El segundo Informe de Regresiones Socioambientales 2026 analiza las políticas implementadas entre julio de 2025 y julio de 2026. El RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares, la expansión minera y petrolera, el debilitamiento de organismos públicos, el avance sobre los ríos y los bosques y la criminalización de las resistencias territoriales forman parte de un mismo proceso de desregulación, concentración económica y pérdida de soberanía que la extrema derecha impulsa en la región.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presenta el Informe de Regresiones Socioambientales 2026, un relevamiento integral de las políticas, normas y decisiones estatales que redujeron la protección del agua, los territorios, los ecosistemas y los derechos colectivos entre julio de 2025 y julio de 2026.
El documento demuestra que las medidas adoptadas durante el último año no constituyen errores aislados ni simples consecuencias del ajuste. Forman parte de un programa político que debilita los controles públicos, amplía los privilegios de las grandes corporaciones y busca convertir a la Argentina en un territorio disponible para la extracción y exportación de minerales, hidrocarburos, energía y datos.
Por regresión socioambiental entendemos el deterioro de normas, instituciones, presupuestos y mecanismos de participación que ya existían para proteger los bienes comunes y los derechos de la población. No se trata solamente de dejar de avanzar: es retroceder sobre derechos y capacidades públicas construidas durante décadas.
El informe analiza el impacto de la Ley Bases y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones —RIGI—, el proyecto de Súper RIGI, el silencio administrativo positivo y el negacionismo climático convertido en política de Estado. También aborda la modificación regresiva de la Ley de Glaciares, la expansión de la minería de cobre, litio, uranio y tierras raras, la expansión de la frontera fósil, los desmontes, los incendios, la privatización de ríos y represas, la extranjerización de tierras y el avance de los centros de datos sobre el agua y la energía.
La enorme regresión en la desprotección del río Paraná, sus ecosistemas asociados y comunidades en razón del proceso de concesión de la vía navegable troncal, con una brutal negación de aplicación y cumplimiento del federalismo de concertación y las herramientas de la Democracia Ambiental, especialmente de participación social, desarrolladas previamente a las decisiones adoptadas, las que se desplegaron en el marco de una concentración de poder absoluto por parte del Estado Nacional.
Desde la puesta en marcha del RIGI se aprobaron 16 proyectos. El 90% corresponde a minería, hidrocarburos o infraestructura asociada a actividades extractivas. El régimen otorga beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios durante treinta años y habilita que los conflictos entre las empresas y el Estado argentino sean resueltos en tribunales internacionales.
La reforma de la Ley de Glaciares constituye una de las regresiones más graves del período. La nueva norma reemplazó un piso científico común de protección por decisiones provinciales discrecionales, debilitando el resguardo de glaciares y ambiente periglacial. Se trata de territorios que alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan agua para más de siete millones de personas.
El informe también expone las consecuencias concretas del desfinanciamiento estatal. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se quemaron más de 60.800 hectáreas en Chubut, mientras que el presupuesto nacional destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego se redujo un 53,6% respecto de 2025. Los brigadistas enfrentaron incendios de gran magnitud con indumentaria cuya última adquisición correspondía a 2021 y 2022.
El vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional es otro de los casos centrales. Su presupuesto real ejecutado cayó un 43%, la planta perdió alrededor de 170 trabajadores y en abril de 2026 se formalizaron al menos 123 nuevos despidos. Varias estaciones dejaron de realizar observaciones nocturnas o redujeron sus turnos, generando puntos ciegos en el monitoreo del territorio en un contexto de incendios, sequías, inundaciones y tormentas cada vez más intensas.
“El Estado no desaparece: abandona sus funciones de cuidado y control, pero conserva y fortalece su capacidad para garantizar los negocios de los sectores concentrados. La desregulación no produce libertad para la población. Produce territorios más disponibles para las corporaciones y comunidades más expuestas frente al daño”, señaló Maristella Svampa, una de las autoras del informe.
El documento revela que esta transformación también requiere una degradación democrática. El protocolo antiprotesta, la llamada unidad de seguridad productiva, la ampliación de las facultades de vigilancia, la criminalización de pueblos originarios y comunidades y el proyecto de regulación del lobby restringen la participación social y buscan disciplinar a quienes cuestionan el avance extractivo.
A la vez, el informe demuestra que las nuevas infraestructuras digitales no son ajenas a esta disputa. Los centros de datos para inteligencia artificial requieren grandes cantidades de energía, agua y territorio. Sin información pública, evaluación por cuencas ni mecanismos efectivos de participación, el RIGI y el Súper RIGI pueden garantizar condiciones excepcionales para las grandes plataformas tecnológicas y trasladar sus costos a las poblaciones y a las redes públicas.
El proceso analizado excede las políticas tradicionalmente consideradas “ambientales”. Afecta la organización del Estado, la estructura productiva, el federalismo, el acceso a la Justicia y la capacidad del país para decidir sobre sus bienes estratégicos. Las regresiones sobre el agua, la ciencia pública, los bosques, los ríos, la energía y la tierra forman parte de una misma reorganización política y económica.
La regresión socioambiental no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas concretas y puede ser enfrentada mediante otras decisiones: más democracia, más control público, mayor protección del agua y una política que coloque la vida y los derechos colectivos por encima de la rentabilidad de las grandes corporaciones.