Ante la escandalosa situación en Ramallo y la cuenca del Río Paraná
8 de Julio, 2022
“La Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” -UPVA- y la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas” interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional para que la justicia federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires).
“Resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”.
Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio, de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin Estudio de Impacto Ambiental puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.
Los detalles de la causa y la falta de control sobre el proyecto
Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía.
Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada.
Suspensión de obras de dragado
En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia, disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés.
Finalmente frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República.
En un proceso de continuidad con “Historias de agua y ecología política”, el libro Otros territoRios posibles” intenta profundizar en el ejercicio de sistematización, organización y rescate, como una provocación hacia de reencantamiento de narraciones, ensayos de visiones desde la ecología social y política sobre hechos del aquí y ahora que se sucedían en los momentos territoriales y sociales concretos, sinérgicos en cada artículo.
Se presentan análisis e investigaciones publicadas durante los últimos dos años, con algunas excepciones que navegan en tiempos más lejanos.
En gran medida se transitan los tiempos del último año de la gestión neoliberal en la Argentina liderada por la alianza “Cambiemos” y el inicio de un nuevo gobierno Justicialista en la escala nacional y la consolidación del mismo color político –mas allá de algunos matices- en la tierra de los grandes ríos y la cuenca Del Plata toda, con algunas excepciones, como Corrientes y Jujuy.
Es una transición de renovación de eco-esperanzas básicas, mínimas, casi vitales. Es un transitar también la decepción y compartir los renacimientos políticos en algunos actores de la nueva gestión nacional. Y así retorna con la pandemia marcándonos a fuego en el alma y el Delta, el país biodiverso todo, el más de lo mismo militando de un lado y otro de la maldita grieta política partidaria. Los artículos van compartiendo hechos puntuales, sobre discursos mas generales, el devenir político observado, resistido desde un pensamiento crítico enraizado en la ecología política y social del pensamiento ambiental latinoamericano.
Jorge Daneri: nació en Paraná en 1961. Abogado especializado en Derecho Ambiental.
Fue Director de Promoción Social de la Provincia de Entre Ríos, Concejal de la ciudad de Paraná. Miembro del Gabinete Político de la Secretaría de Ambiente de Argentina, (año 2000).
Activista social y ecologista, integró la coordinación de la Coalición Ríos Vivos, Cuenca del Plata (Mayo 1998, a Noviembre 2005).
Coordinador de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná (Diciembre 2007-Diciembre 2017).
Fundador e integrante del Foro Ecologista de Paraná, la Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental. Coordinador del equipo de asesores del frente político Partido Socialista-Coalición Cívica en Entre Ríos en el proceso de Reforma de la Constitución Provincial durante el año 2008. Sus tiempos los dedica a estudiar y escribir artículos sobre las temáticas que se sistematizan en el presente libro, al litigio ambiental estratégico, asesoramiento de organizaciones y abogados ecologistas de la región de los grandes ríos. En la actualidad integra el equipo de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija, Paraná, la Asociación Argentina de Abogados/As Ambientalistas y Encuentro Verde por Argentina (EVA).
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La ilustración de tapa, cuya autoría es de María Alicia Flores, fue creada en el marco de activismos desarrollados en 2020 por la agrupación Multisectorial por los Humedales Paraná, nacida a raíz de los devastadores incendios ocurridos en los Humedales del Río Paraná. La multisectorial está conformada por autoconvocadxs, que sin otro interés que la defensa y cuidado de la vida, nos movilizamos denunciando este modelo de desarrollo que depreda las culturas y ecosistemas de los cuales depende la existencia en la Tierra. Esta ilustración busca transmitir que somos una parte indivisible de la vasta totalidad que es la naturaleza. Sólo si podemos comprender esto y entender que compartimos casa con las otras especies seremos capaces de superar las actuales dificultades medioambientales, apelando al cuidado, el amor y la ternura hacia el planeta y sus integrantes.
Somos humedales Somos una sola naturaleza Somos la semilla de la transformación colectiva
Si pudiéramos dibujar o escribir en el río, leyendo sus saberes, quizás podríamos comprender lo impensado de sus decires, reflexiones, pedidos. De sus gritos también. Si el agua fuera papel accesible a los niños, los poetas, o si los pájaros cantaran sus amores o refugios.
Dibujar en el agua ¿no?, para dialogar con ella interpretando sus canciones, escuchando sus reinos de vidas, contemplando su sabiduría de naturaleza viva y muerta. Asesinadas en el altar del mercado global, que nunca equivoca a su condenado mundo en sexta extinción. O al revés, por qué no, si la dejáramos escribir y dibujar a ella, liberarse en la explosión de su sabiduría.
Si el agua pudiera en la caricia de su textura de superficies, manifestarnos la alucinante verdad de sus historias, de otros tiempos perdidos, en la memoria de esta especie soberbia y delirante, seguramente serían como conciertos maravillosos. Y los más grandes clásicos de aquella música, quedarían mudos frente a los sonidos liberados de esos mundos enmudecidos, desconocidos e impensados. Así negados, rechazados, violados, sistemática y perversamente masacrados.
Si el poeta en su texto, como el músico en su partitura, pudieran en esa escultura suave de río, agua narrada por ellas; interpretar y traducir al lenguaje humano sus verdades, la música sería grito genial y la palabra condena, un acto inapelable, impostergable.
La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia colombiana puede marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Los desafíos de la transición ecosocial en la renovación política de Colombia.
Por Maristella Svampa y Enrique Viale paraEl Diario Ar
“Paz, Justicia Social, Justicia Ambiental y liderar el Diálogo con los progresismos de América Latina, sin exclusiones, para dejar los fósiles, cambiar el rumbo para salvar a la humanidad…”
“Le hablo al mundo queremos que desde la diplomacia Colombia se coloque al frente de la lucha contra el Cambio Climático”
“Necesitamos transitar de la vieja economía extractivista, que mata el agua y la vida, a una economía colaborativa en armonía con el ambiente…”
Estas son algunos de las numerosas menciones al extractivismo y a la problemática socioambiental de parte del flamante presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso de victoria, pronunciado ante un una multitud exultante el domingo pasado. Petro no es un recién llegado ni a la política colombiana ni al ambientalismo. Ex alcalde de Bogotá, varias veces candidato a presidente, su llegada parecía imposible en un país atravesado por la violencia política y caracterizado por alternar de modo recurrente gobiernos conservadores con gobiernos ultraliberales, o ambas cosas.
La vicepresidencia de Colombia Francia Márquez EFE/ Carlos Ortega
Pese a la existencia de poderosas organizaciones y movimientos sociales (campesinos, antiextractivistas, juveniles, antirracistas, urbanos y feministas, movimientos de paz y de derechos humanos) que se han venido manifestando de modo muy visible y masivo en las calles en los últimos años, Colombia nunca antes tuvo la oportunidad histórica de vivir su “momento progresista”. Pero no hay que engañarse. Petro no propone ser un gobierno progresista más, tal como está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador en México, marcado por un progresismo que se cree inaugural, que nunca se refiere a la historia reciente de la región, o como ocurre con los actuales progresismos débiles de Argentina y de Bolivia, que persisten en su ceguera extractivista y no debaten ni siquiera en términos de modelo de desarrollo. Todo lo contrario: “Al progresismo latinoamericano le propongo dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas”, dijo también en su discurso como presidente electo.
No es tampoco la primera vez que Petro interpela y desafía a los progresismos fósiles. En 2018, en el “Foro de Pensamiento Crítico” de Clacso, realizado en Buenos Aires, fue la única voz crítica que desde la clase política instó a pensar el desafío ambiental y en contra de los extractivismos, ante el consignismo ruidoso y autocomplaciente que marcaría el encuentro, del cual participaron Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Roussef y Alvaro García Linera, entre otros.
Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta electos en Colombia
“Vamos por los derechos de la Madre Tierra. A cuidar nuestra casa grande y cuidar la biodiversidad”, dijo también en esa misma noche la vicepresidenta electa Francia Márquez, una reconocida lideresa ambiental en defensa de los territorios de la Colombia profunda.
Francia, quien desde hace veinticinco años viene luchando contra el racismo estructural y por la defensa de la tierra y el territorio, es originaria del Cauca, una región en disputa por el avance de los extractivismos y el conflicto armado. En 2015 obtuvo el premio nacional de la defensa de los derechos humanos en Colombia, y en el año 2018, fue distinguida con el prestigioso premio Goldman, conocido a nivel internacional como el Nobel ambiental.
Francia sufrió varias amenazas de muerte y un atentado, en el país más letal del mundo para los y las defensoras de la Naturaleza. Aunque acá en Argentina algunos defensores del progresismo fósil sigan hablando de “ambientalismo bobo” o “falopa”, y sean indiferentes a la estrecha asociación que hay entre extractivismo y violencia, entre extractivismo y ausencia de democracia, los datos son incontestables. América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales. En 2020, último año de registro de Global Witness 227 activistas por la tierra y el ambiente fueron asesinados, la peor cifra desde que se tiene registro. Colombia volvió a ser el país con más ataques registrados, con 65 defensores asesinados. Todavía resuena el horrendo asesinato en Brasil de Bruno Pereira y Don Phillips, ambos defensores de la Amazonía, una de las fronteras de muerte en la región.
En 2020, Francia Márquez, quien siempre se ha ocupado de ampliar los horizontes de lucha, se recibió de abogada en la Universidad de Cali y fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en el año 2020, donde se ocupó del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz.
La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida
Gustavo Petro
Hemos dicho acá que Gustavo Petro declaró durante la campaña presidencial que “La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína”. En esta línea se destaca el programa de gobierno del Pacto Histórico, una propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:
“Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]
La propuesta de Transición gradual y justa contempla suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 35% de las exportaciones de Colombia). Implica no solo cambios en la matriz energética, sino también la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia. Y sería un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la experimentación de nuevos caminos, al proponer dejar los combustibles fósiles en el subsuelo.
Al otro lado del miedo está el país que soñamos
El debate acerca de la transición ecosocial y más específicamente sobre la transición energética, aparece muy poco en los discursos de los progresismos existentes. Seguimos siendo hablados por el Norte, mientras avanza el colonialismo energético de la mano de una transición corporativa (como en el llamado Triángulo del Litio o en la tala indiscriminada de madera de balsa en Ecuador para la industria eólica), o mientras los gobiernos del sur compiten entre sí para obtener contratos internacionales para la producción y exportación de hidrógeno, el nuevo Eldorado a escala global, sin tener en cuenta la cuestión de la soberanía energética (en un mundo en crisis energética y rumbo a una desglobalización) ni la licencia social (frente a la destrucción de territorios y criminalización creciente de las poblaciones que resisten a los megaproyectos), ni los impactos locales (nuevamente América Latina es zona de sacrificio, ahora en nombre de la transición energética del norte).
En su largo discurso de victoria, Petro propuso un diálogo americano que contempla dos ejes: uno, el de la relación Norte/Sur, con Estados Unidos; otro, hacia adentro, hacia América Latina; en ambos casos para sentar las bases de una “transición energética” ante los estragos causados por el cambio climático. Claves necesarias de una transición sostenible, que habrá que pensar desde los ejes de la justicia ambiental, la deuda ecológica y la integración regional, en sintonía con las propuestas del “Pacto Ecosocial del Sur” del que formamos parte.
El caso es que la sinergia de ambos discursos, el de Petro y el de Francia, pueden marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Nunca hubo una vicepresidente que encarnara ella misma la apuesta a la interseccionalidad: mujer, de origen popular, afro, antiracista, ecologista y feminista. Por eso la victoria de este binomio plurinacional que apuesta a la “economía de la vida” y a “la vida sabrosa” genera hoy tantas expectativas. Una militante muy joven de Colombia, exiliada y amenazada de muerte por defender su territorio del avance del fracking, nos escribió emocionada: “les enviamos todo el amor que nos está invadiendo, somos niños crecidos en medio de miedo y violencia, pero hoy vemos un nuevo amanecer y hay que mirar al sol”
La victoria colombiana viene a oxigenar una política latinoamericana caracterizada por las repeticiones y la ausencia de visiones políticas renovadoras, visible en los progresismos refractarios, que como en Argentina, Bolivia y muy probablemente Brasil –si Lula triunfara en las próximas elecciones-, no se interesan por abrir la agenda socioambiental ni discutir una Transición Justa, y consecuentemente, reducen de manera significativa los horizontes de la democracia y de la vida digna y sostenible. Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda. Ambas gestiones representan la esperanza de un “progresismo de segunda generación” en América Latina, donde democracia y problemática socioambiental puedan por fin expresarse transversalmente en el programa de gobierno y no solamente como compartimento estanco.
“Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda.”
Justamente la semana pasada el gobierno chileno anunció, como parte de la “transición socioecológica justa”, contenida en la promesa electoral, el cierre definitivo de la fundición de Ventanas que “se realizará mediante un proceso gradual y responsable junto a la población y las y los trabajadores” y asegurando que “ningún trabajador quedará desamparado producto de esta decisión”. Ventanas es una fundidora, perteneciente a la empresa estatal Codelco, denunciada hace décadas por sus altísimos niveles de contaminación, es por ello que “esta decisión se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermas, y la saturación medioambiental de la zona”. Ventanas se encuentra en el polo industrial más contaminado del país, cerca de Valparaíso, donde en 1964 comenzó a funcionar la primera fundición y refinería de cobre de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). En 2016, cuando visitamos la zona, el parque industrial albergaba más de 17 empresas entre las que se destacan siete termoeléctricas a carbón, una refinería y una fundición de cobre, tres empresas relacionadas a la distribución de hidrocarburos, dos empresas almacenadoras de químicos, tres empresas distribuidoras de gas. Ahí nació la agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificioen Resistencia de Puchuncaví-Quintero, que ha realizado un trabajo enorme de desnaturalización de la contaminación, denunciando la injusticia ambiental y los impactos sobre la salud.
En suma, ojalá este resultado electoral en Colombia abra una nueva etapa en ese país y para toda la región. Nadie dice que será fácil, pues los desafíos políticos y sociales son enormes y complejísimos. El marco de las alianzas establecidas por Petro a nivel nacional (la presencia de maquinarias y figuras políticas tradicionales), la posibilidad de apertura de nuevos espacios regionales de integración en clave de progresismos de nueva generación (crisis climática y transición justa), las relaciones con el Norte (muy particularmente con Estados Unidos), tensarán al nuevo gobierno e irán definiendo su rumbo en esos varios andariveles. Y sin dudas el programa de transición ecosocial es el desafío más complicado, tanto por razones políticas como económico-productivas, que tendrá el nuevo gobierno. Además, dado que Petro tiene un horizonte de solo cuatro años en el poder (no hay reelección en Colombia), en el mejor de los casos sentará las bases para el futuro y lograr extender la discusión sobre el modelo de desarrollo al conjunto de la sociedad colombiana y de América Latina.
Pero algo nuevo se viene forjando, al calor de grandes movilizaciones sociales. Petro y Francia aparecen como la poderosa encarnación de un nuevo binomio disrruptivo y plurinacional que esta vez integra la cuestión socioambiental transversalmente en sus políticas y narrativas. No sólo tienen “conciencia ambiental”, son también decididos militantes con una trayectoria ambientalista y de defensa de los territorios. Vienen a desafiar al “neodesarrollismo” de la región porque cuestionan directamente las bases ideológicas del extractivismo (aún para redistribuir) y desnudan así la verdadera grieta: seguir con las recetas del pasado o apostar por un futuro igualitario e inclusivo, social y ecológico.
Ante la confusión y desinformación circulando con respecto a offshore en Argentina aclaramos
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata implica que la suspensión del proyecto offshore se mantiene y se imponen importantes y complejos condicionantes.
El Estado Nacional DEBERÁ DICTAR UNA NUEVA Declaración de Impacto Ambiental de la ya dictada, e integrada con los estudios referidos a posibles impactos acumulativos, y que reúna los siguientes recaudos:
1) Luego de otorgar la necesaria participación de la Administración de Parques Nacionales para que cumpla el rol encomendado por las leyes 22.351 y 23.094, deberá evaluarse y valorarse su opinión o dictamen, tomándose entonces las medidas que correspondan en consecuencia.
2) Deberán valorarse, también, las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal (audiencia pública consultiva de fecha 30 de mayo de 2022), y nacional (consulta popular que culminó el 19 de mayo de 2022) sobre offshore en Argentina.
3) Deberá incluirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la DIA y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.
4) Las indicaciones de la DIA a dictarse, deberán ser emitidas asertivamente, y no en modo potencial o condicional.
Todo esto ratifica nuestros argumentos y reclamos sobre las irregularidades cometidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente, las violaciones a la legislación ambiental y climática vigente y los vicios sistemáticos en el procedimiento administrativo.
Este tipo de accionar es característico de estos megaproyectos que carecen de licencia social y deben proceder avasallando la legislación y jurisprudencia vigente.
Asociación Argentina de Abogados/as ambientalistas – 7 de Junio de 2022
Desde Homún, Yucatán, México, pueblo maya que ha logrado la suspensión de operaciones de una mega fábrica de 49 mil cerdos, comunidades indígenas y campesinas en resistencia, defensoras y defensores de derechos humanos, ambientalistas, personas expertas y de la academia de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México suscribimos esta Declaración en donde exigimos el cese de la expansión de las mega fábricas de cerdos en el continente. Este modelo agroindustrial, que se extiende desde Estados Unidos al resto de América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de los pueblos, contaminando la naturaleza y potenciando la crueldad y explotación animal. Las operaciones de las mega fábricas de cerdos violan el derecho a la salud de las personas y de las comunidades, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la integridad personal, los derechos laborales, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la información y la participación al dañar el medio ambiente de manera irreparable. Estas mega fábricas producen una gran cantidad de desechos tóxicos y orgánicos que contaminan los suelos, el aire y el agua. Cuando los residuos de las mega fábricas de cerdos se descomponen, liberan sulfuro de hidrógeno, amoníaco y cientos de compuestos orgánicos volátiles,[1] además de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero [2] a la atmósfera. Los olores y la pestilencia causan náuseas, dolores de cabeza, mareos, secreción nasal, picor de garganta, ardor en los ojos, tos y dificultad para respirar.[3] Además, afectan la salud respiratoria de las personas que viven cerca de estas instalaciones y se asocian a enfermedades respiratorias, como el asma en la niñez. Las mega fábricas de cerdos también usan grandes cantidades de agua: solamente para producir un kilogramo de carne emplean 6 mil litros del líquido. Por otro lado, la contaminación que genera esta industria en el agua puede perjudicar a los seres humanos, a la fauna y al medio ambiente.[4] Es decir, el almacenamiento y la eliminación de los residuos de las megafábricas de cerdos contamina las aguas superficiales, subterráneas (pozos y cenotes y otras fuentes de donde las comunidades obtienen agua), e incluso los océanos, con heces y orines. El exceso de nutrientes en los residuos de las megafábricas se asocia a la proliferación de algas nocivas en las aguas superficiales, en las rías y lagunas donde se reproducen las especies marinas necesarias para la subsistencia de las comunidades pesqueras. Esta contaminación puede matar a los peces [5] y causar molestias en el tracto gastrointestinal e infecciones de la piel, los ojos y los oídos en los seres humanos.[6] Además, la contaminación del agua puede ocasionar enfermedades como defectos de nacimiento y a casos de metahemoglobinemia, o “síndrome del bebé azul”[7] hipertiroidismo y diabetes insulinodependiente.[8] Las condiciones de hacinamiento en las que viven los cerdos deprimen su respuesta inmune y facilitan la transmisión de enfermedades. Por ello, los animales son sometidos a una alta cantidad antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente. Esta exposición constante a altas dosis de antibióticos favorece el desarrollo de genes de resistencia a dicho antibióticos por parte de las bacterias. Además, las condiciones de hacinamiento pueden provocar nuevas infecciones y potenciales pandemias. Las operaciones de estos recintos industriales también amenazan el derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales de los pueblos indígenas y campesinos. Estas mega fábricas se establecen de forma desproporcionada en comunidades indígenas y afroamericanas, violando su derecho a la libre determinación, sin acceso a la información, sin evaluaciones de impacto ambiental y social, y sin su consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. Lo anterior, representa una forma del colonialismo ambiental. Ante el abandono del gobierno, y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos provocados por la operación de mega fábricas de cerdos a los pueblos y comunidades, las y los firmantes señalamos firmemente que tenemos el legítimo derecho a organizarnos y defendernos. Este modelo agroindustrial genera despojo territorial, desplaza otras formas de vida, el patrimonio biocultural y afecta de forma negativa la vida comunitaria. Cuando las comunidades exigen sus derechos se encuentran con la falta de información y de transparencia de la industria, y, en ocasiones, con la represión. Las violaciones a los derechos humanos se dan con la aquiescencia y complicidad de los gobiernos de todos los niveles, en un contexto de captura corporativa de Estado por parte de las empresas de la carne. La organización de las megafábricas de cerdos en una economía vertical además desplaza otras formas de producir alimentos, incluso carne. El modelo de las mega fábricas de cerdos requiere una gigantesca cantidad de agua potable, soja, maíz y cereales para alimentación animal. Por ello, profundiza el modelo de agronegocio basado en monocultivo, muchas veces transgénico, con devastadoras consecuencias para los territorios (fumigaciones con agrotóxicos, deforestación, muerte de abejas y polinizadores y acaparamiento de tierras). Un aspecto alarmante es que el modelo de producción de alimentos cada vez se aleja más de la ganadería y agricultura sostenibles, en los que cada pueblo pueda producir y acceder a alimentos de una manera culturalmente adecuada, conforme a los cultivos y a la alimentación ancestral y la agroecología, lo cual es la base de la soberanía alimentaria. Ante los graves impactos y las violaciones a los derechos humanos de las personas y la naturaleza, exigimos que se frene la alarmante expansión de las mega fábricas de cerdos a nuestros países impulsada por acuerdos comerciales, subsidios e incluso bancos de desarrollo. En este sentido, le exigimos a los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México, bancos y donantes y a las instituciones internacionales que: ● No otorguen más permisos para este tipo de industria ¡Ni una mega fábrica de cerdos más! ● El cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos que se encuentran operando ● No subsidien este modelo agroindustrial e inviertan en una agricultura que garantice la soberanía alimentaria mediante la agroecología, el cultivo y la alimentación ancestral ● Respeten el derecho a la libre determinación, a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la industria porcícola ● Se respete el principio de precaución y prevención frente a las mega fábricas de cerdos
PRIMERAS ADHESIONES Suscriben: Acción Ecológica Agua para todos, agua para la vida Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) ARTICLE 19, Oficina México y Centroamérica, A. C. Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Atención Comunitaria U Yutzil Kaaj Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil Center for Biological Diversity Che’en Kuxtal Co’ox Mayab Colectivo de Derechos Humanos Yopoi Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-ja” Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Greenpeace México, A. C. Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. Kanan Derechos Humanos, A. C. Kanan Lu’um Chapab Kanan Ts’ono’ot, Guardianes de los cenotes La Esperanza de Sitilpech Mundo y Conciencia, A. C. Museo del Hambre Observatorio para la Defensa del Territorio Maya Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA) Red de Apoyo Comunitario (Redacom), Yaxkukul Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Slow Food Chile Universidad Andina Simón Bolívar Waterkeeper Alliance
La YPF del Siglo XXI. – El Informe de 2021 del IPCC “debe ser como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles, antes de que destruyan nuestro planeta (…). Los países también deberían finalizar toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles y transferir los subsidios de los combustibles fósiles a la energía renovable” dijo recientemente el Secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), una especie de “dream team” de científicos de todo el mundo, alertó en su informe del 2021 que “muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático.”
Una planta de YPF. Télam
Por ello es que ya hace un tiempo los combustibles fósiles resultan parte del pasado, de la vieja economía. El colapso climático en que el mundo está inmerso por el uso de combustibles fósiles, principal responsable del calentamiento global y el cambio climático, ya no es una cuestión discutible. La certeza científica es total.
En este contexto la empresa YPF cumple 100 años el 3 de junio de este año. Emblema nacional que ha sido esencial en el Siglo XX para el progreso social, económico y material del país. Ha creado ciudades y pueblos enteros, ha dinamizado economías regionales y, por ello, en el imaginario social es vista como un orgullo nacional. Es que el famoso orgullo Ypefiano tenía una base real, además de casas, escuelas y barrios, construía tejido social. Parte del norte argentino y la Patagonia conocen bien la historia de esta empresa. Paradójicamente, son los mismos lugares donde se encuentran la mejor exposición solar (Norte) y perfectos vientos (Patagonia), ambos indispensables para las energías renovables.
La nefasta privatización, a manos de Repsol en la década de los 90`, significó un retroceso importante que pudo ser parcialmente revertido con la compra del 51% de las acciones de la Sociedad Anónima por parte del Estado en el año 2012. Pero a pesar de ello YPF nunca dejó de actuar como una empresa privada. El 51% del Estado no fue suficiente para cambiar la manera en que se maneja en el mercado, ni para evitar que fondos como Blackrock se beneficien de las consideraciones que se tiene sobre YPF por su capital estatal.
Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas pensamos que el rol de la YPF del Siglo XXI es fundamental para que la Argentina pueda iniciar una verdadera transición ecosocial, una salida ordenada y progresiva del modelo energético fosilista y extractivista que predomina.
El contexto internacional es muy importante para saber cómo debiera ser una empresa de energía, con fondos estatales, en los tiempos que corren, donde los activos petroleros corren el riesgo de convertirse rápidamente en activos obsoletos. La Agencia Internacional de la Energía (IEA), de la cual no se pueden sospechar inclinaciones ambientalistas, publicó su escenario de cero emisiones netas y declaró que, en el recorrido compatible de limitar el aumento de temperatura global en 1,5°C (en comparación a los índices preindustriales) comprometidos en el Acuerdo de París:
“no se necesitan nuevos yacimientos de petróleo y gas natural más allá de los que ya están aprobados para desarrollar”
“no se necesitan muchas de las plantas de licuefacción de gas natural licuado (GNL) que están actualmente en construcción o en la etapa de planificación”
“no se necesitan grandes inversiones en nuevos oleoductos y gasoductos”
39 países e instituciones, que representan por lo menos $20 mil millones al año en financiamiento al petróleo y al gas, se comprometieron a finalizar su financiamiento público internacional a los combustibles fósiles. En el mismo sentido, 10 de las 38 aseguradoras principales se comprometieron a finalizar o restringir de alguna manera las suscripciones de nuevos proyectos de petróleo y gas.
La Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) es una alianza internacional de gobiernos nacionales y subnacionales que trabajan juntos para facilitar la eliminación controlada de la producción de petróleo y gas. Dirigida por los gobiernos de Dinamarca y Costa Rica, la alianza tiene como objetivo elevar el tema de la eliminación de la producción de petróleo y gas en los diálogos climáticos internacionales, movilizar acciones y compromisos, y crear una comunidad internacional de práctica sobre este tema. Ya tiene 8 miembros principales (Francia, Suecia, Irlanda, entre otras), 3 asociadas (Portugal, Nueva Zelanda y California) y 3 países amigos (Italia, Finlandia y Luxemburgo). BOGA es un importante primer paso; desde el seno de la ONU se comenzó a hablar concretamente de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, pero aún la legislación sobre la eliminación gradual es escasa.
Por su parte, en los últimos años el costo de capital aumentó considerablemente para las empresas de petróleo y gas y disminuyó para la electricidad renovable:
Solar fotovoltaica: -85 %
Eólica onshore: -56 %
Eólica offshore: -48 %
El costo de las baterías disminuye aún más rápidamente. La energía eólica y la solar son las fuentes más baratas de la nueva generación para 2/3 de la población mundial.
En todo el planeta, desde el año 2016 se cancelaron 148 proyectos de petróleo o gas. El activismo y las protestas tuvieron un papel significativo para ejercer presión sobre los gobiernos. Según el Ipsos Global Advisor for the World Economic Forum (2022), más del 84% de las personas en el mundo está a favor de eliminar gradualmente la quema de gas, carbón y petróleo. En la misma encuesta el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables estuvo en el quinto puesto de las medidas ambientales.
Telam
Sin embargo los gastos de capital mundial en el sector del petróleo y el gas continúan: la inversión prevista en el suministro de petróleo y gas pero las 20 principales empresas productoras de petróleo y gas será de más de 930.000 millones de dólares en nuevos desarrollos hasta 2030 (contados desde el 2010). Si bien van en una leve curva descendente desde 2010 hasta la fecha, las tendencias recientes sugieren una posible reversión, sobre todo a partir de la guerra en Rusia. Así las empresas petroleras y de gas siguen operando de forma incompatible con los 1,5 grados comprometidos en París.
En resumen, según lo convenido en el Acuerdo de París, no hay absolutamente margen alguno para la expansión del petróleo y el gas. Los costos de la energía eólica y solar están disminuyendo, mientras que los costos de los combustibles fósiles están en aumento.
La cantidad de instituciones financieras y activos bajo gestión comprometidos con la desinversión de combustibles fósiles están creciendo de forma exponencial. Se han cancelado proyectos de petróleo y gas y se evitaron emisiones gracias al activismo en sus distintas formas. Los costos de las energías renovables están preparados para desestabilizar el sector de combustibles fósiles. Las desinversiones en gas, petróleo y carbón se están acelerando.
“La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína” declaró públicamente hace pocos días Gustavo Petro, el candidato presidencial de Colombia. En esta línea se destaca en su programa de gobierno, junto a Francia Márquez, la propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:
“Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]
Proponen una transición gradual, justa y con suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 45% de las exportaciones de Colombia). La propuesta implica no solo cambios en la matriz energética, sino la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia.
Es un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la construcción de un nuevo paradigma, dejando por fin los combustibles fósiles en el subsuelo. Esta iniciativa contó con el apoyo de importantísimos referentes, activistas e intelectuales de todo el mundo como Vandana Shiva, Boaventura de Sousa Santos, Naomi Klein, Noam Chomsky y, de Argentina, Maristella Svampa, entre muchos otros y otras.
Petro y Francia en Colombia, como Boric en Chile, representan lo que algunos autores llaman “progresismos de 2da generación” en América Latina donde la problemática socioambiental se encuentra transversalmente en sus ideas de gobierno y no solamente como compartimentos estancos.
Ahora bien, en este contexto, es el momento que la República Argentina pida, muy determinadamente, una compensación internacional por dejar el yacimiento Vaca Muerta bajo tierra y el mar argentino en paz. Un mecanismo similar se intentó hacer en Ecuador en el año 2007, bajo el nombre de “Iniciativa Yasuní” donde el entonces gobierno de Correa, a instancias de la sociedad civil, le pidió a la comunidad internacional una compensación económica por no explotar el petróleo en el biodiverso Parque Nacional Yasuní.
Si bien en ese momento la iniciativa no prosperó, ya ha pasado mucho tiempo, las cosas se han acelerado y lo que parecía imposible en ese momento hoy, con el colapso climático en acción, más los compromisos internacionales, empieza a tener verosimilitud. La deuda climática, es decir, la desigual responsabilidad de las potencias del Norte sobre el Cambio Climático, es otro hecho indiscutible. Es el momento que, desde el Sur, la reclamemos de forma concreta, real y tangible.
Con Maristella Svampadijimos acá que “batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria (…) De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios.”
Tampoco podemos permitir ser nuevamente la zona de sacrificio, ahora en el altar de la “transición energética” del Norte global. Porque en realidad no estamos asistiendo a ninguna transición energética, sino más bien a una expansión energética. Más offshore, fracking, gas, más proyectos en los sures para alimentar el sobreconsumo del norte global.
No hay una transición, sino varias. Una justa y popular, planificada y con la gente adentro; y otra, vertiginosa, de carácter corporativo y de mercado, con mucho dolor social y ecológico. Así, la transición en sí misma es hoy un concepto en disputa. Pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa y de mercado, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.
Trabajadores petroleros capacitados en energías renovables. Esto debiera ser, quizá, la principal demanda de los sindicatos petroleros que deben entender que estamos en el ocaso de los combustibles fósiles. Estos sindicatos deberían ser los principales interesados en que sus asociados/as puedan mantener sus puestos de trabajo calificándose en las energías del futuro.
La YPF del Siglo XXI resulta indispensable en este proceso.
Como también lo es para la sustitución de importaciones, otro de los grandes desafíos de una verdadera transición energética justa. Necesitamos que la mayor cantidad posible de la infraestructura para las energías renovables (paneles solares, molinos eólicos, baterías de litio, etc) sea paulatinamente construida en el país y para ello se necesita un Estado, y una empresa con capital estatal, comprometida en generar este círculo virtuoso con la sociedad para sustituir importaciones.
Por último, para los especialistas Pablo Bertinat y Jorge Chemes pensar el sector energético en términos de una transición socio-ecológica requiere:
Establecer plazos para cerrar el ciclo de los fósiles e ir a una matriz de fuentes renovables utilizadas sustentablemente.
Establecer metas de reducción efectiva de la extracción y utilización de energía.
Fortalecer la concepción de energía como derecho por sobre la concepción mercantil.
Desarrollar procesos y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía.
Establecer una fuerte acción contra la desigualdad energética, eliminación de la pobreza energética e inequidades de género.
Democratizar las políticas energéticas.
Para todo ello la YPF del Siglo XXI tiene un rol fundamental. No perdamos la oportunidad histórica de convertirnos nuevamente, como lo fue la YPF del Siglo XX, en un faro regional de la economía del futuro.
Ante la escandalosa situación revelada en un allanamiento de la fiscalía de Neuquén
Por primera vez en el marco de la causa iniciada en diciembre de 2020, fue allanado el interior de las plantas donde están depositados los residuos petroleros de Vaca Muerta. El relevamiento in situ fue llevado adelante por la Fiscalía de Neuquén y se dio en el marco de la investigación penal iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La causa investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en las dos plantas inspeccionadas: Neuquén y Añelo.
Enormes irregularidades fueron constatadas en dicho allanamiento, con flagrantes violaciones a lo que la ley penal en materia de residuos peligros, dentro de los que se encuentra la “basura petrolera”. Una clase especial de residuo clasificado como “peligroso” puesto que contiene restos radiactivos y metales pesados. También se encontró suelo empetrolado, líquidos con aceite y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra registrado. La planta se encuentra, ya desde hace varios años, en su límite de capacidad de procesamiento, lo cual implica que los residuos provenientes del fracking no deberían ser nuevamente incorporados en esta cadena de procesamiento.
Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados.
Rafael Colombo, impulsor de la denuncia penal.
En el allanamiento participaron la Ingeniera Cecilia Bianco, del área tóxicos de Taller Ecologista y el investigador Martín Alvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur. Bianco es una de las autoras del informe “La Basura del Fracking en Vaca Muerta”, que sistematiza la evidencia que ratifica la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA y sobre el cual brindó testimonio formal ante el organismo fiscal. Al concluir el allanamiento, enfatizó: “La ausencia de información es escandalosa, incluso en las actas de inspección que se hicieron en ambas plantas. El control de napas, sin pozos freatímetros, es tan solo uno de los múltiples residuos peligrosos que deben tener un seguimiento exhaustivo por ley”.
Por su parte, Rafael Colombo, letrado impulsor de la denuncia en representación de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, tuvo oportunidad de volver a recorrer las inmediaciones de las plantas pertenecientes a la empresa Comarsa: “Presentamos la denuncia hace poco más de 12 meses y la situación no ha cambiado. La basura del Parque Industrial de Neuquén continúa expuesta a cielo abierto. Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados. También persiste el riesgo que recae sobre una comunidad de vecinos/as lindantes a la planta, no observándose presencia alguna del estado para prevenir potenciales daños sobre la salud de las familias que allí viven en condiciones de vulnerabilidad”.
La denuncia penal presentada en diciembre de 2020
El allanamiento fue requerido por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial.
En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables.
Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Catamarca
Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Catamarca, que el día de ayer reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a vecinos y vecinas de Choya que realizaban un acampe pacífico, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reclamamos la liberación inmediata de la detenida Karina Orquera y el libre ejercicio del derecho a la protesta en todo el territorio nacional.
La minería, como cualquier otra actividad, no debe realizarse sin consulta previa, libre e informada a las comunidades locales. El pueblo de Andalgalá ha realizado más de 600 manifestaciones pacíficas desde 1996 para exigir el cese de las actividades mineras en el cerro Aconquija. Se ha proclamado de manera irresoluta y persistente en contra de la minera canadiense Yamana Gold que se encuentra instalada en su territorio. Desde el año 1997 que, de una forma u otra, la megaminería intenta avanzar en la cuenca del Río Andalgalá en detrimento del marco democrático.
A pesar de encontrarse en zona periglaciar (expresamente prohibido por la Ley de Glaciares) el Proyecto MARA por Yamana Gold ha logrado avanzar en diversas etapas. En los últimos 20 años de lucha contra la megaminería en el país, mediante un ejercicio de democracia directa, la sociedad ha logrado incluir en el marco regulatorio siete leyes provinciales que prohíben la megaminería con uso de sustancias tóxicas. A 45 años de la primera caminata de las Madres de Plaza de Mayo, recuperamos y reivindicamos el derecho a la protesta pacífica como ejercicio de la voluntad popular. La construcción de una verdadera democracia exige el freno de esta práctica extrema del extractivismo, que precisa degradar los marcos institucionales y democráticos para poder avanzar.
La violencia institucional ejercida desde el estado contra defensores ambientales y asambleas constituidas en defensa de sus territorios y bienes comunes, reduce dramáticamente la democracia participativa socio-ambiental, incumpliendo no solo con la legislación constitucional ambiental sino con el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Argentino. La ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la construcción institucional de las decisiones políticas, compromete la realización de los más elementales derechos humanos ambientales del pueblo catamarqueño, cuya determinación en defensa del agua, la vida, y el valor inherente de sus cerros se impone contra el avance de la megaminería.
Para lograr restituir la legitimidad democrática y el ejercicio pleno de los derechos garantizados por la Carta Fundamental, es necesario que la provincia de Catamarca garantice la voluntad popular y, no solamente le de un freno al proyecto MARA, sino que también avance en el contexto institucional y jurídico y en la defensa de los bienes comunes del territorio
Ante la sanción irregular de la Ley de Zonificación que habilita la megaminería en la meseta central de Chubut y la brutal represión de la protesta social desde la noche del miércoles 15 de diciembre, en vistas de alcanzar la paz social, las personas y organizaciones abajo firmantes reclamamos la derogación inmediata de la Ley XVII Nº 149, promulgada a través del Decreto 1285/21.
La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos (entre ellos CENPAT/Conicet y universidades públicas de la zona). La aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut.
En el año 2003, un 82% de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020.
A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar en las medidas para habilitar la megaminería en la provincia y construir un blindaje jurídico y judicial que debilite al máximo el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y ambientales. En una sesión del 2 de diciembre, la legislatura de la provincia había reformado la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a 4 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.
El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los derechos humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes. Estos advierten de personas detenidas de manera arbitraria, múltiples ciudadanos/as y manifestantes heridos de bala de goma, situaciones de persecución y hostigamiento contra defensores/as ambientales; asi como violación directa del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. En un contexto de emergencia hídrica, profundizada por la aceleración del cambio climático, la larga trayectoria en la defensa del agua en la provincia de Chubut sólo puede crecer. Al igual que lo sucedido en la provincia de Mendoza hace 2 años, para restituir el pacto social y la legitimidad democrática es necesario garantizar la voluntad popular y, no solamente revertir la zonificación minera, sino avanzar en un contexto institucional y jurídico que garantice el bienestar de las personas y la vida en todo el territorio. Las Iniciativas Populares apoyadas por la misma ciudadanía representan el camino genuino para otorgar a la población local y las comunidades originarias el debido proceso de consulta y participación que fue obturado en más de una ocasión; medidas necesarias para encauzar el proceso en un sentido democrático. Lo que está en peligro hoy en Chubut no es solo el agua y los territorios sino también la paz social, los derechos humanos y la democracia.
