La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al planteo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y del Ministerio Público Fiscal, anuló la decisión que había levantado la prohibición cautelar contra los desmontes en la Provincia del Chaco y ordenó que se dicte una nueva resolución que evite el desmonte y proteja los bosques chaqueños. El fallo del máximo tribunal penal de Argentina reafirma que, ante el riesgo de daño irreversible, la Justicia debe actuar antes de que la destrucción avance.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas celebramos un nuevo avance judicial en la causa de la Mafia del Desmonte en Chaco. La resolución es contundente, el Tribunal sostuvo que “no alcanza con invocar una nueva ley provincial para liberar desmontes si no se demuestra, de manera concreta, que desapareció el riesgo sobre los territorios afectados”. El Tribunal de Casación señaló que la decisión anterior de la Cámara Federal del Chaco no explicó cómo la nueva normativa de ordenamiento territorial de bosques nativos de esa provincia cambiaba la situación real del bosque chaqueño ni cómo garantiza una protección suficiente frente a un daño que puede ser irreversible
La cautelar original, dictada en agosto de 2024, había ordenado suspender los desmontes autorizados y frenar el otorgamiento de nuevos permisos en toda la provincia del Chaco. Luego, esa protección fue recortada por la Jueza Federal de Resistencia. La Asociación y el Ministerio Público Fiscal recurrieron esa decisión porque dejaba en situación de extrema vulnerabilidad a los bosques nativos en un contexto donde ya se habían denunciado graves incumplimientos de la medida judicial por desmontes masivos registrados en esa provincia
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, revocó el fallo que levantaba la medida cautelar y ordenó que vuelva al Juzgado Federal de Resistencia para que dicte una nueva decisión bajo criterios de protección efectiva de los bosques nativos.
La causa investiga un complejo entramado de corrupción en los permisos y fiscalización de los desmontes en la provincia del Chaco que vincula empresarios y funcionarios públicos bajo la modalidad denominada “puerta giratoria”, alternando los imputados roles en el sector privado y el sector público. Una de las cuestiones centrales del fallo es que no puede delegarse el control de los desmontes en los mismos organismos cuyos funcionarios provinciales están bajo investigación penal en la Justicia Federal. Según destacó Casación, la investigación remite “a un eventual fenómeno de corrupción en la administración de tales autorizaciones”.
La causa contra la Mafia del Desmonte sigue avanzando gracias a la organización social, territorial, articulación jurídica y con el conocimiento científico y decisiones judiciales con perspectiva ecológica, social y climática que obligan a no normalizar que los bosques sean entregados al negocio del desmonte. La protección de los territorios no puede depender de los mismos circuitos administrativos que están bajo sospecha.
