El número de personas inscriptas para participar de la audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares es histórico. Sin embargo, no tardaron en aparecer irregularidades en el proceso de inscripción que generan dudas respecto de las medidas que se tomarán para garantizar el derecho a expresarse de las más de 30.000 personas anotadas.
Es por eso que, distintas organizaciones de la sociedad civil presentamos un pedido de información al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando se informe cuántas personas están inscriptas, quiénes moderarán la audiencia, el orden real de inscripción, el cronograma de exposiciones, cuántas personas participarán de manera presencial y cuántas de forma virtual y si habrá veedores independientes.
El pedido está basado en el principio de máxima participación pública, presente en el propio reglamento de audiencias públicas y en el Acuerdo de Escazú.
Algo es claro: la participación no puede ser limitada arbitrariamente, participar es un derecho amparado por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
SIN PARTICIPACIÓN REAL, NO HAY JUSTICIA AMBIENTAL