La Mafia del Desmonte en Chaco acecha a la justicia federal de Chaco. Poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la Jueza Federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte.
La Mafia del Desmonte arrasa con los bosques nativos y ahora también opera activamente para desarmar y frenar la mayor causa judicial en su contra.
En mayo de 2024 la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentó una megacausa penal. La investigación abierta es la más importante de la historia alrededor del entramado político empresarial detrás de la destrucción del monte chaqueño, sectores de poder económico y político ahora buscan garantizar impunidad presionando al Poder Judicial.
La reciente decisión de la Jueza Federal Zunilda Niremperger de declararse incompetente de la causa penal FRE 3086/2024 —en el cual están imputados funcionarios, ex-funcionarios, empresarios y operadores de desmontes ilegales— se alinea con las presiones que venimos denunciando. Esta intempestiva decisión de la magistrada de apartarse de la causa fue tomada sin siquiera petición de parte (de oficio), lo cual sorprende porque el proceso judicial, donde se investigan delitos complejos interconectados, está en pleno proceso probatorio y los hechos y evidencias que allí se generan demuestran la competencia federal que la Jueza intenta negar arbitrariamente.
La competencia federal en la causa es muy clara. No sólo por los delitos de carácter federal que se vienen investigando (lavado de dinero, trata de personas, entre otros), sino también porque se investigan funcionarios nacionales y que las consecuencias y efectos negativos ambientales del objeto de la denuncia (desmonte) excede largamente la jurisdicción de la provincia de Chaco ya que afecta a toda la región.
La causa judicial tiene un valor estratégico y de negarse la competencia federal, la investigación se desperdigaría en numerosos juzgados locales atentando contra la unidad de la pesquisa judicial y a merced de los lobbies locales. No se trata solo de desmontes ilegales, sino de una red sistemática que viola la Ley de Bosques, burla las medidas cautelares, recategoriza zonas protegidas para el agronegocio y desplaza comunidades. Los desmontes ocurren a pesar de estar prohibidos, porque quienes los ejecutan cuentan con protección política.
Por eso, el accionar del Poder Judicial no puede reducirse a juegos de competencia sin fundamentos. Ceder ante las presiones del poder económico significa avalar un modelo de saqueo y ecocidio en uno de los ecosistemas más frágiles del país.
La decisión arbitraria de la Jueza Niremperger no está firme: ha sido apelada por nuestra organización y por la Fiscalia Federal a cargo de Patricio Sabadini. Confiamos que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocará esta decisión, mantendrá la evidente competencia federal y, de esta manera, seguirá protegiendo el monte chaqueño. La investigación penal tiene copiosas pruebas que no pueden ser ignoradas por la justicia.
Desde nuestra organización, vamos a seguir en los territorios y en los Tribunales. No vamos a permitir que la Mafia del Desmonte avance con complicidad judicial. El monte chaqueño no puede quedar a merced del ecocidio, ni las comunidades a merced del abandono.