La Cámara Federal de General Roca hizo lugar a la apelación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y FARN contra la decisión que había apartado al Juzgado Federal de Viedma. El tribunal reconoció que los riesgos del proyecto de Southern Energy pueden afectar un ecosistema marino que supera los límites de Río Negro. Ahora deberá tratarse el pedido de suspensión de las obras.

En una resolución firmada el 5 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Viedma y estableció que la acción preventiva contra el proyecto de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy debe continuar en la Justicia federal.

La causa es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) para prevenir daños sobre el golfo, sus ecosistemas y el Mar Argentino. Solicitamos que la empresa se abstenga de iniciar o continuar las obras y de operar el complejo hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental de la totalidad del proyecto, que contemple sus efectos acumulativos y climáticos. También pedimos una medida cautelar para suspender las intervenciones mientras se tramita la demanda.

El fallo actual resuelve quién debe intervenir en la causa: todavía no ordena paralizar las obras ni decide sobre el fondo del reclamo. Al restablecer la competencia federal, permite que el expediente continúe ante el Juzgado Federal de Viedma, que deberá abordar la medida cautelar solicitada.

El juzgado se había declarado incompetente al considerar que correspondía intervenir a la Justicia provincial, dado que las instalaciones se ubican en Río Negro. Apelamos esa decisión porque confundía el lugar donde se construye el proyecto con el territorio que puede sufrir sus consecuencias. La Cámara acogió ese cuestionamiento: los riesgos sobre el mar, las especies y sus desplazamientos pueden extenderse más allá de los límites provinciales.

Para resolver, el tribunal valoró la documentación científica acompañada. Entre ella, destacó el informe sobre ballena franca austral y desarrollo hidrocarburífero en el Golfo San Matías, con mapas de seguimiento satelital que muestran el uso de distintas áreas del golfo y los desplazamientos de estos animales. También consideró la superposición entre esos recorridos y las rutas de las embarcaciones vinculadas a la actividad, con el consiguiente riesgo de colisiones.

La Cámara ponderó además el informe realizado por FARN junto a la organización internacional ELAW sobre especies marinas y migratorias y los posibles efectos del ruido submarino, la turbidez y la pérdida de hábitats del fondo marino. Consideró que estos elementos permiten sostener, en esta etapa inicial, que los impactos denunciados podrían superar el área inmediata de las obras y afectar un ecosistema compartido.

El carácter preventivo de la demanda que impulsamos es otro punto central. La acción legal busca impedir que los daños ocurran. Por eso, el tribunal sostuvo que no corresponde exigir la demostración definitiva de un daño ya consumado para determinar la competencia: alcanza con aportar elementos objetivos que permitan considerar verosímil que sus efectos se extiendan a más de una jurisdicción.

El proyecto cuestionado busca llevar gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, transformarlo en líquido en buques licuefactores y exportarlo por mar. Comprende gasoductos terrestres y submarinos, instalaciones costeras, unidades flotantes y operaciones de transferencia hacia buques metaneros. Su primera etapa contempla el buque Hilli Episeyo, a unos 4,5 kilómetros de la costa de Fuerte Argentino; la segunda incorpora otra unidad de licuefacción.

En la demanda denunciamos una evaluación fragmentada, que impide conocer los efectos del conjunto de las instalaciones y actividades asociadas. Cuestionamos las irregularidades de la autorización de la primera etapa, el incumplimiento de observaciones formuladas por la propia provincia y la falta de autorización ambiental de la segunda etapa al momento de presentar la acción. También advertimos sobre el inicio de la fase logística y constructiva sin la aprobación del estudio correspondiente al Centro de Soporte Logístico.

El reclamo incluye la ausencia de una evaluación climática integral. Pedimos que se examinen las emisiones de toda la cadena del GNL, incluidas las fugas de metano y la combustión del gas exportado, y su relación con los compromisos climáticos argentinos. Estas cuestiones forman parte de la demanda y deberán ser analizadas durante el proceso.

Desde AAdeAA-CAJE sostenemos que la expansión de la infraestructura fósil sobre el Golfo San Matías exige un control judicial que considere la integridad del ecosistema y los riesgos del proyecto en su conjunto. La resolución de la Cámara permite avanzar en ese camino. Corresponde ahora tratar el pedido de protección urgente para evitar que las obras consoliden transformaciones irreversibles antes de que se resuelva la causa.