BUENOS AIRES, 23 de junio de 2026.
Organizaciones de la sociedad civil consideraron que el proyecto de Súper RIGI, que podría obtener mañana media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, constituye una entrega de soberanía que desregula el sector tecnológico y abre la puerta a un experimento que podría convertir a la Argentina en la cabeza de playa de un modelo inédito para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) a escala global.
El principal foco de alarma radica en la entrega total de los recursos estratégicos del país sin casi nada a cambio, y el impacto ambiental. Los grandes centros de cómputos (data-centers) orientados a la IA requieren enormes cantidades de energía y de agua para el enfriamiento de sus sistemas. El proyecto garantiza la operación continuada de estos complejos por tres décadas, lo que forzaría al Estado a priorizar el abastecimiento hídrico y energético de las corporaciones tecnológicas por sobre las necesidades locales, avanzando sobre ecosistemas fundamentales y biodiversidad en zonas que ya sufren estrés hídrico, quitándoles autonomía a las provincias. El Súper RIGI combina una masiva renuncia fiscal con beneficios impositivos excepcionales que, según la evidencia, resultan poco determinantes para atraer inversiones.
Además, según las organizaciones, el esquema de “impunidad artificial” se combinaría con la reforma de la Ley General de Sociedades, que busca reconocer a entidades operadas por IA como personas jurídicas de responsabilidad limitada, un experimento legal sin precedentes globales. Un esquema donde algoritmos sin responsabilidad humana operan infraestructuras críticas, acceden a arbitraje externo y no pueden ser regulados, diluyendo cualquier posibilidad de sanción ante daños civiles o ambientales.
En este sentido, las organizaciones alertaron que mientras que a nivel internacional los países discuten regulaciones estrictas para las Big Tech, e incluso directivos del sector solicitan auditorías obligatorias, el Super-RIGI elimina los controles por 30 años. Cualquier intento de corrección regulatoria futura ante crisis de desabastecimiento o reclamos locales quedaría bloqueado, exponiendo al país a demandas multimillonarias en tribunales de arbitraje internacionales y excluyendo la jurisdicción nacional.
En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm (Presidenta de Géneras) afirmó que el proyecto constituye “un cheque en blanco con una delegación inconstitucional de facultades que garantiza un marco de impunidad fiscal, energética y legal para grandes empresas”. Por su parte, Enrique Viale (Presidente de la AAdeAA) sostuvo que la iniciativa “traslada la lógica del extractivismo a la era digital”, garantizando a las corporaciones acceso privilegiado a bienes comunes como el agua y la energía sin protección ambiental.
Asimismo, Luciana Ghiotto (del Transnational Institute) explicó que el régimen “blinda por treinta años las condiciones regulatorias, fiscales, cambiarias y aduaneras”, impidiendo al Estado actuar ante crisis de desabastecimiento de agua o energía. En la misma línea, Matías Bianchi (Director Ejecutivo de Asuntos del Sur) consideró que el país se consolida como un escenario de experimentación que “ofrece territorio, recursos naturales e infraestructura sin pedir nada a cambio”, asemejándose a un “país bananero”. A su vez, Victoria Lichtschein (Directora Executiva de la Fundación Biodiversidad Argentina) manifestó que las medidas “incentivan las grandes inversiones con fines extractivos sin garantizar la protección del medio ambiente” ni el bienestar de las comunidades. Finalmente, Federico Pellegrino (Director Ejecutivo de Latam Lab) sostuvo que avanzar con esta norma representa “la entrega de los recursos naturales de argentina y la renuncia del país a darse un modelo de desarrollo”.