Desde la Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos una nueva denuncia ante la Justicia Federal por la continuidad de desmontes ilegales en Chaco. Aportamos evidencias sobre nuevos desmontes ocurridos en Charata, nuevas pruebas sobre fallas graves en los controles provinciales y el sorprendente cierre de la investigación de un desmonte ilegal que protagonizó la familia del actual Ministro de la Producción de la Provincia del Chaco -Oscar Pablo Dudick-.
Buenos Aires / Chaco, julio de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunciamos ante la Justicia Federal la continuidad de desmontes ilegales en la provincia del Chaco y la persistencia de graves falencias en los mecanismos provinciales de control forestal. Frente a este escenario, solicitamos al Juzgado Federal de Resistencia el inmediato restablecimiento de la medida cautelar ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, a fin de prevenir la continuidad del daño ambiental y garantizar una tutela judicial efectiva sobre el Corredor Biológico del Chaco Seco.
Incorporamos hechos ocurridos durante junio de 2026 en el Lote 56, Sección 13, Pampa Flores, en la zona de Charata. Según la declaración jurada acompañada, personas desconocidas violentaron el candado de ingreso al campo y una topadora avanzó sobre el bosque nativo. La denunciante afirmó que el desmonte afectó aproximadamente veinte hectáreas y que el predio forma parte de un campo de monte nativo cuidado por su familia desde 1986.
También aportamos datos sobre la falta de respuesta estatal. La denunciante relató llamados al 911, denuncias penales reiteradas y una visita a la oficina de la Dirección de Bosques en Charata, donde afirmó que encontró la dependencia sin funcionarios en actividad. En el campo se constataron huellas de maquinaria, movimientos recientes de suelo y árboles derribados.
La denuncia suma otro hecho central: el cierre de una investigación por desmonte ilegal vinculada a la familia del actual ministro de Producción de la provincia del Chaco, Oscar Pablo Dudick. Pedimos que la Justicia Federal revise esa decisión y analice la actuación de los organismos provinciales que debían controlar, investigar y frenar el avance sobre el bosque nativo.
Los nuevos elementos refuerzan la hipótesis sobre mecanismos de impunidad y captura institucional en torno a los desmontes ilegales en Chaco. Mientras sigue pendiente la resolución judicial sobre la medida cautelar, las topadoras avanzan sobre territorios protegidos. La demora estatal facilita la pérdida de pruebas y consolida daños sobre el Corredor Biológico del Chaco Seco.
Solicitamos al Juzgado Federal de Resistencia el restablecimiento inmediato de la medida cautelar ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal. Pedimos medidas concretas para frenar nuevos desmontes, preservar pruebas e identificar a quienes participaron en los hechos denunciados. También reclamamos que se investigue el rol de funcionarios provinciales y el cierre de investigaciones previas. La Justicia Federal debe actuar con urgencia. La “Mafia del Desmonte” sigue operando en Chaco mientras el bosque nativo pierde hectáreas, pruebas y protección efectiva.
