La Legislatura aprobó un régimen de promoción tecnológica que incluye centros de datos mientras siguen sin conocerse el consumo de agua y los impactos del megaproyecto Atlas GigaHub, anunciado para Trelew. Desde AAdeAA-CAJE cuestionamos que se avance con incentivos y acceso a tierras sin responder los pedidos de información ni garantizar la participación de las comunidades. Exigimos el cumplimiento de las obligaciones de prevención, transparencia y protección de los bienes comunes.
Buenos Aires / Chubut, 19 de noviembre de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial rechazamos la ley de promoción tecnológica aprobada por la Legislatura de Chubut el 12 de noviembre. El régimen incorpora centros de procesamiento de datos entre las actividades promovidas y crea herramientas de financiamiento público para estas actividades. Esta decisión acompaña el impulso del gobierno de Ignacio Torres a la instalación de megacentros de datos, mientras permanecen sin respuesta preguntas fundamentales sobre sus consecuencias para el agua, la energía y los territorios.
Chubut está en emergencia hídrica y promueve una infraestructura cuyo consumo de agua todavía se desconoce. El 6 de agosto, la propia Legislatura reconoció que el descenso de los caudales compromete el abastecimiento de agua potable y la producción, y declaró la emergencia por un año. Esta situación obliga a priorizar las necesidades de la población, la protección de las cuencas y la continuidad de las actividades que dependen de ellas antes de incorporar nuevas demandas de gran escala.
El proyecto Atlas GigaHub, de la empresa polaca Green Capital, anuncia hasta 3.000 megavatios de potencia destinada a equipos informáticos. Esa cifra equivale aproximadamente al 10% del pico de demanda eléctrica de toda la Argentina registrado en febrero de 2025: 30.240 megavatios. A la demanda de los servidores se agregaría la de refrigeración y los demás sistemas necesarios para el funcionamiento del complejo.
La empresa afirma que utilizará refrigeración líquida con recirculación para reducir sus requerimientos de agua. Sin embargo, todavía debe informar cuánto necesitará en cada etapa y de qué fuentes la obtendrá. También anuncia generación eléctrica propia, almacenamiento y respaldo a gas. Estas previsiones deben someterse a una evaluación ambiental integral, que contemple el conjunto de las instalaciones, sus impactos acumulados y su compatibilidad con la disponibilidad de agua en la provincia.
La falta de información alcanza a las decisiones del Gobierno. El Ejecutivo sigue sin responder el pedido de informes aprobado por la Legislatura en agosto sobre el emprendimiento. Tampoco se ha puesto a disposición de la ciudadanía información suficiente sobre el memorándum firmado con Green Capital y el estado de los trámites ambientales. El acceso a esa información es un derecho reconocido por la legislación argentina y el Acuerdo de Escazú, y constituye una obligación exigible a las autoridades.
La promoción económica no reemplaza los permisos ambientales ni habilita por sí misma el uso del agua o la ocupación de los territorios. La Ley General del Ambiente exige evaluar los impactos de las obras susceptibles de degradar los ecosistemas antes de su ejecución. Sus principios de prevención y precaución obligan a adoptar medidas para evitar daños: frente al peligro de afectaciones graves o irreversibles, la falta de certeza científica no puede utilizarse para postergar la protección.
La propia compañía explicó que el complejo estará destinado principalmente a prestar servicios a empresas internacionales de inteligencia artificial. Esto exige precisar qué beneficios verificables quedarán en Chubut, qué obligaciones asumirán las empresas y quién responderá por los costos territoriales de una infraestructura orientada a la exportación. Las promesas de inversión y empleo deben traducirse en compromisos públicos, precisos y controlables.
También cuestionamos las facilidades para acceder a tierras fiscales y la ausencia del Pueblo Mapuche Tehuelche en el Consejo Asesor previsto por el régimen. La condición fiscal de las tierras no elimina los derechos de quienes las habitan. Toda decisión susceptible de afectar directamente a comunidades indígenas debe garantizar la consulta previa, libre e informada. Advertimos, además, sobre el riesgo de que la inclusión de servicios geológicos y de prospección permita destinar incentivos públicos a actividades vinculadas con la exploración minera.
Exigimos la publicación del memorándum, los estudios ambientales y las necesidades de agua y energía del Atlas GigaHub; la respuesta a los pedidos de información pendientes; y la revisión del régimen aprobado mediante un proceso de participación pública efectiva. Reclamamos que las autoridades se abstengan de autorizar obras o usos del agua sin cumplir las evaluaciones, los permisos y las instancias de participación y consulta que correspondan.
Chubut necesita una política científica y tecnológica al servicio de sus comunidades. El agua, la energía, los territorios y el presupuesto público deben responder a esas necesidades. La obligación del Estado es proteger los bienes comunes y garantizar los derechos de la población frente a intereses empresariales que pretenden comprometerlos por décadas.
