La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó la decisión que había dispuesto el levantamiento de la medida cautelar en la causa que investiga el entramado ilegal de funcionarios y privados que realiza desmontes ilegales en zonas protegidas de la provincia del Chaco. La resolución ordena que la protección continúe mientras se realiza una pericia ambiental clave para determinar el estado del bosque nativo y la persistencia del riesgo.
Buenos Aires / Chaco, 22 de septiembre de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), parte querellante en la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, celebramos la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia de restablecer la medida cautelar que protege los bosques nativos del Chaco. La resolución revoca el fallo de primera instancia del 14 de agosto de 2026, que había dispuesto el cese de la cautelar. Frente a esa decisión, tanto el Ministerio Público Fiscal como esta Asociación presentamos recursos de apelación para sostener una protección indispensable mientras continúa la investigación penal.
La medida había sido dictada originalmente en agosto de 2024, luego de que la Fiscalía Federal denunciara la existencia de “La Mafia del Desmonte” entramado delictivo vinculado con el otorgamiento irregular de permisos de cambio de uso del suelo, recategorizaciones de predios y otras decisiones que permitieron desmontes ilegales en áreas protegidas.
La cautelar suspendió los desmontes en el territorio provincial, incluyendo permisos ya autorizados pero todavía no ejecutados y nuevos permisos que pudieran otorgarse. La causa investiga cómo decisiones administrativas, permisos forestales y posibles responsabilidades de funcionarios públicos y particulares pudieron articularse para permitir el avance sobre bosques que debían permanecer protegidos.
La resolución de primera instancia de agosto de este año había considerado que las circunstancias habían cambiado lo suficiente como para poner fin a la cautelar. Entre otros argumentos, tomó en cuenta la aprobación de un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y sostuvo que no estaba acreditada la persistencia del riesgo que había motivado la medida. Desde AAdeAA cuestionamos esa decisión. Señalamos que un cambio en las normas no demuestra, por sí mismo, que haya cambiado lo que ocurre efectivamente en el territorio.También advertimos que seguían existiendo incertidumbres técnicas sobre las superficies investigadas, desmontes denunciados durante la vigencia de la cautelar y elementos pendientes de análisis.
El 17 de septiembre participamos de una audiencia ante la Cámara Federal junto con el Ministerio Público Fiscal. Allí sostuvimos la necesidad de revocar el levantamiento y mantener la protección mientras continúe la investigación.
La Cámara actúo bajo el planteo de que la modificación normativa no alcanza para demostrar que desapareció el riesgo concreto sobre los bosques. Para levantar una medida de estas características es necesario comprobar qué ocurrió realmente en las áreas involucradas y si las condiciones que llevaron a dictarla efectivamente cambiaron.
El propio Tribunal señaló que todavía existen dificultades técnicas y cartográficas para determinar cómo impactó el nuevo ordenamiento territorial sobre las superficies vinculadas a los permisos investigados. Por eso, sostuvo que sigue pendiente una evaluación objetiva de la situación actual del territorio.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal informó que dispuso la realización de una pericia ambiental a cargo de la Dra. Micaela Camino, profesional perteneciente al CONICET. La evaluación deberá aportar información técnica sobre el estado actual de las áreas involucradas, la eventual afectación del bosque nativo, su magnitud y sus consecuencias. Esos elementos serán centrales para determinar si persiste el riesgo que dio origen a la cautelar.
El fallo hace lugar a las apelaciones presentadas por la Fiscalía y por AAdeAA, revoca la resolución que había dispuesto el cese y ordena expresamente la continuidad de la medida cautelar hasta que se produzca y valore la prueba técnica pendiente. La decisión sostiene que existe incertidumbre sobre daños que pueden ser irreversibles, y por ende la protección no puede desaparecer antes de saber qué está ocurriendo efectivamente en el territorio.
Seguiremos impulsando la producción de prueba y defendiendo la vigencia de las medidas necesarias para impedir que el avance sobre los bosques vuelva irreversible un daño que la Justicia todavía está investigando. El bosque es más necesario que nunca.