BUENOS AIRES, 19 de agosto de 2026.—
Un grupo de académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de la todo el país envió una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores de la Nación en la que expresa su preocupación por el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento de comisiones en el Senado. Los firmantes sostienen que la iniciativa establecería un régimen de inversiones con beneficios fiscales, estabilidad regulatoria por varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional para grandes corporaciones tecnológicas internacionales, sin exigir como contraprestación la generación de empleo local, la transferencia de tecnología o compromisos concretos con el desarrollo nacional.
Según la carta, el proyecto representa “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera” y advierte que sus efectos se profundizarían al combinarse con otra propuesta en debate: el reconocimiento de personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial. A criterio de los autores, ambas iniciativas podrían configurar un marco legal que otorgue amplios privilegios a grandes empresas tecnológicas sin mecanismos suficientes de control democrático ni responsabilidades claramente definidas.
El documento también cuestiona el alcance de los incentivos fiscales previstos, al señalar que la evidencia internacional indica que las exenciones impositivas no constituyen el principal factor para definir la localización de centros de datos. Otro de los puntos planteados es el impacto ambiental potencial de estas inversiones. Los firmantes advierten que infraestructuras de gran escala vinculadas a la inteligencia artificial demandan elevados niveles de consumo de energía eléctrica y agua, por lo que consideran necesario establecer regulaciones estrictas sobre el uso de recursos naturales y las emisiones de carbono, especialmente en un contexto de crisis climática y estrés hídrico.
Asimismo, la carta sostiene que la cesión de competencias regulatorias en sectores estratégicos podría limitar la capacidad futura del Estado para definir políticas públicas. Los firmantes también señalan una contradicción entre la promoción de beneficios extraordinarios para grandes empresas tecnológicas extranjeras y la situación que atraviesa el sistema científico nacional. En el documento afirman que el desfinanciamiento del CONICET, la reducción de recursos para las universidades y la pérdida de capital humano especializado debilitan las posibilidades de construir una estrategia de desarrollo tecnológico con capacidades propias.
La carta hace un llamado para que se evalúe el proyecto considerando sus efectos de largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su modelo de desarrollo, y concluye que la Argentina necesita atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero sin una renuncia permanente a las herramientas regulatorias ni comprometer las posibilidades de decisión de las futuras generaciones.
La misiva fue firmada por docentes, investigadores y miembros de las Universidades nacionales de Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP), Rosario (UNR), del Litoral (UNL), de Córdoba (UNC), de Río Cuarto (UNRC), de Cuyo (UNCuyo), de San Juan (UNSJ), de Salta (UNSa), de Jujuy (UNJu), de Río Negro (UNRN), del Comahue (UNCo), de Entre Ríos (UNER), de Tierra del Fuego (UNTDF), de Santiago del Estero (UNSE), de San Luis (UNSL) y de San Juan (UNPSJB), así como de universidades del conurbano bonaerense como Quilmes (UNQ), San Martín (UNSAM), Hurlingham (UNAHUR), Moreno (UNM), Avellaneda (UNDAV), Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Lanús (UNLa), Tres de Febrero (UNTREF), y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
La carta abierta asimismo está firmada por miembros de casi todas las provincias pertenecientes a organismos científicos y de investigación bajo la órbita del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC PBA) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras instituciones.