La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en audiencia judicial celebrada hoy, ratificó y amplió la denuncia penal contra la Senadora Royón, y denunció penalmente al Secretario de Minería Luis Lucero por incompatibilidad

La denuncia expone un mismo entramado de funcionarios, abogados corporativos, consultores y legisladores ligados al sector empujan el vaciamiento de la Ley de Glaciares mientras ejercen el doble rol estatal/privado de manera incompatible e ilegal. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ratificamos y ampliamos el día de hoy la denuncia penal contra la senadora Flavia Royón e incluimos mayores evidencias. 

También denunciamos penalmente al actual Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por su directa intervención en asuntos que benefician a empresas con las que tuvo vínculos previos. 

De acuerdo a una minuciosa investigación de información pública, Lucero formó parte del estudio Marval O’Farrell Mairal donde asesoró a empresas mineras del rubro como Xstrata, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Vale, Cameco Corporation, Silver Wheaton, Hochschild Mining plc, Denison Mines, Andean Resources, Pan American Silver y Newmont. Intervino en Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia y en numerosas operaciones de M&A y de compraventa de activos del sector, incluyendo la venta por Rio Tinto a Vale del proyecto Potasio Rio Colorado y la adquisición de Andean Resources (Proyecto Cerro Negro) por parte de Goldcorp. También ha asesorado a las empresas mineras Glencore Pachón SA, Minera Alumbrera Limited, Minera Agua Rica LLC SUC ARG, M I M Argentina SA y M I M Argentina Exploraciones SA

Lucero fue excusado oficialmente mediante Resolución 630/2025 del Ministerio de Economía (14/05/2025) por su relación con firmas vinculadas a proyectos mineros como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA), sin embargo intervino activamente en la construcción de la modificación de Ley de Glaciares que favorece directamente a estas empresas mineras.

En la denuncia demostramos que la excusación de Lucero no fue real sino apenas declarativa, porque el funcionario siguió influyendo sobre una modificación normativa que favorece de manera directa a empresas mineras ligadas a proyectos como El Pachón y MARA, que se benefician directamente del vaciamiento de la Ley de Glaciares. Es decir: el secretario reconoce sus vínculos con esas compañías, pero actúa igual en el proceso político que busca remover obstáculos legales para esos mismos intereses. 

Concretamente el accionar de Lucero en favor de la modificación regresiva de Ley de Glaciares amplía el margen de habilitación para proyectos mineros en zonas que antes se encontraban prohibidas, flexibilizando la norma, todo ello por pedido expreso de las propias empresas mineras que ahora pusieron a sus asesores y directivos en el Estado justamente para destruir la normativa que protege a los glaciares.

En el caso de la Senadora salteña y consultora Flavia Royón, en la audiencia judicial celebrada hoy, ratificamos y ampliamos la denuncia penal, donde agregamos un nuevo eje: el patrón de endeudamiento que en la denuncia describimos como persistente, concentrado en un solo acreedor y sin cancelación significativa. Ese comportamiento financiero no se corresponde con un consumo ordinario y por eso se pide profundizar la investigación patrimonial. La denuncia marca especialmente la concentración de la deuda en el Banco Macro y los vínculos entre esa entidad, el sector minero y la trayectoria política y empresarial de la Senadora.

Desde la Asociación exigimos nuevas medidas de prueba, además de nuestra incorporación como querellante en la causa. Lo que se discute no es solo responsabilidad penal individual. Se discute hasta qué punto el Estado está siendo usado para beneficiar a quienes quieren avanzar sobre glaciares y territorios de montaña.

El cuadro es elocuente: la trama de puertas giratorias entre empresas mineras, estudios jurídicos, banca, cargos públicos y bancas legislativas intenta vaciar la Ley de Glaciares sin tener el interés social y público en cuenta. Los mismos nombres aparecen una y otra vez ligados a los mismos intereses y el mismo objetivo: correr la protección del agua para abrir paso a negocios mineros.

La Ley de Glaciares protege fuentes de agua a lo largo del país y fija un piso mínimo a las actividades que pueden realizarse en territorios sensibles a lo largo de toda la cordillera. Estas fuentes de agua tienen aportes en territorio donde habitan más de 7 millones de personas. Debilitar su protección y fragmentar los controles para habilitar proyectos mineros destructivos es un rumbo con consecuencias irreversibles.