El proyecto británico-israelí pretende instalar una explotación petrolera de gran escala sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Solicitamos a la Justicia Federal que suspenda las obras, detenga su financiamiento y ordene un embargo preventivo contra las empresas responsables.
Tierra del Fuego / Buenos Aires, 19 de agosto de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Surfrider Argentina y la Asamblea Comunidad Costera de Tierra del Fuego, presentamos una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las empresas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum Development (israelí).
La demanda busca frenar el proyecto de petróleo y gas Sea Lion según las empresas, que avanza en la Cuenca Malvinas Norte sin haber realizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la legislación argentina y sin autorización de las autoridades nacionales.
La acción fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia territorial sobre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Además de la suspensión inmediata de las obras, solicitamos detener las operaciones financieras destinadas al proyecto y disponer un embargo preventivo por 156.432.000 dólares sobre los bienes y activos de las empresas demandadas.
Dónde se encuentra el proyecto de petróleo en Malvinas
El proyecto León Marino se encuentra sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b.
Su infraestructura se distribuye entre el área marítima de la Cuenca Malvinas Norte y distintas instalaciones terrestres proyectadas en las islas. El centro logístico se localizaría en Puerto Argentino, donde las empresas prevén ampliar instalaciones portuarias y construir depósitos, oficinas, viviendas para trabajadores y plantas destinadas al almacenamiento de combustibles, productos químicos, lodos de perforación y otros insumos industriales.
Las dos primeras fases contemplan 23 pozos submarinos: 16 pozos productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas. También incluyen colectores, cañerías, equipos de control sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo.
Navitas informa que la primera etapa comprende 11 pozos y que otros 12 se incorporarían en una segunda fase. La compañía proyecta iniciar la producción en 2028 y mantenerla durante más de 30 años. La propia empresa ubica el yacimiento a 220 kilómetros al norte de las islas.
Durante 2026 comenzaron las obras sobre el muelle y la base terrestre. Las empresas también avanzaron en la fabricación de equipos y en la adaptación de la unidad flotante que operaría en el yacimiento. La perforación está prevista para comienzos de 2027 y la primera extracción de petróleo para el primer semestre de 2028. Rockhopper informó públicamente el inicio de estos trabajos.
En enero de 2026,desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía.
Las respuestas oficiales confirmaron que Rockhopper y Navitas no realizaron las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos ni iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante el Estado argentino.
La evaluación ambiental previa permite conocer los riesgos, exigir estudios independientes, establecer medidas de prevención, analizar alternativas y garantizar la participación ciudadana. Ninguno de esos procedimientos fue realizado ante las autoridades argentinas. Las autorizaciones emitidas por la administración colonial británica no sustituyen el cumplimiento de las leyes argentinas ni pueden disponer legítimamente sobre los bienes naturales, llamado recursos naturales en nuestra ley, de la plataforma continental argentina.
Es de importancia también destacar que Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades fueron consideradas ilegales por la Secretaría de Energía en 2012. En 2013 fue inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022.
La Cancillería argentina también rechazó en diciembre de 2025 la decisión de inversión anunciada por ambas compañías. Sostuvo que el proyecto no cuenta con autorización argentina y que las actividades unilaterales de exploración y explotación contradicen las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía. El comunicado oficial de Cancillería reafirma que ambas empresas ya fueron sancionadas.
Los ecosistemas del Mar Argentino amenazados
El proyecto de petróleo en Malvinas afecta de manera directa a dos ecorregiones reconocidas oficialmente por Argentina: Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Su área de influencia también se conecta ecológicamente con la Antártida.
La ecorregión Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y sostiene una enorme productividad biológica. Allí viven, se reproducen o se alimentan alrededor de 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas.
Las obras previstas implican perforaciones, movimientos del lecho marino, tránsito permanente de embarcaciones, ruido submarino, descargas operativas, utilización de sustancias químicas y riesgo de derrames. Sus efectos pueden extenderse mediante las corrientes marinas y afectar áreas de alimentación, reproducción y migración utilizadas por especies que se desplazan entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.
Las instalaciones de Puerto Argentino agregan impactos terrestres y costeros vinculados con la ampliación portuaria, el almacenamiento de combustibles y químicos, la generación de residuos, el aumento del tránsito y la construcción de infraestructura industrial. Ambos componentes forman un único sistema extractivo y deben ser evaluados de manera integral.
La medida cautelar presentada solicita:
- Suspender inmediatamente las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino relacionados con León Marino y los bloques adyacentes.
- Impedir que las empresas celebren nuevos contratos, reciban desembolsos, realicen transferencias o constituyan garantías destinadas a continuar el proyecto.
- Ordenar un embargo preventivo de 156.432.000 dólares sobre bienes y activos de Rockhopper y Navitas.
- Informar sobre la causa a los organismos de control financiero y mercados donde operan las empresas.
- Exigir que las compañías identifiquen a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores que financian la explotación.
- Declarar que las licencias y autorizaciones emitidas por la administración colonial británica no pueden reemplazar las autorizaciones exigidas por Argentina.
La soberanía también implica la capacidad de proteger los territorios, controlar las actividades extractivas y prevenir daños. El avance del petróleo en Malvinas priva al Estado argentino y a la sociedad de la posibilidad de conocer, evaluar y decidir sobre un proyecto que pretende explotar durante décadas recursos naturales pertenecientes a la plataforma continental argentina.
Frente al comienzo de las obras y la proximidad de las perforaciones, la intervención judicial debe ser inmediata. Una vez producidos, muchos de los daños sobre los ecosistemas marinos pueden resultar irreversibles o extremadamente difíciles de reparar.
Sobre las empresas:
- Rockhopper Exploration es británica, constituida y registrada en Inglaterra y Gales. Tiene sede en Salisbury y cotiza en el mercado AIM de la Bolsa de Londres. Información corporativa de Rockhopper.
- Navitas Petroleum es israelí y cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. Controla el 65 % del proyecto mediante Navitas Petroleum Development and Production Limited —NPDP—, una subsidiaria constituida en el Reino Unido. Rockhopper conserva el 35 %. Información del proyecto publicada por Navitas.