Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei (diciembre de 2023), la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), que abre aún más las puertas a la explotación de los bienes naturales a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.
En el presente informe presentamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde Diciembre de 2023 al 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizan el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo por la ley Bases. La regresión socioambiental se refiere a un proceso en el cual se produce un deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsado por el desmantelamiento, la derogación y modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas que estaban orientadas a la protección ambiental, a la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades, al acceso a la participación ciudadana y la justicia. Dicho informe muestra cómo el carácter regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, amenaza la vida democrática y la sostenibilidad socioambiental en su conjunto.
El informe presenta una Parte I, de carácter introductoria, donde se aborda el impacto de la Ley Bases y del RIGI, asi como las implicancias de la asunción de una política negacionista de Estado. La Parte II se centra sobre los impactos de la política del gobierno de Milei a través de diez secciones 1) Combustibles fósiles, 2) Deforestación, 3) Incendios e Inundaciones, 4) Minería de litio, 5) Minería metálica a cielo abierto y Ley Nacional de Glaciares 6) Licitación Frustrada en el río Paraná y avance en la privatización de represas 7) Afectación a Pueblos originarios, 8) Modificación de normativa y de organismos públicos y degradación ambiental; 9) Criminalización de la protesta y 10) Plan de Inteligencia de la SIDE.
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