En la audiencia pública realizada en Sierra Grande, cuestionamos la evaluación fragmentada del megaproyecto de gas natural licuado que busca instalarse en el Golfo San Matías. Advertimos sobre graves deficiencias en los estudios ambientales, riesgos para las ballenas y los ecosistemas marinos, y la falta de participación efectiva de las comunidades afectadas.
Sierra Grande, Río Negro, 18 de noviembre de 2026.
El 16 de noviembre, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA/CAJE), participamos de la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a las empresas Eni y XRG. Nuestra representante, María Di Paola, presentó una serie de observaciones técnicas y legales y solicitó que la provincia de Río Negro no apruebe los estudios de impacto ambiental presentados, por considerar que no ofrecen información suficiente para evaluar las consecuencias del proyecto.
Argentina LNG contempla la construcción de un gasoducto y un poliducto desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, un complejo industrial para el tratamiento del gas y la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Su desarrollo se sumaría a otros proyectos de exportación de combustibles fósiles en la región, como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy (SESA).
La audiencia, que se extendió durante los días 16 y 17 de noviembre, fue convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Sin embargo, cuestionamos que se realizara apenas diez días antes de la fecha prevista para una eventual decisión final de inversión de las empresas.
Participar de la audiencia no significa legitimar un procedimiento que presenta graves deficiencias en materia de información y participación ciudadana.
Los cuatro estudios de impacto ambiental presentados suman aproximadamente 11.400 páginas de documentación técnica. Desde su publicación hasta la audiencia, una persona habría tenido que leer alrededor de 250 páginas diarias para revisar la totalidad de la información.
El problema no es solamente la cantidad de documentos. Aunque las distintas instalaciones dependen unas de otras para funcionar, sus impactos fueron evaluados por separado. Esta fragmentación impide contar con una visión integral de las consecuencias de transformar el Golfo San Matías en un nuevo polo industrial de exportación de hidrocarburos.
Tampoco se presenta una evaluación suficiente de los impactos acumulados junto a VMOS y Southern Energy, proyectos que compartirían una misma región costera.
Advertimos que estas deficiencias vulneran las garantías de acceso a la información y participación ciudadana establecidas en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Ballenas, biodiversidad marina e impactos sin evaluar
Nuestra revisión identificó importantes vacíos e inconsistencias en los estudios presentados.
Los relevamientos de biodiversidad se realizaron solamente durante el verano y el invierno. Se omitió la primavera, una época fundamental para la reproducción de aves y reptiles, y para la presencia de ballenas francas australes junto a sus crías en el Golfo San Matías.
También detectamos problemas en los estudios de contaminación sonora. Para el complejo industrial se establece un área de influencia de 500 metros mar adentro, pero sus propios modelos identifican posibles daños auditivos temporales en ballenas hasta 21 kilómetros de distancia. Por otra parte, el estudio de ruido submarino de los buques de licuefacción no incorpora el ruido generado por el propio buque.
Los estudios también presentan deficiencias en la evaluación de las descargas de agua utilizadas para enfriar las instalaciones. Los cambios de temperatura y salinidad podrían alterar la circulación de nutrientes y afectar la supervivencia de huevos de peces.
Estos impactos adquieren especial relevancia en un golfo donde la pesca artesanal y el turismo dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos. Sin embargo, los estudios no evalúan en profundidad las consecuencias de las actividades proyectadas sobre estos sectores.
Durante la audiencia también denunciamos deficiencias en la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. La Lof Leufuche, afectada por la traza del gasoducto, se enteró de la visita de la consultora encargada de los relevamientos el mismo día en que se realizó.
A pesar de estas situaciones, los estudios afirman que existe licencia social. Uno de ellos reconoce que excluyó deliberadamente a organizaciones opositoras por una decisión metodológica, mientras que otro utiliza la supuesta aceptación social como argumento para justificar la ubicación del complejo industrial, sin aportar evidencia suficiente.
También señalamos la falta de participación de organismos públicos relevantes y de las autoridades de Chubut, pese a que el área de influencia indirecta del proyecto alcanza espacios protegidos de esa provincia, como Península Valdés.
En materia climática, los estudios presentan cifras contradictorias y no evalúan adecuadamente las emisiones frente a los compromisos internacionales de la Argentina. Según los datos declarados en el estudio del buque licuefactor, las emisiones previstas por el proyecto representarían un incremento equivalente al 177 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Río Negro.
Sierra Grande ya conoce las consecuencias del auge y cierre de grandes emprendimientos extractivos. La historia de la actividad minera en la localidad muestra la importancia de evaluar no solo las promesas de inversión y empleo, sino también las responsabilidades de las empresas y del Estado a largo plazo.
Por eso, solicitamos a la autoridad provincial:
- No emitir la Declaración de Impacto Ambiental sobre la base de los estudios actuales.
- Exigir una evaluación unificada de los cuatro componentes del proyecto y de sus impactos acumulativos con VMOS y SESA.
- Realizar relevamientos ambientales durante un ciclo anual completo.
- Garantizar un proceso de participación que incluya a todas las provincias afectadas y una consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.
- Responder de manera pública y fundada a todas las observaciones presentadas durante la audiencia.
La Ley General del Ambiente establece que la autoridad debe fundamentar y hacer públicas sus decisiones cuando se aparta de los resultados de la participación ciudadana.
