Ante la violencia extrema desatada por el gobierno de Dina Boluarte contra los pueblos del Perú, desde el Pacto EcoSocial e Intercultural del Sur manifestamos lo siguiente:

• Denunciamos la muerte de aproximadamente 40 ciudadanos peruanos por el despliegue abusivo de violencia física a manos de las fuerzas armadas y policiales peruanos en Andahuaylas, Ayacucho, Puno y otras zonas del país, que constituyen las peores masacres en el Perú desde la época de la dictadura fujimorista. Llamamos al cese inmediato de la violencia estatal.
  
• Alertamos que no es casualidad que la violencia estatal en estos días se desarrolle en los mismos territorios del conflicto armado interno o del levantamiento de Tupac Amaru. Se trata de una violencia racista, centralista y colonial contra los pueblos del Perú, y en contra de sus demandas de vivir en un país más justo, democrático y plurinacional.
  
• Rechazamos el lenguaje estigmatizante, racista y beligerante de los representantes del gobierno de Boluarte y del Congreso peruano, que en lugar de reconocer el derecho legítimo a la protesta, han optado por calificar a los manifestantes como “terroristas”, “turbas”, “criminales” y “azuzadores políticos”. Justamente este lenguaje de guerra que identifica a los pueblos como enemigos, está en la base de la violencia y de los asesinatos.
  
• Denunciamos la cobertura sesgada y cómplice de los medios de comunicación, controlados por los principales grupos económicos del país que contribuyen a la estigmatización, y que invisibilizan la violencia injustificable contra ciudadanos peruanos, al no reportar los hechos que se están dando en el Sur del país de forma genuina, ni siquiera consignar los nombres de los asesinados y menos entrevistar a sus familiares o a los heridos.
  
• Señalamos que en ningún país democrático, con un Estado de derecho mínimo , el asesinato de decenas de ciudadanos por parte del propio Estado puede quedar impune y sin consecuencias políticas. El gobierno de Dina Boluarte ha perdido cualquier legitimidad, y se ha constituido mediante la represión como un régimen cívico-militar. Los ministros responsables, empezando por el premier Otárola , deben renunciar o ser censurados. No cabe siquiera el debate del voto de confianza al gabinete Otárola , por encima de la muerte de más de 40 ciudadanos peruanos. De lo contrario, el congreso se haría cómplice de delitos de lesa humanidad.

Nos solidarizamos con la lucha de los pueblos peruanos por un país más justo y democrático. Las movilizaciones de estos días no sólo están vinculadas a los acontecimientos en torno de la salida del gobierno de Pedro Castillo tras su ilegítimo intento de cerrar el congreso peruano, sino a demandas de larga data ante un régimen político y económico que ha generado desigualdad extrema, vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos y de la naturaleza, y la exclusión de millones de peruanos/as de la vida digna que merecen. Una y otra vez, las demandas populares de cambio han sido respondidas desde las elites políticas y los poderes fácticos con violencia, con pactos de corrupción e impunidad, y con maniobras políticas autoritarias.

Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur consideramos que la única salida al conflicto, en el corto plazo, es un gobierno genuino de transición, encargado de organizar elecciones generales lo más pronto posible. Un gobierno que asuma la necesidad de romper con los pactos de impunidad y corrupción que dirigen la política en el Perú actual, y garantice una investigación parcial y real de cada uno de los muertos en el marco de la represión violenta de las protestas. En el mediano plazo se requiere de la transformación de las causas de la crisis actual, la desigualdad y el racismo persistente en la sociedad peruana, para lo cual un proceso constituyente genuino sea una condición.

¡Que pare la violencia racista y colonial contra los pueblos peruanos!