El 19 de diciembre de 2024, defensores y defensoras ambientales que denuncian la ilegalidad de una obra de defensa costera en Camet Norte fueron víctimas de hostigamiento y detención/privación de su libertad. Fue el propio municipio, a través de diversos actores políticos con intereses en la ejecución de la obra avanzaron en represalias contra integrantes de la comunidad local y organizaciones que impulsan desde hace años el resguardo del ecosistema de acantilados.
El conflicto tiene larga data. Desde 2020, el Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Daniela Basso, lleva adelante una acción preventiva por daño ambiental y busca la recomposición del ambiente dañado. A partir de ese proceso judicial, el 6 de octubre de 2020 se dictó una medida cautelar que prohíbe expresamente innovar con cualquier tipo de obra o acción material en los acantilados y playa de Camet Norte, una zona reconocida por la propia Justicia como ambientalmente sensible. Esta medida fue ratificada y ampliada el 18 de diciembre de 2020, alcanzando a cualquier persona física o jurídica que contribuya a dañar el entorno.
A pesar de esta prohibición clara y vigente, en abril de 2025 la empresa Gerónimo Rizzo S.A. avanzó con obras sin autorización, generando impactos sobre el ambiente costero. Las denuncias realizadas por vecinos, organizaciones del territorio e incluso algunos concejales del partido de Mar Chiquita dieron cuenta de los daños y el incumplimiento deliberado de la medida judicial. Lejos de asumir su responsabilidad, la empresa redobló su embestida intentando criminalizar, una vez más, a quienes defienden el ambiente.
La resolución judicial más reciente reitera la plena vigencia de la cautelar y ordena notificar formalmente a la empresa sobre su obligación de cesar de inmediato cualquier intervención en la zona. La jueza Basso advirtió también sobre el accionar de funcionarios municipales y provinciales que no sólo no hicieron cumplir las resoluciones judiciales, sino que podrían haber favorecido las obras ilegales. Por eso ordenó remitir los antecedentes a la Justicia penal para investigar responsabilidades.
En este contexto, la criminalización de los defensores ambientales resulta inaceptable. Los acantilados y playas de Camet Norte no pueden ser sacrificados en nombre de intereses empresariales ni de decisiones políticas arbitrarias que ignoran los límites legales y ecológicos. Las máquinas pesadas se retiraron, dejando un pasivo ambiental que debe ser reparado. Lo que debemos desarmar ahora, es la maquinaria persecutoria estatal, que amedrenta a quienes activan en defensa del ambiente.
Por eso participamos y colaboramos desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, en el marco de nuestro Programa de Defensa de Defensores Ambientales, acompañando a la comunidad de Camet Norte en su lucha por justicia ambiental.