La Corte Suprema dictó una medida cautelar interina que suspende provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales. En términos concretos, mientras esta medida esté vigente vuelven a regir las restricciones que establecía la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Esto no es una solución de fondo ya que una cautelar interina es una protección judicial urgente y temporal: busca evitar que se produzcan consecuencias difíciles de revertir mientras la Justicia determina cómo debe continuar la causa. La Corte no declaró inconstitucional el artículo 154 no resolvió todavía el conflicto de fondo. La suspensión puede ser modificada o levantada cuando avance el expediente.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sostenemos que el problema no termina en la Ley de Tierras. El DNU 70/2023 avanzó sobre derechos, regulaciones y capacidades públicas mediante un decreto de alcance extraordinario. Nuestra posición sigue siendo la misma: el DNU debe caer.

La decisión también implica que el expediente iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie vuelve a la Justicia Federal de Bariloche. Allí deberá analizarse la legitimación de quienes presentaron la acción y resolverse el pedido cautelar pendiente. El planteo de Árbol de Pie se diferencia del caso iniciado por el CECIM porque invoca derechos colectivos vinculados con la protección de los territorios y los derechos de comunidades indígenas.

Esta resolución no representa el cierre del conflicto ni una razón para desactivar la movilización. Es una protección provisoria obtenida en una disputa que continúa en los tribunales, en el Congreso y en las calles.

Este 15 de octubre volvemos a las calles. La medida judicial abre un resguardo temporal; la defensa de los territorios, de los derechos colectivos y de la educación pública sigue dependiendo de la organización y la movilización social.