El Senado dio media sanción a una ley que promueve la comercialización de créditos de carbono, mientras Argentina continúa sin una política climática actualizada. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA-CAJE) rechazamos el proyecto y advertimos sobre sus riesgos para los territorios, los ecosistemas y las comunidades.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2026.
El pasado 29 de octubre, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley para regular los mercados de carbono en Argentina. La iniciativa permite comercializar créditos que representan emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o capturadas. Estos mecanismos pueden ser utilizados por empresas para compensar sus emisiones sin necesariamente reducir la contaminación que generan sus propias actividades.
El problema de fondo es que comprar créditos de carbono no equivale a reducir emisiones en origen. Los mecanismos de compensación pueden permitir que grandes empresas contaminantes continúen emitiendo gases de efecto invernadero mientras financian proyectos de conservación o captura de carbono en otros territorios. Además, estos sistemas presentan riesgos de especulación financiera, acaparamiento de tierras y vulneración de los derechos de comunidades indígenas y campesinas.
El texto aprobado contempla beneficios fiscales para la comercialización de créditos, incluidos diez años de estabilidad fiscal y una alícuota del 0% en derechos de exportación. Al mismo tiempo, eliminó la Reserva Estratégica Nacional de Carbono y los cupos de transferencia internacional previstos en el proyecto original, que buscaban resguardar reducciones para el cumplimiento de las metas climáticas argentinas.
Resulta contradictorio impulsar un mercado internacional de emisiones mientras el país no cuenta con metas climáticas actualizadas ni una estrategia clara para reducirlas. La Argentina tampoco puede subordinar la protección de sus bosques, humedales y otros ecosistemas a su capacidad de generar créditos comercializables.
En agosto, desde AAdeAA-CAJE acompañamos una carta colectiva dirigida al Senado que reclamaba abrir el debate legislativo, incorporar la participación de organizaciones, comunidades e instituciones científicas y establecer garantías para los territorios y sus habitantes. Estas preocupaciones siguen vigentes.
Rechazamos la aprobación de este proyecto en las condiciones actuales y reclamamos que la Cámara de Diputados abra un debate público, amplio e informado. Una verdadera política climática debe priorizar la reducción directa de emisiones, la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades. Convertir las emisiones en activos financieros no puede sustituir las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática.