el país atraviesa el mayor retroceso en materia socioambiental desde la recuperación democrática. Denuncia un programa de desregulación y desmantelamiento de organismos, leyes y políticas públicas que habilita el avance del extractivismo y consolida el negacionismo climático.
Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei, la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, culturales, ambientales), que abre aún más las puertas a la desprotección y explotación de los bienes comunes naturales, así como al desmantelamiento de la normativa ambiental generada en los últimos treinta años, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.

Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA – CAJE) realizamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde diciembre de 2023 hasta el 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizó el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo a través de la “Ley Bases”. También incluimos aquellos hitos que implican una continuidad y/o aceleración de políticas públicas con impacto ambiental, que además de comprometer los bienes comunes naturales, afectan el cumplimiento de los acuerdos internacionales contraídos por la Argentina en materia de cambio climático en foros multilaterales.

A lo largo de casi ochenta páginas, el informe pone de manifiesto el carácter rotundamente regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, lo cual amenaza la sostenibilidad socioambiental y la vida democrática en su conjunto. Por regresión socioambiental nos referimos al deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsada por el desmantelamiento, la desregulación, la derogación y/o modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas asociadas a la protección de los bienes comunes naturales, la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades socioambientales y el acceso a la participación ciudadana y la justicia.

Queda evidenciado como la Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de una supuesta libertad, el gobierno de Milei ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Un plan sistemático de desguace que abre aún más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.

En la introducción analizamos las consecuencias de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no son solo reformas sino blindajes jurídicos para legalizar y perpetuar el despojo. Luego, el informe se despliega en dos partes.

En primer lugar, describe la aceleración del extractivismo en todas sus facetas y evidencia el modo en que los gobernadores, envalentonados, se han montado sobre la ola libertaria, para avasallar resistencias y avanzar con megaproyectos extractivos en las distintas provincias. Combustibles fósiles, desmontes, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos y de represas, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático. También se abordan las consecuencias de eventos extremos como incendios e inundaciones, que han golpeado regiones o ciudades, ante los cuales la población se encuentra cada vez más desprotegida.

En segundo lugar, analiza hasta qué punto el negacionismo climático convertido en política de Estado implica la destrucción, vaciamiento y/o desfinanciamiento de organismos públicos y el desmantelamiento de normativa ambiental trabajosamente instalada en los últimos 30 años. Desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA (Instituto Nacional de Agua) y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Dirección Nacional de Emergencias, entre otros. Y directamente la disolución de organismos como la Dirección Nacional de Agroecología, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, entre otros. Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados, como la ley 26160, de emergencia territorial de comunidades indígenas, o la Ley de tierras (esto último, frenado por la justicia).

El delirio de desregulación del gobierno arremete incluso en contra de lo poco que en este país había de promoción de energías renovables (la ley de generación distribuida y el plan de fabricación nacional de calefones solares), así como desregula normativas de protección animal, que habilitan la exportación de ganado vivo (prohibida desde 1973) y desregula la exportación de fauna silvestre, lo que abre la puerta al tráfico de animales.

Es importante tener en cuenta que el programa político que se propone el actual gobierno de extrema derecha es integral, pues en lo económico, apunta a la ultraliberalización de la economía que se ejecuta a través de la desregulación del Estado en áreas clave, el endeudamiento externo y el ajuste fiscal, en favor de los sectores más concentrados de la economía. Esto se ha ido expresando en el desmantelamiento de políticas públicas ligadas a lo ambiental, a la salud, a la educación, a los sectores más vulnerables (comedores barriales, jubilados, movimientos sociales y sectores de la economía popular, personas con enfermedades graves, con discapacidad), los pueblos originarios, las mujeres, las diversidades. No es que dichas políticas públicas y organismos funcionaran de manera óptima, pero sin duda constituían una base regulatoria desde la cual reclamar derechos y reducir desigualdades.

En lo cultural, el actual gobierno se propone suprimir toda narrativa centrada en la defensa de la justicia (sea social, ambiental, étnica, de género, entre otros). La llamada “batalla cultural” conlleva un ataque a gran escala contra el campo de la cultura, la ciencia, la salud y la educación pública, el periodismo, incluso artistas populares, así como a la totalidad de los colectivos y sectores que buscan instalar una agenda de derechos (mujeres, indígenas, minorías sexuales, ambientalismo, entre otros), a quienes el gobierno libertario responsabiliza de un supuesto “adoctrinamiento”. Ya dijimos del alineamiento del gobierno con las posiciones más retrógradas del negacionismo climático, algo asociado a las extremas derechas a nivel global.

En lo social, este programa de destrucción se articula con la implementación de una política de criminalización y represión de la protesta social, en todos sus aspectos. Se advierte un retroceso en términos de derechos y garantías, en la tendencia abiertamente iliberal y antipluralista que se propone abiertamente obstaculizar la posibilidad misma de expresarse (contra la libertad de expresión y manifestación). Las reformas introducidas otorgan un poder punitivo a las fuerzas policiales y confirman la tendencia a la militarización de territorios extractivos, lo que aparece como altamente peligroso e inconstitucional. En suma, el objetivo no es solo producir confusión sino también miedo y desmovilización, a fin de generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestar. Todo lo dicho es de tal gravedad política e institucional que coloca en un tembladeral los cimientos mismos de la democracia en Argentina.

Así, el escenario regresivo que está en marcha desde diciembre de 2023 es claro y contundente. Una de las mayores características del programa de la extrema derecha libertaria es la vertiginosidad y aceleración de las reformas en curso, posibilitadas por las facultades extraordinarias, de alto impacto económico, cultural y social.

Por último, este Primer Informe de Regresiones Ambientales será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú. Como acto de memoria colectiva, es necesario dejar constancia sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Pero también creemos que dicho informe puede ser una herramienta de contestación y resistencia, para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática. Al sistematizar la regresión, también se busca señalar caminos para resistir y, pensar claves para reconstruir y defender lo común, activar redes de solidaridad y cooperación, exigir justicia. Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.